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Operativos de autoridades nacionales y de Estados Unidos en busca de Cesar El Abusador
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7 años agoon
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Elba García
Por Elba Garcia
Las autoridades de los Estados Unidos montaron este martes aparatosos operativos con el propósito de apresar a un peligroso narcotraficante de nombre Cesar Emilio Peralta, “César el Abusador”, quien alegadamente dirige una red de narcotráfico que ha enviado toneladas de cocaína y opioides a ese país y Europa y de traer dinero y lavarlo en territorio de la República Dominicana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés, perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en apoyo a sus operativos alega que el ciudadano dominicano César Emilio Peralta y una organización que dirige que lleva como nombre Peralta DTO se ha dedicado al trafico de narcóticos hacia el extranjero.
Según el comunicado del Gobierno de los Estados Unidos las acciones se fundamentan en la Ley Kingpin, sobre designación de narcotraficantes y la dedicación a comercializar narcóticos hacia el extranjero, el cual está fechado en Washington, capital de los Estados Unidos.
Junto a Peralta hay una serie de vinculados, incluidos algunos expeloteros de las Grandes Ligas, cuyo cabecilla todavía no ha podido ser apresado, ya que logró escapar tras un enfrentamiento a tiros con las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos.
Según el documento, Junto a Emilio Peralta fueron señalados, Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), Kelvin Enrique Fernández Flaquer (Cotto), Yader Rafael Jáquez Araujo (Jake Mate), Carlos Ariel Fernández Concepción, Bernardo Antonio Valdez García, Nathanael Castro Cordero, Boarnerges Sánchez Nolasco (Warnel) y Jhonan Alexander Martínez Ureña.
Atribuye a Toño Leña y a Cotto, ambos alegados narcotraficantes dominicanos, haber dado apoyo a César El Abusador en sus operaciones.
Mientras que Jacke Mate y Fernández Concepción, promotor artístico y ex oficial militar, respectivamente, tienen funciones ligadas a la gestión y promoción de los citados negocios.
Se destaca que Toño Leña, el más conocido del grupo, fue apresado en 2018 en Colombia y espera extradición a Estados Unidos
Las autoridades del país a través de la Procuraduría General de la República dijeron en un comunicado que “César El Abusador” estuvo involucrado en el negocio de las drogas en el país y Estados Unidos y que se inició como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado como Rolando Florián Féliz, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, Manuel Mesa Beltré, alias El Gringo, y Quirino Ernesto Paulino Castillo.
En su historial registra que en el 2008 fue detenido y acusado de ser “jefe de una red de narcotráfico”, el Ministerio Público desestimó la acusación bajo el alegato de que se violaron los procedimientos para su apresamiento.
En noviembre del 2007 también fue “capturado” y vinculado al fallecido y también narcotraficante Rolando Florián Féliz por un cargamento de cocaína lanzado desde una avioneta en un cañaveral del Batey Cuchilla, entre Higüey y La Romana.
En febrero del 2014 César Emilio Peralta fue detenido en Santiago acusado de herir a Manuel Enrique Ovalles Tapia en el parqueo de un hotel de la Máximo Gómez; al venezolano Federico Alberto Granado Sambrano, en una plaza comercial de la calle Roberto Pastoriza, del ensanche Naco, y a Alexander Ureña Martínez, “en un hecho violento”, ocurrido en el interior de una discoteca del sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional.
Además de Toño Leña Enrique Fernández Flaquer y Carlos Ariel Fernández Concepción, otros de los que figuran en la lista tienen antecedentes.
Fernández Flaquer fue apresado en el 2009, y condenado en el 2010 a tres años de cárcel por sus alegados vínculos con la red de Figueroa Agosto.
Mientras que Fernández Concepción fue separado de la DNCD en 2010 acusado de pertenecer a una red vinculada al narcotráfico.
Cesar El Abusador y los ocho dominicanos que son señalados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son nombrados con base en la Ley Kingpin, que según las informaciones que suministran, desde junio del año 2000 ha permitido que más de 2,100 entidades e individuos hayan sido acusados por tráfico internacional de narcóticos.
La Procuraduría General de la República vinculó a la red de narcotráfico y lavado de activos que se le atribuye liderar a César Emilio Peralta (César El Abusador) a los peloteros de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Luis Castillo y al amateur Baltazar Mesa.
Por el caso ya se encuentran detenidos Octavio Dotel y Baltazar Mesa, quien fue firmado como lanzador y jugó en ligas menores.
