¿Nueva ley de fuerza pública detendrá fiscales y jueces cómplices del fraude?

Por Elba García

La promulgada Ley 396-19 por el  Poder Ejecutivo que regula el otorgamiento de la fuerza pública para las medidas conservatorias y ejecutorias, se deriva de un mandato del Tribunal Constitucional luego de anular una resolución ejecutiva de la Procuraduría  General de la República y que incluso otorgó un plazo de dos años al Congreso Nacional para crear un nuevo ordenamiento jurídico para los embargos mobiliarios e inmobiliarios.

Esta nueva ley crea algunos mecanismos que eran muy necesarios para descontinuar los abusos que cometen principalmente prestamistas en contra de supuestos deudores, cuyas acciones eran propias de vándalos que no tenían ningún control y para colmo siempre han tenido el apoyo del Ministerio Público,

Sin embargo, está por verse si esta nueva ley puede controlar las acciones por ineptitud, negligencia o complicidad de la fiscalía  que viola su propia legalidad cuando dispone un recurso como el archivo definitivo  que le ofrece la Ley Orgánica del Ministerio Público para favorecer en vez de la víctima al victimario, constituyéndose en un asunto tan grave que la gente ha llegado a un gran estado de desesperación,

Las violaciones a las leyes, incluido el Código Procesal Penal, por parte de los miembros del Ministerio Público, es tan grave que han logrado imponer una total impunidad para los responsables de acciones que se constituyen en  verdadera asociación de malhechores para cuyo propósito cuenta también con el aval de alguaciles y jueces.

La Ley 316-19 transfiere nuevamente el levantamiento de embargos de los notarios hacia los ministeriales, pero ahora para la ejecución de los mismos el alguacil debe ir acompañado de un miembro del Ministerio Público, así como los agentes de la policía previamente identificados.

También entran los llamados agentes que son los que se encargan de acompañar a estos oficiales públicos a fin de evitar la ocurrencia de atropellos, porque en la actualidad los fiscales son aliados o cómplices del supuesto acreedor delincuente en la comisión de una serie de ilícitos penales.

Una cuestión importante de la nueva ley es que cuando se quiere proceder, como regularmente se hace, para  despojar a terceros de objetos sin ser civilmente responsables de cualquier deuda, los ejecutantes  de los embargos recibirán sanciones muy severas.

Otro cambio a tomar en cuenta es que la solicitud de la fuerza pública debe ser otorgada en un plazo que no supere los diez días y su duración es de tres meses, en cuyo periodo expira y  no puede ser usada para ningún fin.

Los cambios son muchos, pero aún queda la duda si esa legislación será aplicada sin contemplación, porque los primeros violadores de la normativa jurídica son los fiscales que no respetan el derecho procesal ni ningún mandato de la ley.

En la actualidad  casos asociados a embargos ilegales han sido archivados definitivamente por los fiscales a sabiendas de que en los mismos hay ílícitos penales, pero que su actitud sólo puede ser explicada por algún nivel de complicidad.

La nueva ley habla de sanciones muy severas en contra de los miembros del Ministerio Público que la violente, pero si se parte de que se trata de un problema sistémico, cuyos principales violadores de la ley son precisamente los miembros de este  órgano del Estado-

La nueva ley se trata de esfuerzo que podría parar los grandes abusos que se cometen en la actualidad con embargos en propiedades que no tienen nada que ver con los responsables de las deudas y en consecuencia de los títulos ejecutorias,  que se utilizan para ejecutar los mismos, cuya  gran mayoría no llena las formalidades que establecen la ley.

La nueva Ley 396-19 acaba de entrar en vigencia, pero las esperanzas de que se puedan detener los embargos ilegales, sobre todo con documentación falsa, todavía es un sueño, ya que existe un alto nivel de complicidad que hace que fiscales, jueces y ministeriales se comporten al margen de la ley sin que haya un régimen de consecuencia.