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Sólo tenía meses en San Cristóbal Coronel de la Policia Nacional implicado en robo millonario.
Santo Domingo. – Apenas tenia tres mees uno de los policías involucrados en un presunto robo millonario en medio de un proceso investigativo en laDirección Provincial de San Cristóbal, a la que llegó en noviembre de 2025, cuando se fortaleció el cuerpo operativo para hacer frente al aumento de hechos delictivos denunciados por la comunidad.
Se trata del coronel Carlos José Signey Kely, quien fungía como subdirector de la institución en la demarcación y, junto a otros implicados en la trama, fue puesto a disposición de la justicia para los fines de acciones legales.
La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien destacó que, hasta el momento de su apresamiento durante el fin de semana, el oficial no contaba con antecedentes penales.
Identifican tres de los policías acusados de sustraer más de un millón en San Cristóbal
“El que tiene vocación a hacer acciones no legales, la va a hacer en un mes, en un día, en dos días”, enfatizó la funcionaria este miércoles en una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema.
Raful explicó que, en este caso, no hubo una denuncia formal ante las autoridades, sino que, como en ocasiones anteriores, la investigación surgió dentro de la Policía Nacional, a través de su Departamento de Inspectoría.
Detalló que la Dirección de Asuntos Internos es la encargada de continuar con el proceso indagatorio, quienes inmediatamente someten al Ministerio Público a los agentes involucrados en hechos delictivos o que comprometen su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
“Ahora se sabe, antes no se sabía”, precisó la ministra, al tiempo que resaltó que la reestructuración del cuerpo del orden también ha mostrado avances significativos en cuanto al nivel educativo de los uniformados, quienes ahora se han integrado a la institución con una formación distinta.
Recordó que los nuevos policías deben completar una etapa de formación de aproximadamente un año, durante la cual reciben monitoreo constante por parte de los superiores y en áreas especialidades como psicología y toxicología.
Mayor vigilancia
Entre las mejoras organizativas en la Policía Nacional, Faride Raful citó la integración de más uniformados a las calles. Según la ministra, cuando inició la actual gestión solo el 13 % de los policías estaba asignado a labores de patrullaje.
Actualmente, aseguró, que la cifra ronda el 26 %, tras la incorporación de unos 9,000 nuevos agentes, elevando el total activo a más de 44,000 efectivos.
Explicó que el nuevo modelo de patrullaje incluye sectorización territorial, mayor equipamiento, incorporación de cámaras corporales (bodycams) y la creación del Centro de Monitoreo y Evaluación Permanente (Cepol), desde donde se supervisa el desempeño operativo.
En relación a la seguridad ciudadana, indicó que el 50 % de los hechos violentos registrados en el país corresponde a conflictos sociales; riñas, disputas interpersonales y violencia intrafamiliar, los cuales no están ligados a la delincuencia organizada.
Finalmente, Raful subrayó que una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, actualmente en el Congreso, contempla cambios estructurales en el sistema de ascensos, el fortalecimiento de asuntos internos, que pasaría al Ministerio de Interior y Policía, y la regulación del uso de la fuerza por parte de los agentes. Además, plantea la creación de la carrera de patrullero.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.