Santo Domingo, RD.-El expresidente Leonel Fernández saludó, pero al propio tiempo condicionó la realización de la auditoría forense autorizada por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno.Nacionales
Leonel saluda y condiciona auditaría autorizada JCE.
Santo Domingo, RD.-El expresidente Leonel Fernández saludó, pero al propio tiempo condicionó la realización de la auditoría forense autorizada por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno.De inmediato, el expresidente Leonel Fernández valoró el hecho de que la JCE haya dispuesto la auditoría a los equipos utilizados en el evento de primarias del 6 de octubre, pero advirtió de que la empresa a realizarla no puede ser predeterminada, planteando que esta debe estar acompañada de un equipo técnico local e internacional.
“Magnífico, que así sea, pero considero que esa auditoría no puede predeterminar ninguna empresa; que eso tiene que ser escogido de manera participativa”, señaló Fernández.
Según establece el Acta 32-2019 de la Sesión Administrativa Extraordinaria del Pleno de la JCE, celebrada ayer lunes, se dispuso que esta auditoría sea realizada por una empresa de renombre y crédito internacional, con experiencia en el área electoral, y se autorizó que su contratación se realice bajo un procedimiento de urgencia, según establecen la ley y reglamentos que rigen las contrataciones públicas en el país.
La sesión estuvo integrada por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos del secretario general del ente nacional de elecciones, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.
Fernández, a través de sus delegados ante la JCE, había depositado una instancia en el organismo demandando la conformación de una misión técnica, bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Embajada de Estados Unidos, para efectuar una auditoría de los equipos utilizados en las primarias simultáneas.
Los representantes del exmandatario, Rubén Maldonado y Fernando Fernández, también solicitaron el pasado 8 de octubre que, de forma inmediata, la JCE ordene la retención, resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos (hardware) y el sistema operativo (software), contratados por ese órgano electoral mediante la licitación de referencia JCE-CCC-LPI-01-2019, adquiridos a la empresa Digiworld, S.R.L.
Además, demandaron la retención de los equipos utilizados en el proceso, aún si estos no hubiesen sido obtenidos mediante el concurso de la JCE, con el objetivo de garantizar la integridad absoluta de los aparatos, estableciendo, por igual, la correspondiente custodia a cargo de la OEA, Unión Europea y la Embajada estadounidense.
Entre las peticiones figuran 11,000 equipos para identificación de electores; 11,000 aparatos para votación automatizada; 11,000 impresoras técnicas de recibo tipo punto de ventas; 11,000 lectores de código de barras/QR; 11,000 inversores portátiles; máquinas de transmisión de data, todas las llaves de autorización utilizadas o teléfonos, y los USB utilizados en el proceso de votación.
“Que dichos equipos sean asegurados, precintados y resguardados en presencia de nuestros delegados político y técnico, respectivamente, hasta tanto los mismos puedan ser auditados en la forma y cantidad que sea ordenado por la comisión técnica integrada por las entidades indicadas en el ordinal primero de esta instancia”, explican los documentos al que tuvo acceso Listín Diario.
También, el equipo del exmandatario solicitó la presencia constante de un representante de los delegados político y técnico de Fernández ante la JCE dentro del espacio donde los equipos serán resguardados, con la finalidad de asegurar que estos sean manipulados o alterados durante el proceso previo a la auditoría solicitada.
El acta establece el objeto de la auditoría forense, con la verificación de que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso.
La auditoría también establece analizar las bases de Datos Unidad Votación Automatizada y Servidores Centrales, así como la transmisión de datos vía modem 3G y QR.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Asimismo, enfatizó la implementación total de la firma digital y la gestión de expedientes electrónicos con trazabilidad completa, lo que, afirmó, garantiza mayor transparencia y control de los procesos judiciales.
«Así que ahora nadie puede decirme que un expediente se pierde o se queda en una gaveta»Presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
«La confianza se gana, se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y con ello la confianza de la gente»Presidente de la SCJ
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
El primero de ellos fue digitalizar la justicia, segundo, agilizarla para disminuir el tiempo en dar respuesta; y tercero, hacerla transparente para que la confianza no sea un acto de fe, sino una consecuencia.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.