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Opinión

Reconstituir al ejército hará que Haití revierta a un pasado de 30 años atrás

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Por Jeb Sprague

El gobierno Haitiano está haciendo planes para reconstituir al disuelto ejército, una institución responsable de muchos de los peores crímenes cometidos en la historia del país. Al mismo tiempo, el gobierno ha movilizado policías especiales para sacar de sus campamentos a los damnificados por el terremoto de 2010.

Mientras que la sociedad civil y las organizaciones populares en Haití están haciendo campañas en contra de un retorno a la época represiva de la dictadura  duvalierista, los ciudadanos de Estados Unidos y la Repùblica Dominicana debemos ser conscientes de la larga historia de apoyo que han dado nuestros gobiernos a los militares y paramilitares de Haití.

Todo comenzó con la formación de un ejército moderno durante la ocupación de Haití por EE.UU. entre 1915-1934. Los EE.UU. se replegaron de Haití sólo después de asegurarse que los militares haitianos podían continuar la ocupación. Un proceso similar, también de supervisión estadounidense, se produjo en el lado dominicano de La Española.

A principios de 1960, los marines entrenaron a los Tonton Macoutes, la fuerza paramilitar del notorio dictador Francois «Papa Doc» Duvalier.  Cuando el hijo de Duvalier, Jean-Claude, asumió la presidencia en 1971, antiguos marinos entrenaron y equiparon a un brutal cuerpo del ejército que se llamaba Los Leopardos.  Los instructores trabajaban para una empresa de Miami, contratada por  la CIA y supervisada por el Departamento de Estado.

Los peores paramilitares violadores de los derechos humanos, fueron lanzados a la clandestinidad con la inauguración del primer gobierno de Haití elegido democráticamente en febrero de 1991.

Sólo siete meses después, las fuerzas militares derrocaron al presidente del país, Jean-Bertrand Aristide.  Una nueva organización paramilitar, FRAPH, lanzó una ola de terror, apoyada por la CIA.

Después de años de presión popular sobre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, la democracia de Haití fue restaurada en 1994. Aristide disolvió al ejército (entrelazado con los paramilitares) y entabló procesos judiciales contra los entes financieros y paramilitares. Esta fue la primera vez en la historia moderna de Haití, que las fuerzas paramilitares no gozaron de impunidad.

Sin embargo, los diplomáticos estadounidenses presionaron para la inclusión de algunos ex militares haitianos, en importantes cargos en la nueva fuerza policial del país. Como lo señaló Human Rights Watch en un informe, los Estados Unidos utilizaron sectores de las fuerzas de seguridad de Haití para reprimir al movimiento popular en el país, al mismo tiempo, que los ex militares durante décadas controlaban el narcotráfico a través de Haití.  Una vez disuelto el ejercito, un puñado de elites y ex-militares (algunos ahora dentro de la policía) competían por el control del tráfico de la cocaína.

En el 2000 un grupo de estos ex militares conocidos como los «ecuatorianos»,  (un grupo de cadetes que habían recibido entrenamiento en Quito, Ecuador, beneficiándose de una estrecha relación con los Estados Unidos),  demostraron cómo la influencia de EE.UU. en las fuerzas de seguridad de Haití, lejos de reformarlas, ha surtido el efecto contrario. A finales de 2000, este grupo paramilitar inició ataques en Haití con el fin de derrocar al Presidente Aristide nuevamente.

Más tarde, otros se unieron a los paramilitares, entre ellos algunos de los más ricos líderes empresariales de Haití los cuales eran neo-duvalieristas, un pequeño grupo de funcionarios oportunistas dentro del gobierno haitiano, algunos sectores del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano y el ejército dominicano. También es probable que hubo algún tipo de apoyo de los EE.UU. y Francia a través de las agencias de inteligencia — tal como lo revelaron recientemente documentos desclasficados, recopilados a través de la Ley de Libertad de Información de E.U. (FOIA), y entrevistas con los participantes.

