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2014 con mejoría económica y descalabro institucional

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Por Juan Bolívar Díaz

28_12_2014-HOY_DOMINGO_281214_-El-País13-A-340x441Con crecimiento económico cercano al 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), inflación y devaluación alrededor del 3 por ciento y mejoría en la balanza de pagos, el 2014 puede calificarse de bueno en términos económicos, aunque se ratifican altos déficits, fuerte endeudamiento e inequidad en la distribución del ingreso.

Pero el año fue pésimo para la institucionalidad democrática, con el descalabro de la oposición política y el descrédito de las altas cortes y el Congreso Nacional bajo absoluto control político, configurando una crisis del Estado de derecho, manteniendo la impunidad y ratificando la exclusión económica y social de las decenas de miles desnacionalizados.

El crecimiento económico. Con crecimiento económico sobre el 6 por ciento, el doble del promedio latinoamericano, baja inflación y devaluación del 3 por ciento y mejoría en el histórico déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el Gobierno del presidente Danilo Medina puede reclamar un importante éxito en el 2014, aunque relativizado por un nuevo déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB.

Por séptimo año consecutivo el país acumula déficit fiscal, financiado con un persistente endeudamiento que el Fondo Monetario Internacional sitúa en el 50 por ciento del PIB al concluir 2014, año en que los ingresos fiscales fueron consumidos por el gasto corriente sobre el 85 por ciento de la ejecución presupuestaria.

La pobre inversión de capital se basa en un endeudamiento interno y externo que ha llevado la deuda del Estado sobre los 32 mil millones de dólares, triplicada en la última década, cuando solo el déficit cuasi-fiscal del Banco Central pasó de RD$101,966 millones a RD$346,589 millones.

El año concluye con devaluación por debajo de lo proyectado y con un control significativo de la inflación, pero sin que pudiera revertirse el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos y privados, que ha convertido el país en líder regional en crecimiento excluyente certificado por el Banco Mundial.

Una encuesta del Banco Central reveló en noviembre que el 60 por ciento de los hogares recibe menos de 18 mil pesos mensuales, muy por debajo del costo promedio de la canasta familiar.

Aunque todavía no alcanzará el 4 por ciento del PIB debe acreditarse al Gobierno el esfuerzo por lograr esa meta legal y de amplio reclamo nacional.

El experto fiscal José Rijo documenta que, al igual que en 2013, pasará del 3.5 por ciento, aunque excesivamente concentrada en la construcción de aulas.

También se le acredita una mejoría en la calidad de la inversión, aunque sin reducción del gasto clientelar y del reparto del Estado.

Descrédito institucional. El 2014 registró un marcado deterioro del Estado de derecho en el país, evidenciándose más que nunca el entramado de poder casi absoluto que configuró el expresidente Leonel Fernández cuando tras promulgar la Constitución del 2010 colocó a una mayoría de incondicionales en las llamadas altas cortes de justicia, y a través de ellas en gran parte del aparato judicial así como del Ministerio Público.

El liderazgo lo llevó el Tribunal Superior Electoral con repetidas sentencias a favor del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, socio de Fernández en la repartición de ese y otros organismos, utilizando artificios jurídicos hasta para validar un conato de convención que concluyó en un tiroteo cuando un candidato contestatario pretendió ejercer el voto. No hubo sufragio en casi todo el país, pero Vargas Maldonado queda como presidente del dividido Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que recibe más de 18 millones de pesos mensuales del Presupuesto Nacional.

El Tribunal Constitucional quedó en medio de la calle con la sentencia que desconoció la adscripción del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quince años después que se produjera, desconociendo la Convención Americana de Derechos Humanos, contradiciendo su propia ley orgánica y olvidando tres sentencias que había dictado basadas en jurisprudencia del organismo continental. También ignoró que el Estado se había defendido en cuatro procesos judiciales ante esa corte y hasta un acuerdo de colaboración que había firmado con la misma institución.

Descalabro político. La definitiva división del PRD, el más antiguo partido político dominicano, marcó el descalabro de la oposición política, fruto de la escasa cultura democrática, de las luchas grupales y la desvalorización de la política, aunque también con el auspicio de un importante sector del partido de Gobierno, que cifra su expectativa de predominio hasta el 2044, según reiterado planteamiento de su líder Leonel Fernández.

Aunque lo que las encuestas marcan como mayoría perredeísta constituyó el Partido Revolucionario Moderno y paralelamente se propuso una “Convergencia” de múltiples grupos políticos y sociales, el año concluye en la nebulosa con evidentes dificultades para encontrar un método de escogencia de su candidatura presidencial, lo que diluye sus posibilidades y distrae su atención de los problemas y las expectativas nacionales.

