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Hasta 40 años de prisión para traficantes con inmigrantes en Reforma migratoria.
Santo Domingo, R.D.-El consultor jurídico del Poder Ejecutivo depositó este lunes ante el Senado de la República un proyecto de ley que servirá de “reforma migratoria” para endurecer las sanciones en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En cumplimiento a las “15 medidas” anunciadas el domingo por el presidente Luis Abinader, para “proteger la soberanía y recuperar el control migratorio del país”, el consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, entregó la pieza al presidente del Senado Ricardo de los Santos.
El primer mandatario se refirió en su alocución dirigida a la ciudadanía a una reforma migratoria, lo que fue interpretado en una parte de la sociedad como una modificación en la Ley 285-04 de Migración, que tiene 20 años de vigencia.
Sin embargo, la pieza final dispuesta por la Presidencia únicamente contempla alteraciones a cuatro artículos de la Ley 137-03, con lo que buscan garantizar penas severas para quienes trafiquen extranjeros indocumentados.
Según explicó Peralta, en el artículo 2 del marco legal sugieren ampliar la definición, agregando los elementos constituyentes del tráfico ilícito de migrantes, “debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público”.
Mientras que en el artículo 5 agrega la tipificación de delitos por omisión. Uno de los casos mencionados por Peralta será cuando él gente sea garante de la protección de un bien jurídico o de la vigilancia de un determinado foco de peligro, siempre que exista la obligación legal o actuar de una forma determinada o exista una estrecha relación de comunidad entre personas.
Sanciones y penalizaciones
El jurista informó que en el artículo 6, el cual versa por igual sobre la complicidad, fue agregada una penalización de 10 años, hasta 15 años de reclusión y la multa será de 350, hasta 750 salarios mínimos del sector público, junto a la suspensión de los derechos de ciudadanías.
Mientras que en el artículo 7 el delito de tráfico ilegal de migrantes, de ser aprobada por los legisladores, pasaría de la pena del rango de 10 a 15 a de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios, “al rango de 12 a 20 años de presión y la multa de 750 a 1.500 salarios mínimos del sector público y la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”.
Además, Peralta dijo que aumentaría el castigo para quienes utilicen armas, el daño a personas mayores de edad o la muerte de la persona objeto del tráfico.
“Para estas y otras circunstancias similares se establecen distintas penas agravadas que pueden alcanzar hasta los 40 años de prisión y 6,000 salarios de multa”, aseveró Peralta.
En tanto, el presidente del Senado, De los Santos aseguró que mañana será enviada al estudio de comisión, con el objetivo de garantizar que sea aprobada de urgencia.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó el proyecto de ley al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.
Una propuesta similar
El pasado miércoles, el senador Rafael Duluc depósito una propuesta para modificar la Ley de Migración. El presidente De los Santos informó que esperaran la pieza del Poder Ejecutivo para definir cual será el procedimiento legislativo al que someterán a ambas piezas.
En el proyecto entregado el pasado 3 de abril, el legislador Duluc buscar crear un “registro biométrico obligatorio” para todos los extranjeros en el país y un Sistema Integral de Información Migratoria (SIIM). “Mayor rigurosidad” en los requisitos para permisos de residencia y trabajo.
Establecería, además, “procedimientos expeditos” para la deportación de extranjeros y edificaría un protocolo de seguridad migratoria en zonas fronterizas, aeropuertos y puertos.
Duluc también intentar obligar, por medio del documento legislativo, a los hoteles, empleadores y centros educativos reportar informaciones sobre los extranjeros.
Medidas de Abinader
Dentro de las 15 acciones expuestas por el presidente Abinader se encuentran la ampliación de la supervisión por parte de las tres brigadas fronterizas actuales, en seis áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior.
Además, prometió reforzar la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales que se unen a los 9,500 que prestan servicio en las provincias de la línea divisora. Al igual que incorporarán 750 agentes de Migración.
Acelerarán la construcción del muro fronterizo, con el inicio inmediato de la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 km de muro existentes.
También, modificará el reglamento de operación de los mercados binacionales, solicitará colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones. Recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) edificar una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios e instauró un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.