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Todavía hay funcionarios del Gobierno que no ha presentado su declaración jurada de patrimonio.
Santo Domingo, R.D.-Dieciocho funcionarios del Gobierno de Luis Abinader todavía no han presentado su declaración jurada de patrimonio, pese a que la actual gestión está a sólo meses de terminar, lo cual representa una violación de la Ley 311-14.
Como si tuvieran algo que esconder, 18 funcionarios de Abinader han ignorado y violado la ley durante años y permanecido en sus cargos sin sanción alguna, teniendo solo un pequeño grupo de ellos una breve suspensión de sus salarios, durante el año 2020.
A pesar de su constante discurso de transparencia, cambio y “anticorrupción” que ha impulsado Abinader durante todo su mandato, varios de sus funcionarios han evitado seguir su línea y actuar al margen de la ley.
La Cámara de Cuentas, en su último listado de funcionarios nombrados por decretos y otras designaciones que no han presentado su declaración jurada de patrimonio (DJP), detalla que hasta noviembre del 2023 hay varios presidentes de entidades, miembros de consejos, gobernadores, directores y hasta un cónsul del actual tren gubernamental, que no han depositado los documentos correspondientes.
Sumado a esto, la Cámara de Cuentas también ofrece un portal de consulta de DJP, donde fueron buscados los nombres de los funcionarios incumplidores, no apareciendo registro alguno.
La mayor cantidad de funcionarios que no han reportado su DJP, son del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur). Allí, Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, Manuel Antonio Medina, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltre, que ocupan los puestos de “miembro” en representación de distintas provincias, y fueron nombrados en el decreto 452-20, violando la ley desde el año 2020.
Además, están Jose Luis Polanco Henríquez, Corporación del acueducto y alcantarillado de Moca (Coraamoca); José del Carmen Oviedo Tejada, Instituto Nacional de la Vivienda (INVI); Luis María Catano Tavares, Consejo de la Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo (Corphotel); Antonia Hierro de la Cruz, Corporación del acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel; José Francisco Matías Rodríguez y Dirección General de Ganadería.
Entre los funcionarios designados recientemente que ya se encuentran violando la ley por no haber entregado en el tiempo establecido su DJP están Mildred Gabriela de la Altagracia Pérez de Arias, Centro de Atención Integral para la Discapacidad (Caid); Juan Manuel Ruiz Galdón, Ministerio de Relaciones Exteriores; Carlos José de Jesús Yunen Bojos, Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y Pablo Casimiro Mateo Santos de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias.
En noviembre del año 2020, el Poder Ejecutivo anunció que, de manera provisional, suspendió a 36 funcionarios por no presentar en el plazo de ley sus declaraciones juradas de patrimonio.
No obstante, el decreto no establecía sanción alguna a los funcionarios que no hicieran su declaración jurada tras la publicación de la comunicación, salvo la “suspensión temporal”, la cual también era ambigua al no especificar tiempo alguno.
Estos son Benjamín Reynoso Cabrera, Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, José del Carmen Oviedo Tejada, José Luis Polanco Henríquez, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltré.
También existe el caso de José Francisco Matías Rodríguez, quien fue designado como subdirector de la Dirección General de Ganadería, el cual fue el único “cancelado” cuando derogaron su nombramiento con el directo 509-23 del pasado año.
¿Qué dice la ley?
“Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal”, ordena la Ley 311-14.
La legislación ordena que los empleados públicos que deben declarar son los ministros, administradores, gerentes de bancos estatales, así como presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales.
También los administradores y subadministradores generales, los directores nacionales, generales y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado, así como los miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado y los gobernadores provinciales, entre otros.
Lo mismo debe hacer el servidor público cuando es reelegido para un nuevo período y cuando hayan cesado en sus funciones, en un plazo no mayor de 30 días.
Sobre las posibles sanciones, aquellos servidores públicos que no presenten la declaración de sus bienes incurren en “faltas graves de tercer grado”, sancionadas con la destitución del cargo según la ley número 41-08, de Función Pública.
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Casi 200 personas buscadas por la justicia se entregan a las autoridades en menos de dos meses
La Policía Nacional registra 42 entregas voluntarias durante los primeros seis días de octubre, mientras que los casos relacionados con homicidios suman 49 desde mediados de agosto.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Un total de 195 personas requeridas por las autoridades por su presunta vinculación con diferentes hechos delictivos se entregaron voluntariamente entre el 17 de agosto y el 6 de octubre de 2026, de acuerdo con las estadísticas divulgadas sobre estos casos.
De esa cantidad, 42 entregas ocurrieron durante los primeros seis días de octubre, lo que representa el 21.5 % del total registrado en el período analizado.
Los datos reflejan que una proporción importante de las personas que decidieron presentarse ante las autoridades estaba siendo buscada por hechos relacionados con delitos contra la propiedad, homicidios, agresiones físicas y lesiones ocasionadas mediante armas de fuego.
Delitos contra la propiedad encabezan las entregas recientes
Entre el 1 y el 6 de octubre, los casos vinculados con delitos contra la propiedad concentraron el mayor número de entregas voluntarias, con 15 personas.
En segundo lugar figuraron las agresiones físicas, con 12 entregas, mientras que otras cinco correspondieron a personas requeridas por investigaciones relacionadas con homicidios.
Durante ese mismo período también se contabilizaron tres entregas por heridas ocasionadas con armas blancas y dos por violencia intrafamiliar.
