Opinión
Agripino: “No hay tutía”
Por Narciso Isa Conde
Monseñor Agripino Núñez Collado llamó al pueblo a “colaborar” con el Presidente Danilo Medina. Esta vez el pueblo no fue calificado de“chusma”, como gusta al Cardenal.
CON TRUJILLO Y BALAGUER.
Recuerdo –salvando debidamente la distancia- que los monseñores Pittini, Beras y Pérez Sánchez exhortaron muchas veces a respaldar a Trujillo.
No hay que olvidar también, que después de odiar a Juan Bosch, apoyar a los golpistas y distanciarse de la revolución de abril de 1965, los obispos Beras y Polanco Brito, se abrazaron desde muy temprano a Balaguer en medio de aquella matazón instigada por la intervención.
López Rodríguez y Agripino le siguieron los pasos sin importarles las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los robos y la entrega del país a Gulf and Western, Alcoa, Rosario Resource, Nebraska y Falconbridge; sin importarles la sangre de Henry Segarra, Homero Hernández, Guido Gil, Maximiliano Gómez, Sagrario Díaz, Orlando, Narcisazo, Amín y muchos/as más.
El “Doctor” reciprocaba ese valioso respaldo eclesial, concurriendo a misa domingo tras domingo en la Capilla San Rafael del Palacio Nacional (cuyo nombre fue escogido por Trujillo), acompañado de los Bello Andino, Guaroa Liranzo, Aníbal Páez, Enrique Pérez, Neit Nivar y otros cortesanos civiles y militares más.
- CON LEONEL.
Luego, agotada la presidencia y la preeminencia del perínclito de Navarrete, ambos prelados, ni tontos ni haraganes, se pasaron a las filas de Leonel y permanecieron en ella hasta desvanecerse parcialmente su poder; sin reparar en la manera como Ladronel secuestró al Estado y como se apropió, repartió y dilapidó gran parte del patrimonio de la Nación.
Muerto el Rey que viva el otro Rey, es al parecer la máxima de tan sabichosos monseñores.
- AHORA CON DANILO.
Por eso, sin pérdida de tiempo, destronado Ladronel el purpurado, raudo y veloz, le tiró la toalla y la sotana al tranquilo Danilo; mientras, el inefable Agripino, con la misma rapidez y mayor audacia, clamó para que el pueblo lo respalde sin miramiento alguno.
¡Muerto el Rey que viva el Rey y la Reina!, nueva vez.
¡No hay problema en seguirlo, independientemente de lo acontecido en la campaña electoral y las votaciones, e independientemente de los antecedentes turbios y las herencias malvadas! Imanes que se atraen.
Tiempos distintos en poco más de medio siglo reciente. Personas con rostros, estilos y características diferenciadas, y ante ella una alta jerarquía católica sustentando una línea invariable en lo esencial: siempre al lado del poder temporal y más aun del permanente.
- LO COMÚN Y LO DISTINTO.
Lo común en ambas parte y en todos los casos, aun con sus matices y protagonistas variados, es el poder: las derechas en el poder, la burguesía transnacional y criolla en el poder, el autoritarismo y el caudillismo en el poder, la corrupción, el fraude y la imposición como vía de acceso al poder. En el Palacio, en el Arzobispado, en Roma, en Washington, en el trono, detrás del trono y alrededor del trono.
Más concretamente: lo común entre la era de Leonel y la que se inicia es:
- El gran capital y la gran corrupción invirtiendo en los accesos a la Presidencia y la conformación de gobiernos.
- La herencia del narco-estado delincuente.
- El reinado de la impunidad.
- Leonel cerquita de la Vice, con el 80% del gabinete (con la venia de Danilo) y la mayor parte de los poderes del Estado bajo su control.
- El PLD con su misma cúpula corrompida, independientemente sean unos leonelistas y otros danilistas.
- El mismísimo Agripino al frente del Consejo de Desarrollo Económico y Social y encargado de armar los “pactos sociales” entre los de arriba y los que se le subordinen.
- El neoliberalismo tan rampante como siempre.
