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Opinión

2015: definiciones electorales, retos institucionales y económicos

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Por Juan Bolívar Díaz

La elección de candidaturas presidenciales para el 2016 marcará la primera mitad del año que comienza, que trae importantes retos institucionales y económicos para la sociedad y para el gobierno de Danilo Medina que agotará su último año completo 

JUAN-BOLIVAR-DIAZ-2-300x199111-e1372603134555El 2015 será de definiciones políticas con miras a las elecciones generales del año próximo, con importantes retos para la democracia, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de gobierno como en una dispersa oposición llamada a demostrar capacidad de reagrupación y concertación  para orquestar una alternativa política.

Para el gobierno este será su último año completo por lo que el presidente Danilo Medina tendrá que apurar el paso en realizaciones que afiancen su liderazgo nacional y partidista, con el desafío de evadir el desbordamiento fiscal que ha caracterizado los períodos preelectorales y afrontar demandas salariales y de servicios.

Un año preelectoral

El 2015 se define como un año preelectoral, lo que en la historia del país implica un desbordamiento del gasto gubernamental, no sólo por el interés partidista electoral, sino también por ser el último año completo del período presidencial.  En este caso el presidente Medina está compelido a mantener la disciplina fiscal que ha reducido los déficits crónicos heredados,  para preservar uno de sus más apreciados éxitos. Más bien tiene el desafío de impulsar una real austeridad y racionalidad  como se anuncia en la escandalosa nómina de Relaciones Exteriores, lo que debe extenderse a organismos inoperantes como el Instituto de Estabilización de Precios o la Corporación de Empresas Estatales.

Pero lo que marcará desde ahora la atención nacional será las definiciones de candidaturas presidenciales, especialmente en el PLD donde desde hace año y medio cinco dirigentes se disputan la nominación. La tradición señala la votación primaria con un año de anticipación a los próximos comicios. El primer desafío será reunir la Comisión Política para oficializar un calendario de la elección primaria y luego el Comité Central que deberá validar las precandidaturas. Este organismo no se reúne desde finales de enero del 2014, justo cuando fue ampliado en lo que se estimó una victoria del danilismo sobre el predominio que había mantenido el expresidente Leonel Fernández.

En la oposición todo está por definirse. Las encuestas indican la posibilidad de que el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), fruto de la reciente división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y una anunciada Convergencia de grupos puedan encarnar una alternativa, pero aún no acaba de constituir sus organismos de dirección y ni siquiera un padrón de miembros para elegir candidatura, lo que han anunciado mara fines de marzo. En lo que quedó del PRD ya fue proclamado candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, sin previa convocatoria y en violación de la ley electoral y su propio estatuto, lo que ha contribuido a un escaso impacto.

Todo el proceso tiene interrogantes en un arbitraje controlado por el partido de gobierno, tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral, lo que ya el PRM y la Convergencia han denunciado, y sin que se apruebe la Ley de Partidos y ni siquiera se haya debatido la pendiente Ley Orgánica del Sistema Electoral.

Leonel otra vez

        Las perspectivas apuntan a una nueva postulación del expresidente Leonel Fernández, quien busca firmemente un cuarto período presidencial. impulsado por un liderazgo nacional y partidario que sólo el presidente Medina puede contestar. Por los niveles de cuestionamiento, rechazo y hasta temor que inspira un doctor Fernández adicto al poder, su candidatura podría ser un gran incentivo para la conformación de un frente opositor,  pero como eso es hasta hora una simple aspiración, él seguirá afianzándose, impulsado por la gratitud de un partido que bajo su rectoría ha ganado las últimas cinco elecciones generales.

Sólo el nuevo liderazgo del presidente Medina podría disputarle la candidatura. En primer lugar si pudiera él mismo ser candidato, para lo cual tendría que mediar una reforma constitucional, imposible sin el concurso de Fernández, o si decidiera jugárselas todas apoyando abiertamente otro de los precandidatos. Esto tiene la dificultad de que ni el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, ni los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier, ni Radhamés Segura han logrado alcanzar siquiera un 5 por ciento en las preferencias electorales de las encuestas.

