Análisis Noticiosos
2019: total predominio de la política, freno al continuismo y división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
El fracaso del proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina, que detonó la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la emergencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como principal alternativa de poder, fueron los acontecimientos políticos más trascendentes del año que concluye.
En un año de muchas incertidumbres políticas e institucionales, el crecimiento económico sufrió una desaceleración, especialmente en el turismo, con incremento de déficits y del endeudamiento para financiar déficits mientras los escándalos de corrupción seguían exponiendo la persistencia de la impunidad y ausencia de controles.
El dominio de la política
La aprobación de una nueva orgánica Ley del Régimen Electoral, promulgada a mitad de febrero, marcó el inicio de un año en que la política iba a predominar absolutamente en la atención pública nacional. Su implementación, junto a la Ley de Partidos promulgada en agosto anterior, consumiría las energías de la Junta Central Electoral (JCE) con repercusiones en los tribunales Constitucional y Superior Electoral con dictámenes de inconstitucionalidad sobre seis de sus predicamentos, relevantemente la eliminación del arrastre de los senadores por el voto a los diputados y el derecho a ciudadano a ser postulado a cargos electivos sin tener que ser miembro de un partido.
La celebración por primera vez de elecciones primarias para escoger candidatos, organizadas por la JCE, ocupó la atención pública hasta más allá de su materialización el 6 de octubre, dejando una estela de derivados que han seguido repercutiendo sobre el quehacer político en los últimos dos meses del año.
Las expectativas de que las reformas electorales, que incluyen la celebración de las elecciones municipales, separadas de las presidenciales y congresuales en el mismo año, redundarían en reducción del activismo político y su costo, rodaron por el suelo cuando los partidos excedieron las normativas, sin poder encontrar el mínimo valladar, y ni siquiera se ha implementado la dispuesta Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales.
Fuerte división del PLD
El debut de las elecciones primarias arrojó un resultado negativo fundamental, al detonar una fuerte división del PLD, tras varios años de confrontaciones internas que envolvieron a los dos líderes que han presidido la nación en cinco de los últimos seis períodos gubernamentales. La irrupción del gobierno, hasta el grado de haber designado a una treintena de ministros y altos funcionarios como jefes de la campaña interna del delfín del presidente Danilo Medina, su ministro de Obras Pública Gonzalo Castillo, extremó la confrontación. La abierta compra de votos y la desmesura del gasto del candidato auspiciado por el gobierno, más un estrecho resultado electoral, abonaron la división.
El resultado de las encuestas conocidas tras la división del PLD, indica que la facción peledeísta del presidente Medina sobreestimó su fuerza y subestimó la capacidad y decisión del presidente Leonel Fernández, quien protagoniza un fraccionamiento tan importante que lo deja cercano al candidato oficialista tras obtener una votación primaria de mínima diferencia.
El efecto inmediato es que el PLD perdió su larga hegemonía y se produjo una recomposición del escenario político con tripartidismo y con el principal partido opositor, el PRM, pasando a encabezar las preferencias para las elecciones del próximo año, con su candidato presidencial Luis Abinader registrando amplia ventaja sobre el candidato oficialista y el expresidente Leonel Fernández, quien ha logrado ser postulado por 6 partidos.
Frenado el continuismo
Si algo hay que acreditar como positivo en el ámbito político durante el 2009, fue el fracaso de los mayúsculos esfuerzos desatados por Danilo Medina y sus seguidores, para comprar los votos para una segunda reforma constitucional reeleccionista consecutiva. La resistencia, todavía desde dentro del partido gobernante, de la facción de Leonel Fernández, del principal partido opositor y amplios sectores sociales, decretaron el fracaso del proyecto continuista.
Los desaforados esfuerzos por la repostulación de Medina, generaron gran crispación e incertidumbres, suficientes para que el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamara personalmente al presidente Medina y le recordara el debido respeto a la Constitución, lo que contribuyó al frenazo y demostró que, aunque el presidencialismo dominicano sigue siendo demasiado fuerte, no siempre es todo poderoso ni invencible.
La resignación de Medina, el 22 de julio, fue seguida por otro fracaso, al no poder viabilizar un proyecto, que partió de la dirección de lo que queda del otra dominante Partido Reformista Social Cristiano, que buscaba la reforma constitucional para rehabilitar las posibilidades de Medina de volver a postularse a la presidencia, después del 2020.
De cualquier forma, Danilo Medina mostró una gran capacidad de maniobra y a aferrado al poder, logró imponer decidió impulsar a uno de los suyos en la candidatura presidencial del PLD, llegando luego a proclamar que con lo que queda del partido, “Yo voy a ganar las elecciones del 2020”, despertando temores por la institucionalidad democrática.
