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Objetan articulos del Código Penal mediante accion de inconstitucionalidad.
Santo Domingo.-Una accion directa de inconstitucionalidad fue sometida por el Colegio Médico Dominicano (CMD) en el Tribunal Constitucional al considerar que varios articulos del Código Penal vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la calidad de la atencion médica en el pais.
Y es que al penalizar el ejercicio médico esto podría provocar más estudios innecesarios, retrasos en la atención, rechazo de pacientes complejos y una reducción de especialistas en áreas de alto riesgo.
Así lo afirmó el presidente del gremio médico, Luis Peña Núñez, al enfatizar que las nuevas disposiciones, que entrarían en vigencia el próximo tres de agosto, generarían un cambio en la práctica médica hacia lo que se conoce como “medicina defensiva”.
“El médico deja de decidir por criterios clínicos y científicos, y empieza a pensar primero en cómo evitar un proceso penal”, señaló Peña Núñez, al indicar que esto traería como resultado servicios más caros y de difícil acceso.
En detalle, precisó que el recurso va dirigido contra disposiciones de la Ley 74-25 que, a su juicio, sobrepasan los límites del poder punitivo del Estado.
“Quiero empezar por lo más importante: esta acción no busca ni defiende impunidad. Los médicos estamos de acuerdo en que cuando actuemos con dolo, mala fe o culpa grave debemos responder ante la justicia”, aseguró.
“Lo que sí defendemos es que el poder punitivo del Estado tiene límites constitucionales que no pueden cruzarse, y los artículos 8, 9, 12 y 354, tal como están redactados, los cruzan de forma manifiesta”, sostuvo.
El titular del CMD detalló que el párrafo I del artículo 8, sobre responsabilidad de personas jurídicas, permite condenar penalmente a hospitales o clínicas sin identificar al responsable directo.
“Eso es responsabilidad por presunción. Rompe la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y la personalidad de la pena”, explicó.
En cuanto al artículo 9, indicó que amplía la responsabilidad sin criterios claros, mientras que el artículo 12, sobre omisión y posición de garante, lo calificó como ambiguo e impreciso.
“La medicina es una actividad de medios, no de resultados. Nadie puede garantizar curar siempre, pero esta norma permite que cualquier complicación se interprete como delito”, advirtió.
Asimismo, criticó el numeral 1 del párrafo del artículo 354, que duplica las sanciones si el médico ejerce en el sector público.
“Un médico es médico donde trabaje. Tratarlo distinto viola el principio de igualdad establecido en la Constitución”, agregó.
Peña Núñez advirtió que, lejos de proteger a los pacientes, estas normas podrían debilitar el sistema sanitario y afectar el artículo 61 de la Constitución, que garantiza el derecho a la salud.
“Normas hechas para proteger la salud terminan destruyéndola”, expresó.
El gremio sostuvo que su acción también busca proteger a los pacientes ante posibles distorsiones en la atención médica.
En tanto que, el expresidente del CMD, Waldo Ariel Suero, aseguró que el nuevo Código Penal entra en contradicción con la Ley General de Salud al atribuir responsabilidades excesivas a los médicos.
“El responsable directo de la salud es el Estado. Nosotros somos parte de una red compleja”, indicó.
Explicó que situaciones estructurales, como la falta de insumos o sangre en hospitales, podrían derivar en sanciones penales injustas contra el personal médico.
“Si un paciente muere por falta de sangre, el responsable no es el médico, pero es quien termina preso”, denunció.
Sustento en jurisprudencia constitucional
El CMD argumenta que su recurso se basa en precedentes del propio Tribunal Constitucional, como las sentencias TC/0044/12 sobre razonabilidad, TC/0276/19 sobre proporcionalidad y TC/0159/13 sobre igualdad.
“Bajo estos estándares, estas normas no pasan la prueba de constitucionalidad”, afirmó Peña Núñez.
Reiteró que confía en que el Tribunal Constitucional acogerá la acción y declarará inconstitucionales los artículos impugnados.
Santo Domingo, R.D.-David Collado, segun el diputado Aníbal Díaz, respalda la propuesta de consenso para la renovación de la dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno en una plancha encabezada por el presidente Luis Abinader en la presidencia; Deligne Ascención como primer vicepresidente; Juan Garrigó en la secretaría general y Gloria Reyes en la secretaría de organización.
Las declaraciones del congresista coinciden totalmente con una publicación de El Día, que informó que la plancha de consenso para elegir las autoridades del PRM para el período 2026-2028 estaría integrada por Abinader, Ascención, Garrigó y Reyes.
Dijo que Collado respaldó la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que Juan Garrigó sea postulado como secretario general, dentro de una plancha de consenso que sería aprobada en la asamblea de delegados convocada para el próximo domingo, reveló el diputado Aníbal Díaz.
