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El cambio climático fruto de la falta de planes en el país se convierte en una peligrosa amenaza para la existencia de la nación.
El cambio climático, acompañado de la falta de planes de los gobiernos dominicanos, parecen convertirse en su principal causa para que colapse la nación, mientras la politiquería toma cuerpo y cada día los ineptos intentan o se apropian de la administración pública.
Por Elba García
Los efectos del cambio climático han sido recibidos severamente por todos los países que conforman el planeta, pero los que cuentan con Estados que se caracterizan por la improvisación y en consecuencia por la falta de planes han sufrido mayor impacto por el fenómeno.
Esta situación pudo ser valorada con el Covid-19, cuyas medidas para combatir la pandemia fueron muchas más precarias en algunas naciones que en otras, todo como resultado de la falta de planificación y por estar afectadas por el fenómeno de la improvisación, lo cual también se traduce en no tener las herramientas necesarias para combatir la enfermedad.
Aunque nadie estuvo exento del impacto destructivo del virus, el cual fue y ha sido el resultado del cambio climático, unos tuvieron mejores resultados que otros, así sea por contar con mayores recursos, incluido el económico, para adquirir con mayor rapidez y hasta monopolizar la compra de la vacuna.
Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud humana y llamó a las naciones a incluir este tema en el centro de negociaciones de la COP27.
Los expertos sostienen que el cambio climático es más mortal que el Covid y tanto o más que el cáncer, por lo que se impone calcular muy bien el impacto de éste en la salud si el mundo no actúa rápidamente para reducir las emisiones de carbono, lo cual es un reto para los investigadores.
Y todos los manejadores del tema estiman que la ecuación es compleja, por lo que se impone combinar los efectos del calentamiento global sobre la salud, desde los peligros inmediatos como el aumento de la temperatura y los fenómenos meteorológicos extremos, hasta la escasez de alimento y agua a largo plazo, pasando por la contaminación del aire y el surgimiento de nuevas enfermedades.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutierres, acaba de decir en la apertura de la cumbre sobre el clima en Egipto, que ante el calentamiento global la humanidad debe cooperar o morir.
Ya se ha dicho que entre 2030 y 2050 se prevé que el cambio climático provocará cerca de 250 mil muertes adicionales por año debido a la desnutrición, malaria, diarrea y estrés térmico.
Sin embargo, esa estimación es considerada por expertos como inferior al balance real, en especial porque solo incluye ciertos factores, ya que el cambio climático es un multiplicador de amenazas.
Se ha establecido que el 70 por ciento de las muertes en el mundo son causadas por enfermedades que el calentamiento climático podría agravar, según el informe publicado este año por la IPCC, el panel climático de la ONU.
Un detalle que constituye un agravante es el hecho de que las temperaturas más cálidas también empujan a animales vectores de virus, como los mosquitos, a nuevas zonas, aumentando la contaminación de males existentes y el riesgo de propagación de otros nuevos.
Una muestra de esta valoración es que el período propicio para la transmisión del paludismo aumentó cerca de un tercio (32,1%) en partes de las Américas y 14% en África en la última década, comparado con el período 1951-1960.
Otro ejemplo es que el riesgo de transmisión de dengue aumentó 12% en el mundo, según Lancet Countdown, estudio anual realizado por expertos de 51 instituciones, incluida la OMS y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Otra preocupación con el cambio climático y el consecuente aumento de temperaturas es que favorece también la proliferación de bacterias en el agua que causan enfermedades.
Pero tal vez lo peor que ha traído consigo el cambio climático es que cerca de 100 millones más de personas sufrían inseguridad alimentaria grave en el 2020 comparado con el periodo 1981-2010, según Lancet Countdawn, que también señala que la sequia extrema ha aumentado casi un tercio en los últimos 50 años, lo que pone a cientos de millones de personas en peligro de inseguridad hídrica.
Según el estudio citado más arriba, las muertes asociadas al calor se han disparado 68% entre 2017 y 2021 comparado con 2000-2004.
La contaminación atmosférica ha contribuido con 3,3 millones de muertes en 2020, de los cuales 2,1 millones están directamente ligados a las emisiones de combustibles fósiles, según Lancet Countdown.
En el futuro, el calentamiento global podría matar más que el cáncer en algunas partes, especialmente los sitios más pobres, señaló una nueva plataforma de datos lanzada por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y Climate Impact Lab.
En el peor escenario, si no se reducen las emisiones de combustibles fósiles, el cambio climático podría aumentar la tasa de mortalidad en el mundo en 53 fallecimientos por 100.000 habitantes para 2100, aproximadamente el doble de la tasa actual de mortalidad por cáncer de pulmón.
Para la población mundial actual, representaría 4,2 millones de muertes adicionales por año, más que el saldo oficial de muertos por covid-19 en 2021.
Y esas proyecciones probablemente están por debajo de la realidad, señaló a AFP Hannah Hess, del Climate Impact Lab, porque no incluyen algunas amenazas como las enfermedades transmitidas por vectores.
La plataforma también hizo proyecciones para más de 24.000 en diferentes regiones de todo el mundo.
En el caso más extremo, en Dacca, capital de Bangladesh, las muertes ligadas al cambio climático hasta 2100 (132 por 100.000 habitantes por año), representa más del doble de la tasa de mortalidad actual del país por cáncer.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.