Santo Domingo, RD.-El expresidente Leonel Fernández saludó, pero al propio tiempo condicionó la realización de la auditoría forense autorizada por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno.Nacionales
Leonel saluda y condiciona auditaría autorizada JCE.
Santo Domingo, RD.-El expresidente Leonel Fernández saludó, pero al propio tiempo condicionó la realización de la auditoría forense autorizada por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno.De inmediato, el expresidente Leonel Fernández valoró el hecho de que la JCE haya dispuesto la auditoría a los equipos utilizados en el evento de primarias del 6 de octubre, pero advirtió de que la empresa a realizarla no puede ser predeterminada, planteando que esta debe estar acompañada de un equipo técnico local e internacional.
“Magnífico, que así sea, pero considero que esa auditoría no puede predeterminar ninguna empresa; que eso tiene que ser escogido de manera participativa”, señaló Fernández.
Según establece el Acta 32-2019 de la Sesión Administrativa Extraordinaria del Pleno de la JCE, celebrada ayer lunes, se dispuso que esta auditoría sea realizada por una empresa de renombre y crédito internacional, con experiencia en el área electoral, y se autorizó que su contratación se realice bajo un procedimiento de urgencia, según establecen la ley y reglamentos que rigen las contrataciones públicas en el país.
La sesión estuvo integrada por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos del secretario general del ente nacional de elecciones, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.
Fernández, a través de sus delegados ante la JCE, había depositado una instancia en el organismo demandando la conformación de una misión técnica, bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Embajada de Estados Unidos, para efectuar una auditoría de los equipos utilizados en las primarias simultáneas.
Los representantes del exmandatario, Rubén Maldonado y Fernando Fernández, también solicitaron el pasado 8 de octubre que, de forma inmediata, la JCE ordene la retención, resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos (hardware) y el sistema operativo (software), contratados por ese órgano electoral mediante la licitación de referencia JCE-CCC-LPI-01-2019, adquiridos a la empresa Digiworld, S.R.L.
Además, demandaron la retención de los equipos utilizados en el proceso, aún si estos no hubiesen sido obtenidos mediante el concurso de la JCE, con el objetivo de garantizar la integridad absoluta de los aparatos, estableciendo, por igual, la correspondiente custodia a cargo de la OEA, Unión Europea y la Embajada estadounidense.
Entre las peticiones figuran 11,000 equipos para identificación de electores; 11,000 aparatos para votación automatizada; 11,000 impresoras técnicas de recibo tipo punto de ventas; 11,000 lectores de código de barras/QR; 11,000 inversores portátiles; máquinas de transmisión de data, todas las llaves de autorización utilizadas o teléfonos, y los USB utilizados en el proceso de votación.
“Que dichos equipos sean asegurados, precintados y resguardados en presencia de nuestros delegados político y técnico, respectivamente, hasta tanto los mismos puedan ser auditados en la forma y cantidad que sea ordenado por la comisión técnica integrada por las entidades indicadas en el ordinal primero de esta instancia”, explican los documentos al que tuvo acceso Listín Diario.
También, el equipo del exmandatario solicitó la presencia constante de un representante de los delegados político y técnico de Fernández ante la JCE dentro del espacio donde los equipos serán resguardados, con la finalidad de asegurar que estos sean manipulados o alterados durante el proceso previo a la auditoría solicitada.
El acta establece el objeto de la auditoría forense, con la verificación de que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso.
La auditoría también establece analizar las bases de Datos Unidad Votación Automatizada y Servidores Centrales, así como la transmisión de datos vía modem 3G y QR.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.