De inmediato, el expresidente Leonel Fernández valoró el hecho de que la JCE haya dispuesto la auditoría a los equipos utilizados en el evento de primarias del 6 de octubre, pero advirtió de que la empresa a realizarla no puede ser predeterminada, planteando que esta debe estar acompañada de un equipo técnico local e internacional.
“Magnífico, que así sea, pero considero que esa auditoría no puede predeterminar ninguna empresa; que eso tiene que ser escogido de manera participativa”, señaló Fernández.
Según establece el Acta 32-2019 de la Sesión Administrativa Extraordinaria del Pleno de la JCE, celebrada ayer lunes, se dispuso que esta auditoría sea realizada por una empresa de renombre y crédito internacional, con experiencia en el área electoral, y se autorizó que su contratación se realice bajo un procedimiento de urgencia, según establecen la ley y reglamentos que rigen las contrataciones públicas en el país.
La sesión estuvo integrada por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos del secretario general del ente nacional de elecciones, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.
Fernández, a través de sus delegados ante la JCE, había depositado una instancia en el organismo demandando la conformación de una misión técnica, bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Embajada de Estados Unidos, para efectuar una auditoría de los equipos utilizados en las primarias simultáneas.
Los representantes del exmandatario, Rubén Maldonado y Fernando Fernández, también solicitaron el pasado 8 de octubre que, de forma inmediata, la JCE ordene la retención, resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos (hardware) y el sistema operativo (software), contratados por ese órgano electoral mediante la licitación de referencia JCE-CCC-LPI-01-2019, adquiridos a la empresa Digiworld, S.R.L.
Además, demandaron la retención de los equipos utilizados en el proceso, aún si estos no hubiesen sido obtenidos mediante el concurso de la JCE, con el objetivo de garantizar la integridad absoluta de los aparatos, estableciendo, por igual, la correspondiente custodia a cargo de la OEA, Unión Europea y la Embajada estadounidense.
Entre las peticiones figuran 11,000 equipos para identificación de electores; 11,000 aparatos para votación automatizada; 11,000 impresoras técnicas de recibo tipo punto de ventas; 11,000 lectores de código de barras/QR; 11,000 inversores portátiles; máquinas de transmisión de data, todas las llaves de autorización utilizadas o teléfonos, y los USB utilizados en el proceso de votación.
“Que dichos equipos sean asegurados, precintados y resguardados en presencia de nuestros delegados político y técnico, respectivamente, hasta tanto los mismos puedan ser auditados en la forma y cantidad que sea ordenado por la comisión técnica integrada por las entidades indicadas en el ordinal primero de esta instancia”, explican los documentos al que tuvo acceso Listín Diario.
También, el equipo del exmandatario solicitó la presencia constante de un representante de los delegados político y técnico de Fernández ante la JCE dentro del espacio donde los equipos serán resguardados, con la finalidad de asegurar que estos sean manipulados o alterados durante el proceso previo a la auditoría solicitada.
El acta establece el objeto de la auditoría forense, con la verificación de que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso.
La auditoría también establece analizar las bases de Datos Unidad Votación Automatizada y Servidores Centrales, así como la transmisión de datos vía modem 3G y QR.