Análisis Noticiosos
2017 Un año perdido por la corrupción, crisis institucional y salvajismo político
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8 años agoon
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LA REDACCIÓNPor Juan Bolívar Díaz
La ralentización del crecimiento económico, el déficit fiscal que acentúa el endeudamiento estatal y la incapacidad para contener la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad generan un ambiente pesimista y de incertidumbres en la sociedad dominicana al caer el 2017.
El acentuado presidencialismo que precipitó un debate sobre otra reelección, cuando apenas transcurría un cuarto del período de gobierno y la incapacidad para concertar los pactos eléctrico y fiscal y las leyes de partido y régimen electoral incrementan la desconfianza de la población en las debilitadas instituciones estatales y políticas.
2017, un año para olvidar
Por más vueltas que se le den el balance del 2017 es devastador para la institucionalidad democrática, para el Congreso Nacional, con la justicia empantanada en una arrolladora cadena de escándalos de corrupción, comenzando por el de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de Odebrecht, ante los cuales la respuesta de Ministerio Público fue ridiculizada por la juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán.
El primer año completo de la segunda gestión del presidente Danilo Medina marcó un declive de su aprobación, manifiesto en las encuestas, el gobierno quedó a la defensiva y el mandatario enmudeció frente a la masificación de los reclamos contra la corrupción y la impunidad que encarnó la Marcha Verde, la mayor expresión de ciudadanía en la historia del país.
El año concluye sin que se firmara el Pacto Eléctrico pese a tres años de discusiones y con el gobierno evadiendo el pacto fiscal, ambos dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, compensando la falta de contribuciones tributarias con un endeudamiento que en la primera mitad del año llegó a 12 millones de dólares por día, más de 570 millones de pesos.
El Congreso Nacional agotó las dos legislaturas del año discutiendo los proyectos de leyes de partidos políticos y del Régimen Electoral, quedando paralizado por la persistencia del presidente Medina en imponer el padrón electoral abierto como obligatorio para todos los partidos escoger sus candidatos a las elecciones generales, evadiendo .
planteamientos de fondo como la transparencia y limitaciones del financiamiento y las sanciones a las repetidas incursiones del aparato estatal en las campañas electorales.
La economía y la educación
La estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto interno bruto proyectado a 4.5%, aunque reducido en relación al promedio sobre 6% de los últimos años, con baja inflación de 4% y relativa estabilidad cambiaria salvan el gobierno de Medina en el 2017, aunque para ello tuvo que proseguir la carrera de endeudamiento que disparó la deuda estatal a unos 40 mil millones de dólares, sobre el 53% del PIB, cuyos intereses se acercan a la cuarta parte de los ingresos fiscales. Se crítica un crecimiento económico que no reduce la pobreza y se basa en sectores que generan poco empleo y de baja calidad, con informalidad que pasa del 58%, y que persiste un desbalance comercial que sobrepasará los 8 mil millones de dólares.
La inversión del 4% del PIB en la educación siguió siendo el mayor éxito de la gestión de Medina, con algunos pasos más allá de la construcción de aulas, en la formación docente y programas dirigidos a atacar el bajo nivel educativo nacional. La acción Empresarial por la Educación (Educa) reconoció que el volumen de inversión de este año en el sector, 152 mil millones de pesos, comenzó a consolidar el esfuerzo imprescindible para alcanzar la calidad.
El gobierno tuvo éxitos en la expansión del sistema de asistencia 911, en mayor crédito a pequeñas empresas y a la agropecuaria, pero quedó atrapado al tener que destinar alto financiamiento a su obra emblemática, la central eléctrica de carbón bajo fuerte cuestionamiento. El informe de la comisión presidencial que pretendía esclarecer su contratación, obtuvo escasa credibilidad y se vió sobrepasado cuando la Odebrecht reclamó otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no en el próximo año, sino en el 2019. agravando los apuros del gobierno, que enfrenta la disyuntiva de tener que someterse a un arbitraje internacional que dilataría aún más su conclusión.