Usando a República Dominicana como base, los paramilitares fueron capaces de ampliar sus operativos criminales y en 2004, jugaron un papel clave en el golpe de Estado que derrocó al segundo gobierno de Aristide.  La OEA y EE.UU. no hicieron nada para que la República Dominicana extraditara o detuviera a los paramilitares haitianos que utilizaban el territorio dominicano.

Después del golpe, los procesos judiciales contra los paramilitares fueron suspendidos. Los financieros de los escuadrones de la muerte gozaron de impunidad total.  Poco después, 400 miembros de la fuerza paramilitar se insertaron en una policía renovada bajo la supervisión del EE.UU., la ONU y la OEA. Ahora sabemos de esto también a través de los cables secretos de la embajada de EE.UU. publicados por Wikileaks.

En estos cables hay una cierta inquietud expresada por la embajada de los EE.UU. sobre los paramilitares, pero nunca se cuestionó la política básica: que los hombres que habían perpetrado crímenes graves y ayudaron a derrocar a un gobierno democrático podrían ser policías en vez de ser castigados por sus crímenes.

Después del terremoto de 2010 y la polémica elección de 2011 el presidente Michel Martelly (un aliado duvalierista), se ha creado una campaña para reconstituir al ejército del país. Francia se ha ofrecido a ayudar a financiarla, mientras que Brasil y Ecuador se han ofrecido a ayudar con el entrenamiento.

Recientes estudios científicos realizado por las ONG en Haití muestran que el 97 por ciento de la población en general está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la reconstitución del ejército. El pueblo de Haití conoce la historia de la brutalidad del ejército y paramilitares en el país.

Ya es hora que los ciudadanos estadounidenses y de otros países, vigilen mucho mejor lo que hacen sus gobiernos en Haití. El Congreso de EE.UU. debe aumentar la fiscalizacion de la ayuda económica a Haití, asegurándose  que el dinero asignado para las relaciones exteriores no atente contra la democracia y la justicia, y no le otorgue mas impunidad a los criminales duvalieristas.

Los movimientos sociales en la República Dominicana, al igual que en los EE.UU., necesitan reclamarles a las autoridades responsables, de sus delitos en el extranjero. Lo más importante es, que los movimientos populares en la República Dominicana tienen que estar sólidamente vinculados con el movimiento popular en Haití, oponiéndose a golpes de Estado y a la violencia paramilitar.

Jeb Sprague es el autor del nuevo libro, «El Paramilitarismo y el Asalto a la Democracia en Haití». Actualmente se está trabajando en versiones en español y francés. Leer más aquí: http://monthlyreview.org/press/books/pb3003/

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Opinión

Dos visiones antagónicas.

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Dr. Isaías Ramos

El presidente Nayib Bukele no desaprovechó la oportunidad durante la inauguración de su segundo mandato para distanciarse abiertamente de las ideas ultraliberales del presidente argentino, Javier Milei. En un discurso de enaltecimiento a Dios y cargado de convicción, Bukele enfatizó una visión en la que «lo público debe ser mejor que lo privado», instando a su pueblo a rechazar las «voces que tratan de envenenar» los esfuerzos por construir un bien común. Esta declaración no solo marca una divergencia ideológica, sino que también subraya un compromiso con un modelo económico y social radicalmente distinto al propuesto por su homólogo argentino.

Frente al modelo de anarcocapitalismo de Milei, que promueve una mínima intervención estatal y una libertad individual sin cortapisas, Bukele propone un enfoque de capitalismo coordinado que coloca el bienestar público en el centro de su administración. Inspirándose en ejemplos de éxito internacional como Singapur, Bukele busca transformar a El Salvador en un modelo de igualdad social y prosperidad, fomentando políticas que no solo mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que también aseguren un acceso equitativo a servicios básicos esenciales.

Por el contrario, Javier Milei defiende una posición extremadamente liberal donde el Estado renuncia a su rol regulador y protector. Este enfoque, aunque promete desatar la innovación y potenciar la eficiencia económica, oculta riesgos graves como una desigualdad social creciente y un debilitamiento de los servicios públicos que podrían llevar a Argentina a una crisis profunda y duradera. Este contraste dramático entre los modelos de Bukele y Milei esboza no solo dos futuros económicos divergentes, sino también dos visiones sociales opuestas.

