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Advierte actuará con mano dura contra los “depredadores”
Asegura someterá a la justicia a las granceras, empresas y particulares que violen las disposiciones establecidas
Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el país tienen el reto de enfrentar tres problemas fundamentales que repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos que, en palabras del titular de la cartera, son las acciones que atentan contra la conservación de las fuentes de aguas, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y los efectos del cambio climático.
“A partir del mes próximo tomaremos medidas, porque si bien entendemos que esta actividad es importante para la industria de la construcción, y que hay modelos en el país que se hacen de forma sostenible, también hay casos que son parte de esquemas de corrupción y violación a los recursos. Vamos a llegar hasta el final para eliminar un problema que atenta contra la misma naturaleza”, advirtió. En ese sentido, dijo que próximamente se emitirá una resolución “para definir los alcances que tienen las personas que se dedican a este tipo de actividad. Los vamos a enfrentar y los vamos a someter a la justicia a los que depredan nuestros bosques”, reiteró.
Al ser abordado por el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la intención de rescate de los ríos Ozama e Isabela, expresada en el recorrido que hizo recientemente el Presidente Luis Abinader a estas cuencas, informó que en los próximos días deberá producirse una modificación a los últimos decretos emitidos en la pasada gestión, que establecen las responsabilidades frente a esta problemática, a los fines de ajustarlos a la nueva realidad para que el Estado tenga un rol más activo de cara a presentar soluciones. “Desde la más alta posición pública del país, desde la Presidencia de la República, ya existe la voluntad política para primero unificar criterios en las entidades oficiales involucradas para tener una sola posición sobre la descontaminación del río Ozama”, expresó.
En ese sentido, Jorge Mera indicó que el ministerio trabaja en la identificación, evaluación y actualización de los estudios que tratan la problemática en estas riberas, para poder emprender desde el más alto grado de influencia oficial las acciones necesarias para detener la contaminación en estos ríos. Entiende que la cuenca del Ozama es fundamental para el desarrollo de la provincia Santo Domingo. “Los ríos Ozama e Isabela están altamente contaminados, como consecuencia de muchos años sin la debida atención por parte de las entidades involucradas en su protección”, deploró. Asimismo, dijo que el proceso de saneamiento de estas fuentes de aguas se llevará a cabo con la participación y consenso de instituciones, entre las cuales citó el Ministerio de la Presidencia, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los Ayuntamientos del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este y de Santo Domingo Norte, la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) y otras entidades no gubernamentales. “El río Ozama forma parte de los planes y propósitos de este Gobierno, para que en el curso de los próximos años comencemos a ver la descontaminación de esta importante fuente hidrográfica”, afirmó. En respuesta a la pregunta del subdirector de elCaribe, Héctor Linares, sobre las acciones a tomar contra las industrias que manejan inapropiadamente sus desechos, reconoció que hay empresas que vierten sus residuos a los ríos Ozama e Isabela, de las cuales dijo “es nuestra responsabilidad hacerles ver que lo que están haciendo es ilegal”.
Entre las acciones tomadas a los fines de proteger las áreas protegidas mencionó la intervención de más de 50 tareas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco en Pedernales, donde eliminaron 2,000 plantas de aguacates sembradas ilegalmente. De igual manera se refirió al retiro de decenas de ocupantes del área protegida Gran Parque de las Américas en el sector Los Farallones, Santo Domingo Este. Aseguró que dicha acción se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, tras agotar un amplio proceso de coordinación y planificación entre diversas instituciones del Estado.
Destacó que el país cuenta con 127 áreas protegidas dispersas en todo el territorio nacional. “Las áreas protegidas fueron declaradas en los años 60, 70, 80 y 90 bajo la concepción de que el Estado debía proteger por tema de biodiversidad y por el nacimiento de los ríos. Al principio tuvo una visión de protección y conservación, ahora nosotros les estamos dando un giro para que puedan ser visitadas y conocidas por dominicanos y extranjeros, claro manteniendo la protección”. Dijo que en la actualidad se está disponiendo de un protocolo sanitario para que estas áreas puedan ser visitadas, paralelamente se puso en marcha un proceso de remozamiento de las instalaciones deterioradas.
“Estamos planteando lo que se conocería en la ley 64-00 como áreas de co-manejo. Es decir estaremos tocando puerta del sector privado para que muchas de esas áreas sean co-manejadas entre el sector público y empresas del sector privado”, expresó.
Jorge Mera junto al director de elCaribe, Osvaldo Santana, y los ejecutivos Héctor Linares y Héctor Marte.
Sectores deberán acatar Ley de Residuos Sólidos
Al referirse a la recientemente promulgada Ley de Residuos Sólidos, el funcionario recordó que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo en la pasada gestión fueron rechazadas por realizarse fuera del plazo establecido. Indicó que en la misma se otorga un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente emita la reglamentación de lugar, por lo que en los próximos días se estará contratando una firma asesora para la redacción del reglamento y de un cronograma para los procesos de consultas con los distintos sectores relacionados a la ley. “Este proceso lo queremos hacer con total transparencia y participación para que entre diciembre y enero tener el reglamento prácticamente listo”, puntualizó el político.
“Aquí vamos a enfrentar la ley duramente. El tema de los residuos sólidos es de vital importancia”, advirtió.
El ministro de Medio Ambiente consideró que el tema de los residuos sólidos, que incluyen los desechos hospitalarios y tóxicos, se ha manejado con poco criterio técnico y profesional. Adelantó que en los próximos meses se llevará a cabo un proceso de socialización con los representantes de clínicas y hospitales para “hacerles entender que deben tener los incineradores que puedan descomponer estos desechos que afectan la salud de los dominicano”.
Agregó que “la ley es dura respecto a las sanciones a las entidades que no cumplan con la disposición correcta de los residuos sólidos”.
Admite hay criterios diferentes en Ley Agua
Destacó que como país insular, la República Dominicana es afectada por el cambio climático. Al respecto dijo que la institución, junto a otras entidades como la Comisión del Cambio Climático, estará trabajando en la emisión de normativas y en la implementación de programas de reforestación. Sobre el proyecto de Ley de Agua, engavetado en el Congreso Nacional, observó que aún hay diferencias de criterios que impiden su esperada aprobación. En esa dirección, Héctor Marte, Jefe de Redacción de elCaribe, refirió a uno de los puntos más controversial de la iniciativa relativo a cuál entidad deberá regular el tema agua en el país, también hizo mención de la reciente creación de un gabinete para este sector. Al respecto dijo que el Presidente Luis Abinader designó oportunamente varios gabinetes sectoriales. “En materia de agua hay distintas entidades públicas relacionadas y es bueno que todos los participantes sepan lo que está haciendo cada quien”.
Permisología
En este corto tiempo hemos rechazado varias plantas de gas por no cumplir con los procedimientos”.
Eficiencia
Estamos trabajando en transformar la forma de contacto y respuesta a los usuarios”.
Reto
Tenemos que reducir sustancialmente el tiempo de respuesta en cuanto a la permisología”.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.