Medina pudiera jugar a reivindicar los principios fundacionales del PLD y al no retorno de una gestión que en la práctica ha cuestionado, profundizando rectificaciones, para lo cual tendría que apoyar a Montás, que es quien está más cerca de ello. Pero hasta ahora ha optado por la neutralidad, consciente de sus limitaciones constitucionales, del liderazgo de Leonel Fernández, y de los riesgos de una división. Se cree que ejercerá sus poderes para llevar una buena cuota de sus leales a posiciones legislativas y municipales que le permitan mantener su liderazgo en el PLD y garantizarse la candidatura del 2020,  con o sin el partido en el gobierno.

Entre Hipólito y Abinader

        En la oposición todas las encuestas apuntan hacia Luis Abinader e Hipólito Mejía como alternativa, y más lejano a Guillermo Moreno, a quien la JCE mantiene congelada, desde hace año y medio, la solicitud de reconocimiento para su partido Alianza  País. Max Puig mantiene vigencia por un vigoroso discurso, seguido de Eduardo Estrella, mientras Hatuey de Camps es visualizado como un posible orquestador de un frente opositor. Minou Tavarez Mirabal, un símbolo nacional, promete un nuevo partido, ya contra el tiempo.

Cualquiera que encarne la oposición tendría que buscar una amplia concertación de fuerzas, imprescindible para vencer la inmensa maquinaria de poder que ha constituido el PLD, con el control del gobierno, el Congreso, la Justicia y los organismos electorales. La reducción de la votación del PLD en más de 199 mil votos en el 2012 es un indicador de que no es invencible. Alcanzó el 51 por ciento gracias a una docena de aliados y un derroche fiscal sin precedente que ahora no podrá repetir.

Pero el primer desafío de la oposición es que el PRM logre pasar la prueba de la elección democrática de su candidato, sin repetir los arrebatos perredeístas, y desarrolle la capacidad de concertar la Convergencia opositora para elegir los candidatos a más de cuatro mil cargos a disputarse en mayo del 2016. Abinader, en ascenso en las encuestas, y con escaso margen de rechazo, sería más abarcador, pero falta ver el efecto del lanzamiento formal de la candidatura de Mejía, anunciado para estos primeros días del año.

Los desafíos económicos

No menores son los retos económicos, el primero evitar el desbordamiento del gasto público, con un presupuesto nacional ya altamente deficitario. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles estima que el déficit del sector público no financiero alcanzará casi 99 mil millones de pesos, enmarcado “dentro de un modelo que busca el progreso económico a partir del gasto público deficitario que produce cada vez mayor endeudamiento público. Como nos enseña la historia, ese tipo de estrategia es insostenible y, a la larga, perjudica en mayor proporción a los más necesitados”.

Para el gobierno luce difícil alcanzar el objetivo del pacto fiscal, y no tiene a la vista ingresos extraordinarios como los del año pasado por venta de empresas extranjeras, pero tendrá presiones por mejoramiento de salarios, pensiones y contribuciones, de la mayoría de empleados que trabajan, como los de educación y salud, arrastrados por las negociaciones para elevar los salarios privados, que arrancan este mes.

Con un gasto de capital que se reduce en 20 por ciento y alcanza apenas al 15 por ciento del presupuesto, tendrá dificultades para afrontar las demandas de mejoramiento de servicios, mantenimiento de infraestructuras y prioridades comunitarias que crecen al compás de las campañas electorales.

Otros retos importantes

La nación y la justicia tienen por delante retos como poner fin a la impunidad de la corrupción, y la primera prueba será el pesado expediente del ministerio público para procesar al senador Félix Bautista, y la investigación de Víctor Díaz Rúa, ambos alcancías  del expresidente Fernández,  en manos de una Suprema Corte bajo su control.