- Falcondo, la Barrick, Gold Corp, Uni Gold… en plan de seguir destrozando el país.
- El FMI de nuevo interviniendo la economía nacional.
- La Embajada mandando.
Lo distinto es poco, poquísimo; salvo el país totalmente desfondado por el saqueo acumulado, sin Danilo atreverse a denunciar a sus propios financiadores responsables del desfalco; salvo promesas de planes sociales sin fuentes de financiamiento y ciertos gestos de austeridad y moralización extremadamente limitados.
- ERROR DE CÁLCULO.
Pero de todas maneras el Cardenal y el obispo que regentean y manipulan la cúpula católica, decidieron colocarse donde el capitán Danilo lo vea. Siempre oportunos, que no de oportunidad, sino de oportunismo, pasándose tranquilos de las filas de Ladronel a la de Tranquilo. Sin cambiarle el color morado a sus vistosas sotanas.
Solo que esta vez no han sopesado bien lo que se está gestando en las entrañas de la “chusma” de esta sociedad, en el seno de la pobrecía real y potencial, a consecuencia de una crisis acumulada y sin salida dentro del decadente capitalismo neoliberal.
Ladronel, en gira internacional en busca de pergaminos comprados y colocación diplomática encumbrada que refuercen impunidades, de todas maneras será condenado en este país por incontables tribunales populares que habrán de confluir en el tribunal mayor conformado por gran parte de la sociedad.
Más aun, percibo que ya Ladronel está en semi-fuga, porque se siente que el pueblo en todas las esquinas, colmadones y rincones pide su cabeza; mientras la élite de la partidocracia peledeísta y el propio gobierno infectado por su peste se resiste a entregarlo y sale en su defensa. Solidaridad cómplice.
Y no es que Danilo no pueda hacerlo, es que no quiere, porque el pantano lo embarró en campaña, sin contar lo de su participación en el primer gobierno del presidente cuasi-fugitivo. No es simplemente que esté amarrado, es que no quiere desamarrarse. De decidirse a hacerlo, la Presidencia de la República da poder para eso y mucho más, mientras casi toda la sociedad lo apoyaría en esa anhelada misión destinada a convertir en reos al ex-presidente y a sus alcancías humanas impunes.
Danilo, con Margarita a un costado y el Comité político en su entorno y dentro de su gobierno, ha preferido en ese orden la parálisis infecunda.
Danilo, con la camisa de fuerza del FMI, gustosamente aceptada, recibirá dinero fresco envenenado junto a una llave destinada a adquirir nuevos préstamos impregnados de arsénico y cianuro: de recortes, paquetazos y tarifazos a imponer por ese gran gendarme de la usura y el neoliberalismo.
Así las cosas, el auge de las luchas por la vida, el agua y la soberanía, cuya primera expresión fue la GRAN MARCHA del pasado domingo 16 de septiembre, habrán de pegarlo a la pared junto a su Director de Minería nombrado por FALCONDO y su gabinete ensuciado.
No hay “tutía”, monseñores, el FMI presta sus cuartos a cambio de nuevos impuestos, aumentos de tarifas, eliminación de subsidios…que nunca se dirigen a afectar a los súper-ricos, a sus bancos y sus corporaciones, y sí a empobrecer más aun a los/as de abajo y los/as del medio. Ustedes lo saben y lo apoyan.
Y hay indicios de que el pueblo está en vía de agotar su dosis de aguante frente a tal contraste y a tanta impunidad e injusticia. El fantasma de la indignación y la desobediencia civil asoma con fuerza renovada.
Leonel, Félix Bautista y comparsa, incluida la comparsa empresarial asociada a sus designios, habrán de correr con la justicia popular detrás.
Y no habrá cardenales y obispos que lo salven. No hay tutía: el país ha dicho basta…
Danilo, en las redes del FMI y de la gran burguesía transnacional y criolla, continuará auto-atrapado en el corral neoliberal, desgastándose irremediablemente más rápido que una “vela romana” o una “pata de gallina”, no sin antes disparar algunos tiritos de relumbrón.
¡No hay tutía, monseñores!
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?