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La Embajada de EE. UU. informó que garantizó un trato justo al joven Joshua Riibe
Santo Domingo, R.D.-Un trato justo y transparente fue el dado por la Embajada de Estados Unidos a su ciudadano Joshua Riibe, quien estaba retenido en el país mientras avanzaban los trabajos de búsqueda de Sudiksha Konanki, residente de EE. UU. desaparecida durante una visita a la playa del hotel donde se hospedaban en horas de la madrugada.
El joven estadounidense adquirió relevancia internacional, después de que se diera a conocer que fue la última persona en ver a Konanki antes de perderse su rastro la madrugada del jueves 6 de marzo en el hotel ubicado en la provincia La Altagracia, en el que ambos se hospedaban por «Spring Break» o vacaciones de primavera.
En los últimos 13 días, Riibe se convirtió en una «persona de interés judicial y público» y el martes se presentó ante un juez dominicano para presentar un habeas corpus que le permitiría moverse libremente sin custodia policial.
De acuerdo con su abogados, el joven de 22 años permaneció ocho días retenido «de manera ilegal» en el hotel, sin una orden de arresto ni vinculación con algún hecho delictivo.
El juez Edwis Rijo de la Cámara Penal de Primera Instancia de la provincia La Altagracia acogió el habeas corpus preventivo sometido por la defensa de Riibe y determinó que debía cesar cualquier amenaza a la libertad del joven estadounidense, considerando su colaboración en la investigación sobre el paradero de Konanki.
Riibe finalmente abandonó las instalaciones del hotel, el día de ayer después de que el juez aceptara su solicitud para poder continuar su vida sin restricciones y consiguiera un pasaporte de «emergencia» tras «perderlo en el lobby del hotel», un hecho también denunciado por sus abogados.
De acuerdo con la defensa del joven, un empleado del hotel solicitó el documento para imprimir una copia del mismo y desde ese momento Riibe no supo sobre el paradero de la libreta de viaje.
En ese sentido, la sección consular de la Embajada de Estados Unidos emitió un pasaporte de emergencia que le permitiera a Riibe abandonar el país y regresar a casa, como eran los deseos del joven.
«Como lo hacemos con los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo, estamos trabajando para garantizar que reciba un trato justo y transparente, incluso durante el proceso legal», dijo la embajada a una solicitud de información de Diario Libre, evitando dar más detalles sobre el caso.
Joshua Riibe salió de la República Dominicana la tarde del miércoles con destino a San Juan, Puerto Rico, a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en Santo Domingo.
Una fuente confirmó a este medio que Riibe viajó en el vuelo 2538 de la aerolínea JetBlue, que despegó a las 5:29 pm y aterrizó en San Juan a las 6:17 pm.
La madrugada del jueves 6 de marzo la joven Sudiksha Konanki, de 20 años y estudiante de la Universidad de Pittsburgh, fue vista por última vez en la playa del hotel RIU República, ubicada en la provincia La Altagracia.
Había llegado al país apenas unos días antes, junto a cinco amigas, para disfrutar del tradicional receso de primavera conocido como Spring Break.
Konanki y sus amigas comenzaron la noche del miércoles 5 de marzo disfrutando de la vida nocturna en el hotel y para las 3:00 a.m. del día siguiente, las cámaras de seguridad captaron a Sudiksha en el vestíbulo del hotel bebiendo con cinco mujeres y dos hombres.
Hacia las 4:15 a.m., la misma cámara registró al grupo dirigiéndose hacia la playa privada del hotel, según ha informado la Policía Nacional Dominicana.
Lo que sucedió en la playa en las horas siguientes se ha reconstruido a partir de testimonios, que señalan que Sudiksha no regresó con sus amigas a las habitaciones.
- «Sus amigos volvieron al cabo de un rato y mi hija no volvió, no apareció por la playa», relató el padre de la joven, Subbarayudu Konanki, citando lo que le informaron las compañeras de Sudiksha.
Las cámaras confirman que cinco mujeres (las amigas) y un hombre abandonaron la playa de regreso al resort, sin que Sudiksha estuviera con ellos.
Las amigas buscaron a la joven por su cuenta antes de reportar la desaparición a las autoridades del hotel, lo que sucedió a las 4:00 p.m., unas 12 horas después de que las cámaras habían captado a Sudiksha por última vez.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.