Opinión
Alemán, Bosch y la arritmia histórica
Miguel Ceara-Hatton
Mi última conversación con el amigo economista José Luis Alemán (1933-2007), giró sobre los resultados del informe nacional de desarrollo humano 2008. La evidencia empírica apuntaba abrumadoramente a un gran descalabro institucional a pesar del desarrollo de las fuerzas productivas (el conflicto que Marx destacó). Alemán me sugirió que buscara la respuesta en el proceso de desarrollo de largo plazo y que había que recurrir a la tesis de Bosch sobre la “arritmia histórica”. Le dije que como economista del desarrollo hacía una lectura de largo plazo, pero me reiteró que el largo plazo no era económico sino histórico, insistiendo en el tema de la “arritmia”. Lamentablemente, no pudimos volver a hablar sobre el tema.
La tesis de Bosch fue publicada originalmente en “Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo” en 1959, la cual leí hace más de 35 años. Después fue ampliada en “Composición social Dominicana”. Bosch sostiene que hay un desfase del desarrollo de la sociedad dominicana con relación al ritmo de Latinoamérica y ello era fruto del atraso social, cultural, económico y político del pueblo dominicano que a su vez nos alejaba de la corriente histórica. Según Bosch, solamente en dos oportunidades se pudo acompasar la historia dominicana con la de América Latina: La primera, en 1785 cuando aprovechó las medidas impuestas por la monarquía borbónica de Carlos III, lo cual fue abortado por las consecuencias de la revolución haitiana. La segunda oportunidad se presentó con el gobierno de los azules, 100 años después, pero fue abortado por la tiranía de Heureaux.
Sé que algunos historiadores cuestionan la tesis de la “arritmia” y las evidencias que ofreció Bosch. No puedo juzgar la fortaleza de las evidencias que la sostienen. Solamente trato de entender a Alemán.
Según Bosch, la arritmia se profundiza con la tiranía de Trujillo y siguiendo con esa lógica, se podría decir que la arritmia se ahonda con el golpe de Estado de 1963 y con la hegemonía de fuerzas conservadoras en la década del setenta hasta la actualidad, que han mantenido la desigualdad social y un desarrollo institucional, el cual si bien ha evolucionado precariamente con las tendencias generales de América Latina, han convertido al PLD en una corporación, desmontado la poca independencia de los poderes del Estado, ha instituido una democracia débil, profundizado la corrupción e instaurando un régimen de complicidades e impunidades, cuyo resultado principal es la ineficiencia y la ilegitimidad del Estado Dominicano.
No sé si éste fue el sentido del pensamiento de Alemán, al retomar el argumento de la arritmia histórica como explicación de la falta de correspondencia entre la institucionalidad y el desarrollo de las fuerzas productivas. No lo sé, pero es una hipótesis que puede explicar la disfuncionalidad.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.