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Advierte actuará con mano dura contra los “depredadores”
Asegura someterá a la justicia a las granceras, empresas y particulares que violen las disposiciones establecidas
Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el país tienen el reto de enfrentar tres problemas fundamentales que repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos que, en palabras del titular de la cartera, son las acciones que atentan contra la conservación de las fuentes de aguas, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y los efectos del cambio climático.
“A partir del mes próximo tomaremos medidas, porque si bien entendemos que esta actividad es importante para la industria de la construcción, y que hay modelos en el país que se hacen de forma sostenible, también hay casos que son parte de esquemas de corrupción y violación a los recursos. Vamos a llegar hasta el final para eliminar un problema que atenta contra la misma naturaleza”, advirtió. En ese sentido, dijo que próximamente se emitirá una resolución “para definir los alcances que tienen las personas que se dedican a este tipo de actividad. Los vamos a enfrentar y los vamos a someter a la justicia a los que depredan nuestros bosques”, reiteró.
Al ser abordado por el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la intención de rescate de los ríos Ozama e Isabela, expresada en el recorrido que hizo recientemente el Presidente Luis Abinader a estas cuencas, informó que en los próximos días deberá producirse una modificación a los últimos decretos emitidos en la pasada gestión, que establecen las responsabilidades frente a esta problemática, a los fines de ajustarlos a la nueva realidad para que el Estado tenga un rol más activo de cara a presentar soluciones. “Desde la más alta posición pública del país, desde la Presidencia de la República, ya existe la voluntad política para primero unificar criterios en las entidades oficiales involucradas para tener una sola posición sobre la descontaminación del río Ozama”, expresó.
En ese sentido, Jorge Mera indicó que el ministerio trabaja en la identificación, evaluación y actualización de los estudios que tratan la problemática en estas riberas, para poder emprender desde el más alto grado de influencia oficial las acciones necesarias para detener la contaminación en estos ríos. Entiende que la cuenca del Ozama es fundamental para el desarrollo de la provincia Santo Domingo. “Los ríos Ozama e Isabela están altamente contaminados, como consecuencia de muchos años sin la debida atención por parte de las entidades involucradas en su protección”, deploró. Asimismo, dijo que el proceso de saneamiento de estas fuentes de aguas se llevará a cabo con la participación y consenso de instituciones, entre las cuales citó el Ministerio de la Presidencia, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los Ayuntamientos del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este y de Santo Domingo Norte, la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) y otras entidades no gubernamentales. “El río Ozama forma parte de los planes y propósitos de este Gobierno, para que en el curso de los próximos años comencemos a ver la descontaminación de esta importante fuente hidrográfica”, afirmó. En respuesta a la pregunta del subdirector de elCaribe, Héctor Linares, sobre las acciones a tomar contra las industrias que manejan inapropiadamente sus desechos, reconoció que hay empresas que vierten sus residuos a los ríos Ozama e Isabela, de las cuales dijo “es nuestra responsabilidad hacerles ver que lo que están haciendo es ilegal”.
Entre las acciones tomadas a los fines de proteger las áreas protegidas mencionó la intervención de más de 50 tareas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco en Pedernales, donde eliminaron 2,000 plantas de aguacates sembradas ilegalmente. De igual manera se refirió al retiro de decenas de ocupantes del área protegida Gran Parque de las Américas en el sector Los Farallones, Santo Domingo Este. Aseguró que dicha acción se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, tras agotar un amplio proceso de coordinación y planificación entre diversas instituciones del Estado.
Destacó que el país cuenta con 127 áreas protegidas dispersas en todo el territorio nacional. “Las áreas protegidas fueron declaradas en los años 60, 70, 80 y 90 bajo la concepción de que el Estado debía proteger por tema de biodiversidad y por el nacimiento de los ríos. Al principio tuvo una visión de protección y conservación, ahora nosotros les estamos dando un giro para que puedan ser visitadas y conocidas por dominicanos y extranjeros, claro manteniendo la protección”. Dijo que en la actualidad se está disponiendo de un protocolo sanitario para que estas áreas puedan ser visitadas, paralelamente se puso en marcha un proceso de remozamiento de las instalaciones deterioradas.
“Estamos planteando lo que se conocería en la ley 64-00 como áreas de co-manejo. Es decir estaremos tocando puerta del sector privado para que muchas de esas áreas sean co-manejadas entre el sector público y empresas del sector privado”, expresó.
