Análisis Noticiosos
$40 mil millones para mantener la pobreza
Published
13 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
Más de 2 millones de hogares y hasta 7 millones de personas reciben las migajas del Programa Progresando con Solidaridad, que en vez de combatir la pobreza sólo sirve para mantenerla y cultivar el clientelismo
Hasta septiembre del 2012 el Estado dominicano había destinado 40 mil 426 millones de pesos en ocho años de su programa “Progresando con Solidaridad”, con el objetivo de combatir la pobreza que afecta a más del 42 por ciento de la población, alcanzando a 2 millones 71 mil hogares.
Según las estadísticas oficiales los “subsidios sociales” alcanzan a 7 de los 10 millones de dominicanos y dominicanas, pero en proporciones tan bajas que no resuelven ninguna carencia y cuando mucho terminan estabilizando la pobreza y constituyendo una inmensa red clientelar.
Siete subsidios oficiales
Son siete los subsidios administrados por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, hasta agosto bajo la coordinación del vicepresidente Rafael Alburquerque, y ahora de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Los tres primeros fueron “Comer es Primero”, el de mayor monto, y dos para incentivar la asistencia de los niños y niñas a las escuelas y a los que alcanzan la educación superior. Luego se sumaron los bonos para adquirir gas propano para hogares y choferes y otro para energía eléctrica. En los últimos tres años fue creado el “incentivo a la Policía Preventiva”. Todas las estadísticas citadas en este trabajo provienen de la página oficial del programa que hasta el viernes sólo llegaba a septiembre del 2012. Se accede en www.solidaridad.gov.do.
El más significativo de los 7 programas es Comer es Primero, que había consumido el 57 por ciento del total: 22 mil 931.3 millones de pesos. Fue también el primero en ser implementado por la administración del presidente Leonel Fernández a partir de octubre del 2004, aunque en la gestión del presidente Hipólito Mejía que le antecedió se inició un programa para incentivar el envío de los niños a las escuelas, pero la página oficial en Internet no da cuenta del mismo.
El segundo mayor subsidio es el destinado al uso del gas propano en los hogares, implementado a partir del 2008 cuando se dispararon los precios de los combustibles, el cual ha consumido 8 mil 171.8 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del total. Empero el segundo más viejo, desde el 2005, fue el de incentivo a la asistencia escolar, para el que se han destinado 3 mil 615.9 millones de pesos, 9 por ciento. Le siguen el Bonogas-Choferes, que ha consumido 2 mil 332.7 millones de pesos, 6 por ciento, y el Bonoluz, desde el 2009, con 2 mil 188.3 millones de pesos, el 5 por ciento.
Para incentivo a la educación superior se destinaron 626.6, y para la Policía Preventiva 559.4 millones de pesos, con el l.5 y 1.3 por ciento respectivamente.
Son apenas migajas
De los 7 programas el único que tiene un monto significativo por persona es el Bonogas Choferes, pero es a la vez el que alcanza al menor número de beneficiarios, sólo 15 mil 921. Con base en los primeros 9 meses del 2012, último período incluido en la página oficial de Internet, los choferes recibieron 484.8 millones de pesos, para un total individual de 30 mil 452 pesos, 3 mil 384 pesos mensuales. Con todo trabajando 25 días del mes apenas representa 135 pesos por jornada, con los cuales pueden comprar galón y medio de gas y dos tercios de galón de gasolina corriente o gasoil.
El programa más emblemático y en el que más se invierte, Comer es Primero, recibió en los 9 meses indicados 3 mil 768.5 millones que al repartirse entre 612 mil 688 beneficiarios, tocó a 6 mil 151 pesos, sólo 683 promedio mensual. Se supone destinado a ayudar a la alimentación de una familia, pero esa suma apenas alcanza para comprar una libra de arroz por día a precio promedio de 22 pesos. Nadie se atrevería a creer que eso ayuda a una familia a combatir la pobreza, apenas una migaja para que no se mueran los que viven en la indigencia.
El programa que alcanza a mayor número de hogares, unos 766 mil 186, el bonogas, implicó en 9 meses 1,556.6 millones de pesos, apenas 226 mensuales por familia, con lo que a 98 pesos el galón, compran poquito más de 2 galones que les permitirían cocinar alimentos mínimos por un par de semanas.
