Análisis Noticiosos
2013: desmadre político y esfuerzo de gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
El año se salva por el esfuerzo por mejorar la gestión gubernamental, pero la política alcanzó niveles escandalosos con crisis en los partidos e inicio de campaña electoral en medio de un ambiente recesivo
El 2013 registró un deterioro del partidismo político, especialmente en la oposición perredeísta, con el país en camino a un régimen unipartidista que ha lanzado al partido gobernante a una precipitada campaña electoral cuando apenas se cumplía el primer año de la gestión del presidente Danilo Medina.
En medio de precariedades judiciales e institucionales resalta el esfuerzo por mejorar la prioridad y calidad del gasto y una gestión gubernamental más cercana a la población que logró reducir el enorme déficit fiscal heredado, pero a costa de una recesión económica y creciente endeudamiento.
Régimen unipartidista
Tal como advirtió en noviembre el Centro de Estudios Estratégicos de Washington, la República Dominicana pareció encaminarse este año que concluye a un régimen unipartidista, con el acentuado deterioro de la principal organización de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de su progresivo debilitamiento institucional.
El PRD permanece secuestrado por una minoría encarnada en un presidente Miguel Vargas Maldonado, favorecido sin el menor rubor por las cortes que éste y el expresidente Leonel Fernández integraron tras el pacto político que suscribieron a título personal en el 2009 para dar paso a la Constitución del 2010. El período de Vargas como presidente del partido blanco concluyó en julio, pese a lo cual la Junta Central Electoral ha seguido entregándole más de 18 millones de pesos mensuales del presupuesto de la nación, que son manejados sin la menor rendición de cuentas.
El PRD aparece frizado, encadenado, habiendo perdido la vitalidad de sus organismos de base y sectoriales, sin poder reunir sus máximos órganos de dirección y fraccionado de manera inexorable, lo que deja al país sin equilibrio político, más notable por la concentración de poderes en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Es relevante que la mayoría perredeísta ha sido incapaz de hacer valer su fuerza para recuperar el control partidario, lo que se explica en el cansancio de una dirigencia que no se ha renovado oportunamente y da señales de agotamiento, inmersa también en el salvaje pragmatismo político que afecta al sistema partidista dominicano.
Auténticos “come solos”
Tras haberse engullido hace varios años al otrora poderoso partido de Joaquín Balaguer, el Reformista Social Cristiano, que al igual que otra docena de aliados del gobierno disfruta de parcelas del Estado que son manejadas como auténticos patrimonios grupales, el PLD se ha ido convirtiendo en un auténtico “come solo” en la política y el ejercicio del poder. Por eso a principios de año su presidente Leonel Fernández proclamó que gobernarían otros 20 años, pero ya en diciembre lo extendió a 31 años más, hasta el 2044 para el bicentenario de la independencia nacional.
Como no tiene oposición, el PLD se lanzó este año a una desenfrenada carrera por la sucesión del presidente Medina, cuando éste apenas agotaba su primer año de gobierno. El propio Fernández proclamó en agosto que “el león” saldría a las calles y desde entonces sus más cercanos partidarios y financiadores se han lanzado a las provincias a crear movimientos de apoyo, especialmente a través de senadores y diputados que le deben cargos y riquezas al expresidente.
Esa circunstancia determinó que otros dirigentes peledeístas, como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier García se lanzaran abiertamente en campaña, llenando calles y carreteras de propaganda política cuando todavía faltaban tres años para las elecciones.
Por otro lado, la decisión de aumentar en unos 140 los miembros del Comité Central del PLD y otra decena en su Comité Político, ha desatado otra campaña con un millar de aspirantes a esos puestos que se promueven por los más diversos medios de comunicación. El desmadre es visto como normal por los órganos que deberían regir las campañas electorales y los máximos responsables del gobierno, sin que nadie pregunte o explique el origen de tanto recurso para promoción personal.
