Sectores entienden que en la mesa de discusión se debe incluir el mover las elecciones y la reducción de diputados

A la propuesta de una reforma constitucional del presidente Luis Abinader para poner un candado a la Carta Magna y establecer la independencia del Ministerio Público, se han sumado al menos dos temas más por parte de distintos sectores.

Uno es que la celebración de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales sean movidas de fecha (para unificarlas o separarlas por más tiempo) y que la matrícula de diputados sea reducida.
Aunque el proyecto de reforma constitucional que elabora la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo aún no ha sido sometido al Congreso Nacional, cada día son más las voces que demandan una revisión a estos dos últimos puntos.

Los más reciente en pronunciarse al respecto son los presidentes del Senado y la Cámara Baja, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente; el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares; y el sociólogo y excoordinador general de Participación Ciudadana (PC), Cándido Mercedes.

El senador por la provincia Sánchez Ramírez favorece que en la propuesta de reforma a la Ley Sustantiva que impulsa el jefe de Estado se contemple también la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, porque cree que el país no resiste dos procesos comiciales con solo tres meses de separación entre uno y otro (como es en la actualidad).

“Corremos el riesgo de que el árbitro de los comicios de febrero, que es el mismo que deberá arbitrar el proceso de mayo, con una diferencia de 90 días, se pueda dar el caso que, aún no se haya concluido con el primer proceso, tenga que ir montando el segundo”, subrayó entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos.

De los Santos dijo que eso es algo que hay que manejarlo con sumo cuidado, y por eso nunca ha estado de acuerdo con que esos dos procesos fueran tan cercanos.

“Todo por el contrario, si a mí me preguntan, lo que me gustaría fuera la unificación de ambos procesos, porque, cuando teníamos las elecciones de medio término había las críticas de que nos pasábamos los cuatro años en campaña, y eso era algo evidente, yo creo que debemos buscar la fórmula de que se puedan unificar los dos procesos”, sugirió.

Entiende que aunque sería complejo para la Junta Central Electoral realizar las elecciones en un día, por los siete niveles de elección que hay, aun así le sale más barato al pueblo dominicano que hacer los dos procesos. “Soy de los que entiende que una fórmula pudiera ser bajar la cantidad de votantes en los colegios, para que haya el tiempo necesario, y de una manera cívica y pausada, la gente pueda ir a ejercer el sufragio”, indicó.

Favorecen mover las elecciones, pero que sigan separadas

Contrario al titular de la Cámara Alta, Eddy Olivares está convencido de que lo más conveniente para la República Dominicana es volver a las elecciones municipales de medio término o, en caso contrario, separarlas con un año de diferencia de las presidenciales y congresuales.

Mediante un artículo de opinión en el periódico El Nacional publicado el pasado sábado, el vicepresidente del PRM recuerda que en su propuesta de reforma el líder de masa José Francisco Peña Gómez, quien fue síndico de la capital en el período 1982-1986, hizo realidad su visión sobre la conveniencia de la separación de las elecciones municipales “como un paso importante para el fortalecimiento de los gobiernos locales”.

“Producto de la celebración de elecciones separadas por un espacio de tiempo de dos años, además de que se motivó la buena gestión de los gobernantes, se redujo el arrastre del candidato presidencial a los senadores y diputados”, sostuvo.

Olivares trajo a colación que la separación de las elecciones presidenciales y congresuales de las municipales a tres meses viene a partir de la reforma constitucional del 2010, pero que antes de ahí estaban separadas por dos años, como consecuencia de la grave crisis política de 1994, la cual fue provocada por el “comprobado fraude electoral” que impidió el triunfo de Peña Gómez.

Sobre la unificación o no de los comicios, Alfredo Pacheco reiteró la semana pasada que el tema es viable, por lo que se debe explorar la posibilidad de mover las elecciones. En ese sentido, considera, sin duda alguna, que las circunstancias dadas en el país han demostrado que no es posible la celebración de dos elecciones “tan seguidas” y “donde todo el mundo queda deteriorado y afectado”.

Favorecen deducción matrícula de diputados

El sociólogo Cándido Mercedes advirtió que el país está compelido, “por no decir obligado”, a abocarse a una reforma constitucional en la que recomienda la eliminación de cargos que – a su juicio- representan un peso económico innecesario y clientelista para el Estado, como son los diputados nacionales, los del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y de ultramar.

