Análisis Noticiosos
22 años de cárcel para el líder de los Proud Boys Enrique Tarrio por asalto al Capitolio
El juez aplica la agravante por terrorismo al cabecilla de la milicia de extrema derecha próxima a Trump. Otros cuatro miembros del grupo han recibido penas de entre 10 y 18 años de prisión
Washington.-Las cuentas pendientes con la justicia de la cúpula de los Proud Boys, milicia de extrema derecha próxima a Donald Trump, quedaron este martes saldadas en un juzgado de Washington con la condena a 22 años de prisión a Enrique Tarrio, su presidente. El juez, que lo definió como el “cabecilla último de la conspiración” y le aplicó la agravante por “terrorismo”, dictó así para la cara más visible de esos Muchachos Orgullosos la pena más alta de las centenares ya impuestas a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El grupo se hizo un nombre en Estados Unidos durante el convulso 2020 a base de reventar por todo el país, entre otras, las protestas que siguieron al asesinato a manos de la policía del afroamericano George Floyd. Aquella escalada de violencia desembocó en la participación de dos centenares de ellos en la insurrección que siguió aquel día a un mitin del aún presidente frente a la Casa Blanca, que Trump se negaba a abandonar.
Cinco miembros del grupo (además de Tarrio, Joe Biggs, Zachary Rehl, Ethan Nordean y Dominic Pezzola) fueron declarados en mayo pasado culpables tras un juicio de 15 semanas. Cuatro de ellos, por el delito de conspiración sediciosa. Los cinco, por obstrucción de un procedimiento parlamentario: la transferencia de poder a Joe Biden tras su victoria sobre Trump en las elecciones del noviembre anterior, un triunfo que el expresidente aún cuestiona.
La lectura de la sentencia a Tarrio estaba prevista para el miércoles pasado, pero se retrasó por enfermedad del juez, Timothy J. Kelly, un nombramiento de los años de Trump en la Casa Blanca. Los fiscales pedían para él 33 años de cárcel. Este martes, la decisión del magistrado, fijada para “la tarde”, se hizo esperar hasta el último minuto, mientras aquel decidía si añadía la agravante por terrorismo, que no aplicó, pese a la solicitud de la Fiscalía, con los anteriores condenados. El abogado de Tarrio, Nayib Hassan, dijo que su cliente no es un terrorista, sino un “patriota descarriado”.
A Kelly no parece haberlo ablandado el hecho de que el 6 de enero, Tarrio, cubanoestadounidense de 39 años, natural de Miami, no estuviera en allí. Siguió el ataque por televisión a 60 kilómetros del lugar de los hechos, desde un hotel de Baltimore: la policía le había prohibido pisar Washington, tras un arresto en la ciudad por quemar la bandera antirracista de Black Lives Matter de una iglesia. La fiscalía considera que incitó a decenas de Proud Boys a marchar sobre el Capitolio y que les envió mensajes para que no cejaran en su empeño mientras se desarrollaban los hechos.
Tras la algarada, Tarrio, como recordó el juez, sentenció: “No se equivoquen… ¡nosotros hicimos esto!”. Después concedió varias entrevistas en las que trató de distanciarse de las acciones de sus correligionarios. Uno de ellos, Pezzola, fue el primero en entrar en el edificio tras romper una ventana con el escudo que le había arrebatado a un policía antidisturbios. Unos 150 de estos agentes sufrieron heridas en el ataque. Poco antes de escuchar su sentencia, el líder de los Proud Boys dijo este martes, tras las defensas llorosas de su novia, su hermana y su madre, que “siempre” ha tenido a las fuerzas del orden “un gran respeto”. “Espero poder disculparme algún día personalmente con ellos”, añadió. También se dirigió a los ciudadanos de Washington ―“Siento profundamente lo que pasó aquel día―, a los congresistas ―”No puede haber lugar para la violencia política”―, a la opinión pública estadounidense ―”El 6 de enero fue una vergüenza nacional”― y al juez: “Por favor, sea misericordioso”. En su lectura de la sentencia, Kelly dudó de la sinceridad del reo.
Al líder de los Proud Boys sí se lo pudo situar durante el 5 de enero en las inmediaciones del Capitolio: se vio en un aparcamiento de subterráneo de la capital con Stewart Rhodes, su homólogo en otro grupo violento implicado en la insurrección, los Oath Keepers (Guardianes del Juramento). Rhodes fue también considerado culpable de conspiración sediciosa y condenado a 18 años de prisión en mayo, con la agravante, también, de terrorista. Aquel fallo había marcado el anterior récord en la causa del 6 de enero, definida por el fiscal general, Merrick Garland, como la más grande la la historia del Departamento de Justicia estadounidense. Más de 1.100 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con aquellos disturbios. Más de 600 de ellas han sido condenadas y sentenciadas.
No directamente por el asalto al Capitolio, pero sí por sus intentos de revocar el resultado electoral, Trump está imputado tanto en Washington, donde está previsto que se siente en el banquillo el 4 de marzo de 2024, como en el Estado de Georgia, uno de los escenarios donde se certificó su derrota, que trató de alterar a base de presionar, entre otros presuntos hechos delictivos, a funcionarios electorales. En el caso del expresidente no hay acusación de conspiración sediciosa, pero sí uno relativo a crimen organizado, que puede conllevar importantes penas de cárcel.
El magnate republicano estuvo muy presente en el juicio de los Proud Boys, celebrado en el palacio de justicia E. Barrett Prettyman. Una de las primeras decisiones del juez fue admitir como prueba el vídeo en el que Trump daba una orden a los Proud Boys durante un debate electoral de aquellas presidenciales. “Retroceded y permaneced a la espera”, les dijo. Gestos de sintonía como ese, le valieron a la milicia el sobrenombre de “ejército de Trump”.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.