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Aduanas ha incautado 15 millones de dólares del negocio del bajo mundo este año.
Como una muestra de la cantidad de dinero que entra al país del negocio del narcotráfico o de cualquier otro ilícito, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha realizado incautaciones de 15 millones de dólares en lo que va del año 2021, informó ayer el director de la institución, Eduardo Sanz Lovatón.
Se trata de dinero que la gente trata de introducir “fuera de regla”, a través de diversas formas, incluyendo por la frontera terrestre, por barcos o en bocinas. Pero también el organismo con frecuencia incauta no solo divisas, sino también cigarrillos, bebidas alcohólicas introducidas ilegalmente y diversos productos.
De acuerdo con otras estadísticas que ofreció “de memoria” Eduardo Sanz Lovatón, el 68 % del dinero que incautó la DGA el pasado 2020 lo confiscó en los últimos tres meses de ese año.
¿Pero qué pasa cuando se hace ese tipo de incautación?, se le preguntó. Su explicación fue esta: “Mira, hay dos procedimientos… Cuando el dinero se incauta en la zona paraduanera (o sea, dentro del muelle o aeropuerto) evidentemente se deposita en una cuenta de la DGA en el Banco de Reservas y se hace un informe. Cuando se incauta fuera de esa zona (es decir, fuera de muelle y aeropuerto) se convierte en cuerpo del delito en los casos que lleva el Ministerio Público”.
El director de Aduanas fue ayer invitado de la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al Almuerzo Semanal, espacio que alcanzó para abordar diversos temas, dentro de los que son competencia del funcionario.
Calculó, por ejemplo, que la Dirección de Aduanas recauda cerca del 30 % del dinero del Estado y a pesar de los azotes de la pandemia ha conseguido colocar en mejor posición sus cifras.
Está recaudando cerca de un 20 % más que en el 2019, que fue un año normal en términos comerciales, porque el mundo no sufría aún los efectos de la pandemia.
Pero si bien la Aduanas camina “sobre ruedas” en materia de captación de recursos económicos, adicionalmente está enfocada en cumplir con su rol del facilitador del comercio. Un comercio que es cada vez más dinámico y amplio.
Al funcionario aduanal le queda claro que históricamente todo lo que se escuchaba de las aduanas iba en el sentido de que se trataba de una institución que cobraba impuestos, pero con advenimiento de los tratados de libre comercio los aranceles han bajado y las aduanas en todo el mundo tienen que ocuparse de la facilitación comercial, no solo de recaudar por exportaciones e importaciones.
“De ahí el tema del Programa 24 horas que comenzamos a implementar, que busca generar las eficiencias y eliminar la burocracia para que las exportaciones y las importaciones puedan salir y entrar de los muelles en menos de 24 de horas”, sostuvo.
Le acompañaron Julio Anulfo Pascual, subdirector de Zonas Francas; Ángel Alberto Encarnación, subdirector operativo de la DGA, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones.
El programa al que se refiere Sanz Lovatón se puso en funcionamiento el día primero de junio de este año, con la presencia del cuerpo diplomático, representantes de los socios comerciales, entre ellos Estados Unidos, y otras entidades.
Según un corte numérico al día de ayer, por vía de “24 horas” se han realizado 8,000 despachos, con más de 2,500 nuevos contribuyentes, que se han clasificado al programa y a través de Operadores Económicos Autorizados (OEA), un certificado y condición que se otorga al importador para que su carga pueda ser perfilada de manera más segura y eficiente, y por tanto pase más rápido los procesos.
El OEA es algo así como un “papel de buena conducta” que se otorga al importador, explicó el director de Aduanas en el encuentro. Y dejó claro que “no son contradictorias las funciones de recaudador y facilitador del comercio que tiene la DGA”. En una actividad reciente, efectuada en Santiago de los Caballeros, fueron entregadas 64 certificaciones de OEA a distintas empresas.
El Presidente y la confianza
“El crecimiento en los recaudos por vía de Aduanas es el resultado de la confianza que el presidente Luis Abinader ha generado en los sectores económicos del país y un reflejo muy claro de cómo hemos enfrentado problemas que existen”, dijo Sanz Lovatón.
Desde que asumieron el control en agosto de 2020, las autoridades de la DGA encabezadas por él, implementaron un plan de trabajo basado en la búsqueda de eficiencias continuas, enfocado en reducir el déficit recaudatorio que encontraron a su llegada, ha dicho.
