Análisis Noticiosos
$40 mil millones para mantener la pobreza
Por Juan Bolívar Díaz
Más de 2 millones de hogares y hasta 7 millones de personas reciben las migajas del Programa Progresando con Solidaridad, que en vez de combatir la pobreza sólo sirve para mantenerla y cultivar el clientelismo
Leonel Fernandez y Margarita Cedeño, en Santiago
Hasta septiembre del 2012 el Estado dominicano había destinado 40 mil 426 millones de pesos en ocho años de su programa “Progresando con Solidaridad”, con el objetivo de combatir la pobreza que afecta a más del 42 por ciento de la población, alcanzando a 2 millones 71 mil hogares.
Según las estadísticas oficiales los “subsidios sociales” alcanzan a 7 de los 10 millones de dominicanos y dominicanas, pero en proporciones tan bajas que no resuelven ninguna carencia y cuando mucho terminan estabilizando la pobreza y constituyendo una inmensa red clientelar.
Siete subsidios oficiales
Son siete los subsidios administrados por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, hasta agosto bajo la coordinación del vicepresidente Rafael Alburquerque, y ahora de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Los tres primeros fueron “Comer es Primero”, el de mayor monto, y dos para incentivar la asistencia de los niños y niñas a las escuelas y a los que alcanzan la educación superior. Luego se sumaron los bonos para adquirir gas propano para hogares y choferes y otro para energía eléctrica. En los últimos tres años fue creado el “incentivo a la Policía Preventiva”. Todas las estadísticas citadas en este trabajo provienen de la página oficial del programa que hasta el viernes sólo llegaba a septiembre del 2012. Se accede en www.solidaridad.gov.do.
El más significativo de los 7 programas es Comer es Primero, que había consumido el 57 por ciento del total: 22 mil 931.3 millones de pesos. Fue también el primero en ser implementado por la administración del presidente Leonel Fernández a partir de octubre del 2004, aunque en la gestión del presidente Hipólito Mejía que le antecedió se inició un programa para incentivar el envío de los niños a las escuelas, pero la página oficial en Internet no da cuenta del mismo.
El segundo mayor subsidio es el destinado al uso del gas propano en los hogares, implementado a partir del 2008 cuando se dispararon los precios de los combustibles, el cual ha consumido 8 mil 171.8 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del total. Empero el segundo más viejo, desde el 2005, fue el de incentivo a la asistencia escolar, para el que se han destinado 3 mil 615.9 millones de pesos, 9 por ciento. Le siguen el Bonogas-Choferes, que ha consumido 2 mil 332.7 millones de pesos, 6 por ciento, y el Bonoluz, desde el 2009, con 2 mil 188.3 millones de pesos, el 5 por ciento.
Para incentivo a la educación superior se destinaron 626.6, y para la Policía Preventiva 559.4 millones de pesos, con el l.5 y 1.3 por ciento respectivamente.
Son apenas migajas
De los 7 programas el único que tiene un monto significativo por persona es el Bonogas Choferes, pero es a la vez el que alcanza al menor número de beneficiarios, sólo 15 mil 921. Con base en los primeros 9 meses del 2012, último período incluido en la página oficial de Internet, los choferes recibieron 484.8 millones de pesos, para un total individual de 30 mil 452 pesos, 3 mil 384 pesos mensuales. Con todo trabajando 25 días del mes apenas representa 135 pesos por jornada, con los cuales pueden comprar galón y medio de gas y dos tercios de galón de gasolina corriente o gasoil.
El programa más emblemático y en el que más se invierte, Comer es Primero, recibió en los 9 meses indicados 3 mil 768.5 millones que al repartirse entre 612 mil 688 beneficiarios, tocó a 6 mil 151 pesos, sólo 683 promedio mensual. Se supone destinado a ayudar a la alimentación de una familia, pero esa suma apenas alcanza para comprar una libra de arroz por día a precio promedio de 22 pesos. Nadie se atrevería a creer que eso ayuda a una familia a combatir la pobreza, apenas una migaja para que no se mueran los que viven en la indigencia.
El programa que alcanza a mayor número de hogares, unos 766 mil 186, el bonogas, implicó en 9 meses 1,556.6 millones de pesos, apenas 226 mensuales por familia, con lo que a 98 pesos el galón, compran poquito más de 2 galones que les permitirían cocinar alimentos mínimos por un par de semanas.
