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Advierte actuará con mano dura contra los “depredadores”
Asegura someterá a la justicia a las granceras, empresas y particulares que violen las disposiciones establecidas
Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el país tienen el reto de enfrentar tres problemas fundamentales que repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos que, en palabras del titular de la cartera, son las acciones que atentan contra la conservación de las fuentes de aguas, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y los efectos del cambio climático.
“A partir del mes próximo tomaremos medidas, porque si bien entendemos que esta actividad es importante para la industria de la construcción, y que hay modelos en el país que se hacen de forma sostenible, también hay casos que son parte de esquemas de corrupción y violación a los recursos. Vamos a llegar hasta el final para eliminar un problema que atenta contra la misma naturaleza”, advirtió. En ese sentido, dijo que próximamente se emitirá una resolución “para definir los alcances que tienen las personas que se dedican a este tipo de actividad. Los vamos a enfrentar y los vamos a someter a la justicia a los que depredan nuestros bosques”, reiteró.
Al ser abordado por el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana, sobre la intención de rescate de los ríos Ozama e Isabela, expresada en el recorrido que hizo recientemente el Presidente Luis Abinader a estas cuencas, informó que en los próximos días deberá producirse una modificación a los últimos decretos emitidos en la pasada gestión, que establecen las responsabilidades frente a esta problemática, a los fines de ajustarlos a la nueva realidad para que el Estado tenga un rol más activo de cara a presentar soluciones. “Desde la más alta posición pública del país, desde la Presidencia de la República, ya existe la voluntad política para primero unificar criterios en las entidades oficiales involucradas para tener una sola posición sobre la descontaminación del río Ozama”, expresó.
En ese sentido, Jorge Mera indicó que el ministerio trabaja en la identificación, evaluación y actualización de los estudios que tratan la problemática en estas riberas, para poder emprender desde el más alto grado de influencia oficial las acciones necesarias para detener la contaminación en estos ríos. Entiende que la cuenca del Ozama es fundamental para el desarrollo de la provincia Santo Domingo. “Los ríos Ozama e Isabela están altamente contaminados, como consecuencia de muchos años sin la debida atención por parte de las entidades involucradas en su protección”, deploró. Asimismo, dijo que el proceso de saneamiento de estas fuentes de aguas se llevará a cabo con la participación y consenso de instituciones, entre las cuales citó el Ministerio de la Presidencia, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los Ayuntamientos del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este y de Santo Domingo Norte, la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) y otras entidades no gubernamentales. “El río Ozama forma parte de los planes y propósitos de este Gobierno, para que en el curso de los próximos años comencemos a ver la descontaminación de esta importante fuente hidrográfica”, afirmó. En respuesta a la pregunta del subdirector de elCaribe, Héctor Linares, sobre las acciones a tomar contra las industrias que manejan inapropiadamente sus desechos, reconoció que hay empresas que vierten sus residuos a los ríos Ozama e Isabela, de las cuales dijo “es nuestra responsabilidad hacerles ver que lo que están haciendo es ilegal”.
Entre las acciones tomadas a los fines de proteger las áreas protegidas mencionó la intervención de más de 50 tareas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco en Pedernales, donde eliminaron 2,000 plantas de aguacates sembradas ilegalmente. De igual manera se refirió al retiro de decenas de ocupantes del área protegida Gran Parque de las Américas en el sector Los Farallones, Santo Domingo Este. Aseguró que dicha acción se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, tras agotar un amplio proceso de coordinación y planificación entre diversas instituciones del Estado.
Destacó que el país cuenta con 127 áreas protegidas dispersas en todo el territorio nacional. “Las áreas protegidas fueron declaradas en los años 60, 70, 80 y 90 bajo la concepción de que el Estado debía proteger por tema de biodiversidad y por el nacimiento de los ríos. Al principio tuvo una visión de protección y conservación, ahora nosotros les estamos dando un giro para que puedan ser visitadas y conocidas por dominicanos y extranjeros, claro manteniendo la protección”. Dijo que en la actualidad se está disponiendo de un protocolo sanitario para que estas áreas puedan ser visitadas, paralelamente se puso en marcha un proceso de remozamiento de las instalaciones deterioradas.
“Estamos planteando lo que se conocería en la ley 64-00 como áreas de co-manejo. Es decir estaremos tocando puerta del sector privado para que muchas de esas áreas sean co-manejadas entre el sector público y empresas del sector privado”, expresó.
Jorge Mera junto al director de elCaribe, Osvaldo Santana, y los ejecutivos Héctor Linares y Héctor Marte.
Sectores deberán acatar Ley de Residuos Sólidos
Al referirse a la recientemente promulgada Ley de Residuos Sólidos, el funcionario recordó que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo en la pasada gestión fueron rechazadas por realizarse fuera del plazo establecido. Indicó que en la misma se otorga un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente emita la reglamentación de lugar, por lo que en los próximos días se estará contratando una firma asesora para la redacción del reglamento y de un cronograma para los procesos de consultas con los distintos sectores relacionados a la ley. “Este proceso lo queremos hacer con total transparencia y participación para que entre diciembre y enero tener el reglamento prácticamente listo”, puntualizó el político.
“Aquí vamos a enfrentar la ley duramente. El tema de los residuos sólidos es de vital importancia”, advirtió.
El ministro de Medio Ambiente consideró que el tema de los residuos sólidos, que incluyen los desechos hospitalarios y tóxicos, se ha manejado con poco criterio técnico y profesional. Adelantó que en los próximos meses se llevará a cabo un proceso de socialización con los representantes de clínicas y hospitales para “hacerles entender que deben tener los incineradores que puedan descomponer estos desechos que afectan la salud de los dominicano”.
Agregó que “la ley es dura respecto a las sanciones a las entidades que no cumplan con la disposición correcta de los residuos sólidos”.
Admite hay criterios diferentes en Ley Agua
Destacó que como país insular, la República Dominicana es afectada por el cambio climático. Al respecto dijo que la institución, junto a otras entidades como la Comisión del Cambio Climático, estará trabajando en la emisión de normativas y en la implementación de programas de reforestación. Sobre el proyecto de Ley de Agua, engavetado en el Congreso Nacional, observó que aún hay diferencias de criterios que impiden su esperada aprobación. En esa dirección, Héctor Marte, Jefe de Redacción de elCaribe, refirió a uno de los puntos más controversial de la iniciativa relativo a cuál entidad deberá regular el tema agua en el país, también hizo mención de la reciente creación de un gabinete para este sector. Al respecto dijo que el Presidente Luis Abinader designó oportunamente varios gabinetes sectoriales. “En materia de agua hay distintas entidades públicas relacionadas y es bueno que todos los participantes sepan lo que está haciendo cada quien”.
Permisología
En este corto tiempo hemos rechazado varias plantas de gas por no cumplir con los procedimientos”.
Eficiencia
Estamos trabajando en transformar la forma de contacto y respuesta a los usuarios”.
Reto
Tenemos que reducir sustancialmente el tiempo de respuesta en cuanto a la permisología”.
elcaribe.com.do
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.