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Análisis Noticiosos

2017 Un año perdido por la corrupción, crisis institucional y salvajismo político

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Por Juan Bolívar Díaz

La ralentización del crecimiento económico, el déficit fiscal que acentúa el endeudamiento estatal y la incapacidad para contener la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad generan un ambiente pesimista y de incertidumbres en la sociedad dominicana al caer el 2017.

El acentuado presidencialismo que precipitó un debate sobre otra reelección, cuando apenas transcurría un cuarto del período de gobierno y la incapacidad para concertar los pactos eléctrico y fiscal y las leyes de partido y régimen electoral incrementan la desconfianza de la población en las debilitadas instituciones estatales y políticas.

2017, un año para olvidar
Por más vueltas que se le den el balance del 2017 es devastador para la institucionalidad democrática, para el Congreso Nacional, con la justicia empantanada en una arrolladora cadena de escándalos de corrupción, comenzando por el de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de Odebrecht, ante los cuales la respuesta de Ministerio Público fue ridiculizada por la juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán.

El primer año completo de la segunda gestión del presidente Danilo Medina marcó un declive de su aprobación, manifiesto en las encuestas, el gobierno quedó a la defensiva y el mandatario enmudeció frente a la masificación de los reclamos contra la corrupción y la impunidad que encarnó la Marcha Verde, la mayor expresión de ciudadanía en la historia del país.

El año concluye sin que se firmara el Pacto Eléctrico pese a tres años de discusiones y con el gobierno evadiendo el pacto fiscal, ambos dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, compensando la falta de contribuciones tributarias con un endeudamiento que en la primera mitad del año llegó a 12 millones de dólares por día, más de 570 millones de pesos.

El Congreso Nacional agotó las dos legislaturas del año discutiendo los proyectos de leyes de partidos políticos y del Régimen Electoral, quedando paralizado por la persistencia del presidente Medina en imponer el padrón electoral abierto como obligatorio para todos los partidos escoger sus candidatos a las elecciones generales, evadiendo .

planteamientos de fondo como la transparencia y limitaciones del financiamiento y las sanciones a las repetidas incursiones del aparato estatal en las campañas electorales.
La economía y la educación

La estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto interno bruto proyectado a 4.5%, aunque reducido en relación al promedio sobre 6% de los últimos años, con baja inflación de 4% y relativa estabilidad cambiaria salvan el gobierno de Medina en el 2017, aunque para ello tuvo que proseguir la carrera de endeudamiento que disparó la deuda estatal a unos 40 mil millones de dólares, sobre el 53% del PIB, cuyos intereses se acercan a la cuarta parte de los ingresos fiscales. Se crítica un crecimiento económico que no reduce la pobreza y se basa en sectores que generan poco empleo y de baja calidad, con informalidad que pasa del 58%, y que persiste un desbalance comercial que sobrepasará los 8 mil millones de dólares.

La inversión del 4% del PIB en la educación siguió siendo el mayor éxito de la gestión de Medina, con algunos pasos más allá de la construcción de aulas, en la formación docente y programas dirigidos a atacar el bajo nivel educativo nacional. La acción Empresarial por la Educación (Educa) reconoció que el volumen de inversión de este año en el sector, 152 mil millones de pesos, comenzó a consolidar el esfuerzo imprescindible para alcanzar la calidad.

El gobierno tuvo éxitos en la expansión del sistema de asistencia 911, en mayor crédito a pequeñas empresas y a la agropecuaria, pero quedó atrapado al tener que destinar alto financiamiento a su obra emblemática, la central eléctrica de carbón bajo fuerte cuestionamiento. El informe de la comisión presidencial que pretendía esclarecer su contratación, obtuvo escasa credibilidad y se vió sobrepasado cuando la Odebrecht reclamó otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no en el próximo año, sino en el 2019. agravando los apuros del gobierno, que enfrenta la disyuntiva de tener que someterse a un arbitraje internacional que dilataría aún más su conclusión.

Diagnósticos negativos
Las evaluaciones de instituciones reconocidas como Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) Participación Ciudadana (PC) y el Comité Nacional de Derechos Humanos, ponen acento en el deterioro de la credibilidad en las instituciones estatales. Finjus dice que 2017 es “el más escandaloso en materia de justicia y corrupción. PC: “uno de los años más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad”. Denuncian el deterioro de los partidos políticos, y el auge de la inseguridad, con desprecio a las normativas constitucionales y legales.

Por su parte las escuelas de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Centro Regional de Estratregias Económicas Sostenibles diagnostican una economía que se encamina aceleradamente a la insostenibilidad y para contenerla enfatizan la necesidad de abocarse al al pacto fiscal que obligaría a reducir el dispendio, la multiplicidad de organismos con funciones similares, el clientelismo y la corrupción, que según un estudio de Oxfam publicado en octubre consumieron este año más de 90 mil millones de pesos.

En las evaluaciones internacionales del año el país no ha quedado mejor, resaltando el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial donde retrocedió 12 escalones, cayendo de la posición 92 a la 104 entre 137 países, perdiendo pequeños avances de los últimos años, notablemente en fortaleza institucional, en el escalón 129, entre los últimos 8, y quedando sublíder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos. Mientras recientes informes del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y discursos de las representaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y de la embajada de Estados Unidos, urgieron a reformas por la institucionalidad y la competitividad.