Jorge Mera junto al director de elCaribe, Osvaldo Santana, y los ejecutivos Héctor Linares y Héctor Marte.
Sectores deberán acatar Ley de Residuos Sólidos
Al referirse a la recientemente promulgada Ley de Residuos Sólidos, el funcionario recordó que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo en la pasada gestión fueron rechazadas por realizarse fuera del plazo establecido. Indicó que en la misma se otorga un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente emita la reglamentación de lugar, por lo que en los próximos días se estará contratando una firma asesora para la redacción del reglamento y de un cronograma para los procesos de consultas con los distintos sectores relacionados a la ley. “Este proceso lo queremos hacer con total transparencia y participación para que entre diciembre y enero tener el reglamento prácticamente listo”, puntualizó el político.
“Aquí vamos a enfrentar la ley duramente. El tema de los residuos sólidos es de vital importancia”, advirtió.
El ministro de Medio Ambiente consideró que el tema de los residuos sólidos, que incluyen los desechos hospitalarios y tóxicos, se ha manejado con poco criterio técnico y profesional. Adelantó que en los próximos meses se llevará a cabo un proceso de socialización con los representantes de clínicas y hospitales para “hacerles entender que deben tener los incineradores que puedan descomponer estos desechos que afectan la salud de los dominicano”.
Agregó que “la ley es dura respecto a las sanciones a las entidades que no cumplan con la disposición correcta de los residuos sólidos”.
Admite hay criterios diferentes en Ley Agua
Destacó que como país insular, la República Dominicana es afectada por el cambio climático. Al respecto dijo que la institución, junto a otras entidades como la Comisión del Cambio Climático, estará trabajando en la emisión de normativas y en la implementación de programas de reforestación. Sobre el proyecto de Ley de Agua, engavetado en el Congreso Nacional, observó que aún hay diferencias de criterios que impiden su esperada aprobación. En esa dirección, Héctor Marte, Jefe de Redacción de elCaribe, refirió a uno de los puntos más controversial de la iniciativa relativo a cuál entidad deberá regular el tema agua en el país, también hizo mención de la reciente creación de un gabinete para este sector. Al respecto dijo que el Presidente Luis Abinader designó oportunamente varios gabinetes sectoriales. “En materia de agua hay distintas entidades públicas relacionadas y es bueno que todos los participantes sepan lo que está haciendo cada quien”.
Permisología
En este corto tiempo hemos rechazado varias plantas de gas por no cumplir con los procedimientos”.
Eficiencia
Estamos trabajando en transformar la forma de contacto y respuesta a los usuarios”.
Reto
Tenemos que reducir sustancialmente el tiempo de respuesta en cuanto a la permisología”.
elcaribe.com.do
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.
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Nueva ley de juegos de azar entra en fase decisiva tras vencer plazo constitucional del Ejecutivo
La pieza fue remitida al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre; la Constitución establece el procedimiento aplicable cuando vence el plazo para promulgar u observar una ley
Por Ana Rodríguez
SANTO DOMINGO.– La nueva legislación destinada a reorganizar y modernizar la regulación de los juegos de azar en República Dominicana entró en una etapa decisiva luego de transcurrir el plazo constitucional señalado para que el Poder Ejecutivo procediera a su promulgación u observación.
El proyecto fue convertido en ley por el Senado de la República el pasado 16 de septiembre, luego de varios meses de estudio en el Congreso Nacional, y remitido al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre, de acuerdo con la información disponible sobre el trámite legislativo.
La iniciativa procura sustituir y reorganizar un marco regulatorio que tiene entre sus antecedentes principales normas sobre juegos de azar que datan de 1964. La necesidad de actualizar la regulación del sector ha sido objeto de distintas iniciativas legislativas durante años; documentos oficiales del Senado registran proyectos anteriores destinados a establecer un régimen más amplio para los juegos y apuestas. Senador D
El plazo constitucional
La situación adquiere especial relevancia jurídica debido a las disposiciones constitucionales que regulan la promulgación y observación de las leyes.
El artículo 101 de la Constitución dominicana vigente —no el artículo 110, como indica la información de origen— regula la promulgación y publicación de las leyes. Por tratarse de una cuestión constitucional y de actualidad, conviene verificar el texto vigente antes de publicación definitiva.
Según el procedimiento constitucional, una vez agotado el plazo correspondiente sin que se produzca la promulgación y publicación, se activa el mecanismo previsto por la propia Constitución para las leyes sancionadas por el Congreso.