Pero lo que es verdaderamente ridículo es pretender que con 288 pesos mensuales se estimula a un niño a asistir a la escuela, pues eso no alcanza para comprarle una camiseta, un plátano por día o cuatro litros de leche al mes. Son 211 mil 778 las asignaciones.
El Bonoluz alcanza a 499 mil 107 hogares, que en los 9 meses erogó 1,366.6 millones de pesos, 2 mil 738 por unidad, para 338 pesos al mes, con lo que apenas se paga el consumo de bombillas. Los incentivos a la educación superior alcanzan a 27 mil 361 estudiantes con asignación, 420 pesos mensuales con lo que pagarían su transporte de 8 días cuando mucho. El incentivo a los policías representó 744 pesos por mes, unas 20 libras de habichuelas al mes.
¿El 70% de la población?
Las estadísticas oficiales plantean que los 4 programas dirigidos a la familia, sin contar los de choferes policías y universitarios, alcanzan a 2 millones 71 mil 105 hogares, y a un total de 7 millones 7 mil 456 personas, lo que representaría el 70 por ciento de la población nacional, de unos 10 millones. Ello indica que se ha pretendido abarcar a más del 42 por ciento de la población que según el informe de este año de la CEPAL vive en la pobreza.
En Comer es Primero el millón 624 mil 304 de beneficiarios en 606, 022 hogares, representa 2.68 por familia, pero en bonogas los 2 millones 348 mil 341 beneficiarios en 757 mil 566 hogares, da a 3.09 por familia. Con cualquiera de las dos proporciones por hogar, si se le suman los más de 700 mil empleados y pensionados de todo el Estado, implicaría que 9 de cada diez dominicanos y dominicanas reciben alguna transferencia estatal, lo que parece un absurdo.
Sin embargo, esa proporción habría que reducirla, probablemente a la mitad, ya que en la práctica la mayoría de las familias reciben transferencias de por lo menos dos de los programas. De cualquier forma, lo que implican esas cifras es que Progresando con Solidaridad es una amplia red de reparto, con más criterio de clientelismo político y amortización de las insatisfacciones sociales que interés real de ayudar a las familias a superar el estado de pobreza, ratificando el dicho popular de que quien mucho abarca poco aprieta.
El programa de Bonogas Choferes tiene la clara intencionalidad de mediatizar a un sector determinante en las protestas sociales, por su incidencia en las tradicionales paralizaciones de ciudades. El de la Policía Preventiva es todavía menos justificable, puesto que lo correspondiente sería elevarles sus míseros salarios y asignaciones para dieta.
Programas bajo evaluación
Todo el programa Progresando con Solidaridad está bajo evaluación del gobierno del presidente Danilo Medina, según fuentes informadas. Desde que inició en agosto se contempla elevar las asignaciones, pero el déficit fiscal recibido lo ha impedido. Con todo pretender en lo inmediato aumentar 25 pesos promedio al de Comer es Primero.
En organismos internacionales que, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, han colaborado en la financiación y planificación de los programas, se reconoce su fracaso en cuanto no han cumplido el objetivo fundamental de impulsar la superación de la pobreza y porque no se ha dado seguimiento para ver si los beneficiarios cumplen su contrapartida, por ejemplo de enviar los hijos a la escuela. Lo mismo piensan funcionarios gubernamentales, por ejemplo del Ministerio de Economía, pero nadie quiere evaluarlos públicamente. Menos los políticos que con esas dádivas pretenden descargar sus malas conciencias.
A falta de pan, casabe, decía un consultado, señalando que nacionales y extranjeros conscientes de la ineficiencia de esa inversión, tranquilizan sus conciencias con el argumento de que por lo menos palian el hambre de los más pobres. En países como México y Brasil, donde se originaron esos programas, las asignaciones alcanzan hasta medio salario mínimo por familia, mientras aquí andan por la décima parte.
Se reconoce que en conjunto las emisiones de tarjetas para las transferencias han tenido ribetes de clientelismo político, e incluso Participación Ciudadana registró en los últimos procesos electorales que en algunos barrios los activistas políticos han utilizado los listados de los beneficiarios de subsidios para acarrearlos a las mesas de votación y tratar de influir su decisión.
Los más de 40 mil millones de pesos destinados a esos programas hubiesen servido para construir las aulas que faltan y mejorar los servicios hospitalarios. Pero habrían tenido menos efecto político.-
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.

