Opinión
24 de abril» qué hacer 58 años después
Por Narciso Isa Conde
El eje político-social fundamental de la insurrección de abril de 1965 fue restablecer la democracia plasmada en la Constitución de 1963 y en la gestión del Gobierno de Bosch, negada por la alianza golpista de EU-oligarquía-partidos de derecha y generales corruptos, y a continuación defender la autodeterminación frente a la invasión militar estadounidense, que finalmente garantizó la imposición de la contra-revolución imperialista.
Los 58 años posteriores de negación de soberanía, perversión del sufragio y del modelo representativo, entronización de la corruptela y degradación política, crisis de salud y educación, violencia de género y negación de derechos fundamentales de la mujer y profundo deterioro ambiental… fortalecen la necesidad de reconstituir el Estado dominicano, sus instituciones y el proyecto de sociedad sobre la base de democracia directa, participación comunitaria, justicia y solidaridad.
Es imprescindible, por tanto, una corte con ese pasado opresivo, ahora retomado por un cambio político que tiene mucho de farsa y demasiado de profundización de la recolonización neoliberal, privatización del Estado y del patrimonio natural (APPs, privatizaciones, empobrecimientos, endeudamiento ominoso, entrega del subsuelo, del territorio y de las fuentes de aguas…), nuevas modalidades de corrupción empresarial y de subordinación extrema a un imperio decadente.
En estas circunstancias es pertinente reivindicar contenidos esenciales de la Revolución Constitucionalista que encabezaron los coroneles Fernández Domínguez y Caamaño, brutalmente obstruida por la invasión militar estadounidense.
La crisis crónica que afecta nuestra nación evidencia que el modelo político-institucional impuesto por la invasión militar de los EEUU en 1965, reforzado a lo largo de 58 años de recolonización económica y cultural, y cada vez más deteriorado por el impacto de la globalización neoliberal del capitalismo y la corrupción estatal, debe ser radicalmente superado.
El momento indica que el proyecto de Nación y sociedad que encarnó aquella revolución debe ser retomado, actualizado y renovado; comenzando por movilizar y paralizar zonas del país con los reclamos que el sistema vigente bloquea sistemáticamente. ¡Como viene haciendo las organizaciones de la Coalición del Cibao!
Urge crear, desde un ejercicio consecuente de soberanía popular, un nuevo sistema. Y en tanto abril del 65 es continuidad de la gesta Trinitaria y la epopeya Restauradora -ejemplo y referencia además de nuevas modalidades de insumisión, poder popular, proceso constituyente, rescate de la soberanía nacional, unidad cívico-militar y defensa de la Constitución más avanzada de la historia republicana- vale retomar, con espíritu innovador, sus valiosas enseñanzas.
Si algo se destaca en los contenidos políticos de la revolución del 65 –pisoteados por la clase dominante-gobernante y traicionado por el PRD-PRM y PLD- es el esfuerzo trascendente por refundar la república, construir un Estado realmente democrático y soberano, acompañado de un poder popular transformador con intensa participación comunitaria; algo solo posible de lograr, si lo viejo degradado es echado abajo y lo nuevo brota de un poder y un Proceso Constituyente, que implique Cambio Radical, Asamblea Constituyente Popular y Soberana y nueva Constitución inspirada en la de 1963 ¡Vale atreverse!
jpm-amn
Por Rommel Santos Diaz
A fin de establecer la forma como se relacionan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, se estima necesario identificar cuáles son los elementos comunes y disímiles que definen la naturaleza y competencia de cada uno de estos órganos jurisdiccionales internacionales.
Para tratar este tema conviene citar a Cherif Bassiouni quien señala que la Corte no es un órgano supranacional, sino un ente internacional similar a otros ya existentes, entre los que se puede mencionar a la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, ambos tribunales tienen en común ser órganos jurisdiccionales internacionales de carácter permanente y de vocación universal.
A pesar de la existencia de otros tribunales internacionales permanentes que también ejercen una competencia restringida ratione personae y ratione materiae, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia son los únicos tribunales internacionales que tienen vocación universal, lo que permite a cualquier Estado ser Parte en el Estatuto de Roma y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, reconociendo la competencia de estos tribunales.
Por el contrario, otros órganos jurisdiccionales internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, los Tribunales Penales Ad-Hoc para la Ex Yugoslavia y para Ruanda tienen una competencia restringida en base criterios geográficos y técnico-jurídicos y por tanto no tienen vocación universal.
Desde una perspectiva general es posible afirmar que los tribunales internacionales ejercen dos tipos de competencia: competencia contenciosa y competencia consultiva.
La primera permite a un tribunal internacional ´´decir el derecho´´ y resolver controversias jurídicas, mientras que la competencia consultiva permite a un órgano jurisdiccional interpretar los alcances de las disposiciones contenidas en los tratados. Dichas decisiones se denominan ´´ Opiniones Consultivas´´´ y no tienen el mismo carácter de obligatorio cumplimiento que una sentencia. En este caso, La Corte Internacional de Justicia tiene competencias contenciosas y consultivas y mientras que la Corte Penal Internacional sólo tiene competencia contenciosa.
Un análisis de las competencias contenciosas de ambos tribunales permite identificar diferencias en relación al tipo de competencias atribuidas a ambos en relación a la materia, a los sujetos que pueden acudir a ellas, así como respecto a los sujetos de derecho internacional cuya responsabilidad es declarada por ambas jurisdicciones.
Si bien ambos tribunales internacionales resuelven controversias reguladas por el derecho internacional , la Corte Internacional de Justicia tiene una competencia general en materia de controversias internacionales mientras que la Corte Penal Internacional sólo conoce los crímenes tipificados en el Artículo 5 del Estatuto de Roma.
