Análisis Noticiosos
2019: total predominio de la política, freno al continuismo y división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
El fracaso del proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina, que detonó la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la emergencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como principal alternativa de poder, fueron los acontecimientos políticos más trascendentes del año que concluye.
En un año de muchas incertidumbres políticas e institucionales, el crecimiento económico sufrió una desaceleración, especialmente en el turismo, con incremento de déficits y del endeudamiento para financiar déficits mientras los escándalos de corrupción seguían exponiendo la persistencia de la impunidad y ausencia de controles.
El dominio de la política
La aprobación de una nueva orgánica Ley del Régimen Electoral, promulgada a mitad de febrero, marcó el inicio de un año en que la política iba a predominar absolutamente en la atención pública nacional. Su implementación, junto a la Ley de Partidos promulgada en agosto anterior, consumiría las energías de la Junta Central Electoral (JCE) con repercusiones en los tribunales Constitucional y Superior Electoral con dictámenes de inconstitucionalidad sobre seis de sus predicamentos, relevantemente la eliminación del arrastre de los senadores por el voto a los diputados y el derecho a ciudadano a ser postulado a cargos electivos sin tener que ser miembro de un partido.
La celebración por primera vez de elecciones primarias para escoger candidatos, organizadas por la JCE, ocupó la atención pública hasta más allá de su materialización el 6 de octubre, dejando una estela de derivados que han seguido repercutiendo sobre el quehacer político en los últimos dos meses del año.
Las expectativas de que las reformas electorales, que incluyen la celebración de las elecciones municipales, separadas de las presidenciales y congresuales en el mismo año, redundarían en reducción del activismo político y su costo, rodaron por el suelo cuando los partidos excedieron las normativas, sin poder encontrar el mínimo valladar, y ni siquiera se ha implementado la dispuesta Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales.
Fuerte división del PLD
El debut de las elecciones primarias arrojó un resultado negativo fundamental, al detonar una fuerte división del PLD, tras varios años de confrontaciones internas que envolvieron a los dos líderes que han presidido la nación en cinco de los últimos seis períodos gubernamentales. La irrupción del gobierno, hasta el grado de haber designado a una treintena de ministros y altos funcionarios como jefes de la campaña interna del delfín del presidente Danilo Medina, su ministro de Obras Pública Gonzalo Castillo, extremó la confrontación. La abierta compra de votos y la desmesura del gasto del candidato auspiciado por el gobierno, más un estrecho resultado electoral, abonaron la división.
El resultado de las encuestas conocidas tras la división del PLD, indica que la facción peledeísta del presidente Medina sobreestimó su fuerza y subestimó la capacidad y decisión del presidente Leonel Fernández, quien protagoniza un fraccionamiento tan importante que lo deja cercano al candidato oficialista tras obtener una votación primaria de mínima diferencia.
El efecto inmediato es que el PLD perdió su larga hegemonía y se produjo una recomposición del escenario político con tripartidismo y con el principal partido opositor, el PRM, pasando a encabezar las preferencias para las elecciones del próximo año, con su candidato presidencial Luis Abinader registrando amplia ventaja sobre el candidato oficialista y el expresidente Leonel Fernández, quien ha logrado ser postulado por 6 partidos.
Frenado el continuismo
Si algo hay que acreditar como positivo en el ámbito político durante el 2009, fue el fracaso de los mayúsculos esfuerzos desatados por Danilo Medina y sus seguidores, para comprar los votos para una segunda reforma constitucional reeleccionista consecutiva. La resistencia, todavía desde dentro del partido gobernante, de la facción de Leonel Fernández, del principal partido opositor y amplios sectores sociales, decretaron el fracaso del proyecto continuista.
Los desaforados esfuerzos por la repostulación de Medina, generaron gran crispación e incertidumbres, suficientes para que el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamara personalmente al presidente Medina y le recordara el debido respeto a la Constitución, lo que contribuyó al frenazo y demostró que, aunque el presidencialismo dominicano sigue siendo demasiado fuerte, no siempre es todo poderoso ni invencible.
La resignación de Medina, el 22 de julio, fue seguida por otro fracaso, al no poder viabilizar un proyecto, que partió de la dirección de lo que queda del otra dominante Partido Reformista Social Cristiano, que buscaba la reforma constitucional para rehabilitar las posibilidades de Medina de volver a postularse a la presidencia, después del 2020.
De cualquier forma, Danilo Medina mostró una gran capacidad de maniobra y a aferrado al poder, logró imponer decidió impulsar a uno de los suyos en la candidatura presidencial del PLD, llegando luego a proclamar que con lo que queda del partido, “Yo voy a ganar las elecciones del 2020”, despertando temores por la institucionalidad democrática.