Octavio Dotel, está detenido y Versiones preliminares establecen que al exlanzador le habrían incautado cuatro vehículos, dos yipetas y dos carros.
El expelotero fue conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Hasta mayo de este año, Octavio Dotel tenía el récord recientemente de ser el pelotero en jugar con el mayor número de equipos en las Grandes Ligas, en total 13.
Dispuesto a venir
El exjugador de Grandes Ligas Luis Castillo fue citado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la mañana de este martes como parte de la red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en el país, encabezada por César Emilio Peralta (César el Abusador).
“Yo me he enterado, me he sorprendido bastante, compañeros me han llamado, he estado en contacto con las autoridades y con el Ministerio Público porque son cosas que pasan y uno no entiende”, declaró Castillo a CDN.
El exjugador manifestó que está en disposición de venir al país para aclarar todo. Declaró que le sorprende que lo mencionen, por lo común que es su nombre. “Entre tantos Luis Castillo aparecí yo”, dijo sorprendido. Explicó que se encuentra en Miami, donde reside junto a su familia desde hace varios años y viaja al país de manera frecuente.
Dice que no tiene ningún tipo de vínculos con los implicados en el caso. “Mi nombre vale mucho, yo soy una persona que siempre me he mantenido por mi paso correcto, pero yo tengo fe y esperanza”, dijo.
Aclaró que no tiene ningún negocio en el país, que tiene una relación de amistad con Dotel y jugaron juntos, y que cuando viene a Santo Domingo lo visita.
Castillo jugó 15 temporadas en las Grandes Ligas y en la pelota dominicana vio acción con los Tigres del Licey.
La Licenciada Elba Rosa García Hernández es abogada, comunicadora y activista social dominicana, con base en Santiago de los Caballeros. Es cofundadora de la firma legal "La Ley & Usted" y ejerce como litigante especialista en derecho civil, inmobiliario, penal y electoral y además se desempaña como jefa de información del periódico digital larepublicaonline.com, quien además es egresada de Derecho, Mercadeo y Secretario Ejecutivo de las universidades Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Abierta para Adultos (UAPA). Cuenta con formación en derecho inmobiliario, periodismo digital y marketing. Litiga casos complejos y se desempeña como consultora legal para diversas empresas corporativas. Es reconocida por su participación como panelista y comunicadora en plataformas digitales, donde analiza temas de relevancia jurídica, política y derechos humanos. Ha sido reconocida por su liderazgo y servicio social en la República Dominicana.
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Pro Consumidor intensifica vigilancia y advierte sanciones por falsas ofertas del Viernes Negro
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1 día agoon
noviembre 16, 2026La institución supervisa establecimientos comerciales y plataformas digitales para evitar descuentos ficticios, aumentos artificiales de precios y publicidad engañosa durante la temporada de compras.
SANTO DOMINGO, RD. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el fortalecimiento de sus operativos de inspección en establecimientos comerciales de distintas ciudades de República Dominicana, con el propósito de prevenir irregularidades en las promociones y descuentos anunciados con motivo del Viernes Negro.
El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, advirtió que los negocios que recurran a ofertas falsas, publicidad engañosa o modificaciones artificiales de precios podrían enfrentar sanciones conforme a las disposiciones legales vigentes.
El funcionario explicó que la institución mantiene labores de supervisión durante todo el año, pero incrementa los controles en períodos de alta actividad comercial, cuando numerosos establecimientos ofrecen promociones especiales para atraer compradores.
Entre los productos de mayor vigilancia figuran los electrodomésticos y otros artículos de alta demanda, cuyos precios suelen experimentar importantes variaciones durante estas jornadas comerciales.
Verificarán que los descuentos sean reales
Como parte de las acciones preventivas, Pro Consumidor utiliza registros de precios recopilados antes del inicio de las promociones, los cuales posteriormente compara con las ofertas anunciadas por los establecimientos.
Este mecanismo permite identificar posibles incrementos injustificados antes de aplicar supuestos descuentos, una práctica que podría inducir a los consumidores a creer que están obteniendo mayores beneficios económicos.
Alcántara explicó que los comerciantes deben respetar las condiciones publicitadas y proporcionar información precisa sobre los precios, la disponibilidad de mercancías y las restricciones de las promociones.
Compras por internet también estarán bajo vigilancia
La supervisión no se limitará a las tiendas físicas, debido al crecimiento de las ventas realizadas mediante páginas web, redes sociales y plataformas digitales.
El titular de Pro Consumidor alertó sobre los riesgos asociados a promociones que presentan información incompleta, condiciones ocultas o enlaces que conducen a páginas de procedencia desconocida.
