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Aduanas ha incautado 15 millones de dólares del negocio del bajo mundo este año.
Como una muestra de la cantidad de dinero que entra al país del negocio del narcotráfico o de cualquier otro ilícito, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha realizado incautaciones de 15 millones de dólares en lo que va del año 2021, informó ayer el director de la institución, Eduardo Sanz Lovatón.
Se trata de dinero que la gente trata de introducir “fuera de regla”, a través de diversas formas, incluyendo por la frontera terrestre, por barcos o en bocinas. Pero también el organismo con frecuencia incauta no solo divisas, sino también cigarrillos, bebidas alcohólicas introducidas ilegalmente y diversos productos.
De acuerdo con otras estadísticas que ofreció “de memoria” Eduardo Sanz Lovatón, el 68 % del dinero que incautó la DGA el pasado 2020 lo confiscó en los últimos tres meses de ese año.
¿Pero qué pasa cuando se hace ese tipo de incautación?, se le preguntó. Su explicación fue esta: “Mira, hay dos procedimientos… Cuando el dinero se incauta en la zona paraduanera (o sea, dentro del muelle o aeropuerto) evidentemente se deposita en una cuenta de la DGA en el Banco de Reservas y se hace un informe. Cuando se incauta fuera de esa zona (es decir, fuera de muelle y aeropuerto) se convierte en cuerpo del delito en los casos que lleva el Ministerio Público”.
El director de Aduanas fue ayer invitado de la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al Almuerzo Semanal, espacio que alcanzó para abordar diversos temas, dentro de los que son competencia del funcionario.
Calculó, por ejemplo, que la Dirección de Aduanas recauda cerca del 30 % del dinero del Estado y a pesar de los azotes de la pandemia ha conseguido colocar en mejor posición sus cifras.
Está recaudando cerca de un 20 % más que en el 2019, que fue un año normal en términos comerciales, porque el mundo no sufría aún los efectos de la pandemia.
Pero si bien la Aduanas camina “sobre ruedas” en materia de captación de recursos económicos, adicionalmente está enfocada en cumplir con su rol del facilitador del comercio. Un comercio que es cada vez más dinámico y amplio.
Al funcionario aduanal le queda claro que históricamente todo lo que se escuchaba de las aduanas iba en el sentido de que se trataba de una institución que cobraba impuestos, pero con advenimiento de los tratados de libre comercio los aranceles han bajado y las aduanas en todo el mundo tienen que ocuparse de la facilitación comercial, no solo de recaudar por exportaciones e importaciones.
“De ahí el tema del Programa 24 horas que comenzamos a implementar, que busca generar las eficiencias y eliminar la burocracia para que las exportaciones y las importaciones puedan salir y entrar de los muelles en menos de 24 de horas”, sostuvo.
Le acompañaron Julio Anulfo Pascual, subdirector de Zonas Francas; Ángel Alberto Encarnación, subdirector operativo de la DGA, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones.
El programa al que se refiere Sanz Lovatón se puso en funcionamiento el día primero de junio de este año, con la presencia del cuerpo diplomático, representantes de los socios comerciales, entre ellos Estados Unidos, y otras entidades.
Según un corte numérico al día de ayer, por vía de “24 horas” se han realizado 8,000 despachos, con más de 2,500 nuevos contribuyentes, que se han clasificado al programa y a través de Operadores Económicos Autorizados (OEA), un certificado y condición que se otorga al importador para que su carga pueda ser perfilada de manera más segura y eficiente, y por tanto pase más rápido los procesos.
El OEA es algo así como un “papel de buena conducta” que se otorga al importador, explicó el director de Aduanas en el encuentro. Y dejó claro que “no son contradictorias las funciones de recaudador y facilitador del comercio que tiene la DGA”. En una actividad reciente, efectuada en Santiago de los Caballeros, fueron entregadas 64 certificaciones de OEA a distintas empresas.
El Presidente y la confianza
“El crecimiento en los recaudos por vía de Aduanas es el resultado de la confianza que el presidente Luis Abinader ha generado en los sectores económicos del país y un reflejo muy claro de cómo hemos enfrentado problemas que existen”, dijo Sanz Lovatón.
Desde que asumieron el control en agosto de 2020, las autoridades de la DGA encabezadas por él, implementaron un plan de trabajo basado en la búsqueda de eficiencias continuas, enfocado en reducir el déficit recaudatorio que encontraron a su llegada, ha dicho.
