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Micky López vuelve a juicio tras corte anular decisión que extingue acción penal.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.