En ese sentido, recomendó a los compradores verificar la identidad y confiabilidad de los establecimientos antes de realizar pagos electrónicos.
Asimismo, aconsejó comparar precios, revisar las garantías, confirmar los plazos de entrega y comprobar si existen cargos adicionales que puedan incrementar el costo final de los productos.
Comercios deben cumplir con la Ley 358-05
El funcionario recordó que la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, núm. 358-05, establece obligaciones destinadas a garantizar información clara, veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos al público.
La normativa también contempla mecanismos de protección frente a prácticas comerciales que puedan perjudicar los intereses económicos de los ciudadanos.
En consecuencia, los establecimientos deberán informar de manera visible la duración de sus promociones, las condiciones para acceder a los descuentos y la disponibilidad de los artículos anunciados.
El incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a actuaciones administrativas y sanciones, según la naturaleza de las infracciones detectadas.
Exhortan a denunciar ofertas fraudulentas
Pro Consumidor llamó a los ciudadanos a mantenerse atentos ante promociones que aparenten ofrecer grandes rebajas, pero que no reflejen una reducción real del precio habitual de los productos.
La institución también exhortó a conservar facturas, comprobantes de pago y evidencias de las ofertas publicitadas, documentos que pueden resultar útiles al momento de presentar una reclamación.
Alcántara reiteró que los consumidores pueden denunciar cualquier irregularidad mediante los canales oficiales de la entidad.
Con el reforzamiento de estos operativos, Pro Consumidor busca garantizar una temporada comercial más transparente, proteger el bolsillo de los compradores y prevenir prácticas engañosas durante las ofertas del Viernes Negro.
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Cámara de Cuentas detecta irregularidades en contratos del INAIPI.
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1 día agoon
noviembre 16, 2026Una auditoría especial identificó pagos millonarios sin suficientes controles de asistencia, inconsistencias en facturas y posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales en contrataciones de servicios de seguridad.
SANTO DOMINGO, RD. – Una investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló múltiples irregularidades en contratos suscritos entre el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral, SRL (Senase), por un monto global de RD$195.4 millones.
La auditoría, solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), examinó operaciones correspondientes al período comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2025, aunque los contratos evaluados comenzaron a ejecutarse en 2022.
La investigación se desarrolla en el contexto de la denominada Operación Lobo, un proceso judicial relacionado con una presunta estructura de sobornos en la que figuran empresarios y miembros de organismos militares y policiales.
No obstante, el informe de la Cámara de Cuentas no establece una vinculación directa entre sus hallazgos y los imputados de ese expediente.
Más de RD$111 millones pagados sin controles suficientes
Uno de los principales hallazgos establece que el INAIPI realizó pagos por RD$111,901,581 sin disponer de registros completos que permitieran comprobar la asistencia y las horas efectivamente trabajadas por el personal de seguridad contratado.
Según el organismo fiscalizador, los expedientes carecían de reportes individuales, bitácoras y controles de entrada y salida, lo que dificultó verificar la prestación real de los servicios antes de autorizar los desembolsos.
La Cámara de Cuentas indicó que esta situación presenta indicios de responsabilidad penal, conforme a las disposiciones legales citadas en su informe.
En total, los auditores examinaron siete procesos de compras que originaron ocho contratos por RD$195,473,395, incluidas sus modificaciones.
De ese monto, la institución desembolsó RD$174,253,101, distribuidos entre los años 2023, 2024 y 2025.
Detectan facturas con fechas inconsistentes
Otra de las observaciones señala pagos por RD$55,732,959 correspondientes a facturas que presentaban diferencias entre las fechas de emisión, los períodos facturados y la vigencia de los contratos.
El informe identificó documentos emitidos antes de concluir los períodos de servicio, así como facturaciones relacionadas con fechas anteriores al inicio contractual.
También fueron señalados RD$25,322,089 facturados bajo contratos correspondientes a zonas distintas de aquellas donde supuestamente se prestaron los servicios de vigilancia.
Estas situaciones reflejan, según los auditores, debilidades en los mecanismos de supervisión y control de las contrataciones públicas.
Irregularidades en horas de servicio y modificaciones contractuales
La investigación identificó 673,634 horas facturadas que no contaban con reportes suficientes para verificar su clasificación.
Asimismo, se detectaron RD$5,550,170 correspondientes a 38,070 horas adicionales a las contratadas y RD$1,005,053 por diferencias en la clasificación de horas diurnas y nocturnas.
