Nacionales
Aduanas ha incautado 15 millones de dólares del negocio del bajo mundo este año.
Como una muestra de la cantidad de dinero que entra al país del negocio del narcotráfico o de cualquier otro ilícito, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha realizado incautaciones de 15 millones de dólares en lo que va del año 2021, informó ayer el director de la institución, Eduardo Sanz Lovatón.
Se trata de dinero que la gente trata de introducir “fuera de regla”, a través de diversas formas, incluyendo por la frontera terrestre, por barcos o en bocinas. Pero también el organismo con frecuencia incauta no solo divisas, sino también cigarrillos, bebidas alcohólicas introducidas ilegalmente y diversos productos.
De acuerdo con otras estadísticas que ofreció “de memoria” Eduardo Sanz Lovatón, el 68 % del dinero que incautó la DGA el pasado 2020 lo confiscó en los últimos tres meses de ese año.
¿Pero qué pasa cuando se hace ese tipo de incautación?, se le preguntó. Su explicación fue esta: “Mira, hay dos procedimientos… Cuando el dinero se incauta en la zona paraduanera (o sea, dentro del muelle o aeropuerto) evidentemente se deposita en una cuenta de la DGA en el Banco de Reservas y se hace un informe. Cuando se incauta fuera de esa zona (es decir, fuera de muelle y aeropuerto) se convierte en cuerpo del delito en los casos que lleva el Ministerio Público”.
El director de Aduanas fue ayer invitado de la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al Almuerzo Semanal, espacio que alcanzó para abordar diversos temas, dentro de los que son competencia del funcionario.
Calculó, por ejemplo, que la Dirección de Aduanas recauda cerca del 30 % del dinero del Estado y a pesar de los azotes de la pandemia ha conseguido colocar en mejor posición sus cifras.
Está recaudando cerca de un 20 % más que en el 2019, que fue un año normal en términos comerciales, porque el mundo no sufría aún los efectos de la pandemia.
Pero si bien la Aduanas camina “sobre ruedas” en materia de captación de recursos económicos, adicionalmente está enfocada en cumplir con su rol del facilitador del comercio. Un comercio que es cada vez más dinámico y amplio.
Al funcionario aduanal le queda claro que históricamente todo lo que se escuchaba de las aduanas iba en el sentido de que se trataba de una institución que cobraba impuestos, pero con advenimiento de los tratados de libre comercio los aranceles han bajado y las aduanas en todo el mundo tienen que ocuparse de la facilitación comercial, no solo de recaudar por exportaciones e importaciones.
“De ahí el tema del Programa 24 horas que comenzamos a implementar, que busca generar las eficiencias y eliminar la burocracia para que las exportaciones y las importaciones puedan salir y entrar de los muelles en menos de 24 de horas”, sostuvo.
Le acompañaron Julio Anulfo Pascual, subdirector de Zonas Francas; Ángel Alberto Encarnación, subdirector operativo de la DGA, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones.
El programa al que se refiere Sanz Lovatón se puso en funcionamiento el día primero de junio de este año, con la presencia del cuerpo diplomático, representantes de los socios comerciales, entre ellos Estados Unidos, y otras entidades.
Según un corte numérico al día de ayer, por vía de “24 horas” se han realizado 8,000 despachos, con más de 2,500 nuevos contribuyentes, que se han clasificado al programa y a través de Operadores Económicos Autorizados (OEA), un certificado y condición que se otorga al importador para que su carga pueda ser perfilada de manera más segura y eficiente, y por tanto pase más rápido los procesos.
El OEA es algo así como un “papel de buena conducta” que se otorga al importador, explicó el director de Aduanas en el encuentro. Y dejó claro que “no son contradictorias las funciones de recaudador y facilitador del comercio que tiene la DGA”. En una actividad reciente, efectuada en Santiago de los Caballeros, fueron entregadas 64 certificaciones de OEA a distintas empresas.
El Presidente y la confianza
“El crecimiento en los recaudos por vía de Aduanas es el resultado de la confianza que el presidente Luis Abinader ha generado en los sectores económicos del país y un reflejo muy claro de cómo hemos enfrentado problemas que existen”, dijo Sanz Lovatón.
Desde que asumieron el control en agosto de 2020, las autoridades de la DGA encabezadas por él, implementaron un plan de trabajo basado en la búsqueda de eficiencias continuas, enfocado en reducir el déficit recaudatorio que encontraron a su llegada, ha dicho.
