Opinión
Reconstituir al ejército hará que Haití revierta a un pasado de 30 años atrás
Por Jeb Sprague
El gobierno Haitiano está haciendo planes para reconstituir al disuelto ejército, una institución responsable de muchos de los peores crímenes cometidos en la historia del país. Al mismo tiempo, el gobierno ha movilizado policías especiales para sacar de sus campamentos a los damnificados por el terremoto de 2010.
Mientras que la sociedad civil y las organizaciones populares en Haití están haciendo campañas en contra de un retorno a la época represiva de la dictadura duvalierista, los ciudadanos de Estados Unidos y la Repùblica Dominicana debemos ser conscientes de la larga historia de apoyo que han dado nuestros gobiernos a los militares y paramilitares de Haití.
Todo comenzó con la formación de un ejército moderno durante la ocupación de Haití por EE.UU. entre 1915-1934. Los EE.UU. se replegaron de Haití sólo después de asegurarse que los militares haitianos podían continuar la ocupación. Un proceso similar, también de supervisión estadounidense, se produjo en el lado dominicano de La Española.
A principios de 1960, los marines entrenaron a los Tonton Macoutes, la fuerza paramilitar del notorio dictador Francois «Papa Doc» Duvalier. Cuando el hijo de Duvalier, Jean-Claude, asumió la presidencia en 1971, antiguos marinos entrenaron y equiparon a un brutal cuerpo del ejército que se llamaba Los Leopardos. Los instructores trabajaban para una empresa de Miami, contratada por la CIA y supervisada por el Departamento de Estado.
Los peores paramilitares violadores de los derechos humanos, fueron lanzados a la clandestinidad con la inauguración del primer gobierno de Haití elegido democráticamente en febrero de 1991.
Sólo siete meses después, las fuerzas militares derrocaron al presidente del país, Jean-Bertrand Aristide. Una nueva organización paramilitar, FRAPH, lanzó una ola de terror, apoyada por la CIA.
Después de años de presión popular sobre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, la democracia de Haití fue restaurada en 1994. Aristide disolvió al ejército (entrelazado con los paramilitares) y entabló procesos judiciales contra los entes financieros y paramilitares. Esta fue la primera vez en la historia moderna de Haití, que las fuerzas paramilitares no gozaron de impunidad.
Sin embargo, los diplomáticos estadounidenses presionaron para la inclusión de algunos ex militares haitianos, en importantes cargos en la nueva fuerza policial del país. Como lo señaló Human Rights Watch en un informe, los Estados Unidos utilizaron sectores de las fuerzas de seguridad de Haití para reprimir al movimiento popular en el país, al mismo tiempo, que los ex militares durante décadas controlaban el narcotráfico a través de Haití. Una vez disuelto el ejercito, un puñado de elites y ex-militares (algunos ahora dentro de la policía) competían por el control del tráfico de la cocaína.
En el 2000 un grupo de estos ex militares conocidos como los «ecuatorianos», (un grupo de cadetes que habían recibido entrenamiento en Quito, Ecuador, beneficiándose de una estrecha relación con los Estados Unidos), demostraron cómo la influencia de EE.UU. en las fuerzas de seguridad de Haití, lejos de reformarlas, ha surtido el efecto contrario. A finales de 2000, este grupo paramilitar inició ataques en Haití con el fin de derrocar al Presidente Aristide nuevamente.
Más tarde, otros se unieron a los paramilitares, entre ellos algunos de los más ricos líderes empresariales de Haití los cuales eran neo-duvalieristas, un pequeño grupo de funcionarios oportunistas dentro del gobierno haitiano, algunos sectores del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano y el ejército dominicano. También es probable que hubo algún tipo de apoyo de los EE.UU. y Francia a través de las agencias de inteligencia — tal como lo revelaron recientemente documentos desclasficados, recopilados a través de la Ley de Libertad de Información de E.U. (FOIA), y entrevistas con los participantes.
Usando a República Dominicana como base, los paramilitares fueron capaces de ampliar sus operativos criminales y en 2004, jugaron un papel clave en el golpe de Estado que derrocó al segundo gobierno de Aristide. La OEA y EE.UU. no hicieron nada para que la República Dominicana extraditara o detuviera a los paramilitares haitianos que utilizaban el territorio dominicano.
Después del golpe, los procesos judiciales contra los paramilitares fueron suspendidos. Los financieros de los escuadrones de la muerte gozaron de impunidad total. Poco después, 400 miembros de la fuerza paramilitar se insertaron en una policía renovada bajo la supervisión del EE.UU., la ONU y la OEA. Ahora sabemos de esto también a través de los cables secretos de la embajada de EE.UU. publicados por Wikileaks.
En estos cables hay una cierta inquietud expresada por la embajada de los EE.UU. sobre los paramilitares, pero nunca se cuestionó la política básica: que los hombres que habían perpetrado crímenes graves y ayudaron a derrocar a un gobierno democrático podrían ser policías en vez de ser castigados por sus crímenes.
Después del terremoto de 2010 y la polémica elección de 2011 el presidente Michel Martelly (un aliado duvalierista), se ha creado una campaña para reconstituir al ejército del país. Francia se ha ofrecido a ayudar a financiarla, mientras que Brasil y Ecuador se han ofrecido a ayudar con el entrenamiento.
Recientes estudios científicos realizado por las ONG en Haití muestran que el 97 por ciento de la población en general está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la reconstitución del ejército. El pueblo de Haití conoce la historia de la brutalidad del ejército y paramilitares en el país.
Ya es hora que los ciudadanos estadounidenses y de otros países, vigilen mucho mejor lo que hacen sus gobiernos en Haití. El Congreso de EE.UU. debe aumentar la fiscalizacion de la ayuda económica a Haití, asegurándose que el dinero asignado para las relaciones exteriores no atente contra la democracia y la justicia, y no le otorgue mas impunidad a los criminales duvalieristas.
Los movimientos sociales en la República Dominicana, al igual que en los EE.UU., necesitan reclamarles a las autoridades responsables, de sus delitos en el extranjero. Lo más importante es, que los movimientos populares en la República Dominicana tienen que estar sólidamente vinculados con el movimiento popular en Haití, oponiéndose a golpes de Estado y a la violencia paramilitar.
Jeb Sprague es el autor del nuevo libro, «El Paramilitarismo y el Asalto a la Democracia en Haití». Actualmente se está trabajando en versiones en español y francés. Leer más aquí: http://monthlyreview.org/press/books/pb3003/
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.
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