Opinión
Reconstituir al ejército hará que Haití revierta a un pasado de 30 años atrás
Por Jeb Sprague
El gobierno Haitiano está haciendo planes para reconstituir al disuelto ejército, una institución responsable de muchos de los peores crímenes cometidos en la historia del país. Al mismo tiempo, el gobierno ha movilizado policías especiales para sacar de sus campamentos a los damnificados por el terremoto de 2010.
Mientras que la sociedad civil y las organizaciones populares en Haití están haciendo campañas en contra de un retorno a la época represiva de la dictadura duvalierista, los ciudadanos de Estados Unidos y la Repùblica Dominicana debemos ser conscientes de la larga historia de apoyo que han dado nuestros gobiernos a los militares y paramilitares de Haití.
Todo comenzó con la formación de un ejército moderno durante la ocupación de Haití por EE.UU. entre 1915-1934. Los EE.UU. se replegaron de Haití sólo después de asegurarse que los militares haitianos podían continuar la ocupación. Un proceso similar, también de supervisión estadounidense, se produjo en el lado dominicano de La Española.
A principios de 1960, los marines entrenaron a los Tonton Macoutes, la fuerza paramilitar del notorio dictador Francois «Papa Doc» Duvalier. Cuando el hijo de Duvalier, Jean-Claude, asumió la presidencia en 1971, antiguos marinos entrenaron y equiparon a un brutal cuerpo del ejército que se llamaba Los Leopardos. Los instructores trabajaban para una empresa de Miami, contratada por la CIA y supervisada por el Departamento de Estado.
Los peores paramilitares violadores de los derechos humanos, fueron lanzados a la clandestinidad con la inauguración del primer gobierno de Haití elegido democráticamente en febrero de 1991.
Sólo siete meses después, las fuerzas militares derrocaron al presidente del país, Jean-Bertrand Aristide. Una nueva organización paramilitar, FRAPH, lanzó una ola de terror, apoyada por la CIA.
Después de años de presión popular sobre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, la democracia de Haití fue restaurada en 1994. Aristide disolvió al ejército (entrelazado con los paramilitares) y entabló procesos judiciales contra los entes financieros y paramilitares. Esta fue la primera vez en la historia moderna de Haití, que las fuerzas paramilitares no gozaron de impunidad.
Sin embargo, los diplomáticos estadounidenses presionaron para la inclusión de algunos ex militares haitianos, en importantes cargos en la nueva fuerza policial del país. Como lo señaló Human Rights Watch en un informe, los Estados Unidos utilizaron sectores de las fuerzas de seguridad de Haití para reprimir al movimiento popular en el país, al mismo tiempo, que los ex militares durante décadas controlaban el narcotráfico a través de Haití. Una vez disuelto el ejercito, un puñado de elites y ex-militares (algunos ahora dentro de la policía) competían por el control del tráfico de la cocaína.
En el 2000 un grupo de estos ex militares conocidos como los «ecuatorianos», (un grupo de cadetes que habían recibido entrenamiento en Quito, Ecuador, beneficiándose de una estrecha relación con los Estados Unidos), demostraron cómo la influencia de EE.UU. en las fuerzas de seguridad de Haití, lejos de reformarlas, ha surtido el efecto contrario. A finales de 2000, este grupo paramilitar inició ataques en Haití con el fin de derrocar al Presidente Aristide nuevamente.
Más tarde, otros se unieron a los paramilitares, entre ellos algunos de los más ricos líderes empresariales de Haití los cuales eran neo-duvalieristas, un pequeño grupo de funcionarios oportunistas dentro del gobierno haitiano, algunos sectores del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano y el ejército dominicano. También es probable que hubo algún tipo de apoyo de los EE.UU. y Francia a través de las agencias de inteligencia — tal como lo revelaron recientemente documentos desclasficados, recopilados a través de la Ley de Libertad de Información de E.U. (FOIA), y entrevistas con los participantes.
Usando a República Dominicana como base, los paramilitares fueron capaces de ampliar sus operativos criminales y en 2004, jugaron un papel clave en el golpe de Estado que derrocó al segundo gobierno de Aristide. La OEA y EE.UU. no hicieron nada para que la República Dominicana extraditara o detuviera a los paramilitares haitianos que utilizaban el territorio dominicano.
Después del golpe, los procesos judiciales contra los paramilitares fueron suspendidos. Los financieros de los escuadrones de la muerte gozaron de impunidad total. Poco después, 400 miembros de la fuerza paramilitar se insertaron en una policía renovada bajo la supervisión del EE.UU., la ONU y la OEA. Ahora sabemos de esto también a través de los cables secretos de la embajada de EE.UU. publicados por Wikileaks.
En estos cables hay una cierta inquietud expresada por la embajada de los EE.UU. sobre los paramilitares, pero nunca se cuestionó la política básica: que los hombres que habían perpetrado crímenes graves y ayudaron a derrocar a un gobierno democrático podrían ser policías en vez de ser castigados por sus crímenes.
Después del terremoto de 2010 y la polémica elección de 2011 el presidente Michel Martelly (un aliado duvalierista), se ha creado una campaña para reconstituir al ejército del país. Francia se ha ofrecido a ayudar a financiarla, mientras que Brasil y Ecuador se han ofrecido a ayudar con el entrenamiento.
Recientes estudios científicos realizado por las ONG en Haití muestran que el 97 por ciento de la población en general está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la reconstitución del ejército. El pueblo de Haití conoce la historia de la brutalidad del ejército y paramilitares en el país.
Ya es hora que los ciudadanos estadounidenses y de otros países, vigilen mucho mejor lo que hacen sus gobiernos en Haití. El Congreso de EE.UU. debe aumentar la fiscalizacion de la ayuda económica a Haití, asegurándose que el dinero asignado para las relaciones exteriores no atente contra la democracia y la justicia, y no le otorgue mas impunidad a los criminales duvalieristas.
Los movimientos sociales en la República Dominicana, al igual que en los EE.UU., necesitan reclamarles a las autoridades responsables, de sus delitos en el extranjero. Lo más importante es, que los movimientos populares en la República Dominicana tienen que estar sólidamente vinculados con el movimiento popular en Haití, oponiéndose a golpes de Estado y a la violencia paramilitar.
Jeb Sprague es el autor del nuevo libro, «El Paramilitarismo y el Asalto a la Democracia en Haití». Actualmente se está trabajando en versiones en español y francés. Leer más aquí: http://monthlyreview.org/press/books/pb3003/
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
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