Para detener el deterioro institucional el gobierno deberá expedir los reglamentos de las leyes de Administración Pública y de Regulación Salarial del Estado, con dos y medio y año y medio, respectivamente, de promulgadas. También tendría que hacer cumplir la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los excluidos por la sentencia 168-13 y desarrollar un esfuerzo para rescatar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, como paso fundamental para empezar a controlar el desbordamiento inmigratorio. Debería privilegiar el pacto eléctrico  y el financiamiento de las mega-plantas en las que ha cifrado el mejoramiento de los contratos con los generadores y el paliativo de la crisis energética.

Para la sociedad civil los retos son abandonar la resignación y la frustración, reclamar el Estado de Derecho y la equidad social y, sobre todo rescatar la ilusión de que sí podemos mejorar la institucionalidad democrática.-

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Opinión

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

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Por Rosario Espinal

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

MIAMI (FL, EEUU), 03/05/2022.- Una mujer sostiene una pancarta que dice «Mi útero es propiedad privada, ¡No lo toques!» durante un acto celebrado este martes a las afueras de la llamada Torre de la Libertad en Miami, Florida. Nikki Fried, aspirante a la nominación demócrata para la gobernación de Florida, afirmó este martes que la posible revocación del fallo que blinda el derecho al aborto en EE.UU. es «un punto de inflexión» en la democracia del país e instó a los estadounidenses a «alzar la voz» para defenderla. EFE/Ana Mengotti

Las dos instituciones claves para lograrlo han sido el Partido Republicado y las iglesias evangélicas blancas. El vínculo entre estas dos instituciones se estableció con fuerza a partir del triunfo de Ronald Reagan en 1980.

En un clásico ensayo de aquel entonces sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos, el politólogo Samuel Huntington escribió que la democracia estadounidense tenía una sobrecarga de demandas sociales que no podía atender por más que el Estado intentara; por tanto, había que detenerlas para evitar una crisis de gobernabilidad.

En aquel tiempo el Partido Republicano había perdido legitimidad por el escándalo Watergate y necesitaba forjar una nueva base de apoyo electoral. Su tabla de salvación para recuperar votantes fueron las iglesias evangélicas blancas que se propagaban con el llamado tele evangelismo y comenzaban a aglutinar millones de feligreses en mega iglesias.

El proyecto neoconservador que articuló el Partido Republicano tenía tres componentes esenciales:

1) Geopolítico: ganar finalmente la Guerra Fría, que consiguieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 2) Económico: limitar los derechos de los trabajadores y beneficiar el capital (el llamado neoliberalismo), de ahí el ataque al sindicalismo y al Welfare State. 3) Socio-religioso: la “moralización” de la política que impulsaron con el apoyo del movimiento denominado “mayoría moral” de origen evangélico.

Esta “mayoría moral” asumió con ahínco las siguientes luchas: 1) lectura de la Biblia en las escuelas públicas, 2) eliminar el derecho al aborto, 3) combatir los avances de la comunidad LGBT y 4) expandir los derechos religiosos mediante garantías constitucionales.

Para el Partido Republicano ha sido muy rentable electoramente asegurar una base evangélica blanca que, en su ala radical, es anti-negra, anti-mujeres con derechos, anti-LGBT, antinmigrante y antiambientalista. Para el liderazgo evangélico blanco, la alianza con el Partido Republicano ha permitido su consolidación de poder en la constelación religiosa de Estados Unidos.

En el post-1960, la Suprema Corte de Justicia jugó un papel crucial otorgando nuevos derechos ciudadanos para responder a las demandas sociales.

Tomó unos 40 años para que los conservadores alcanzaran una mayoría de jueces en la Suprema Corte de Justicia (todos católicos, no evangélicos) que han comenzado ahora a derogar derechos. Su argumento central es que la Constitución no los estableció originalmente. El primer episodio fue el pasado viernes 24 de junio contra el derecho al aborto.