Por ello, más allá de determinar si existe o no un anuncio público del Poder Ejecutivo, la cuestión central pasa a ser establecer la fecha exacta de recepción de la pieza, si fue declarada de urgencia, si se produjo alguna observación dentro del plazo y cuál es formalmente su situación jurídica.
Diez años sin nuevos establecimientos
Uno de los aspectos de mayor impacto de la nueva regulación es el establecimiento de una moratoria para la apertura de nuevos negocios de juegos de azar.
De acuerdo con el texto aprobado descrito en la información suministrada, durante un período de 10 años no podrían instalarse nuevos establecimientos de juegos de azar, con las excepciones contempladas por la propia legislación.
La finalidad de esa restricción sería permitir que las autoridades organicen, fiscalicen y regularicen los establecimientos que actualmente funcionan en el territorio nacional.
La medida se produce en un contexto en el que el Gobierno ya había retomado acciones para ordenar el sector. En abril de este año, el Poder Ejecutivo informó la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y otros operadores, mediante el Decreto 197-26. Presidencia de la República Dominicana
Casinos turísticos quedarían exceptuados
La restricción para la instalación de nuevos negocios no alcanzaría de igual manera a todos los establecimientos.
Según el contenido de la pieza descrito en la información suministrada, el artículo 194 contempla una excepción para casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos, que podrían establecerse bajo las condiciones previstas por la nueva normativa.
Este tratamiento diferenciado introduce uno de los aspectos que probablemente generará mayor atención durante la aplicación de la legislación, particularmente por sus implicaciones para la actividad turística y la organización territorial del sector.
Una nueva autoridad para fiscalizar los juegos
Otro de los cambios relevantes sería la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, institución que tendría responsabilidades de fiscalización y supervisión del sector.
La creación de una estructura especializada representaría una transformación del modelo institucional de control de una actividad que comprende bancas de lotería y deportivas, casinos, máquinas tragamonedas, apuestas por internet, bingos, agencias hípicas y otras modalidades.
Actualmente, el Gobierno mantiene un esquema de regularización en el que participan varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos. Presidencia de la República Dominicana
Límites de distancia para bancas y otros establecimientos
La legislación también introduce restricciones territoriales.
De acuerdo con la pieza aprobada descrita, determinados establecimientos de juegos de azar no podrán funcionar a menos de 500 metros de escuelas, colegios, universidades, instalaciones policiales y militares, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, clínicas, iglesias y determinadas sedes de poderes y órganos del Estado.
Para las bancas deportivas se contempla una distancia mínima de 500 metros, mientras que para las bancas de lotería la separación establecida sería de 200 metros.
Casinos, salas de máquinas tragamonedas, bancas deportivas y otros establecimientos señalados por la normativa deberán, además, funcionar en locales cerrados.
Relojes visibles y medidas contra la ludopatía
La nueva legislación no se limita a cuestiones fiscales y administrativas.
Entre las disposiciones descritas figura la obligación de colocar relojes visibles en determinados establecimientos donde se realicen apuestas, una medida destinada a que los jugadores puedan mantener referencia del tiempo transcurrido dentro de esos espacios.
Más significativa desde el punto de vista social es la prevista creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual personas afectadas por problemas relacionados con el juego podrían solicitar restricciones para acceder a determinadas actividades de apuestas.
La incorporación de medidas vinculadas al juego responsable introduce una dimensión de salud y protección social en una actividad tradicionalmente abordada principalmente desde la autorización, fiscalización y recaudación.
Una regulación esperada durante años
La transformación del régimen de los juegos de azar no comenzó con esta pieza. El archivo legislativo del Senado conserva iniciativas anteriores dirigidas a establecer una regulación integral del sector, incluyendo propuestas presentadas en legislaturas pasadas. Memoria Histórica
En marzo de 2026, durante una sesión del Senado, incluso se hizo referencia a iniciativas sometidas desde 2021 y a otra propuesta que se encontraba bajo estudio de la Comisión de Hacienda. Senador D
Ahora, tras completar su recorrido por el Congreso, la atención se desplaza hacia la situación formal de la legislación después de su remisión al Poder Ejecutivo.
La definición de ese punto resulta fundamental, porque de ella dependerá el momento en que comiencen a operar las nuevas reglas para un sector de considerable presencia económica y social en República Dominicana.