Nacionales
Aduanas ha incautado 15 millones de dólares del negocio del bajo mundo este año.
Como una muestra de la cantidad de dinero que entra al país del negocio del narcotráfico o de cualquier otro ilícito, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha realizado incautaciones de 15 millones de dólares en lo que va del año 2021, informó ayer el director de la institución, Eduardo Sanz Lovatón.
Se trata de dinero que la gente trata de introducir “fuera de regla”, a través de diversas formas, incluyendo por la frontera terrestre, por barcos o en bocinas. Pero también el organismo con frecuencia incauta no solo divisas, sino también cigarrillos, bebidas alcohólicas introducidas ilegalmente y diversos productos.
De acuerdo con otras estadísticas que ofreció “de memoria” Eduardo Sanz Lovatón, el 68 % del dinero que incautó la DGA el pasado 2020 lo confiscó en los últimos tres meses de ese año.
¿Pero qué pasa cuando se hace ese tipo de incautación?, se le preguntó. Su explicación fue esta: “Mira, hay dos procedimientos… Cuando el dinero se incauta en la zona paraduanera (o sea, dentro del muelle o aeropuerto) evidentemente se deposita en una cuenta de la DGA en el Banco de Reservas y se hace un informe. Cuando se incauta fuera de esa zona (es decir, fuera de muelle y aeropuerto) se convierte en cuerpo del delito en los casos que lleva el Ministerio Público”.
El director de Aduanas fue ayer invitado de la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al Almuerzo Semanal, espacio que alcanzó para abordar diversos temas, dentro de los que son competencia del funcionario.
Calculó, por ejemplo, que la Dirección de Aduanas recauda cerca del 30 % del dinero del Estado y a pesar de los azotes de la pandemia ha conseguido colocar en mejor posición sus cifras.
Está recaudando cerca de un 20 % más que en el 2019, que fue un año normal en términos comerciales, porque el mundo no sufría aún los efectos de la pandemia.
Pero si bien la Aduanas camina “sobre ruedas” en materia de captación de recursos económicos, adicionalmente está enfocada en cumplir con su rol del facilitador del comercio. Un comercio que es cada vez más dinámico y amplio.
Al funcionario aduanal le queda claro que históricamente todo lo que se escuchaba de las aduanas iba en el sentido de que se trataba de una institución que cobraba impuestos, pero con advenimiento de los tratados de libre comercio los aranceles han bajado y las aduanas en todo el mundo tienen que ocuparse de la facilitación comercial, no solo de recaudar por exportaciones e importaciones.
“De ahí el tema del Programa 24 horas que comenzamos a implementar, que busca generar las eficiencias y eliminar la burocracia para que las exportaciones y las importaciones puedan salir y entrar de los muelles en menos de 24 de horas”, sostuvo.
Le acompañaron Julio Anulfo Pascual, subdirector de Zonas Francas; Ángel Alberto Encarnación, subdirector operativo de la DGA, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones.
El programa al que se refiere Sanz Lovatón se puso en funcionamiento el día primero de junio de este año, con la presencia del cuerpo diplomático, representantes de los socios comerciales, entre ellos Estados Unidos, y otras entidades.
Según un corte numérico al día de ayer, por vía de “24 horas” se han realizado 8,000 despachos, con más de 2,500 nuevos contribuyentes, que se han clasificado al programa y a través de Operadores Económicos Autorizados (OEA), un certificado y condición que se otorga al importador para que su carga pueda ser perfilada de manera más segura y eficiente, y por tanto pase más rápido los procesos.
El OEA es algo así como un “papel de buena conducta” que se otorga al importador, explicó el director de Aduanas en el encuentro. Y dejó claro que “no son contradictorias las funciones de recaudador y facilitador del comercio que tiene la DGA”. En una actividad reciente, efectuada en Santiago de los Caballeros, fueron entregadas 64 certificaciones de OEA a distintas empresas.
El Presidente y la confianza
“El crecimiento en los recaudos por vía de Aduanas es el resultado de la confianza que el presidente Luis Abinader ha generado en los sectores económicos del país y un reflejo muy claro de cómo hemos enfrentado problemas que existen”, dijo Sanz Lovatón.
Desde que asumieron el control en agosto de 2020, las autoridades de la DGA encabezadas por él, implementaron un plan de trabajo basado en la búsqueda de eficiencias continuas, enfocado en reducir el déficit recaudatorio que encontraron a su llegada, ha dicho.
