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Todavía hay funcionarios del Gobierno que no ha presentado su declaración jurada de patrimonio.
Santo Domingo, R.D.-Dieciocho funcionarios del Gobierno de Luis Abinader todavía no han presentado su declaración jurada de patrimonio, pese a que la actual gestión está a sólo meses de terminar, lo cual representa una violación de la Ley 311-14.
Como si tuvieran algo que esconder, 18 funcionarios de Abinader han ignorado y violado la ley durante años y permanecido en sus cargos sin sanción alguna, teniendo solo un pequeño grupo de ellos una breve suspensión de sus salarios, durante el año 2020.
A pesar de su constante discurso de transparencia, cambio y “anticorrupción” que ha impulsado Abinader durante todo su mandato, varios de sus funcionarios han evitado seguir su línea y actuar al margen de la ley.
La Cámara de Cuentas, en su último listado de funcionarios nombrados por decretos y otras designaciones que no han presentado su declaración jurada de patrimonio (DJP), detalla que hasta noviembre del 2023 hay varios presidentes de entidades, miembros de consejos, gobernadores, directores y hasta un cónsul del actual tren gubernamental, que no han depositado los documentos correspondientes.
Sumado a esto, la Cámara de Cuentas también ofrece un portal de consulta de DJP, donde fueron buscados los nombres de los funcionarios incumplidores, no apareciendo registro alguno.
La mayor cantidad de funcionarios que no han reportado su DJP, son del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur). Allí, Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, Manuel Antonio Medina, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltre, que ocupan los puestos de “miembro” en representación de distintas provincias, y fueron nombrados en el decreto 452-20, violando la ley desde el año 2020.
Además, están Jose Luis Polanco Henríquez, Corporación del acueducto y alcantarillado de Moca (Coraamoca); José del Carmen Oviedo Tejada, Instituto Nacional de la Vivienda (INVI); Luis María Catano Tavares, Consejo de la Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo (Corphotel); Antonia Hierro de la Cruz, Corporación del acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel; José Francisco Matías Rodríguez y Dirección General de Ganadería.
Entre los funcionarios designados recientemente que ya se encuentran violando la ley por no haber entregado en el tiempo establecido su DJP están Mildred Gabriela de la Altagracia Pérez de Arias, Centro de Atención Integral para la Discapacidad (Caid); Juan Manuel Ruiz Galdón, Ministerio de Relaciones Exteriores; Carlos José de Jesús Yunen Bojos, Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y Pablo Casimiro Mateo Santos de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias.
En noviembre del año 2020, el Poder Ejecutivo anunció que, de manera provisional, suspendió a 36 funcionarios por no presentar en el plazo de ley sus declaraciones juradas de patrimonio.
No obstante, el decreto no establecía sanción alguna a los funcionarios que no hicieran su declaración jurada tras la publicación de la comunicación, salvo la “suspensión temporal”, la cual también era ambigua al no especificar tiempo alguno.
Estos son Benjamín Reynoso Cabrera, Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, José del Carmen Oviedo Tejada, José Luis Polanco Henríquez, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltré.
También existe el caso de José Francisco Matías Rodríguez, quien fue designado como subdirector de la Dirección General de Ganadería, el cual fue el único “cancelado” cuando derogaron su nombramiento con el directo 509-23 del pasado año.
¿Qué dice la ley?
“Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal”, ordena la Ley 311-14.
La legislación ordena que los empleados públicos que deben declarar son los ministros, administradores, gerentes de bancos estatales, así como presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales.
También los administradores y subadministradores generales, los directores nacionales, generales y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado, así como los miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado y los gobernadores provinciales, entre otros.
Lo mismo debe hacer el servidor público cuando es reelegido para un nuevo período y cuando hayan cesado en sus funciones, en un plazo no mayor de 30 días.
Sobre las posibles sanciones, aquellos servidores públicos que no presenten la declaración de sus bienes incurren en “faltas graves de tercer grado”, sancionadas con la destitución del cargo según la ley número 41-08, de Función Pública.
Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.
La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.
Esta disposición entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 01 de diciembre de 2024, impactando positivamente a jubilados y pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses y sus dependientes directos.
Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.
La resolución establece los nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Sobre SISALRIL
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.
Restauración.–Varias personas de nacionalidad haitiana fueron apresadas por autoridades conjuntas para ser investigados con relación al robo efectuado en la residencia de la señora Martina Valdez, a quien también hirieron por arma blanca en el municipio de Restauración.
En un amplio operativo encabezado por el teniente coronel Caba Suriel, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Ejército de República Dominicana y la Policía Preventiva, se realizan las detenciones para tratar de esclarecer el hecho donde resultó afectada por golpes y heridas la señora Martina Valdez de 61 años de edad.
Se presume que un hombre de origen haitiano es el responsable de amordazar y provocarle heridas a la señora Martina Valdez de 61 años para robarle sus pertenencias.
Este hecho ocurrió alrededor de la siete de la noche del lunes cuando la señora Valdez se encontraba en su residencia de la calle Duarte de dicho municipio.
Caba Suriel manifestó que no permitirá que antisociales siembren la intranquilidad de las personas de bien en esta provincia, por lo que pidió a los malhechores a abstenerse de infringir la ley.
Santo Domingo, R.D.-Fue descargado de responsabilidad penal el agente de Migración Carlos Jiménez Rosario, cuya decisión provino del Primer Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo de un hecho que se produjo por supuestamente violar sexualmente a una haitiana en septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)
La información la ofreció su abogado Óscar de León, quien dijo que la supuesta víctima Stephy Graph Cadichon, de 31 años, nunca compareció al tribunal y tampoco fue posible localizarla en Estados Unidos donde habría viajado.
Graph Cadichon imputó al agente haber abusado sexualmente de ella luego de una supuesta discusión que sostuvieron en la terminal aérea, porque la extranjera presuntamente intentó viajar con un visado falso de un niño que la acompañaba.
Según su denuncia, Jiménez Rosario la llevó a un cuarto del aeropuerto donde la violó.
De León explicó que los jueces Elizabeth Rodríguez, Flor Batista y José Leonel Asencio emitieron la sentencia absolutoria a favor de Jiménez Rosario por insuficiencia probatoria.
El agente duró preso siete meses en la cárcel Najayo-Hombres, como medida de coerción, la cual se le varió por presentación periódica y una garantía económica cuando fue enviado a juicio de fondo.
La extranjera tenía un proceso abierto en su contra por supuesta visa falsa, en el que se le declaró en rebeldía.