Análisis Noticiosos
$40 mil millones para mantener la pobreza
Por Juan Bolívar Díaz
Más de 2 millones de hogares y hasta 7 millones de personas reciben las migajas del Programa Progresando con Solidaridad, que en vez de combatir la pobreza sólo sirve para mantenerla y cultivar el clientelismo
Leonel Fernandez y Margarita Cedeño, en Santiago
Hasta septiembre del 2012 el Estado dominicano había destinado 40 mil 426 millones de pesos en ocho años de su programa “Progresando con Solidaridad”, con el objetivo de combatir la pobreza que afecta a más del 42 por ciento de la población, alcanzando a 2 millones 71 mil hogares.
Según las estadísticas oficiales los “subsidios sociales” alcanzan a 7 de los 10 millones de dominicanos y dominicanas, pero en proporciones tan bajas que no resuelven ninguna carencia y cuando mucho terminan estabilizando la pobreza y constituyendo una inmensa red clientelar.
Siete subsidios oficiales
Son siete los subsidios administrados por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, hasta agosto bajo la coordinación del vicepresidente Rafael Alburquerque, y ahora de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Los tres primeros fueron “Comer es Primero”, el de mayor monto, y dos para incentivar la asistencia de los niños y niñas a las escuelas y a los que alcanzan la educación superior. Luego se sumaron los bonos para adquirir gas propano para hogares y choferes y otro para energía eléctrica. En los últimos tres años fue creado el “incentivo a la Policía Preventiva”. Todas las estadísticas citadas en este trabajo provienen de la página oficial del programa que hasta el viernes sólo llegaba a septiembre del 2012. Se accede en www.solidaridad.gov.do.
El más significativo de los 7 programas es Comer es Primero, que había consumido el 57 por ciento del total: 22 mil 931.3 millones de pesos. Fue también el primero en ser implementado por la administración del presidente Leonel Fernández a partir de octubre del 2004, aunque en la gestión del presidente Hipólito Mejía que le antecedió se inició un programa para incentivar el envío de los niños a las escuelas, pero la página oficial en Internet no da cuenta del mismo.
El segundo mayor subsidio es el destinado al uso del gas propano en los hogares, implementado a partir del 2008 cuando se dispararon los precios de los combustibles, el cual ha consumido 8 mil 171.8 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del total. Empero el segundo más viejo, desde el 2005, fue el de incentivo a la asistencia escolar, para el que se han destinado 3 mil 615.9 millones de pesos, 9 por ciento. Le siguen el Bonogas-Choferes, que ha consumido 2 mil 332.7 millones de pesos, 6 por ciento, y el Bonoluz, desde el 2009, con 2 mil 188.3 millones de pesos, el 5 por ciento.
Para incentivo a la educación superior se destinaron 626.6, y para la Policía Preventiva 559.4 millones de pesos, con el l.5 y 1.3 por ciento respectivamente.
Son apenas migajas
De los 7 programas el único que tiene un monto significativo por persona es el Bonogas Choferes, pero es a la vez el que alcanza al menor número de beneficiarios, sólo 15 mil 921. Con base en los primeros 9 meses del 2012, último período incluido en la página oficial de Internet, los choferes recibieron 484.8 millones de pesos, para un total individual de 30 mil 452 pesos, 3 mil 384 pesos mensuales. Con todo trabajando 25 días del mes apenas representa 135 pesos por jornada, con los cuales pueden comprar galón y medio de gas y dos tercios de galón de gasolina corriente o gasoil.
El programa más emblemático y en el que más se invierte, Comer es Primero, recibió en los 9 meses indicados 3 mil 768.5 millones que al repartirse entre 612 mil 688 beneficiarios, tocó a 6 mil 151 pesos, sólo 683 promedio mensual. Se supone destinado a ayudar a la alimentación de una familia, pero esa suma apenas alcanza para comprar una libra de arroz por día a precio promedio de 22 pesos. Nadie se atrevería a creer que eso ayuda a una familia a combatir la pobreza, apenas una migaja para que no se mueran los que viven en la indigencia.
El programa que alcanza a mayor número de hogares, unos 766 mil 186, el bonogas, implicó en 9 meses 1,556.6 millones de pesos, apenas 226 mensuales por familia, con lo que a 98 pesos el galón, compran poquito más de 2 galones que les permitirían cocinar alimentos mínimos por un par de semanas.