“Hemos ido avanzando. Tenemos un gran equipo de trabajo y gente que conoce bastante sobre las funciones de las aduanas”, aseguró, con dejo de satisfacción. Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia.
Respondiendo a una y otras interrogantes formuladas en la entrevista, informó que su gestión ha incinerado más de 20 millones de paquetes de cigarrillos, paquetes que –según dijo- guardan alguna relación con el crimen organizado, que en la actualidad, para no mover dinero en efectivo y para no realizar transferencias bancarias que puedan dejar rastro, lo que hace es que toma esa mercancía que es de fácil liquidación.
“El crimen organizado se adapta, busca la manera. Pero lo que ha pasado, luego que Luis Abinader es el presidente de la República y luego de que finalmente tenemos un Ministerio Público independiente es que se están viendo resultados (…). Nunca en la historia dominicana, de 1844 para acá, ningún presidente se había desprendido del poder persecutorio, como lo ha hecho el actual presidente. Usted desprenderse de ese poder es un hito fundamental”, sostuvo.
La zona limítrofe con Haití
La DGA tiene en la zona fronteriza una presencia importante, que se expresa con la existencia de alrededor de 17 puestos aduaneros, de los cuales seis son principales. En esos puestos la institución debe convivir con las Fuerzas Armadas y otras agencias estatales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El propio Sanz Lovatón llegó a expresar preocupación e inquietud, porque a veces se producen cosas en esa zona fronteriza que llevaban a que una orden la emitiera las Fuerzas Armadas, una orden Aduanas, otra orden la DNCD y otra orden surgía del Ministerio Público. Desde su punto de vista, la nueva Ley General de Aduanas, promulgada a finales de agosto de este 2021, deja bastante clara y resuelta esa parte.
“A nosotros, a Aduanas, nos toca evidentemente regular el comercio y la Ley General de Aduanas refuerza e inclusive instituye en el artículo 399 el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que es lo que nos da la autoridad para incautar las divisas ilegales y para dirigir la gestión aduanera en la frontera”, dijo ayer el titular de la DGA.
Por la parte periodística, en la Entrevista Especial participaron Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Héctor Linares, subdirector; Alba Nely Familia, directora de CDN, así como las conductoras de programas Katherine Hernández y Julissa Céspedes, de la planta televisiva. A todos ellos el invitado les informó que la Dirección General de Aduanas ha puesto RD$2,000 millones a disposición para ir a los importadores específicos de los rubros esenciales. Dijo esto, respondiendo a preguntas sobre lo hecho por el organismo -o lo que contempla o analiza- a partir de pedidos formulados por sectores del comercio para que la institución redujera el cobro de arancel de importación y dispusiera de otras medidas administrativas que permitieran que los rubros a nivel local subieran de precio lo menos posible y golpearan menos duro la gente, a los consumidores.
El pedido surgió en momentos en que República Dominicana sufría una inusitada escalada de precios, empujada a la vez por factores externos, entre ellos el alza internacional de las materias primas, como maíz, soya y aceite vegetal, entre otros, que resultan vitales para producción local de pollos y alimentos. De otro lado, el director de la DGA informó que en término de recaudación el organismo estatal tenía a junio un excedente de RD$17,000 millones, con relación a su meta presupuestaria.
Con la trazabilidad y la debida diligencia
Sobre la nueva Ley de Aduanas, Sanz Lovatón indicó que otro de sus puntos positivos es que regula mucho más la discrecionalidad que históricamente han tenido los directores de la DGA. “Era prácticamente un rey midas que había aquí y tú podías reducir, por ejemplo, las multas de manera bastante asombrosa y eso se ha regulado y se ha institucionalizado”, planteó. “Evidentemente, las decisiones que se toman en la gestión aduanera necesitan ser rápidas y veloces porque esa es la naturaleza del comercio.
Tampoco podíamos paralizar completamente la gestión aduanera, pero lo que sí hemos hecho es generar una trazabilidad y que tenga que haber la debida diligencia ante cualquier decisión”, expuso.
La influencia
La confianza que Luis Abinader ha generado en la economía dominicana ha generado a la vez los números de los que he estado hablando”
Zonas francas arriba
Por primera vez en el país se exportó más de mil millones de dólares en marzo, en abril, mayo y junio. Las zonas francas crecieron más de 6 %”
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.