De acuerdo al excoordinador general de Participación Ciudadana, quien fue entrevistado en el programa Esferas de Poder, las 20 diputaciones del Parlacen deben ser suprimidas por que sus figuras “ganan US$5,000 mensuales sin hacer nada”.

Otro que también favorece una reducción “significativa” de curules en la Cámara de Diputados es Alfredo Pacheco, presidente de ese órgano.

Santo Domingo, R.D.-El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtuvo el 1.69 % de los votos válidos en las pasadas elecciones de mayo, a raíz de esto pasaría de recibir RD$252,080,000 (que recibió como mayoritario) a unos 30 millones de pesos, como partido minoritario.

La organización opositora recibió 217,458 votos en las pasadas elecciones de mayo, de estos, 19,790 fueron a nivel presidencial; 105,227  votos en el nivel de senadores; 86,976 en el nivel de diputados territoriales y 5,465 de diputados en el exterior.

Para las elecciones del 2020 el PRD logró un 5.69 % de los votos válidos lo que posibilitó que se mantuviera como una organización mayoritaria por lo cual recibía una cantidad mayor de dinero.

En el numeral 1 del artículo 61 de la ley 33-18 de Partidos Políticos sobre la distribución de los recursos económicos del Estado señala que se repartiría un 80 %, entre las organizaciones que obtuvieron más del 5 % de los votos válidos emitidos en los últimos comicios.

Si no se trata de un año electoral o preelectoral, los partidos reciben RD$1,260,400,000.00. De este monto, el destinado a los mayoritarios sería RD$1,008,320,000.00.

Esta partida sólo beneficiará a los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) por ser las tres únicas organizaciones que pasaron el umbral de 5 % de los votos válidos.

En tanto que el 12 %, equivalente a  RD$151,248, 000.00, se repartirá entre los partidos que hayan alcanzado un 1 % y menos del 5 %. Mientras, un 8 %, es decir, RD$100,832, 000.00, se distribuirá entre los que sacaron entre el 0.01 % y 1 %.

La relación definitiva de los votos de las pasadas elecciones posiciona al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como la organización que más votos obtuvo en los tres niveles con un total 6,054,562 para un 47.02 %.

De estos votos del PRM, 2,113,100 corresponden al nivel presidencial; 1,876,264 al senatorial; 1,983,852 a diputados territoriales y 81,346 a diputados del exterior.

El PLD bajó del segundo al tercer puesto tras solo recibir 1,821,886 votos válidos lo que en términos porcentuales equivale a un 14.15%.

En el nivel presidencial el PLD sacó 453,468; para el senado 726,833; diputados territoriales, 626,628 y sus candidatos a diputados del exterior lograron 14,957.

Con un 1 %

Solo cinco partidos lograron obtener más de un 1 % de los votos válidos de las elecciones pasadas.

Estos son el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con un 1.37 %; Dominicanos por el Cambio con un 1.21 %; Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) con un 1.03 % y  Justicia Social,  un 1.10 %.

Santo Domingo, R.D.-Hoy inicia el conocimiento del juicio preliminar seguido a los implicados en el caso Calamar, mientras que las audiencias de juicio de fondos a los encartados en los casos de presuntos actos de corrupción de Antipulpo y Coral se mantienen en constante aplazamiento.

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, convocó para las 9:00 de la mañana la audiencia seguida a los ex ministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, entre otros imputados.

La directora de Persecución del Ministerio Público y el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca), Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, buscan que el tribunal dicte envió a juicio de fondo a los acusados para que allí respondan a las imputaciones. En el caso además figuran como imputados, el ex contralor general de la República, Daniel de Jesús Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el abogado Ángel Lockward, Marcial Reyes, Rafael Calderón Martínez, Claudio Silver, Yahaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández. También Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Princesa García Medina, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Omar Manuel Miqui, Rosa Arias, Agustín Mejía Ávila.

Igualmente, Marino Enrique Cabrera, César Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil y Daniel Guerrero.

Igualmente, las empresas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón Social Inmobiliaria Santa Bárbara.

Tambien Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L., e Intercaribe Mercantil, S.A.S.

Mientras que los procesos de los escándalos de corrupción de los casos Antipulpo y Coral, que involucran a exfuncionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina, avanzan con lentitud en los tribunales por incidentes presentados por los abogados de los imputados y el Ministerio Público.