“Hemos ido avanzando. Tenemos un gran equipo de trabajo y gente que conoce bastante sobre las funciones de las aduanas”, aseguró, con dejo de satisfacción. Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia.
Respondiendo a una y otras interrogantes formuladas en la entrevista, informó que su gestión ha incinerado más de 20 millones de paquetes de cigarrillos, paquetes que –según dijo- guardan alguna relación con el crimen organizado, que en la actualidad, para no mover dinero en efectivo y para no realizar transferencias bancarias que puedan dejar rastro, lo que hace es que toma esa mercancía que es de fácil liquidación.
“El crimen organizado se adapta, busca la manera. Pero lo que ha pasado, luego que Luis Abinader es el presidente de la República y luego de que finalmente tenemos un Ministerio Público independiente es que se están viendo resultados (…). Nunca en la historia dominicana, de 1844 para acá, ningún presidente se había desprendido del poder persecutorio, como lo ha hecho el actual presidente. Usted desprenderse de ese poder es un hito fundamental”, sostuvo.
La zona limítrofe con Haití
La DGA tiene en la zona fronteriza una presencia importante, que se expresa con la existencia de alrededor de 17 puestos aduaneros, de los cuales seis son principales. En esos puestos la institución debe convivir con las Fuerzas Armadas y otras agencias estatales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El propio Sanz Lovatón llegó a expresar preocupación e inquietud, porque a veces se producen cosas en esa zona fronteriza que llevaban a que una orden la emitiera las Fuerzas Armadas, una orden Aduanas, otra orden la DNCD y otra orden surgía del Ministerio Público. Desde su punto de vista, la nueva Ley General de Aduanas, promulgada a finales de agosto de este 2021, deja bastante clara y resuelta esa parte.
“A nosotros, a Aduanas, nos toca evidentemente regular el comercio y la Ley General de Aduanas refuerza e inclusive instituye en el artículo 399 el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que es lo que nos da la autoridad para incautar las divisas ilegales y para dirigir la gestión aduanera en la frontera”, dijo ayer el titular de la DGA.
Por la parte periodística, en la Entrevista Especial participaron Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Héctor Linares, subdirector; Alba Nely Familia, directora de CDN, así como las conductoras de programas Katherine Hernández y Julissa Céspedes, de la planta televisiva. A todos ellos el invitado les informó que la Dirección General de Aduanas ha puesto RD$2,000 millones a disposición para ir a los importadores específicos de los rubros esenciales. Dijo esto, respondiendo a preguntas sobre lo hecho por el organismo -o lo que contempla o analiza- a partir de pedidos formulados por sectores del comercio para que la institución redujera el cobro de arancel de importación y dispusiera de otras medidas administrativas que permitieran que los rubros a nivel local subieran de precio lo menos posible y golpearan menos duro la gente, a los consumidores.
El pedido surgió en momentos en que República Dominicana sufría una inusitada escalada de precios, empujada a la vez por factores externos, entre ellos el alza internacional de las materias primas, como maíz, soya y aceite vegetal, entre otros, que resultan vitales para producción local de pollos y alimentos. De otro lado, el director de la DGA informó que en término de recaudación el organismo estatal tenía a junio un excedente de RD$17,000 millones, con relación a su meta presupuestaria.
Con la trazabilidad y la debida diligencia
Sobre la nueva Ley de Aduanas, Sanz Lovatón indicó que otro de sus puntos positivos es que regula mucho más la discrecionalidad que históricamente han tenido los directores de la DGA. “Era prácticamente un rey midas que había aquí y tú podías reducir, por ejemplo, las multas de manera bastante asombrosa y eso se ha regulado y se ha institucionalizado”, planteó. “Evidentemente, las decisiones que se toman en la gestión aduanera necesitan ser rápidas y veloces porque esa es la naturaleza del comercio.
Tampoco podíamos paralizar completamente la gestión aduanera, pero lo que sí hemos hecho es generar una trazabilidad y que tenga que haber la debida diligencia ante cualquier decisión”, expuso.
La influencia
La confianza que Luis Abinader ha generado en la economía dominicana ha generado a la vez los números de los que he estado hablando”
Zonas francas arriba
Por primera vez en el país se exportó más de mil millones de dólares en marzo, en abril, mayo y junio. Las zonas francas crecieron más de 6 %”
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.