De portada
La Partidocracia tiene su foco puesto ahora en la Cámara de Cuentas cuya facultad es auditar los fondos públicos.
Una fuerte lucha libran los partidos de la oposición y el Revolucionario Moderno, en el poder, para no remover o someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, la cual está en la cuerda floja después de que una comisión de diputados la investigara y que ahora procura su destitución.
Hace algunos días que los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo anunciaron que rechazan las intenciones de una comisión de diputados de someter a un juicio político al Pleno de la Cámara de Cuentas.
Sin embargo, el PRM que fue el arquitecto de la actual Cámara de Cuentas dice estar de acuerdo con el juicio político a los miembros del referido órgano por la comisión de faltas graves en el desempeño de sus funciones.
El asunto es que el país sigue atrapado en la politiquería que promueven los diferentes partidos, cuyo accionar está determinado por los oscuros intereses que se mueven alrededor de la llamada partidocracia, la cual está conformada también por organizaciones pequeñas, de izquierda y de derecha.
Los propósitos con la Cámara de Cuentas es sólo un pequeño ejemplo de como la partidocracia manipula los órganos que están llamados a jugar un papel de primer orden para detectar mediante la herramienta de la auditoria los robos que se producen en el patrimonio público.
Por esta razón, resulta tan importante para los partidos tener el control de ese órgano creado por un mandato constitucional y en consecuencia ahora se presenta una situación de tanta confusión que nadie sabe con exactitud la realidad de lo que pasa en el seno de la referida institución.
En esta batalla de partidos que no es verdad que busquen la eficiencia de la Cámara de Cuentas, sino sacarle provecho a la delicada función de la misma, ya que como muy bien puede verse que muchos de los fraudes en contra del erario también sirven para dejar pasar y dejar hacer y que no se produzcan las sanciones que disponen las normas jurídicas.
El rol de la Cámara de Cuentas está tan mancillado que en el país no hay una sola auditoria sobre sustracción de fondos públicos por parte de los partidos políticos, pese que el artículo 68 de la Ley 33-18 dispone que la Junta Central Electoral puede proceder e incluso congelar el dinero que reciben las organizaciones con personaría jurídica si no se manejan con transparencia, pero que no se hace nada al respecto, cuya situación se torna tan grave el asunto es que el órgano comicial no tiene en sus archivos la rendición de cuentas que deben hacer los partidos de acuerdo a un mandato del artículo 216 de la Constitución de la República.
En pocas palabras los dos órganos facultados para corregir cualquier anomalía al respecto prácticamente se hacen de la vista gorda ante la alarmante situación que se vive en el entorno de los partidos políticos en lo que respecta principalmente al manejo de los fondos públicos que reciben.
En realidad, el control de la Cámara de Cuentas por parte de una parte de los partidos políticos les ofrece la garantía de no ser víctima de un escándalo por lo que ellos saben hacer perfectamente bien que es desfalcar al Estado dominicano sin que haya ningún régimen de consecuencia.
El artículo 2 de la Ley 10-04 facultad a la Cámara de Cuentas a auditar los fondos que reciben del Estado los partidos políticos, pero ello nunca ocurre por la irregularidad descrita que ha llevado a llamar la misma como la Cámara de Cuentos en vez de Cuentas.
En la presente confrontación para destituir al Pleno de la Cámara de Cuentas el Partido Revolucionario Moderno (PRM) lleva la de ganar si se parte del criterio de que tienen el control de ambas cámaras en el Congreso, aunque el asunto se le complica cuando el Senado, que juega un papel determinante en la celebración del juicio político, es dominado por amplia mayoría por el partido oficialista.
Sólo falta esperar cuál será el desenlace de una lucha política que impacta de muy mala manera a la Cámara de Cuentas, pero que la misma es un elemento vital para parar la corrupción administrativa que prácticamente se traga el país.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.