Internacionales
Jueza frena planes de despidos masivos del Gobierno de Trump en agencia de protección al consumidor
AP
Washington, Estados Unidos.-El intento del presidente estadounidense Donald Trump de despedir a casi todos en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) fue pausado el viernes por una jueza federal, quien dijo estar «profundamente preocupada» por el plan.
La decisión deja en el limbo a una oficina creada después de la Gran Recesión para proteger a los consumidores contra el fraude, el abuso y las prácticas engañosas.
Los funcionarios del Gobierno de Trump argumentan que ha excedido su autoridad y debería tener una misión más limitada.
El jueves, los funcionarios del Gobierno se preparaban para despedir a aproximadamente 1,500 personas, dejando alrededor de 200 empleados, a través de una reducción de personal que cambiaría drásticamente la oficina.
Sin embargo, la jueza federal de distrito, Amy Berman Jackson, dijo que le preocupaba que los despidos violaran su orden anterior de detener al Gobierno republicano de cerrar la CFPB. Ha estado considerando una demanda presentada por un sindicato de empleados que quiere preservar la oficina.
Jackson programó una audiencia para el 28 de abril para escuchar el testimonio de los funcionarios que trabajaron en la reducción de personal.
«Estoy dispuesta a resolverlo rápidamente, pero no voy a permitir que esta reducción de personal avance hasta que lo haya hecho», expresó.
Es el ejemplo más reciente de cómo los planes de Trump han enfrentado obstáculos jurídicos mientras trabaja para remodelar el Gobierno federal, diciendo que está plagado de fraude, despilfarro y abuso. Otros despidos y políticas han sido objeto de litigios intermitentes y órdenes judiciales.
La CFPB ha frustrado durante mucho tiempo a las empresas con su supervisión e investigaciones, y el asesor de Trump, Elon Musk, la convirtió en uno de sus principales objetivos de su Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Dijo que los funcionarios han pasado semanas desarrollando «una visión mucho más limitada para las actividades de aplicación y supervisión» con una «operación más pequeña y eficiente».
Algunas de las responsabilidades de la CFPB son requeridas por ley, pero solo tendrían una persona asignada bajo el plan de la administración Trump.
Antes de la audiencia del viernes, los abogados del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro presentaron una declaración jurada de un empleado de la CFPB identificado solo por el seudónimo Alex Doe. El empleado dijo que Gavin Kliger, un miembro de DOGE, estaba gestionando el equipo de RIF de la agencia encargado de enviar los avisos de despido.
«Mantuvo al equipo despierto durante 36 horas seguidas para asegurarse de que los avisos salieran ayer», dijo el empleado. «Gavin estaba gritando a las personas que no creía que estuvieran trabajando lo suficientemente rápido para asegurarse de que pudieran salir en este cronograma comprimido, llamándolos incompetentes».
El director de operaciones de la oficina, Adam Martinez, le dijo a la jueza que cree que Kliger es un empleado de la Oficina de Gestión de Personal asignado a la CFPB y que no trabaja directamente para DOGE.
Jackson dijo que requerirá que Kliger asista y posiblemente testifique en la audiencia del 28 de abril. Dijo que quiere saber por qué estaba allí «y qué estaba haciendo».
«No vamos a decidir qué sucedió hasta que sepamos qué sucedió», manifestó Jackson.
El empleado con seudónimo dijo que los miembros del equipo expresaron preocupaciones de que la oficina tenía que realizar una «evaluación particularizada» antes de poder implementar un RIF. Paoletta les dijo que ignoraran esas preocupaciones y avanzaran con los despidos masivos, agregando que «el liderazgo asumiría el riesgo», declaró el empleado.
Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las preguntas sobre la decisión de la jueza o la declaración judicial del empleado.
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.