El PRM escogerá el próximo domingo a sus autoridades nacionales, entre ellas el presidente, el secretario general, el secretario de organización, tres vicepresidencias y tres subsecretarías generales, mediante un acuerdo entre los principales liderazgos del partido, encabezados por Abinader, Mejía y Collado.
Díaz, uno de los colaboradores más cercanos del proyecto presidencial de Collado, afirmó que el ministro de Turismo y el expresidente Mejía mantienen una relación de colaboración y respeto mutuo, conscientes de la responsabilidad que tienen de preservar el equilibrio y la unidad de la organización política.
Según explicó, la secretaría de organización correspondería a la alianza entre David Collado y Eduardo Sanz Lovatón, quienes acordaron apoyar a Gloria Reyes para esa posición.
«David Collado le ha manifestado a Hipólito Mejía que, si ese es su deseo, él respalda la posición que tenga Hipólito Mejía, en el marco del manejo prudente y coherente que ambos han mantenido durante los últimos casi tres años, con una relación fluida, cordial y de respeto mutuo», afirmó Díaz.
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» Nuevo Código Penal responde a nuevas realidades delictivas», sostiene presidente del Senado.
Santo Domingo. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado, valoró de manera positiva la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que éste responde a la necesidad de actualizar y desfasar y hacer menos distantes de las nuevas modalidades delictivas.
De los Santos rechazó, además, las críticas que buscaban impedir la entrada en vigencia de la normativa, al asegurar que lo que se plantea es proteger la dignidad, la vida privada y las familias frente a ataques injustificados.
“La República Dominicana continúa siendo un país democrático y de derecho. Las críticas y expresiones públicas están permitidas dentro de los límites establecidos por la prudencia y el respeto a los demás”, aseguró el presidente del Senado.
Dijo que “el antiguo Código Penal fue creado hace más de un siglo y ya no respondía a los avances tecnológicos y sociales actuales”. En ese sentido, valoró que la nueva ley incorpora disposiciones y herramientas adaptadas a la realidad moderna, al contemplar nuevos tipos penales y adecuar las penas a las exigencias del presente.
Ricardo de los Santos reafirmó el compromiso del Congreso Nacional de permanecer abierto a introducir las modificaciones que la sociedad entienda necesarias.
“La aprobación del Código Penal fue una decisión política que se tomó con responsabilidad, debido al prolongado tiempo que la pieza permaneció en discusión en el Congreso”, dijo De los Santos.
El presidente del Senado se refirió también al proceso de evaluación para la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, destacando la transparencia con que se desarrolla el proceso, que incluye evaluaciones públicas, y ratificó su compromiso con la escogencia de candidatos independientes, con trayectoria y reconocimiento social.
SANTO DOMINGO.– El socio fundador del Grupo Ramos y un referente de la vida empresarial dominicana, Román Ramos Uria, ha fallecido, según lo informaron sus familiares, cuyo deceso se produjo este 5 de agosto del 2026.
Ramos Uría dedicó más de seis décadas al desarrollo de una empresa que se convirtió en una de las principales compañías comerciales de la República Dominicana, país que escogió como hogar, donde formó su familia y consolidó un proyecto empresarial basado en el compromiso, el trabajo y la responsabilidad social.
La familia destacó que su trayectoria estuvo marcada por el respeto a las personas, la valoración del trabajo bien hecho y el cumplimiento de la palabra empeñada, principios que se reflejaron en la relación de la empresa con clientes, colaboradores y las comunidades donde opera.
En 2025, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada, un reconocimiento oficial a sus aportes al país y a una vida de más de seis décadas de integración a la sociedad dominicana.
“Don Román era dominicano de corazón”, expresó la familia al resaltar que su legado permanece en la cultura empresarial de Grupo Ramos y en las generaciones que continúan impulsando la organización.
Román Ramos Uría nació el 18 de octubre de 1941 en Pola de Allande, Asturias, España. Llegó a Santo Domingo el 15 de octubre de 1959, con 17 años, y comenzó a trabajar al día siguiente de su llegada.
En 1963 asumió la administración de La Sirena, una pequeña tienda ubicada en la avenida Mella, y dos años más tarde adquirió el negocio, iniciando el camino que posteriormente daría origen a Grupo Ramos y transformaría el comercio al detalle en la República Dominicana.
Durante su trayectoria recibió importantes reconocimientos. En 2016, España le otorgó la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, por sus aportes y vínculos con ese país, mientras que en 2025 la República Dominicana le concedió la nacionalidad privilegiada como reconocimiento a su contribución al desarrollo nacional.
Como socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, dejó una profunda huella en la empresa, que actualmente cuenta con más de 8,600 colaboradores y opera 94 establecimientos comerciales bajo las marcas Sirena, Sirena Market, Aprezio y Multiplaza.
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