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Procuraduría General de la República parece haber pasado de la competencia y la agresividad judicial a la indulgencia
Por Elba García
Procuradora general de la Republica recurre a la tolerancia con un sistema de justicia cuya imagen no depende de lo que se diga sobre sus decisiones, sino de las dudas que generan la mayoría de sus sentencias.
Miriam German Brito, procuradora general de la República, envió una carta a sus adjuntos en la que los llamaba a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra los jueces y el Poder Judicial.
La jefa del Ministerio Público sostiene en su misiva que no es conveniente dar una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra y sin haberla leído debidamente.
Llamó a los adjuntos a que las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, además de no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo a contribuir con los juicios paralelos.
Advierte que ¨¨Nuestro trabajo es en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales.
Con esta carta la magistrada German Brito ha dicho algunas cosas que son propias de la prudencia y el comedimiento, pero la otra lectura de la misma es que ha querido tapar el sol con un dedo, porque la fiebre nunca debe buscarse en la sabana, sino en el enfermo.
La gran debilidad de la sociedad dominicana es que no mantiene una política de fiscalización de las decisiones que toman los tribunales sobre los diferentes casos que conocen, ya que son muchas las sentencias que dañan la credibilidad de un poder tan importante como el judicial.
Lo lamentable del asunto es que la deficiencia o complicidad o como se le quiera llamar también es encontrada en el Ministerio Público, donde si bien es cierto lo dicho por la procuradora general de la República, en el sentido de que ese órgano debe velar por la protección de la victima y del imputado, lo que en realidad parece ocurrir es que en el Ministerio Publico parece existir una fuerte tendencia a proteger al que comete el delito en vez del querellante.
Aunque nadie debe renegar del debido proceso, ya que en lo que respecta al Ministerio Público debe avalar los casos con las pruebas irrefutables para procesar a un imputado, pero lo que se observa en la mayoría de las fiscalías es que los miembros de este órgano persecutor del crimen y el delito siempre dilata los procesos y generalmente se inclina por un manejo poco idóneo del caso y en vez de promover la protección del estado de derecho, lo que hace es estimular la impunidad.
Por su parte, el caso de los jueces es que gozan de tanta independencia que emiten fallos que nadie cuestiona, pese a que lo que debía ocurrir es que estos juzgadores estén sometidos a un nivel eficiente de fiscalización por parte del Consejo del Poder Judicial para detectar cuando se salen del carril ético o sencillamente cuando cometen un error al emitir un fallo.
La cuestión es que lo que ocurre con los fiscales también ocurre con los jueces y es que ambos son parte de un sistema agotado, porque forman parte de un Estado que no tiene los niveles de institucionalidad, de regulación y de fiscalización que garantice que sus decisiones por lo menos sean más idóneas.
De manera, que la carta de Miriam German Brito como que llama a sus adjuntos a acogerse al concepto vendido por siempre de que los jueces son emperadores intocables y perfectos y además que su descredito depende de lo que se diga por los medios de comunicación y no de sus acciones que se deben evaluar por las sentencias emitidas.
Es más, habría que decir en este caso que penosamente los medios de comunicación social sobre lo que menos publican es sobre la gran cantidad de sentencias evacuadas sobre la base del capricho de muchos jueces, sin tener las pruebas que avalen las mismas.
Lo planteado en lo referente a la carta de Miriam German Brito, no es sólo por lo ocurrido con los megas procesos de corrupción que se conocen en el país, sino por la mayoría de las decisiones que emiten diariamente los tribunales inferiores, las cuales no se apoyan en los elementos facticos envueltos en el caso, por lo que los mismos no tienen ninguna base jurídica si se analizan a partir de una serie de principios y derechos constitucionales.
En la República Dominicana hay una serie de clichés para descalificar cualquier acción del Ministerio Público, pero lo propio hace este órgano, el cual esta conformado por unos miembros que muchas veces causan más daño que bien a los querellantes y también a los querellados.
Las criticas vertidas por sus adjuntos, máxime Jeny Berenice Reynoso, las cuales tal vez han sido las más ácidas provenientes del Ministerio Publico, tienen mucho de justificación, aunque naturalmente debió también hacer una mirada hacia al interior del órgano al que sirve.
La procuradora adjunta debió hablar de lo que ocurre con los fiscales de los diferentes distritos judiciales de todo el territorio nacional, donde el Estado prácticamente no existe, lo cual provoca que las denuncias y querellas que se presentan en este órgano se convierten en instrumentos para matar el estado de derecho y la democracia.
Sin embargo, se debe reiterar que las criticas tienen asidero suficientes y que no hacerlo es una forma de que toda la podredumbre nacional llegue hasta el rincón más recóndito del país y que la democracia termine con la aceleración de su descredito total y que la irregularidad convierte en irrecuperable la honra del Ministerio Público y de los tribunales nacionales.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.