Esa decisión evidencia que los derechos humanos, cívicos y políticos nunca están totalmente garantizados y que las cortes operan con criterios políticos modificando disposiciones legales

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Opinión

Implicaciones del triunfo electoral de Petro en Colombia

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Por Narciso Isa Conde

Está plenamente justificada la desbordante alegría desatada a escala colombiana, latino-caribeña y mundial, externadas por las fuerzas partidarias de la libertad, la vida y la paz, ante la confirmación del difícil triunfo electoral de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico de Colombia.

Nadie con un mínimo de sensibilidad humana y amor por la libertad puede no celebrar en grande el desalojo de esa escoria criminal (mezcla de uribismo fascistoide, extrema derecha, narco-política, más oligarquía lacaya e inescrupulosa), del Palacio de Nariño y las estructuras gubernamentales.

Esa victoria –alimentada por una historia y un presente de resistencias y rebeldías heroicas- equivale a la derrota en las urnas de las fuerzas de extrema derecha y neofascista y su desplazamiento del gobierno; lo que marca un viraje político hacia una coyuntura más favorables para acumular fuerzas transformadoras y avanzar hacia victorias más trascendentes.

No se ha ganado la pelea, solo un importante round.

De todas maneras se trata de un hito democrático en la prolongada historia de sufrimientos y penurias para el pueblo colombiano, precedido de las luchas libradas contra las grotescas violaciones a los acuerdos de paz y de la reciente insurrección sin armas provocada por la masacre ejecutada por el nefasto Gobierno de Iván Duque  durante la huelga general del 2019.

En ese heroico capítulo, todavía inconcluso en tanto entonces no fue posible  resquebrajar las estructuras de poder y el Estado narco-terrorista (satélite de EE.UU e intervenido por el Pentágono, el pueblo urbano terminó de perder el miedo. Los “nadie” se convirtieron en sujetos de cambio al politizarse los movimientos sociales, llegando a reclamar multitudinariamente la destitución de Duque.

Sin esa epopeya el Pacto Histórico no hubiera  alcanzado este triunfo electoral de Petro.

Ella convirtió en bagazo despreciado por la mayoría del pueblo a los autores de 60 años de guerra sucia y más de 180 de malos gobiernos.

El regocijo por lo que implica como logro de significativo valor político desplazar del gobierno las bestias que administraban ese Estado, no debe obviar que en las condiciones colombianas el curso electoral del cambio político, limita el alcance del mismo y resta la profundidad necesaria.

También lo limita el predominio de una visión liberal-reformista combinada con socialdemocracia moderada, centrista o centro-izquierdista, del grupo hegemónico del PACTO HISTÓRICO y sobre todo del propio Gustavo Petro. Y esto no lo digo en tono denigrante, sino esforzándome por hablar con apego a la verdad y sin menospreciar el impacto positivo de ese cambio político en la actual sociedad.

Esas realidades, por demás, tienden afectar el potencial reformador del nuevo gobierno en un país en el que predomina el presidencialismo a nivel institucional y en el que el resto de las instituciones (electivas y permanentes) están infectadas de todo lo que representó la execrable facción perdedora en estas elecciones, en tanto fuerza política, social, militar y paramilitar con fuerte apoyo internacional.

Hay que decir las cosas como son y no exagerar: el presidente electo no representa el marxismo, ni posiciones de izquierda revolucionaria, como dicen algunos; dejándose llevar por los calificativos interesados de las derechas y las cadenas imperialistas.

Su izquierdismo, su antiimperialismo, hace tiempo quedaron atrás.

Sus valores se refieren a las libertades, a la lucha contra la corrupción y los crímenes de Estado y al combate de las discriminaciones relevantes.

Petro, como presidente electo, en tono conciliador, anunció su disposición a entenderse con esa ultraderecha y su fuerte componente neofascista, que por ese medio nunca han entrado en razones ni cedido a sus despropósitos; destacándose siempre como persistentes enemigos de la paz.

Incluso desde hace tiempo, desde sus diferentes roles políticos, Petro ha establecido puentes con sectores del poder estadounidense y ciertas elites oligárquicas.