“Hemos ido avanzando. Tenemos un gran equipo de trabajo y gente que conoce bastante sobre las funciones de las aduanas”, aseguró, con dejo de satisfacción. Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia.
Respondiendo a una y otras interrogantes formuladas en la entrevista, informó que su gestión ha incinerado más de 20 millones de paquetes de cigarrillos, paquetes que –según dijo- guardan alguna relación con el crimen organizado, que en la actualidad, para no mover dinero en efectivo y para no realizar transferencias bancarias que puedan dejar rastro, lo que hace es que toma esa mercancía que es de fácil liquidación.
“El crimen organizado se adapta, busca la manera. Pero lo que ha pasado, luego que Luis Abinader es el presidente de la República y luego de que finalmente tenemos un Ministerio Público independiente es que se están viendo resultados (…). Nunca en la historia dominicana, de 1844 para acá, ningún presidente se había desprendido del poder persecutorio, como lo ha hecho el actual presidente. Usted desprenderse de ese poder es un hito fundamental”, sostuvo.
La zona limítrofe con Haití
La DGA tiene en la zona fronteriza una presencia importante, que se expresa con la existencia de alrededor de 17 puestos aduaneros, de los cuales seis son principales. En esos puestos la institución debe convivir con las Fuerzas Armadas y otras agencias estatales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El propio Sanz Lovatón llegó a expresar preocupación e inquietud, porque a veces se producen cosas en esa zona fronteriza que llevaban a que una orden la emitiera las Fuerzas Armadas, una orden Aduanas, otra orden la DNCD y otra orden surgía del Ministerio Público. Desde su punto de vista, la nueva Ley General de Aduanas, promulgada a finales de agosto de este 2021, deja bastante clara y resuelta esa parte.
“A nosotros, a Aduanas, nos toca evidentemente regular el comercio y la Ley General de Aduanas refuerza e inclusive instituye en el artículo 399 el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que es lo que nos da la autoridad para incautar las divisas ilegales y para dirigir la gestión aduanera en la frontera”, dijo ayer el titular de la DGA.
Por la parte periodística, en la Entrevista Especial participaron Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Héctor Linares, subdirector; Alba Nely Familia, directora de CDN, así como las conductoras de programas Katherine Hernández y Julissa Céspedes, de la planta televisiva. A todos ellos el invitado les informó que la Dirección General de Aduanas ha puesto RD$2,000 millones a disposición para ir a los importadores específicos de los rubros esenciales. Dijo esto, respondiendo a preguntas sobre lo hecho por el organismo -o lo que contempla o analiza- a partir de pedidos formulados por sectores del comercio para que la institución redujera el cobro de arancel de importación y dispusiera de otras medidas administrativas que permitieran que los rubros a nivel local subieran de precio lo menos posible y golpearan menos duro la gente, a los consumidores.
El pedido surgió en momentos en que República Dominicana sufría una inusitada escalada de precios, empujada a la vez por factores externos, entre ellos el alza internacional de las materias primas, como maíz, soya y aceite vegetal, entre otros, que resultan vitales para producción local de pollos y alimentos. De otro lado, el director de la DGA informó que en término de recaudación el organismo estatal tenía a junio un excedente de RD$17,000 millones, con relación a su meta presupuestaria.
Con la trazabilidad y la debida diligencia
Sobre la nueva Ley de Aduanas, Sanz Lovatón indicó que otro de sus puntos positivos es que regula mucho más la discrecionalidad que históricamente han tenido los directores de la DGA. “Era prácticamente un rey midas que había aquí y tú podías reducir, por ejemplo, las multas de manera bastante asombrosa y eso se ha regulado y se ha institucionalizado”, planteó. “Evidentemente, las decisiones que se toman en la gestión aduanera necesitan ser rápidas y veloces porque esa es la naturaleza del comercio.
Tampoco podíamos paralizar completamente la gestión aduanera, pero lo que sí hemos hecho es generar una trazabilidad y que tenga que haber la debida diligencia ante cualquier decisión”, expuso.
La influencia
La confianza que Luis Abinader ha generado en la economía dominicana ha generado a la vez los números de los que he estado hablando”
Zonas francas arriba
Por primera vez en el país se exportó más de mil millones de dólares en marzo, en abril, mayo y junio. Las zonas francas crecieron más de 6 %”
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Nacionales
JCE acerca renovación de cédulas a las comunidades con unidades móviles y transporte gratuito
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
Nacionales
Selección de nuevos jueces de la Suprema entra en etapa decisiva entre cuestionamientos por falta de transparencia
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.