Mientras El Salvador avanza con determinación hacia un futuro prometedor y justo bajo la dirección de Bukele, Argentina se encuentra en una encrucijada peligrosa, con el potencial de caer en el caos si sigue sin cuestionar los postulados anarcocapitalistas de Milei.

Las políticas que adopten estos líderes determinarán el bienestar tangible y el desarrollo socioeconómico de sus ciudadanos en las próximas décadas. La diferencia entre un futuro construido sobre principios de equidad y justicia social y uno basado en una desregulación radical podría no solo influir en el bienestar económico, sino también en la cohesión social y la estabilidad política de cada país.

En el Frente Cívico y Social, estamos comprometidos a transformar la visión de futuro de nuestra nación. Es esencial que cada dominicano se pregunte qué tipo de sociedad desea y qué legado queremos dejar para las futuras generaciones. Ante la tentación de seguir a líderes que prometen soluciones fáciles en tiempos de crisis, debemos ser prudentes y no dejarnos llevar por la desesperación hacia falsos salvadores. Es momento de rechazar a la vieja guardia política, corrupta y engañosa, y construir un camino hacia un progreso real y duradero.

Nosotros, en el FCS, instamos a la ciudadanía a unirse a nuestro compromiso de forjar un proyecto de nación que no solo resguarde los intereses de todos, sino que también inspire y enamore al pueblo dominicano. Este es el momento de definir nuestro rumbo colectivo: optar por un desarrollo verdaderamente inclusivo y justo, que coloque el bienestar de todos por encima de intereses partidistas y económicos. Juntos, podemos construir un futuro que no solo sea prometedor, sino que sea un reflejo de nuestras aspiraciones más elevadas como nación. Juntos, construyamos ese futuro.

Despierta,RD!

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Opinión

Solicitud  de libertad provisional  de la persona antes de su entrega a la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En la audiencia inicial ante la autoridad judicial estatal, la persona detenida podrá solicitar la libertad provisional antes de su entrega. Deberá  notificarse cualquier solicitud para libertad provisional a la Sala de Cuestiones Preliminares  de la Corte Penal Internacional, que hará recomendaciones a la autoridad competente del Estado, la cual tomará en cuenta esas recomendaciones antes de tomar una decisión.

Se deberá considerar la gravedad del presunto crimen, y si ¨hay circunstancias urgentes y excepcionales  que justifiquen la libertad provisional¨, y si existen  ¨salvaguardias necesarias para que el Estado de detención  pueda cumplir su obligación de entregar¨

Si se le concede la libertad provisional a la persona, la Sala de Cuestiones Preliminares, podrá solicitar informes periódicos sobre la situación de la libertad provisional, los cuales deberá proveer el Estado de detención, según el artículo 59 del Estatuto de Roma.

Se deberá  de tomar nota sobre el tiempo de detención en el Estado y mantener este récord hasta que la persona sea absuelta  o condenada por la Corte Penal Internacional, según  lo establece el artículo 78 del Estatuto de Roma.

En cuanto a las obligaciones  acerca de la libertad provisional el Estatuto de Roma establece lo siguiente:

  1. a)Las personas detenidas por medio de una orden de la CPI deberá tener la oportunidad de ejercer su derecho a solicitar la libertad condicional antes de su entrega, En algunas jurisdicciones, esta aplicación no sería necesaria, ya que la autoridad competente  ya se encuentra obligada a determinar si la persona debe ser detenida  o no, aunque esta no solicite su libertad.
  2. b)La autoridad competente del Estado requerido deberá tomar en cuenta si, dada la gravedad del supuesto crimen, existen circunstancias urgentes  o excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado pueda  cumplir su obligación de entregar a la persona a la CPI. No obstante  el Estado requerido no puede examinar si la orden de detención fue dictada conforme a derecho con arreglo al Estatuto de Roma.
  3. c)Los Estados deberán notificar a la Sala de Cuestiones Preliminares cualquier  solicitud de libertad provisional, y prever para que las autoridades estatales tomen en cuenta las recomendaciones de la Sala, antes de tomar una decisión.
  4. d)Si se concede la libertad provisional a la persona, los Estados deberán responder  a cualquier solicitud de la Sala de Cuestiones Preliminares para informes periódicos  al respecto.