Otro hallazgo está relacionado con una modificación contractual que elevó en un 93 % el monto original de uno de los contratos, superando el límite legal del 50 % señalado por la Cámara de Cuentas.
El órgano fiscalizador también cuestionó la ausencia de motivaciones suficientes en determinadas actas del Comité de Compras y Contrataciones, así como deficiencias en los documentos de respaldo de varios procesos.
Exdirectora del INAIPI responde a los señalamientos
La exdirectora ejecutiva del INAIPI, Besaida Santana de Báez, presentó sus observaciones y argumentos de defensa ante los auditores.
Sobre los pagos cuestionados, sostuvo que existían controles de facturación firmados y sellados en los centros donde se prestaron los servicios.
En cuanto a las modificaciones contractuales, explicó que respondieron a necesidades institucionales relacionadas con la salida de personal militar y el aumento de centros que requerían vigilancia.
También señaló que determinadas operaciones fueron realizadas durante una administración posterior a su salida de la institución.
Sin embargo, después de examinar los argumentos y documentos presentados, los auditores mantuvieron las observaciones, al considerar que no se aportaron elementos suficientes para subsanar las irregularidades identificadas.
Informe señala posibles responsabilidades penales
La Cámara de Cuentas concluyó que los procesos examinados presentan un nivel insuficiente de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables.
De acuerdo con el informe, las nueve observaciones identificadas comprometen posibles responsabilidades administrativas, mientras que una también involucra responsabilidad civil y otras dos presentan indicios de responsabilidad penal.
El organismo explicó que los hallazgos que pudieran constituir infracciones penales sustentan la remisión de los resultados al Ministerio Público, institución responsable de determinar las acciones investigativas o judiciales correspondientes.
La existencia de estas observaciones no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad de los funcionarios o particulares involucrados.
Como parte de sus recomendaciones, la Cámara de Cuentas solicitó al INAIPI elaborar un plan de acciones correctivas dentro de un plazo de 25 días hábiles a partir de la notificación del informe.
Los resultados de esta auditoría colocan nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de contratación, fiscalización y manejo de recursos públicos, especialmente en servicios tercerizados que requieren controles permanentes para comprobar su ejecución y justificar los pagos realizados por el Estado.
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DGII descarta multas inmediatas por incumplimiento de facturación electrónica
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1 día agoon
noviembre 16, 2026La entidad tributaria asegura que no aplicará sanciones ni cerrará negocios por el momento, aunque advierte que la ley no permite conceder otra prórroga general.
SANTO DOMINGO, RD. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este lunes que, por el momento, no impondrá multas, sanciones administrativas ni dispondrá el cierre de establecimientos comerciales a los contribuyentes que no hayan completado su incorporación al sistema de facturación electrónica dentro del plazo establecido.
La disposición fue comunicada luego del vencimiento, el pasado domingo 15 de noviembre de 2026, del período fijado para que los pequeños contribuyentes cumplieran con esta obligación tributaria.
Mediante un comunicado, la institución procuró llevar tranquilidad a los comerciantes y demás sectores económicos que todavía se encuentran realizando los trámites necesarios para adoptar el nuevo mecanismo de emisión de comprobantes fiscales.
No obstante, la administración tributaria precisó que la suspensión temporal de las medidas sancionadoras no representa una extensión formal del plazo legal.
En ese sentido, explicó que la Ley núm. 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación núm. 587-24 no permiten establecer una nueva prórroga general para el cumplimiento de esta disposición.
La DGII reiteró que mantendrá sus programas de orientación, asistencia técnica y acompañamiento dirigidos a facilitar la transición hacia el sistema digital, particularmente entre aquellos contribuyentes que enfrentan dificultades para completar su incorporación.
Asimismo, exhortó a los negocios que todavía no han concluido el procedimiento a continuar las gestiones correspondientes, a fin de regularizar su situación y evitar posibles consecuencias administrativas en el futuro.
La implementación de la facturación electrónica forma parte del proceso de modernización del sistema tributario dominicano, orientado a fortalecer los mecanismos de control fiscal, mejorar la transparencia de las operaciones comerciales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Aunque la decisión representa un alivio temporal para los contribuyentes rezagados, la obligación de incorporarse al sistema continúa vigente, por lo que los establecimientos comerciales deberán completar el proceso conforme a las disposiciones legales aplicables.
Hasta el momento, la DGII no ha anunciado una fecha específica para comenzar a aplicar las sanciones relacionadas con el incumplimiento de esta obligación.