Persistió el crecimiento económico
Aunque el año arrancó con lentitud, las medidas monetarias y la colocación de bonos lograron reactivar la economía para al final conseguir un crecimiento que podría llegar al 5% del PIB, aunque menor en 2 puntos al 7% del 2018 y en desaceleración. El mayor mérito del gobierno del presidente Medina siguió siendo el mantener una de las más altas tasas de crecimiento de la región, con estabilidad de precios y baja devaluación, aunque este año el Banco Central tuvo que hacer esfuerzos para moderarla.
Como ha ocurrido en los últimos once años consecutivos, el déficit fiscal, que terminará cercano a los 150 mil millones de pesos, ha tenido que ser financiado con fuerte endeudamiento, el cual ya ronda por el 53% del PIB y sobre 50 mil millones de dólares, sumando la deuda de todos los organismos del Estado, incluyendo la flotante como la contraída con contratistas, suplidores, generadores eléctricos y por fideicomisos. Sólo el pago de los intereses se lleva casi la cuarta parte de los ingresos fiscales.
El mayor revés económico lo sufrió el turismo, que por primera vez en cuatro décadas podría concluir este año en reducción, tras una cadena de muertes de turistas, el atentado que casi mata al astro beisbolero David Ortiz, y la militarización del Congreso Nacional cuando se pretendió imponer la reforma constitucional continuista.
Con un déficit externo de alrededor del 1.5% del PIB, y reducción del ingreso fiscal presupuestado en unos 18 mil millones de pesos, la estabilidad económica y cambiaria y la mejoraría del ingreso familiar siguieron siendo impulsados en gran proporción por las remesas de los dominicanos que trabajan en el exterior, que este año crecen alrededor del 9% para sobrepasar los 7 mil millones de dólares, unos 365 mil millones de pesos, lo que equivale a más de la mitad de las recaudaciones fiscales.
Mal en salud y educación
Relegando los ayuntamientos y la salubridad el gobierno no pudo terminar todavía este año la tercera parte de los 56 hospitales cuya remodelación comenzó hace 7 años, lo que a juicio de la Alianza por el Derecho a la Salud ha ocasionado el colapso de los servicios. La incidencia del dengue estableció un récord de 18 mil casos, con 47 muertes oficiales, aunque el Colegio Médico estima 30 mil con un centenar de decesos. En el 2018 sólo se reportaron 1,558 afectados. La malaria se duplicó de 480 a 822, hasta fines de noviembre.
Al llegar diciembre el gobierno recibió un golpe con el informe de las pruebas PISA que dejaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, en matemáticas, ciencias y comprensión de lectura entre 70 países, evidenciando gran retraso en la calidad de la educación, tras 7 años de la inversión en el sector del 4% del PIB.
Los informes internacionales, como los del Foro Económico Mundial, el Barómetro de las Américas, Transparencia Internacional y Oxfam siguieron arrojando precarios resultados en manejo de los fondos públicos y credibilidad de las instituciones.
Corrupción e impunidad
La impunidad siguió prevaleciendo aún en grandes casos, como las revelaciones de 28 seudónimos de personas que recibieron 55 millones de dólares como sobornos de Odebrecht para las contrataciones de las plantas de carbón de Punta Catalina y otras obras del actual gobierno. La Procuraduría General ni siquiera se ha dignado responder la denuncia internacional y menos exigir la documentación a la constructora brasileña..
Sin investigación queda también la denuncia de que antes de salir en agosto del ministerio de Obras Públicas para buscar la candidatura presidencial Gonzalo Castillo entregó contratos por 11 mil 500 millones de pesos para compras de asfalto, cuando sólo tenía asignados para ese renglón 2 mil 500 millones, y desconociendo las licitaciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Tal como apuntó el balance anual de Participación Ciudadana, la justicia siguió débil y con pocos resultados, y la Cámara de Cuentas no mostró vigor ni independencia para fiscalizar el gasto gubernamental. Mientras los procesados por el mayúsculo escándalo de los sobornos de Odebrecht se redujeron a 6, de 14 que habían imputado, para un juicio que se estima burlesco.
Las autoridades nacionales quedaron mal taradas también con el escape del narcotraficante César Emilio Peralta, capturado después en Colombia, tras operar durante años una red criminal que exportó toneladas de drogas a Estados Unidos. Fue el mayor escándalo del año, y autoridades norteamericanas no dudaron en sostner que tuvo amparo en la corrupción y la impunidad prevalecientes en el país. –
Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
elpais.com
Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario