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Advierte actuará con mano dura contra los “depredadores”
Asegura someterá a la justicia a las granceras, empresas y particulares que violen las disposiciones establecidas
Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el país tienen el reto de enfrentar tres problemas fundamentales que repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos que, en palabras del titular de la cartera, son las acciones que atentan contra la conservación de las fuentes de aguas, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y los efectos del cambio climático.
“A partir del mes próximo tomaremos medidas, porque si bien entendemos que esta actividad es importante para la industria de la construcción, y que hay modelos en el país que se hacen de forma sostenible, también hay casos que son parte de esquemas de corrupción y violación a los recursos. Vamos a llegar hasta el final para eliminar un problema que atenta contra la misma naturaleza”, advirtió. En ese sentido, dijo que próximamente se emitirá una resolución “para definir los alcances que tienen las personas que se dedican a este tipo de actividad. Los vamos a enfrentar y los vamos a someter a la justicia a los que depredan nuestros bosques”, reiteró.
Al ser abordado por el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la intención de rescate de los ríos Ozama e Isabela, expresada en el recorrido que hizo recientemente el Presidente Luis Abinader a estas cuencas, informó que en los próximos días deberá producirse una modificación a los últimos decretos emitidos en la pasada gestión, que establecen las responsabilidades frente a esta problemática, a los fines de ajustarlos a la nueva realidad para que el Estado tenga un rol más activo de cara a presentar soluciones. “Desde la más alta posición pública del país, desde la Presidencia de la República, ya existe la voluntad política para primero unificar criterios en las entidades oficiales involucradas para tener una sola posición sobre la descontaminación del río Ozama”, expresó.
En ese sentido, Jorge Mera indicó que el ministerio trabaja en la identificación, evaluación y actualización de los estudios que tratan la problemática en estas riberas, para poder emprender desde el más alto grado de influencia oficial las acciones necesarias para detener la contaminación en estos ríos. Entiende que la cuenca del Ozama es fundamental para el desarrollo de la provincia Santo Domingo. “Los ríos Ozama e Isabela están altamente contaminados, como consecuencia de muchos años sin la debida atención por parte de las entidades involucradas en su protección”, deploró. Asimismo, dijo que el proceso de saneamiento de estas fuentes de aguas se llevará a cabo con la participación y consenso de instituciones, entre las cuales citó el Ministerio de la Presidencia, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los Ayuntamientos del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este y de Santo Domingo Norte, la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) y otras entidades no gubernamentales. “El río Ozama forma parte de los planes y propósitos de este Gobierno, para que en el curso de los próximos años comencemos a ver la descontaminación de esta importante fuente hidrográfica”, afirmó. En respuesta a la pregunta del subdirector de elCaribe, Héctor Linares, sobre las acciones a tomar contra las industrias que manejan inapropiadamente sus desechos, reconoció que hay empresas que vierten sus residuos a los ríos Ozama e Isabela, de las cuales dijo “es nuestra responsabilidad hacerles ver que lo que están haciendo es ilegal”.
Entre las acciones tomadas a los fines de proteger las áreas protegidas mencionó la intervención de más de 50 tareas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco en Pedernales, donde eliminaron 2,000 plantas de aguacates sembradas ilegalmente. De igual manera se refirió al retiro de decenas de ocupantes del área protegida Gran Parque de las Américas en el sector Los Farallones, Santo Domingo Este. Aseguró que dicha acción se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, tras agotar un amplio proceso de coordinación y planificación entre diversas instituciones del Estado.
Destacó que el país cuenta con 127 áreas protegidas dispersas en todo el territorio nacional. “Las áreas protegidas fueron declaradas en los años 60, 70, 80 y 90 bajo la concepción de que el Estado debía proteger por tema de biodiversidad y por el nacimiento de los ríos. Al principio tuvo una visión de protección y conservación, ahora nosotros les estamos dando un giro para que puedan ser visitadas y conocidas por dominicanos y extranjeros, claro manteniendo la protección”. Dijo que en la actualidad se está disponiendo de un protocolo sanitario para que estas áreas puedan ser visitadas, paralelamente se puso en marcha un proceso de remozamiento de las instalaciones deterioradas.
“Estamos planteando lo que se conocería en la ley 64-00 como áreas de co-manejo. Es decir estaremos tocando puerta del sector privado para que muchas de esas áreas sean co-manejadas entre el sector público y empresas del sector privado”, expresó.
Jorge Mera junto al director de elCaribe, Osvaldo Santana, y los ejecutivos Héctor Linares y Héctor Marte.
Sectores deberán acatar Ley de Residuos Sólidos
Al referirse a la recientemente promulgada Ley de Residuos Sólidos, el funcionario recordó que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo en la pasada gestión fueron rechazadas por realizarse fuera del plazo establecido. Indicó que en la misma se otorga un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente emita la reglamentación de lugar, por lo que en los próximos días se estará contratando una firma asesora para la redacción del reglamento y de un cronograma para los procesos de consultas con los distintos sectores relacionados a la ley. “Este proceso lo queremos hacer con total transparencia y participación para que entre diciembre y enero tener el reglamento prácticamente listo”, puntualizó el político.
“Aquí vamos a enfrentar la ley duramente. El tema de los residuos sólidos es de vital importancia”, advirtió.
El ministro de Medio Ambiente consideró que el tema de los residuos sólidos, que incluyen los desechos hospitalarios y tóxicos, se ha manejado con poco criterio técnico y profesional. Adelantó que en los próximos meses se llevará a cabo un proceso de socialización con los representantes de clínicas y hospitales para “hacerles entender que deben tener los incineradores que puedan descomponer estos desechos que afectan la salud de los dominicano”.
Agregó que “la ley es dura respecto a las sanciones a las entidades que no cumplan con la disposición correcta de los residuos sólidos”.
Admite hay criterios diferentes en Ley Agua
Destacó que como país insular, la República Dominicana es afectada por el cambio climático. Al respecto dijo que la institución, junto a otras entidades como la Comisión del Cambio Climático, estará trabajando en la emisión de normativas y en la implementación de programas de reforestación. Sobre el proyecto de Ley de Agua, engavetado en el Congreso Nacional, observó que aún hay diferencias de criterios que impiden su esperada aprobación. En esa dirección, Héctor Marte, Jefe de Redacción de elCaribe, refirió a uno de los puntos más controversial de la iniciativa relativo a cuál entidad deberá regular el tema agua en el país, también hizo mención de la reciente creación de un gabinete para este sector. Al respecto dijo que el Presidente Luis Abinader designó oportunamente varios gabinetes sectoriales. “En materia de agua hay distintas entidades públicas relacionadas y es bueno que todos los participantes sepan lo que está haciendo cada quien”.
Permisología
En este corto tiempo hemos rechazado varias plantas de gas por no cumplir con los procedimientos”.
Eficiencia
Estamos trabajando en transformar la forma de contacto y respuesta a los usuarios”.
Reto
Tenemos que reducir sustancialmente el tiempo de respuesta en cuanto a la permisología”.
elcaribe.com.do
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.