Sin la ley de partidos
Concluye otro año sin que el Congreso Nacional, bajo control peledeísta, conociera el proyecto de ley de partidos políticos que se viene discutiendo y consensuando desde hace 15 años y que tampoco aprobaron los perredeístas cuando controlaron el Poder Legislativo entre 1998 y el 2006. El proyecto pretendería garantizar la democracia interna y la transparencia financiera en los partidos, así como establecer pautas regulatorias de las campañas electorales internas y nacionales, así como para evitar y sancionar los abusos de los recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el desvío de fondos estatales.
El proyecto de ley de partidos ha sido objeto de varios consensos entre representantes de los partidos y la sociedad civil y ha sido presentado una decena de veces a través de ambas cámaras legislativas. El Congreso tampoco ha dado paso al proyecto de Ley Orgánica Electoral que le sometió en el 2011 la Junta Central Electoral y que debe adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada en el 2010.
La agenda legislativa persistió en dejar pendientes otros proyectos vitales como el que integraría una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, fundamental para enfrentar la agobiante inseguridad ciudadana, y el de una nueva ley para hacer efectiva la declaración jurada de bienes.
La crisis política es de tal dimensión que ni los escasos legisladores de oposición tomaron iniciativas significativas para renovar la agenda legislativa, dependiente absolutamente del partido gobernante. Sólo el pequeño Partido Alianza País, presidido por Guillermo Moreno, asomó reclamando sanción a la corrupción, en intentos vanos dada la falta de independencia del ministerio público y “las cortes de Leonel y Miguel”, una de las cuales dictaminó el escándalo internacional que despoja de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros, en su mayoría haitianos,
Mejora la gestión pública
En términos políticos el 2013 se salva por el esfuerzo del presidente Medina en una gestión más escrupulosa, con prioridades en el gasto público, especialmente interesada en cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto interno bruto a la educación básica, y aunque factores fuera de control han impedido que se alcance la meta, la sociedad ha acreditado el esfuerzo.
En su evaluación de fin de año el movimiento Participación Ciudadana reconoció un avance en la transparencia en las contrataciones públicas, aunque sin combatir la corrupción ni establecer la cuenta única del tesoro y otras de las iniciativas participativas anticorrupción. Los avances tampoco han alcanzado a reducir el dispendio en las nóminas públicas ni el reparto de organismos estatales, especialmente autónomos donde el patrimonio público se convierte en particular.
El actual mandatario ha completado el primer tercio de su período, manteniendo un significativo acercamiento a la población, con austeridad en su equipo fundamental, poniendo atención a los pequeños y medianos productores. Su reivindicación de una mayor participación en los beneficios de la explotación de oro y plata por la Barrick contribuyó significativamente este año a la buena valoración que ha mantenido el presidente Medina.
Sin cambios importantes en el equipo gubernamental, el esfuerzo del mandatario parece contentarse con una diferenciación personal con su antecesor, obviando conflictos al interior de su partido, lo que va dejando espacio suficiente para que el expresidentes Fernández reconstituya sus fuerzas con miras a un retorno al poder en el 2016.
Ambiente recesivo
Restringiendo el gasto para reducir el enrome hoyo fiscal que heredó y con las consecuencias de una reforma tributaria implementada este año, el gobierno de Danilo Medina enfrentó en gran parte del año lo que el Centro Regional de Estrategias Económicas ha denominado como “ambiente recesivo”. Gracias a un fuerte incremento del gasto en la segunda mitad del año la economía terminará creciendo un 3 por ciento, insuficiente para reducir el desempleo, sobre todo al no haber reactivado el sector industrial, salvándose por el incremento de las exportaciones mineras.
El gobierno puede reivindicar una tasa baja de inflación, alrededor del 5 por ciento, con devaluación del 7 por ciento, pero no así la carga del endeudamiento que para el próximo año compromete el 45 por ciento de los ingresos regulares. El Banco Central situó el total de la deuda sobre 27 mil millones de dólares, aunque economistas independientes la consolidan por encima de los 30 mil millones de dólares, acercándose al 50 por ciento del PBI.
El año concluye sin que el gobierno se haya abocado a dar curso a los pactos fiscal y eléctrico contemplados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque concentrándose en invertir en plantas generadoras de electricidad a base de carbón. Se le da crédito por haber indiciado las gestiones para el pacto por la calidad de la educación.-
Publicado originalmente en el diario HOY
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.