Diagnósticos negativos
Las evaluaciones de instituciones reconocidas como Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) Participación Ciudadana (PC) y el Comité Nacional de Derechos Humanos, ponen acento en el deterioro de la credibilidad en las instituciones estatales. Finjus dice que 2017 es “el más escandaloso en materia de justicia y corrupción. PC: “uno de los años más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad”. Denuncian el deterioro de los partidos políticos, y el auge de la inseguridad, con desprecio a las normativas constitucionales y legales.
Por su parte las escuelas de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Centro Regional de Estratregias Económicas Sostenibles diagnostican una economía que se encamina aceleradamente a la insostenibilidad y para contenerla enfatizan la necesidad de abocarse al al pacto fiscal que obligaría a reducir el dispendio, la multiplicidad de organismos con funciones similares, el clientelismo y la corrupción, que según un estudio de Oxfam publicado en octubre consumieron este año más de 90 mil millones de pesos.
En las evaluaciones internacionales del año el país no ha quedado mejor, resaltando el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial donde retrocedió 12 escalones, cayendo de la posición 92 a la 104 entre 137 países, perdiendo pequeños avances de los últimos años, notablemente en fortaleza institucional, en el escalón 129, entre los últimos 8, y quedando sublíder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos. Mientras recientes informes del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y discursos de las representaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y de la embajada de Estados Unidos, urgieron a reformas por la institucionalidad y la competitividad.
Déficit de Justicia y salud
Uno de los sectores peor evaluados en el año es el de la justicia, que no logró avanzar en la ejecución de las conclusiones de la Cumbre Judicial celebrada el año anterior, suspendiendo y trasladando jueces, sin alcanzar sanciones ni en los mayores escándalos y con un ministerio público que no logró éxitos, no sólo en el escándalo Odebrecht, sino en otros muchos, como los de la Corporación de Empresas Estatales, las muertes del CEA en San Pedro de Macorís y Cerro de las Américas y con un pobre expediente sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano. La escandalosa fuga de Quirinito encueró al sistema judicial.
La justicia fallida en los grandes escándalos hizo minimizar tres condenas dictadas este año por corrupción que involucró a los exalcaldes de San Cristóbal, Raúl Mondesí, de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, y a Gabriel Mora (Canoa), de Cabarete, que implicaron cárcel para ellos y cinco funcionarios municipales.
El 2007 marcó una crisis de la salubridad pública, sin que se haya concluido la remodelación de medio centenar de hospitales, incluyendo muchos de los mayores, con repetidas paralizaciones, alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en 18 y 23%. Un incremento del narcotráfico, con incautación de 12 mil 843 kilos de cocaína, 3 mil 170 más que en 2016, crímenes espantosos como el de la adolescente Emely Peguero y el abogado Juniol Ramírez, y unas 180 mujeres asesinadas, casi un centenar en arranques pasionales, contribuyeron a mantener alta percepción de inseguridad.
Aliento de la Marcha Verde
Con un partido gobernante sacudido por luchas internas, con una oposición dispersa y en prematura lucha por candidaturas y sin nutrirse de la caída de la aprobación del gobierno, las perspectivas políticas se han mostrado inciertas y las encuestas marcan una bajísima credibilidad en los partidos, entre 15 y 23%, y por primera vez cayó por debajo de la mitad, a 42%, la proporción que muestra simpatías partidarias.
La desesperanza parece dominar, especialmente cuando el Barómetro de las Américas ha mostrado que el 42% de los dominicanos tienen expectativas de irse del país, con un altísimo 60% entre los jóvenes de 18 a 25 años, y 48% en la franja de 26 a 35 años. Contrasta con más de medio siglo de crecimiento económico, con tasas en los mayores niveles mundiales, y evidente progreso urbanístico.
Casi todas las evaluaciones concluyen en que el despertar ciudadano contra la corrupción y la impunidad, ha sido el acontecimiento más alentador de un año en que se acentuó el presidencialismo y las tendencias a la imposición política, proyectándose como un gran desafío a los que gobiernan y a los que pretenden relevarlos.
Análisis Noticiosos
Santiago en vez de “Ciudad Corazón”, debía bautizarse “la Ciudad Colapsada”.
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19 horas agoon
abril 29, 2026Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