Mientras tanto Biden y el gobierno de EEUU -luego de haberse comprometido durante décadas con el Estado terrorista colombiano- no esconde su interés de “reforzar” las relaciones con el nuevo gobierno; lo que jamás implicaría dejar de intervenir, tutelar y usar a Colombia como plataforma de agresión militar contra otros países soberanos de la región y de cara a una eventual conquista de la Amazonía por la fuerza.

Y Petro no habla de recuperar soberanía, ni toca los peliagudos temas de las bases militares gringas y la brigada de tropas especiales estadounidenses radicadas en territorio colombiano.

Además, luego de anunciar nuevos impuestos a las grandes ganancias capitalistas, tampoco hay señales claras de hasta dónde y en qué grado va enfrentar y/o revertir las contra-reformas neoliberales.

Claro que Petro es diferente en sentido positivo al uribismo y a la extrema derecha criminal: en materia de corrupción y narco-corrupción, en vocación democrática liberal; en política ambiental, en la cuestión de género, el tema racial y otras vertientes.

Y esto en Colombia podría ser importante para abrir contradicciones y determinadas compuertas hacia cambios más profundos.

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Opinión

EE.UU.: sociedad de marcados contrastes y paradojas

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Por Nelson Encarnación

Son muchos los indicios, y sobre en cierta forma las evidencias concretas, que llevan a considerar que Estados Unidos es una sociedad de marcados contrastes, dicotomías y paradojas que no deberían ser, tomando en cuenta su gran desarrollo político e institucional.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que echó por tierra conquistas de derechos de las mujeres logrados hace 50 años, es parte de esas marcadas contradicciones.

Pero vayamos un poco más atrás. A fuerza de sangrientas luchas, las minorías raciales—especialmente la población afrodescendiente—logró que se les reconocieran ciertos derechos civiles y se dejara de tratarlas como a sus ancestros esclavos que valían menos que los animales que cuidaban.

Fueron décadas, no solo de represión pura y simple, sino de persecuciones despiadadas, llegando al borde de la cacería, y asesinatos masivos que solían quedar sin sanciones judiciales, pues se consideraba que los negros no eran seres humanos.

Una masacre tras otra. Una de las peores ocurrió en 1921 en Tulsa, Oklahoma, donde decenas de negros fueron asesinados y sus viviendas y sus negocios arrasados por los incendios provocados por los blancos, increíblemente ayudados por las autoridades, tras lo cual los afrodescendientes que quedaron vivos tuvieron que escapar hacia ninguna parte, pues en todos lados encontrarían el mismo salvajismo.

Esa despiadada acción nunca fue juzgada y los responsables quedaron impunes y cometiendo más barbaries cada vez peores.

Luego de épicos episodios en defensa de las libertades civiles, muchos derechos fueron arrancados, pero todavía hoy los negros son una población preterida y a merced de cualquier criminal blanco que se quiera cebar contra ellos, muy a pesar de las prédicas venidas de lo alto del poder.

Y aquí quiero hacer conexión con el título de esta entrega, pues mientras se predica una cosa para hacer creer que Estados Unidos es una democracia perfecta, en la práctica se generan situaciones que apuntan en la dirección contraria.

El derecho de una mujer a interrumpir un embarazo no deseado o producto de la agresión sexual—que hasta puede ser de un desconocido—no se lo debe regatear ningún poder del Estado sin trasgredir esa prerrogativa individual.

Es justamente lo que han hecho los conservadores que dirigen el Poder Judicial de los Estados Unidos, lo cual remite a ese país a la lista de las naciones atrasadas en ciertos aspectos, una cuestión resuelta desde hace décadas por otros países con menor desarrollo democrático—o supuestamente menor— que la nación norteña.

Un país con semejante historia de violaciones de derechos no puede reivindicarse como el paradigma democrático en que se sustente el mundo que ha pretendido tutelar, y que, en cierto modo, ha logrado.

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