“Hemos ido avanzando. Tenemos un gran equipo de trabajo y gente que conoce bastante sobre las funciones de las aduanas”, aseguró, con dejo de satisfacción. Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia.
Respondiendo a una y otras interrogantes formuladas en la entrevista, informó que su gestión ha incinerado más de 20 millones de paquetes de cigarrillos, paquetes que –según dijo- guardan alguna relación con el crimen organizado, que en la actualidad, para no mover dinero en efectivo y para no realizar transferencias bancarias que puedan dejar rastro, lo que hace es que toma esa mercancía que es de fácil liquidación.
“El crimen organizado se adapta, busca la manera. Pero lo que ha pasado, luego que Luis Abinader es el presidente de la República y luego de que finalmente tenemos un Ministerio Público independiente es que se están viendo resultados (…). Nunca en la historia dominicana, de 1844 para acá, ningún presidente se había desprendido del poder persecutorio, como lo ha hecho el actual presidente. Usted desprenderse de ese poder es un hito fundamental”, sostuvo.
La zona limítrofe con Haití
La DGA tiene en la zona fronteriza una presencia importante, que se expresa con la existencia de alrededor de 17 puestos aduaneros, de los cuales seis son principales. En esos puestos la institución debe convivir con las Fuerzas Armadas y otras agencias estatales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El propio Sanz Lovatón llegó a expresar preocupación e inquietud, porque a veces se producen cosas en esa zona fronteriza que llevaban a que una orden la emitiera las Fuerzas Armadas, una orden Aduanas, otra orden la DNCD y otra orden surgía del Ministerio Público. Desde su punto de vista, la nueva Ley General de Aduanas, promulgada a finales de agosto de este 2021, deja bastante clara y resuelta esa parte.
“A nosotros, a Aduanas, nos toca evidentemente regular el comercio y la Ley General de Aduanas refuerza e inclusive instituye en el artículo 399 el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que es lo que nos da la autoridad para incautar las divisas ilegales y para dirigir la gestión aduanera en la frontera”, dijo ayer el titular de la DGA.
Por la parte periodística, en la Entrevista Especial participaron Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Héctor Linares, subdirector; Alba Nely Familia, directora de CDN, así como las conductoras de programas Katherine Hernández y Julissa Céspedes, de la planta televisiva. A todos ellos el invitado les informó que la Dirección General de Aduanas ha puesto RD$2,000 millones a disposición para ir a los importadores específicos de los rubros esenciales. Dijo esto, respondiendo a preguntas sobre lo hecho por el organismo -o lo que contempla o analiza- a partir de pedidos formulados por sectores del comercio para que la institución redujera el cobro de arancel de importación y dispusiera de otras medidas administrativas que permitieran que los rubros a nivel local subieran de precio lo menos posible y golpearan menos duro la gente, a los consumidores.
El pedido surgió en momentos en que República Dominicana sufría una inusitada escalada de precios, empujada a la vez por factores externos, entre ellos el alza internacional de las materias primas, como maíz, soya y aceite vegetal, entre otros, que resultan vitales para producción local de pollos y alimentos. De otro lado, el director de la DGA informó que en término de recaudación el organismo estatal tenía a junio un excedente de RD$17,000 millones, con relación a su meta presupuestaria.
Con la trazabilidad y la debida diligencia
Sobre la nueva Ley de Aduanas, Sanz Lovatón indicó que otro de sus puntos positivos es que regula mucho más la discrecionalidad que históricamente han tenido los directores de la DGA. “Era prácticamente un rey midas que había aquí y tú podías reducir, por ejemplo, las multas de manera bastante asombrosa y eso se ha regulado y se ha institucionalizado”, planteó. “Evidentemente, las decisiones que se toman en la gestión aduanera necesitan ser rápidas y veloces porque esa es la naturaleza del comercio.
Tampoco podíamos paralizar completamente la gestión aduanera, pero lo que sí hemos hecho es generar una trazabilidad y que tenga que haber la debida diligencia ante cualquier decisión”, expuso.
La influencia
La confianza que Luis Abinader ha generado en la economía dominicana ha generado a la vez los números de los que he estado hablando”
Zonas francas arriba
Por primera vez en el país se exportó más de mil millones de dólares en marzo, en abril, mayo y junio. Las zonas francas crecieron más de 6 %”
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.