Persistió el crecimiento económico
Aunque el año arrancó con lentitud, las medidas monetarias y la colocación de bonos lograron reactivar la economía para al final conseguir un crecimiento que podría llegar al 5% del PIB, aunque menor en 2 puntos al 7% del 2018 y en desaceleración. El mayor mérito del gobierno del presidente Medina siguió siendo el mantener una de las más altas tasas de crecimiento de la región, con estabilidad de precios y baja devaluación, aunque este año el Banco Central tuvo que hacer esfuerzos para moderarla.
Como ha ocurrido en los últimos once años consecutivos, el déficit fiscal, que terminará cercano a los 150 mil millones de pesos, ha tenido que ser financiado con fuerte endeudamiento, el cual ya ronda por el 53% del PIB y sobre 50 mil millones de dólares, sumando la deuda de todos los organismos del Estado, incluyendo la flotante como la contraída con contratistas, suplidores, generadores eléctricos y por fideicomisos. Sólo el pago de los intereses se lleva casi la cuarta parte de los ingresos fiscales.
El mayor revés económico lo sufrió el turismo, que por primera vez en cuatro décadas podría concluir este año en reducción, tras una cadena de muertes de turistas, el atentado que casi mata al astro beisbolero David Ortiz, y la militarización del Congreso Nacional cuando se pretendió imponer la reforma constitucional continuista.
Con un déficit externo de alrededor del 1.5% del PIB, y reducción del ingreso fiscal presupuestado en unos 18 mil millones de pesos, la estabilidad económica y cambiaria y la mejoraría del ingreso familiar siguieron siendo impulsados en gran proporción por las remesas de los dominicanos que trabajan en el exterior, que este año crecen alrededor del 9% para sobrepasar los 7 mil millones de dólares, unos 365 mil millones de pesos, lo que equivale a más de la mitad de las recaudaciones fiscales.
Mal en salud y educación
Relegando los ayuntamientos y la salubridad el gobierno no pudo terminar todavía este año la tercera parte de los 56 hospitales cuya remodelación comenzó hace 7 años, lo que a juicio de la Alianza por el Derecho a la Salud ha ocasionado el colapso de los servicios. La incidencia del dengue estableció un récord de 18 mil casos, con 47 muertes oficiales, aunque el Colegio Médico estima 30 mil con un centenar de decesos. En el 2018 sólo se reportaron 1,558 afectados. La malaria se duplicó de 480 a 822, hasta fines de noviembre.
Al llegar diciembre el gobierno recibió un golpe con el informe de las pruebas PISA que dejaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, en matemáticas, ciencias y comprensión de lectura entre 70 países, evidenciando gran retraso en la calidad de la educación, tras 7 años de la inversión en el sector del 4% del PIB.
Los informes internacionales, como los del Foro Económico Mundial, el Barómetro de las Américas, Transparencia Internacional y Oxfam siguieron arrojando precarios resultados en manejo de los fondos públicos y credibilidad de las instituciones.
Corrupción e impunidad
La impunidad siguió prevaleciendo aún en grandes casos, como las revelaciones de 28 seudónimos de personas que recibieron 55 millones de dólares como sobornos de Odebrecht para las contrataciones de las plantas de carbón de Punta Catalina y otras obras del actual gobierno. La Procuraduría General ni siquiera se ha dignado responder la denuncia internacional y menos exigir la documentación a la constructora brasileña..
Sin investigación queda también la denuncia de que antes de salir en agosto del ministerio de Obras Públicas para buscar la candidatura presidencial Gonzalo Castillo entregó contratos por 11 mil 500 millones de pesos para compras de asfalto, cuando sólo tenía asignados para ese renglón 2 mil 500 millones, y desconociendo las licitaciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Tal como apuntó el balance anual de Participación Ciudadana, la justicia siguió débil y con pocos resultados, y la Cámara de Cuentas no mostró vigor ni independencia para fiscalizar el gasto gubernamental. Mientras los procesados por el mayúsculo escándalo de los sobornos de Odebrecht se redujeron a 6, de 14 que habían imputado, para un juicio que se estima burlesco.
Las autoridades nacionales quedaron mal taradas también con el escape del narcotraficante César Emilio Peralta, capturado después en Colombia, tras operar durante años una red criminal que exportó toneladas de drogas a Estados Unidos. Fue el mayor escándalo del año, y autoridades norteamericanas no dudaron en sostner que tuvo amparo en la corrupción y la impunidad prevalecientes en el país. –
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.