Pero lo que es verdaderamente ridículo es pretender que con 288 pesos mensuales se estimula a un niño a asistir a la escuela, pues eso no alcanza para comprarle una camiseta, un plátano por día o cuatro litros de leche al mes. Son 211 mil 778 las asignaciones.
El Bonoluz alcanza a 499 mil 107 hogares, que en los 9 meses erogó 1,366.6 millones de pesos, 2 mil 738 por unidad, para 338 pesos al mes, con lo que apenas se paga el consumo de bombillas. Los incentivos a la educación superior alcanzan a 27 mil 361 estudiantes con asignación, 420 pesos mensuales con lo que pagarían su transporte de 8 días cuando mucho. El incentivo a los policías representó 744 pesos por mes, unas 20 libras de habichuelas al mes.
¿El 70% de la población?
Las estadísticas oficiales plantean que los 4 programas dirigidos a la familia, sin contar los de choferes policías y universitarios, alcanzan a 2 millones 71 mil 105 hogares, y a un total de 7 millones 7 mil 456 personas, lo que representaría el 70 por ciento de la población nacional, de unos 10 millones. Ello indica que se ha pretendido abarcar a más del 42 por ciento de la población que según el informe de este año de la CEPAL vive en la pobreza.
En Comer es Primero el millón 624 mil 304 de beneficiarios en 606, 022 hogares, representa 2.68 por familia, pero en bonogas los 2 millones 348 mil 341 beneficiarios en 757 mil 566 hogares, da a 3.09 por familia. Con cualquiera de las dos proporciones por hogar, si se le suman los más de 700 mil empleados y pensionados de todo el Estado, implicaría que 9 de cada diez dominicanos y dominicanas reciben alguna transferencia estatal, lo que parece un absurdo.
Sin embargo, esa proporción habría que reducirla, probablemente a la mitad, ya que en la práctica la mayoría de las familias reciben transferencias de por lo menos dos de los programas. De cualquier forma, lo que implican esas cifras es que Progresando con Solidaridad es una amplia red de reparto, con más criterio de clientelismo político y amortización de las insatisfacciones sociales que interés real de ayudar a las familias a superar el estado de pobreza, ratificando el dicho popular de que quien mucho abarca poco aprieta.
El programa de Bonogas Choferes tiene la clara intencionalidad de mediatizar a un sector determinante en las protestas sociales, por su incidencia en las tradicionales paralizaciones de ciudades. El de la Policía Preventiva es todavía menos justificable, puesto que lo correspondiente sería elevarles sus míseros salarios y asignaciones para dieta.
Programas bajo evaluación
Todo el programa Progresando con Solidaridad está bajo evaluación del gobierno del presidente Danilo Medina, según fuentes informadas. Desde que inició en agosto se contempla elevar las asignaciones, pero el déficit fiscal recibido lo ha impedido. Con todo pretender en lo inmediato aumentar 25 pesos promedio al de Comer es Primero.
En organismos internacionales que, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, han colaborado en la financiación y planificación de los programas, se reconoce su fracaso en cuanto no han cumplido el objetivo fundamental de impulsar la superación de la pobreza y porque no se ha dado seguimiento para ver si los beneficiarios cumplen su contrapartida, por ejemplo de enviar los hijos a la escuela. Lo mismo piensan funcionarios gubernamentales, por ejemplo del Ministerio de Economía, pero nadie quiere evaluarlos públicamente. Menos los políticos que con esas dádivas pretenden descargar sus malas conciencias.
A falta de pan, casabe, decía un consultado, señalando que nacionales y extranjeros conscientes de la ineficiencia de esa inversión, tranquilizan sus conciencias con el argumento de que por lo menos palian el hambre de los más pobres. En países como México y Brasil, donde se originaron esos programas, las asignaciones alcanzan hasta medio salario mínimo por familia, mientras aquí andan por la décima parte.
Se reconoce que en conjunto las emisiones de tarjetas para las transferencias han tenido ribetes de clientelismo político, e incluso Participación Ciudadana registró en los últimos procesos electorales que en algunos barrios los activistas políticos han utilizado los listados de los beneficiarios de subsidios para acarrearlos a las mesas de votación y tratar de influir su decisión.
Los más de 40 mil millones de pesos destinados a esos programas hubiesen servido para construir las aulas que faltan y mejorar los servicios hospitalarios. Pero habrían tenido menos efecto político.-
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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