Déficit de Justicia y salud
Uno de los sectores peor evaluados en el año es el de la justicia, que no logró avanzar en la ejecución de las conclusiones de la Cumbre Judicial celebrada el año anterior, suspendiendo y trasladando jueces, sin alcanzar sanciones ni en los mayores escándalos y con un ministerio público que no logró éxitos, no sólo en el escándalo Odebrecht, sino en otros muchos, como los de la Corporación de Empresas Estatales, las muertes del CEA en San Pedro de Macorís y Cerro de las Américas y con un pobre expediente sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano. La escandalosa fuga de Quirinito encueró al sistema judicial.

La justicia fallida en los grandes escándalos hizo minimizar tres condenas dictadas este año por corrupción que involucró a los exalcaldes de San Cristóbal, Raúl Mondesí, de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, y a Gabriel Mora (Canoa), de Cabarete, que implicaron cárcel para ellos y cinco funcionarios municipales.

El 2007 marcó una crisis de la salubridad pública, sin que se haya concluido la remodelación de medio centenar de hospitales, incluyendo muchos de los mayores, con repetidas paralizaciones, alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en 18 y 23%. Un incremento del narcotráfico, con incautación de 12 mil 843 kilos de cocaína, 3 mil 170 más que en 2016, crímenes espantosos como el de la adolescente Emely Peguero y el abogado Juniol Ramírez, y unas 180 mujeres asesinadas, casi un centenar en arranques pasionales, contribuyeron a mantener alta percepción de inseguridad.

Aliento de la Marcha Verde
Con un partido gobernante sacudido por luchas internas, con una oposición dispersa y en prematura lucha por candidaturas y sin nutrirse de la caída de la aprobación del gobierno, las perspectivas políticas se han mostrado inciertas y las encuestas marcan una bajísima credibilidad en los partidos, entre 15 y 23%, y por primera vez cayó por debajo de la mitad, a 42%, la proporción que muestra simpatías partidarias.

La desesperanza parece dominar, especialmente cuando el Barómetro de las Américas ha mostrado que el 42% de los dominicanos tienen expectativas de irse del país, con un altísimo 60% entre los jóvenes de 18 a 25 años, y 48% en la franja de 26 a 35 años. Contrasta con más de medio siglo de crecimiento económico, con tasas en los mayores niveles mundiales, y evidente progreso urbanístico.

Casi todas las evaluaciones concluyen en que el despertar ciudadano contra la corrupción y la impunidad, ha sido el acontecimiento más alentador de un año en que se acentuó el presidencialismo y las tendencias a la imposición política, proyectándose como un gran desafío a los que gobiernan y a los que pretenden relevarlos.

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Análisis Noticiosos

El mensaje equivocado de la elección presidencial en Latinoamérica.

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Por José Cabral

La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.

Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.

Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.

Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,

En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.

Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.

Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.

En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.

El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.

Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.

Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.

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Análisis Noticiosos

CARTA ABIERTA A LA CLASE POLÍTICA DOMINICANA

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Por Nelson Valdez
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.
Cuando una minoría decide en las urnas el destino de la mayoría, el sistema pierde su legitimidad moral. Una sociedad donde más de la mitad del país prefiere el silencio y la ausencia no es una sociedad apática: es una sociedad frustrada, desconectada y al borde de la ruptura. Gobernar o hacer oposición sobre la base de un electorado menguante es un espejismo de poder.
El verdadero peligro no es solo el diagnóstico de hoy —la desconfianza profunda y la falta de fe en el voto—, sino a dónde nos lleva este camino mañana: al extremismo, al colapso institucional y a la fractura irrecuperable de la paz social. Ninguna victoria electoral es sólida si se edifica sobre las ruinas de la apatía popular.
No podemos construir un país sostenible si marginamos la fuerza activa de nuestra juventud ni si mantenemos a la diáspora dominicana como una simple fuente de remesas sin voz ni participación real.
Hoy asumo el compromiso y levanto la voz de alerta para decirles que hay otra vía:
Reconciliación real con el ciudadano: Superar la división y el pragmatismo hueco para edificar un proyecto donde la mayoría vuelva a sentirse representada.
Compromisos alcanzables, no promesas vacías: Erradicar definitivamente los males estructurales que sí tienen solución mediante metas claras, medibles y sin demagogia.
Voluntad genuina de cambio: Mostrar con hechos que la política puede ser una herramienta de servicio y no de beneficio corporativo.
Para esta tarea de reencantar a nuestra juventud, de integrar a la diáspora y de devolverle la dignidad a la participación ciudadana, cuentan conmigo. Pero para que esa voz tenga eco, ustedes —oficialismo y oposición— deben demostrar que están a la altura del momento histórico.
Aún estamos a tiempo de evitar el abismo. Reconstruyamos la confianza antes de que el silencio de la mayoría se convierta en una tormenta incontrolable.

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Análisis Noticiosos

La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.

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Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.

Por la redacción

La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y  la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.

Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.

Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.

En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.

Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana

El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.

La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.

Por eso, puede existir una aparente reducción  de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.

El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.

En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.

Los robos siguen siendo parte importante del problema

Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.

En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.

Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.

Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.

La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..

El reto no es solo detener, sino prevenir

Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.

La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.

Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.

Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.

También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.

La confianza ciudadana es parte de la seguridad

Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.

Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.

La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.

Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.

Una realidad con dos caras

Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.

Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.

Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.

La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.

El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles

La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.

Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.

Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.

Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.

Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.

La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances  en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero  el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.

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