Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo depositó este lunes ante el Senado de la República un proyecto de ley que servirá de “reforma migratoria” para endurecer las sanciones en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

En cumplimiento a las “15 medidas” anunciadas el domingo por el presidente Luis Abinader, para “proteger la soberanía y recuperar el control migratorio del país”, el consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, entregó la pieza al presidente del Senado Ricardo de los Santos.

El primer mandatario se refirió en su alocución dirigida a la ciudadanía a una reforma migratoria, lo que fue interpretado en una parte de la sociedad como una modificación en la Ley 285-04 de Migración, que tiene 20 años de vigencia.

Sin embargo, la pieza final dispuesta por la Presidencia únicamente contempla alteraciones a cuatro artículos de la Ley 137-03, con lo que buscan garantizar penas severas para quienes trafiquen extranjeros indocumentados.

Según explicó Peralta, en el artículo 2 del marco legal sugieren ampliar la definición, agregando los elementos constituyentes del tráfico ilícito de migrantes, “debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público”.

Mientras que en el artículo 5 agrega la tipificación de delitos por omisión. Uno de los casos mencionados por Peralta será cuando él gente sea garante de la protección de un bien jurídico o de la vigilancia de un determinado foco de peligro, siempre que exista la obligación legal o actuar de una forma determinada o exista una estrecha relación de comunidad entre personas.

Sanciones y penalizaciones

El jurista informó que en el artículo 6, el cual versa por igual sobre la complicidad, fue agregada una penalización de 10 años, hasta 15 años de reclusión y la multa será de 350, hasta 750 salarios mínimos del sector público, junto a la suspensión de los derechos de ciudadanías.

Mientras que en el artículo 7 el delito de tráfico ilegal de migrantes, de ser aprobada por los legisladores, pasaría de la pena del rango de 10 a 15 a de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios, “al rango de 12 a 20 años de presión y la multa de 750 a 1.500 salarios mínimos del sector público y la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”.

Además, Peralta dijo que aumentaría el castigo para quienes utilicen armas, el daño a personas mayores de edad o la muerte de la persona objeto del tráfico.

“Para estas y otras circunstancias similares se establecen distintas penas agravadas que pueden alcanzar hasta los 40 años de prisión y 6,000 salarios de multa”, aseveró Peralta.

En tanto, el presidente del Senado, De los Santos aseguró que mañana será enviada al estudio de comisión, con el objetivo de garantizar que sea aprobada de urgencia.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó el proyecto de ley al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.

Una propuesta similar

El pasado miércoles, el senador Rafael Duluc depósito una propuesta para modificar la Ley de Migración. El presidente De los Santos informó que esperaran la pieza del Poder Ejecutivo para definir cual será el procedimiento legislativo al que someterán a ambas piezas.

En el proyecto entregado el pasado 3 de abril, el legislador Duluc buscar crear un “registro biométrico obligatorio” para todos los extranjeros en el país y un Sistema Integral de Información Migratoria (SIIM). “Mayor rigurosidad” en los requisitos para permisos de residencia y trabajo.

Establecería, además, “procedimientos expeditos” para la deportación de extranjeros y edificaría un protocolo de seguridad migratoria en zonas fronterizas, aeropuertos y puertos.

Duluc también intentar obligar, por medio del documento legislativo, a los hoteles, empleadores y centros educativos reportar informaciones sobre los extranjeros.

Medidas de Abinader

Dentro de las 15 acciones expuestas por el presidente Abinader se encuentran la ampliación de la supervisión por parte de las tres brigadas fronterizas actuales, en seis áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior.

Además, prometió reforzar la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales que se unen a los 9,500 que prestan servicio en las provincias de la línea divisora. Al igual que incorporarán 750 agentes de Migración.

Acelerarán la construcción del muro fronterizo, con el inicio inmediato de la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 km de muro existentes.

También, modificará el reglamento de operación de los mercados binacionales, solicitará colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones. Recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) edificar una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios e instauró un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.

Redacción.- Fue impuesta una medida de coerción a cuatro colombianos  que incluye impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica porque supuestamente drogaron a varias personas para robarles.

Pese a que en su solicitud de medida de coerción el Ministerio Público pidió prisión preventiva para los cuatros extranjeros por no presentar arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga, la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una medida menos gravosa.

La defensa de los colombianos que visitan por primera vez el país, saludó la decisión del tribunal por entender que son jóvenes que cayeron en la tentación.

Con apenas diez días en territorio nacional, María Fernanda Jurado Martínez, Laura Valentina Mosquea Hernández, Nicolás Giraldo Murillo y Joseph Steven Rodríguez Pérez, se asociaron para captar víctimas a través de la aplicación de citas Tinder, para luego concretar encuentros en las viviendas de sus presas, donde las drogaban y sustraían pertenencias de alto valor, según detalla el documento de solicitud de medida de coerción.

Los abogados de los imputados informaron a las autoridades que recuperaron las pertenencias de que le fueron robadas a las víctimas.

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejercito, la Defensa Civil, entre otros organismos, se sumaron formalmente desde las primeras horas de la mañana de este jueves 3 de abril se sumaron a las labores de búsqueda e investigación sobre la desaparición del niño Roldanis Calderón, de tres años, de quien no sabe nada  desde el domingo 30 de marzo.

La fiscal Olga Diná Llaverías, titular de la Procuraduría Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, lidera la participación del Ministerio Público, colaborando estrechamente con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y unidades militares, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Se han desplegado drones, cámaras térmicas y unidades caninas especializadas para rastrear la zona boscosa y montañosa en el paraje Los Tablones, del distrito municipal Manabao, en el Parque Nacional J. Armando Bermúdez.

Según relató Efraín Nicolás Calderón, padre del menor, Roldanis jugaba con otras dos niñas en el patio de una residencia próxima a una zona boscosa cuando se le perdió de vista.

Carolina Vargas Ureña, madre del niño, pidió colaboración ciudadana mediante un video difundido en redes sociales: «Les pido que me ayuden a recuperar a mi hijo, que fue extraviado el domingo en un campo de Jarabacoa llamado La Ciénaga de Manabao».

Las autoridades ya han interrogado a los padres y entrevistado a vecinos y familiares para esclarecer las circunstancias de la desaparición. También realizaron la reconstrucción de los hechos en el lugar, incluyendo la inspección del río que atraviesa la zona.

La Policía Nacional exhorta a quienes tengan información relevante sobre el caso a comunicarse inmediatamente con las autoridades, reafirmando su compromiso de continuar utilizando todos los recursos disponibles para localizar al menor sano y salvo.