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Prontuario delictivo de «Kiko La Quema».
Santo Domingo, R.D.-El amplio historial delictivo de «Kiko La Quema», cuyo nombre de pila era José Antonio Figuereo Bautista, fue proporcionado por la Policía Nacional a través de un informe detallado enviado a los medios de comunicación, quien cayó abatido en un supuesto enfrentamiento con miembros del cuerpo del orden.
dio a conocer el amplio prontuario delictivo que tenía José Antonio Figuereo Bautista, reconocido en los círculos criminales como “Kiko La Quema” a través de un informe detallado enviado a los medios de comunicación.
Dicho informe precisa que «Kiko La Quema» era el cabecilla y líder de una organización criminal, que se dedicaba a diferentes actividades ilícitas. Entre ellas, homicidios, robos, secuestros, sicariatos y microtráfico. Asimismo, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos.
Se establece que, aparte de sus actividades ilícitas, a Kiko La Quema se le atribuye un historial como depredador sexual de menores de edad. Puntualmente, acostumbraba a pagar a los tutores de las adolescentes determinadas sumas de dinero para sostener encuentros sexuales con ellas.
Con menores de edad
En este sentido, la Policía localizó a una adolescente de 14 años embarazada de él. Además de eso, cuando se logró su localización, se encontraba con otra menor de 15 años, con quien mantenía una relación sentimental.
- Operación Montaña: el operativo que dio de baja a Kiko La Quema
Apunta la uniformada que, cuando las menores no eran cedidas por sus padres, iniciaba una serie de amenazas y realizaba disparos al aire frente de las humildes residencias, para que la familia accediera a recibir las dádivas ofrecidas. Informaciones que hoy se analizan y forman partes de piezas de entrevistas e interrogatorios realizados a decenas de ciudadanos bajo reservas de la comunidad de Cambita.
El reporte de la uniformada explica también que al momento de Kiko La Quema enfrentar a miembros de la Policía, en la comunidad de Cambita, provincia San Cristóbal, la noche del pasado viernes, se le ocuparon varias armas. Entre ellas, un fusil marca no visible, negro con gris, y la pistola marca Glock, calibre 9mm, No. BSWU634, negro, con un cargador para 30 cápsulas, calibre 9mm. Ambas portadas de manera ilegal.
Esas armas se recolectaron al requisar el vehículo en que se transportaba junto a la menor de 15 años.
Circunstancias en qué murió Kiko La Quema
Un equipo de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), de la Operación Montaña, se trasladó al sector Loma de la Colonia, carretera El Cacao, municipio de Cambita Garabito, provincia San Cristóbal, donde avistaron al reconocido delincuente. Este se transportaba a bordo del vehículo marca Hyundai, modelo Sonata, blanco, placa No. A984780, y al notar la presencia policial le emprendió a tiros a los agentes actuantes.
Fueron en esas circunstancias que los agentes investigadores actuantes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, resultando el antisocial con múltiples heridas por arma de fuego. Falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa ciudad.
Desde noviembre pasado, el alto mando de la Policía Nacional activó operativos de búsqueda del peligroso grupo liderado por Kiko La Quema, intervenciones que condujeron a su ubicación. Para tal fin, se utilizó una sofisticada combinación de tecnologías de vanguardia. Además del uso de drones y la vigilancia aérea, se desplegaron diversos recursos y técnicas especializadas para rastrear su paradero.
Este enfoque multidimensional demostró ser crucial en la efectividad del operativo, destacando el compromiso de las autoridades policiales en adoptar estrategias innovadoras para garantizar la seguridad pública.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.