Nacionales
Operativos de autoridades nacionales y de Estados Unidos en busca de Cesar El Abusador
Por Elba Garcia
Las autoridades de los Estados Unidos montaron este martes aparatosos operativos con el propósito de apresar a un peligroso narcotraficante de nombre Cesar Emilio Peralta, “César el Abusador”, quien alegadamente dirige una red de narcotráfico que ha enviado toneladas de cocaína y opioides a ese país y Europa y de traer dinero y lavarlo en territorio de la República Dominicana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés, perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en apoyo a sus operativos alega que el ciudadano dominicano César Emilio Peralta y una organización que dirige que lleva como nombre Peralta DTO se ha dedicado al trafico de narcóticos hacia el extranjero.
Según el comunicado del Gobierno de los Estados Unidos las acciones se fundamentan en la Ley Kingpin, sobre designación de narcotraficantes y la dedicación a comercializar narcóticos hacia el extranjero, el cual está fechado en Washington, capital de los Estados Unidos.
Junto a Peralta hay una serie de vinculados, incluidos algunos expeloteros de las Grandes Ligas, cuyo cabecilla todavía no ha podido ser apresado, ya que logró escapar tras un enfrentamiento a tiros con las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos.
Según el documento, Junto a Emilio Peralta fueron señalados, Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), Kelvin Enrique Fernández Flaquer (Cotto), Yader Rafael Jáquez Araujo (Jake Mate), Carlos Ariel Fernández Concepción, Bernardo Antonio Valdez García, Nathanael Castro Cordero, Boarnerges Sánchez Nolasco (Warnel) y Jhonan Alexander Martínez Ureña.
Atribuye a Toño Leña y a Cotto, ambos alegados narcotraficantes dominicanos, haber dado apoyo a César El Abusador en sus operaciones.
Mientras que Jacke Mate y Fernández Concepción, promotor artístico y ex oficial militar, respectivamente, tienen funciones ligadas a la gestión y promoción de los citados negocios.
Se destaca que Toño Leña, el más conocido del grupo, fue apresado en 2018 en Colombia y espera extradición a Estados Unidos
Las autoridades del país a través de la Procuraduría General de la República dijeron en un comunicado que “César El Abusador” estuvo involucrado en el negocio de las drogas en el país y Estados Unidos y que se inició como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado como Rolando Florián Féliz, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, Manuel Mesa Beltré, alias El Gringo, y Quirino Ernesto Paulino Castillo.
En su historial registra que en el 2008 fue detenido y acusado de ser “jefe de una red de narcotráfico”, el Ministerio Público desestimó la acusación bajo el alegato de que se violaron los procedimientos para su apresamiento.
En noviembre del 2007 también fue “capturado” y vinculado al fallecido y también narcotraficante Rolando Florián Féliz por un cargamento de cocaína lanzado desde una avioneta en un cañaveral del Batey Cuchilla, entre Higüey y La Romana.
En febrero del 2014 César Emilio Peralta fue detenido en Santiago acusado de herir a Manuel Enrique Ovalles Tapia en el parqueo de un hotel de la Máximo Gómez; al venezolano Federico Alberto Granado Sambrano, en una plaza comercial de la calle Roberto Pastoriza, del ensanche Naco, y a Alexander Ureña Martínez, “en un hecho violento”, ocurrido en el interior de una discoteca del sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional.
Además de Toño Leña Enrique Fernández Flaquer y Carlos Ariel Fernández Concepción, otros de los que figuran en la lista tienen antecedentes.
Fernández Flaquer fue apresado en el 2009, y condenado en el 2010 a tres años de cárcel por sus alegados vínculos con la red de Figueroa Agosto.
Mientras que Fernández Concepción fue separado de la DNCD en 2010 acusado de pertenecer a una red vinculada al narcotráfico.
Cesar El Abusador y los ocho dominicanos que son señalados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son nombrados con base en la Ley Kingpin, que según las informaciones que suministran, desde junio del año 2000 ha permitido que más de 2,100 entidades e individuos hayan sido acusados por tráfico internacional de narcóticos.
La Procuraduría General de la República vinculó a la red de narcotráfico y lavado de activos que se le atribuye liderar a César Emilio Peralta (César El Abusador) a los peloteros de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Luis Castillo y al amateur Baltazar Mesa.
Por el caso ya se encuentran detenidos Octavio Dotel y Baltazar Mesa, quien fue firmado como lanzador y jugó en ligas menores.
Octavio Dotel, está detenido y Versiones preliminares establecen que al exlanzador le habrían incautado cuatro vehículos, dos yipetas y dos carros.
El expelotero fue conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Hasta mayo de este año, Octavio Dotel tenía el récord recientemente de ser el pelotero en jugar con el mayor número de equipos en las Grandes Ligas, en total 13.
Dispuesto a venir
El exjugador de Grandes Ligas Luis Castillo fue citado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la mañana de este martes como parte de la red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en el país, encabezada por César Emilio Peralta (César el Abusador).
“Yo me he enterado, me he sorprendido bastante, compañeros me han llamado, he estado en contacto con las autoridades y con el Ministerio Público porque son cosas que pasan y uno no entiende”, declaró Castillo a CDN.
El exjugador manifestó que está en disposición de venir al país para aclarar todo. Declaró que le sorprende que lo mencionen, por lo común que es su nombre. “Entre tantos Luis Castillo aparecí yo”, dijo sorprendido. Explicó que se encuentra en Miami, donde reside junto a su familia desde hace varios años y viaja al país de manera frecuente.
Dice que no tiene ningún tipo de vínculos con los implicados en el caso. “Mi nombre vale mucho, yo soy una persona que siempre me he mantenido por mi paso correcto, pero yo tengo fe y esperanza”, dijo.
Aclaró que no tiene ningún negocio en el país, que tiene una relación de amistad con Dotel y jugaron juntos, y que cuando viene a Santo Domingo lo visita.
Castillo jugó 15 temporadas en las Grandes Ligas y en la pelota dominicana vio acción con los Tigres del Licey.
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RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.