Las restantes correspondieron a heridas con armas de fuego, investigaciones, abuso sexual, amenazas y abuso de confianza, con un caso en cada categoría.
Septiembre concentró la mayor cantidad de entregas
La distribución mensual evidencia que septiembre fue el período con más personas que optaron por presentarse voluntariamente ante las autoridades.
Durante ese mes se registraron 122 entregas, equivalentes al 62.6 % del total acumulado.
Entre el 17 y el 31 de agosto se habían contabilizado 31 casos, representando el 15.9 %, mientras que los primeros seis días de octubre aportaron otros 42, equivalentes al 21.5 %.
Estas cifras muestran una concentración de las entregas durante septiembre, aunque los datos suministrados no permiten establecer por sí solos las razones que motivaron a las personas requeridas a ponerse a disposición de las autoridades.
Homicidios representan una cuarta parte de los casos
Al examinar las estadísticas acumuladas por tipo de infracción, los delitos contra la propiedad encabezan la clasificación con 58 entregas voluntarias, equivalentes al 29.7 %.
Los homicidios ocupan la segunda posición, con 49 personas requeridas por hechos de esa naturaleza, lo que representa el 25.1 % del total.
Por su parte, las heridas ocasionadas mediante armas de fuego y las agresiones físicas registran 28 entregas cada una, equivalentes individualmente al 14.4 %.
Las restantes 32 entregas, que representan el 16.4 %, están relacionadas con otras infracciones, entre ellas intentos de homicidio, violencia intrafamiliar, estafas, delitos sexuales, amenazas y violaciones a la legislación sobre armas de fuego.
También figuran investigaciones por falsedad documental, abuso de confianza y otros hechos.
Entrega voluntaria no significa reconocimiento de culpabilidad
Aunque las estadísticas permiten identificar la cantidad de personas que han decidido comparecer ante las autoridades, es importante establecer que una entrega voluntaria no constituye una admisión de culpabilidad ni equivale a una condena judicial.
Las personas investigadas conservan el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso, conforme a las garantías establecidas en la Constitución dominicana.
Corresponde al Ministerio Público determinar la procedencia de las imputaciones, reunir los elementos probatorios necesarios y, cuando corresponda, presentar los casos ante los tribunales competentes.
El registro de estas 195 entregas constituye un indicador de la cantidad de personas requeridas que se han puesto a disposición de las autoridades durante el período señalado. Sin embargo, para evaluar su impacto sobre la seguridad ciudadana resulta necesario conocer también la evolución de las investigaciones, las decisiones judiciales y los resultados de los procesos penales.
Los delincuentes habrían vigilado el establecimiento antes de ejecutar el ataque. El empleado de seguridad recibió un disparo en el pecho y permanece bajo atención médica.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Un intento de robo a mano armada contra una joyería del sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, dejó como resultado un vigilante herido de bala, luego de que varios individuos intentaran penetrar al establecimiento comercial durante la tarde de este miércoles.
El afectado fue identificado como Carlos Martínez, encargado de la seguridad de la joyería Gisac Jewelry, ubicada en la calle Mauricio Báez, entre María Montés y Alfonso Espinoza.
Según explicó Ederly de León, uno de los propietarios del negocio, el incidente se produjo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando varios desconocidos llegaron a bordo de una yipeta Mazda de color negro, sin placa, con la aparente intención de cometer el asalto.
De acuerdo con su relato, al menos dos hombres vestidos de negro, encapuchados y portando armas de fuego descendieron del vehículo y atacaron directamente al vigilante, ocasionándole una herida en el pecho.
Sin embargo, el intento de robo fue frustrado cuando una de las armas utilizadas por los atacantes presentó una falla, circunstancia que permitió al empleado de seguridad responder a la agresión e impedir que los individuos ingresaran al establecimiento.
Sospechosos habrían vigilado previamente el negocio
El propietario informó que, tras examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pudo observar que el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes había transitado en varias ocasiones por las inmediaciones de la joyería antes de producirse el ataque.
Esta situación hace presumir que los responsables realizaron labores de vigilancia para identificar las condiciones de seguridad del establecimiento y determinar el momento de ejecutar el asalto.
De León sostuvo que los atacantes aparentemente tenían identificado al vigilante como el principal obstáculo para penetrar al negocio, razón por la cual dirigieron contra él la agresión inicial.
Temor por la seguridad de residentes y comerciantes
El hecho también generó preocupación por el peligro al que estuvieron expuestas otras personas que se encontraban en las proximidades del establecimiento comercial.
Al momento del ataque, dentro de la joyería permanecían una ejecutiva de ventas y su pareja, quienes resultaron ilesos.
El propietario expresó alivio porque ninguna otra persona sufrió lesiones, especialmente debido a que junto al establecimiento funciona una banca de lotería y en los alrededores suelen permanecer niños y adolescentes.
Vigilante recibe atenciones médicas
Tras resultar herido, Carlos Martínez fue trasladado a la Plaza de la Salud, donde recibe asistencia médica.
Hasta el momento de la información ofrecida, no se habían comunicado detalles adicionales sobre su evolución clínica ni la gravedad de la lesión.
El caso pone nuevamente sobre el tapete la vulnerabilidad de los establecimientos comerciales frente a los hechos delictivos y los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de protegerlos.
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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio
El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones
Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.
Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.
Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.
La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.
La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.
Así habría ocurrido la entrega del dinero
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.
Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.
Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.
Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.
Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.
Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.
La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.
Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.
Permanece recluido en Najayo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.