Por Nelson Encarnación
Los presidentes suelen aplicar su propia lógica de gobernar y actúan conforme el momento y lo que entienden la oportunidad adecuada en procura del mayor provecho para la administración.
Desde hace algunos meses se han escuchado voces desde distintos espacios que piden al presidente Luis Abinader realizar cambio de funcionarios para “relanzar el Gobierno”, bajo el argumento de que, al ratificar a la mayoría de los incumbentes cuando asumió su segundo mandato en agosto de 2024, estaba abriendo el camino para que el Gobierno se le pusiera “viejo”.
Sin embargo, el jefe del Estado entendió que esos reclamos podían obedecer al interés genuino de dichos voceros, pero también se cuidó de no actuar fuera del momento adecuado.
Y es ahí que el momento adecuado lo consideró en esta primera semana de trabajo del joven año 2026, y se puso manos a la obra con el movimiento de fichas que hizo este martes.
Nótese que el gobernante ha removido a los ministros y algunos funcionarios de otras áreas que llevaban en sus puestos desde el 16 de agosto de 2020.
Estos cambios han abarcado los ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, Mujer y Vivienda, así como las dos áreas fundamentales de los ingresos del Gobierno, es decir, las direcciones de Aduanas e Impuestos Internos, cuyos titulares también venían desde 2020.
El ámbito de políticas sociales del Gobierno no tiene ese impacto mediático que las anteriores posiciones citadas, pero al manejar la asistencia a millones de personas vulnerables, no se puede desdeñar su relevancia.
En fin, estos movimientos implementados por el presidente de la República en un momento no habitual para que la población espere cambios en el tren administrativo resaltan el estilo del jefe del Ejecutivo que no anda esperando fechas específicas—digamos febrero de la Independencia o agosto de la Restauración—para remover a quienes necesite reubicar o dejar fuera de Gobierno.
¿Satisfacen estos cambios el deseo de quienes pedían relanzar el Gobierno y el morbo de quienes piden cortar cabezas solo por verlas rodar?
Esta interrogante es difícil de responder, sobre todo en un ambiente cargado de buenas y malas intenciones, de intrigas, intereses solapados y deseos de molestar sin resultados.
El presidente Abinader es quien sabe el beneficio que procura con estos movimientos, que no es otro que remozar instituciones que necesitan creatividad.
Por Narciso Isa Conde
El plan estadounidense busca desplazar a China, Rusia y otras potencias, aumentando riesgos de conflicto global.
Santo Domingo.– EE.UU sigue sobrevalorando su erosionado poderío global, aunque su abrumante hegemonía histórica, se ha deteriorado significativamente. Una cosa es su relato y otra su realidad.
Estrategia militar y reordenamiento en América Latina
EEUU ha sufrido derrotas y pérdidas de capacidades competitivas, por lo que su nueva estrategia de seguridad nacional plantea reordenar su poderío militar, priorizando el Hemisferio Occidental y concentrando fuerzas en el Caribe y el Pacífico suramericano, para intentar restablecer su diezmada dominación absoluta en esta subregión latino-caribeña.
Ese reordenamiento incluye cercos navales, ubicación de poderío aéreo en el mar y de tropas para tratar de controlar territorios y corredores marítimos en interés de apoderarse de riquezas minerales y obstruir rutas comerciales.
Impacto geopolítico y riesgos globales
A eso, el PENTÁGONO y su ARMADA, agrega un despliegue de fuerzas navales en el indico-pacifico y otros mares como recursos obstructivos de rutas comerciales usadas por sus aventajados competidores.
EE.UU. pretende así recuperar terrenos perdidos y fortalecer sus emplazamientos militares en América Latina y el Caribe, como parte de una reorientación de su política exterior que procura apropiarse de valiosos recursos naturales y sacar a China, Rusia y otras potencias competidoras de este subcontinente.
La nueva estrategia abarca tanto lo relativo a sus intenciones de hacer colapsar las soberanías de Venezuela, Cuba, Nicaragua y México, como de intentar afectar a China, Irán, la India, la Federación Rusa y otros países, exponiendo a la humanidad a un altísimo riesgo de escalamiento de la guerra global y su derivada nuclear.
Ella anuncia que los objetivos de Estados Unidos en el hemisferio pueden sintetizarse en la frase «alistar y expandir» («enlist and expand»), atraer viejos y nuevos aliados y expandir su debilitado dominio.
EEUU inició esta vertiente de su nueva estrategia, empleando el pretexto del narcotráfico para su despliegue naval y para sus agresiones militares puntuales, arreciando y remozando la Doctrina Monroe.
Ahora -agotada esa narco-retórica- TRUMP, en su rol de instrumento del Complejo Militar-Industrial– confiesa su determinación imperial de apoderarse de territorios y riquezas, empleando el uso de la fuerza para tratar de revertir los avances económicos de China, Rusia y otras potencias nucleares.
Tanto peligro encierra esa agresiva e irresponsable estrategia para la existencia de la humanidad y del planeta, que se ha generalizado la falsa idea de que míster Trump está «loco de remate».
Es, más bien, un neofascista visceral, con mucho de sociópata racista aferrado al dominio colonial y neocolonial que, ante el inevitable declive de la hegemonía de EEUU, ha tenido que abrazar el remozamiento de la Doctrina Monroe y el estímulo imperial a las nuevas derechas fascistoides. Esto, finalizando el 2025, convulsiona aún más el cuadro latino-caribeño y mundial.