En el ámbito de la implementación de la libertad provisional  se necesitan leyes  y procedimientos que permitan la libertad provisional de los sospechosos , tales como leyes  que conceden  fianzas o cualquier otra medida  que restrinja la libertad.Se requieren leyes que garanticen  que la autoridad estatal que tome la decisión de conceder  o no la libertad provisional  deba tomar consideración de los factores  detallados en el artículo 59 del Estatuto de Roma y cualquier recomendación hecha por la Sala de Cuestiones Preliminares  sobre el caso.

Por otro lado, se necesita un procedimiento que informe periódicamente a la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el estatus de la libertad provisional. En otras palabras quien sea que conceda  la libertad provisional deberá comunicar esto a la autoridad competente para que informe a la Sala de Cuestiones Preliminares , luego se deberá establecer un mecanismo que revise periódicamente la libertad provisional,  o el estatus de la misma, para luego comunicar esto periódicamente a la Sala de Cuestiones Preliminares.

Las personas que tengan a su cargo  los centros penitenciarios  deberán llevar una cuenta especial  de cualquier persona detenida de conformidad con una orden  de la Corte Penal Internacional, y enviar una copia de tal archivo a esta última, cuando la persona se entregue  ante la  Corte. Esto ayudará a que la CPI  pueda determinar una condena apropiada, si la persona es  posteriormente condenada.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

El PLD camino al abismo

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Por Nelson Encarnación

El Partido de la Liberación Dominicana emergió, en 1990, como la segunda fuerza política del país en términos de votación presidencial, pero la primera en la Cámara Baja, al acumular una representación de 44 diputados, además de 12 senadores.

Para aquellos también traumáticos comicios, el partido morado dejó atrás su condición de tercera fuerza, espacio que ocuparía, brevemente, el Partido Revolucionario Dominicano, como resultado de la división que le sobrevino a la derrota de 1986.

Se suponía que, con ese caudal, la organización se erigía como el competidor por excelencia del entonces partido hegemónico, el Reformista Social Cristiano, dirigido por su líder y eterno candidato, Joaquín Balaguer.

Sin embargo, en los comicios de 1994, el PLD tuvo una caída estrepitosa, al pasar del 33.79% recibido en 1990, a apenas el 13.12%, un impresionante desplome de 20 puntos porcentuales, un solo senador y 12 diputados.

Fue un resbalón que le regresó antes de 1986, año en el cual tuvo su primer acceso al Senado con la elección de Laureano Guerrero Sánchez, por La Romana, y Daniel Mejía, por San Pedro de Macorís.

Aquella caída se atribuyó al deterioro físico que ya afectaba al profesor Juan Bosch, quien de todos modos fue su candidato presidencial por última vez, pero también a la recuperación del PRD de la mano de José Francisco Peña Gómez.

Pero en el PLD actuaron con gran visión, sentido de oportunidad y cierta astucia, y pudieron capitalizar parte de la solución de la crisis política derivada de las irregularidades comprobadas en las elecciones de ese año 1994.

Crearon una dirección colectiva en el sentido genuino del término, pusieron manos a la obra, y apenas dos años después su nuevo candidato, Leonel Fernández, alcanzó casi el 39% en la primera vuelta, para ganar en la segunda, aunque de la mano de Balaguer.

¿Está el PLD en las mismas condiciones de 1994 para reponerse de los escombros que le ha dejado la última elección? Ni por asomo.

El declive definitivo de la formación morada es cuestión de tiempo, pues contra ella acechan dos elementos igual de complejos.

Uno, su falta de una colectividad como la de 1994; otro, el crecimiento que experimentó Leonel en los comicios recientes, un probable imán para atraerse al PLD. Observemos el panorama que viene.

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