Pero lo que es verdaderamente ridículo es pretender que con 288 pesos mensuales se estimula a un niño a asistir a la escuela, pues eso no alcanza para comprarle una camiseta, un plátano por día o cuatro litros de leche al mes. Son 211 mil 778 las asignaciones.
El Bonoluz alcanza a 499 mil 107 hogares, que en los 9 meses erogó 1,366.6 millones de pesos, 2 mil 738 por unidad, para 338 pesos al mes, con lo que apenas se paga el consumo de bombillas. Los incentivos a la educación superior alcanzan a 27 mil 361 estudiantes con asignación, 420 pesos mensuales con lo que pagarían su transporte de 8 días cuando mucho. El incentivo a los policías representó 744 pesos por mes, unas 20 libras de habichuelas al mes.
¿El 70% de la población?
Las estadísticas oficiales plantean que los 4 programas dirigidos a la familia, sin contar los de choferes policías y universitarios, alcanzan a 2 millones 71 mil 105 hogares, y a un total de 7 millones 7 mil 456 personas, lo que representaría el 70 por ciento de la población nacional, de unos 10 millones. Ello indica que se ha pretendido abarcar a más del 42 por ciento de la población que según el informe de este año de la CEPAL vive en la pobreza.
En Comer es Primero el millón 624 mil 304 de beneficiarios en 606, 022 hogares, representa 2.68 por familia, pero en bonogas los 2 millones 348 mil 341 beneficiarios en 757 mil 566 hogares, da a 3.09 por familia. Con cualquiera de las dos proporciones por hogar, si se le suman los más de 700 mil empleados y pensionados de todo el Estado, implicaría que 9 de cada diez dominicanos y dominicanas reciben alguna transferencia estatal, lo que parece un absurdo.
Sin embargo, esa proporción habría que reducirla, probablemente a la mitad, ya que en la práctica la mayoría de las familias reciben transferencias de por lo menos dos de los programas. De cualquier forma, lo que implican esas cifras es que Progresando con Solidaridad es una amplia red de reparto, con más criterio de clientelismo político y amortización de las insatisfacciones sociales que interés real de ayudar a las familias a superar el estado de pobreza, ratificando el dicho popular de que quien mucho abarca poco aprieta.
El programa de Bonogas Choferes tiene la clara intencionalidad de mediatizar a un sector determinante en las protestas sociales, por su incidencia en las tradicionales paralizaciones de ciudades. El de la Policía Preventiva es todavía menos justificable, puesto que lo correspondiente sería elevarles sus míseros salarios y asignaciones para dieta.
Programas bajo evaluación
Todo el programa Progresando con Solidaridad está bajo evaluación del gobierno del presidente Danilo Medina, según fuentes informadas. Desde que inició en agosto se contempla elevar las asignaciones, pero el déficit fiscal recibido lo ha impedido. Con todo pretender en lo inmediato aumentar 25 pesos promedio al de Comer es Primero.
En organismos internacionales que, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, han colaborado en la financiación y planificación de los programas, se reconoce su fracaso en cuanto no han cumplido el objetivo fundamental de impulsar la superación de la pobreza y porque no se ha dado seguimiento para ver si los beneficiarios cumplen su contrapartida, por ejemplo de enviar los hijos a la escuela. Lo mismo piensan funcionarios gubernamentales, por ejemplo del Ministerio de Economía, pero nadie quiere evaluarlos públicamente. Menos los políticos que con esas dádivas pretenden descargar sus malas conciencias.
A falta de pan, casabe, decía un consultado, señalando que nacionales y extranjeros conscientes de la ineficiencia de esa inversión, tranquilizan sus conciencias con el argumento de que por lo menos palian el hambre de los más pobres. En países como México y Brasil, donde se originaron esos programas, las asignaciones alcanzan hasta medio salario mínimo por familia, mientras aquí andan por la décima parte.
Se reconoce que en conjunto las emisiones de tarjetas para las transferencias han tenido ribetes de clientelismo político, e incluso Participación Ciudadana registró en los últimos procesos electorales que en algunos barrios los activistas políticos han utilizado los listados de los beneficiarios de subsidios para acarrearlos a las mesas de votación y tratar de influir su decisión.
Los más de 40 mil millones de pesos destinados a esos programas hubiesen servido para construir las aulas que faltan y mejorar los servicios hospitalarios. Pero habrían tenido menos efecto político.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.