Mientras la oposición política se dispersa, en el PLD por lo menos cinco dirigentes se mantienen en campaña por la candidatura presidencial para el 2016, incluyendo al expresidente Fernández, y otros centenares también gastan fortunas de dudoso origen promoviéndose desde ya para legisladores o funcionarios municipales, sin que ninguna autoridad establezca orden ni límites.

Fue relevante el surgimiento de una abierta lucha por el predominio en el PLD entre los seguidores de Fernández, que luchan por volver al poder, y los del presidente Medina, algunos de los cuales quisieran abrir espacio a una nueva reforma constitucional para posibilitar la repostulación del mandatario, lo que luce difícil, a menos que el expresidente se vea obligado a declinar, presionado por los escándalos de corrupción que le salpican.

Limitados logros sociales. La sociedad civil no ha logrado compactar fuerzas suficientes para contener la corrupción, que se registra cada vez más como gran preocupación. Pero se hizo presente en algunas campañas, lo mismo que en la lucha por la preservación de la loma Miranda y celebró la decisión judicial que revocó el fraudulento reparto de la bahía de Las Aguilas.

Luchó por la restitución de los derechos de los desnacionalizados por la JCE y la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y acogió la transacción de la Ley 169-14, que en mayo planteó devolver sus documentos a los descendientes de extranjeros que habían sido reconocidos como dominicanos, pero la JCE mantiene la discriminación y la exclusión, evadiendo el cumplimiento de la ley, sin que autoridad alguna le reclame.

El año se cierra con preocupaciones sobre el Estado de derecho, sin haberse disipado las incertidumbres provocadas por el asalto a la cárcel de Najayo, el intento de sabotaje a las torres eléctricas y el atentado en el Metro de Santo Domingo.

El Congreso Nacional

El Congreso Nacional no escapa al derrotero institucional. Pasó otro año burlándose de los reclamos de casi dos décadas por una Ley de Partidos que garantice la funcionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas. Con la introducción de un nuevo proyecto del PLD, se creyó que por lo menos este sería aprobado, pero trajo tales distorsiones a los varias veces consensuados, que ha resultado imposible convertirlo en ley.
Las cámaras legislativas, controladas absolutamente por el partido gobernante, ni siquiera han contemplado discutir otro proyecto fundamental, el de Ley Orgánica Electoral, que como el de partidos, fue presentado hace tres años por la Junta Central Electoral en atención a reformas incluidas en la Constitución hace casi 5 años.

La forma en que la Cámara de Diputados manejó las observaciones presidenciales al Código Penal, que procuraban excepciones a la penalización del aborto, se constituyó en otro desaguisado institucional. Violaron varios artículos de su reglamento interno y se volaron el Senado, enviando la ley modificada directamente al Poder Ejecutivo. Para colmo este promulgó el fundamental código, con modificaciones que nunca conoció el Senado, en clara e inexplicable violación de un aspecto básico del ordenamiento constitucional.
El año concluye sin que el Gobierno haya logrado los pactos fiscal y eléctrico que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, deberían estar en vigencia en enero próximo. Tampoco ha logrado poner en vigencia la Ley de Regularización Salarial del Estado, en medio del escándalo sobre la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque registra avances hacia la cuenta única del tesoro y en mayor transparencia de las compras y contrataciones, pero todavía el país registra los más altos niveles de corrupción e impunidad del continente.

 

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El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití

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Por José Cabral

El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.

Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.

Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?

Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con  un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.

El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.

De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.

En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.

Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.

Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.

Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada  imagen de Donald Trump, a quien se le cae  la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica  su   han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.

De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.

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Análisis Noticiosos

La esclavitud disfrazada de tradición

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Por Rafael N. Fernández

En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.

Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.

Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable  y una condena injusta.

Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando,  sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.

Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.

Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.

Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.

Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.

Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.

En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después  sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.

Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría,  que no podía defender  y que no podía defenderse.

La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato  animal,       el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.

¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo  llamarlo “tradición”?

¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?

Lo más indignante y terrible es que,  tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad  y  buscar otras alternativas económicas para los cocheros.

El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.

Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar  los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.

Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.

Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada,  sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.

Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.

No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.

 

Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)

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Otra vez el nepotismo legislativo

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Por José Cabral

La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.

Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.

Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.

Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.

Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.

Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.

Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.

Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.

Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.

De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.

Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.

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