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Partidos buscan evitar publicación de encuestas políticas antes de proclama preelectoral
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de conocer la opinión de los partidos políticos, las firmas encuestadoras y los medios de comunicación, la Junta Central Electoral (JCE) realizó este jueves una audiencia para conocer la opinión sobre el proyecto de reglamento que establece el procedimiento de registro y la publicación de encuestas en materia electoral.
Seis de los nueve partidos políticos mayoritarios y minoritarios presentes en la reunión manifestaron, de manera individual, ante el pleno de la JCE su preocupación por el descontrol registrado en el país con la publicación de encuestas políticas y sondeos electorales fuera de los procesos electorales.
Es por esta razón que los representantes de las entidades políticas coincidieron en la necesidad que existe en República Dominicana de permitir únicamente la emisión de estos mecanismos de medición cuando sea realizada la proclama electoral, a partir del primer domingo de julio del año anterior a los sufragios.
La lista de quienes pidieron a la JCE cumplir con esta cláusula la integran la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Unidad Nacional (PUN).
Además, los dirigentes de estas agrupaciones políticas solicitaron la adición al reglamento de un régimen sancionatorio con penalidades graduales y proporcionales que sancione la difusión de encuestas falsas, manipuladas o divulgadas a destiempo, el uso de empresas no registradas ante la JCE, la omisión de los datos obligatorios en su publicación.
Consideran necesario colocar dentro de las penalidades los castigos que disponen los artículos 305, 306 y 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Así como también los castigos contenidos a partir del artículo 40 y de la Ley 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos.
“Que vayan desde amonestaciones públicas, multas, suspensión o exclusión del registro de firmas encuestadoras”, indicaron de manera reiterativa los delegados políticos de los partidos antes mencionados. Para la inhabilitación del permiso entiende fundamental que esta decisión de la JCE sea sometida a la opinión de los partidos políticos.
El vocero del Partido Demócrata Institucional (PDI), Leonardo Suero, le sugirió a la JCE tomar una medida cautelar administrativa en la cual le informe a la empresa, que viole esta disposición, su suspensión, hasta el siguiente proceso electoral.
“Para que nos evitemos que estén tratando de acomodar la mente del dominicano, que este tipo de bombardeo subliminal lo que busca es que un candidato salga primero”, dijo Suero. No obstante, el pleno del órgano electoral no informó sobre la admisión de esta moción.
Su posición, según explicó, es una respuesta a las constantes mediciones que publican emisoras radiales y medios de comunicación, sin importar que sean desarrolladas fuera de la contienda electoral.
“No voy a mencionar emisora, pero aquí todos la conocemos… viven haciendo encuestas de manera recurrente, inmiscuyéndose en activismo político. No vayan a creer que esas emisoras hacen esas encuestas por dinero para mantener una tendencia política”, afirmó.
¿qúe dice la ley?
El artículo 216 de la Ley 20-23 solo prohíbe la la publicación y difusión de sondeos o encuestas
electorales los ocho días anteriores
al de la votación.
“Boca de Urna”
“Se prohíbe el proselitismo 48 horas antes del proceso electoral. Entonces, ¿Cómo es posible que le permitamos a las encuestas (hacer estos sondeos) dentro del proceso de votación? Debemos reglamentarlo so pena de que quien lo haga también tenga sanciones”, dijo Suero pidiendo también la prohibición de conocer los resultados sobre las encuestas “boca de urna” durante las votaciones.
“Que el resultado de las encuestas boca de urna sea privado de los contratantes, so pena de sanción. Solo la JCE puede emitir resultados públicos el día de las elecciones, garantizando la integridad y certeza del proceso electoral”, afirmó Tania Báez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Registro ante la JCE
Por otro lado, las organizaciones políticas recomendaron al órgano electoral fortalecer los requisitos que deben cumplir de manera obligatoria las firmas encuestadoras en República Dominicana.
Para esto, propusieron habilitar un apartado en la página web de la JCE en la que de forma actualizada se presenten los trabajos de encuestas realizadas, conjuntamente con la ficha técnica que detallará la descripción de la muestra, estratificación en caso de que aplique, temporalidad en el trabajo de campo, cuestionario integro de aplicación, datos del patrocinador e informe final con los resultados, margen de error y nivel de confianza, cobertura geográfica, fecha y método de levantamiento, entre otros.
Recomiendan crear una comisión técnica consultiva permanente integrada por los representantes de partidos políticos, universidades y expertos en encuestas con el objetivo de darle seguimiento a la aplicación del reglamento y proponer mejoras continuas.
Julián Burgos del Partido Humanista Dominicano (PHD) entiende que la “restricción” colocada en el artículo 7 del reglamento elaborado por la JCE para evitar las encuestas en línea, telefónicas y digitales podrían obstaculizar la aplicación de técnicas actuales. Significando, además, una afectación al principio constitucional de libertad empresarial, consignado en artículo de 50 de la Carta Magna.
“Nuestra sugerencia es permitir el uso de metodología mixta, telefónica, en línea, digitales, entre otras, bajo criterio técnico estricto, auditable y debidamente documentado, sin comprometer el rigor metodológico ni la representatividad”, expresó Burgos.
Por igual, demandó a la JCE aclarar que la supervisión dictada en la propuesta de reglamento no implica la validación de los resultados, sino una verificación exclusiva de las condiciones técnicas y formales.
Opinión de las firmas
La Asociación de Empresas de Investigación de Mercado, con 16 empresas agrupadas en el territorio nacional, aprovechó su oportunidad de intervención para reafirmar su compromiso en contra de las informaciones falsas.
“Queremos combatir la desinformación, pero rechazamos la definición de las encuestas electorales como un instrumento de propaganda. Son instrumentos científicos para divulgar la opinión pública, no para dirigirla”, declaró Maijo Gutiérrez, representante del gremio.
Sin embargo, también compartieron sus observaciones, expresando que es necesario colocar “bien claro” que la regulación no es a la ejecución de las encuestas políticas, sino a su publicación y mal uso.
“Que haga una distinción entre lo que son las encuestas internas y las encuestas públicas difundidas por medios, redes y particulares”.
Asimismo, manifestaron su voluntad de pertenecer a una comisión mixta para darle seguimiento continuo al reglamento con la revisión de metodologías, validación a los estándares de calidad, actualización de la normativa, atender controversias técnicas con objetividad, fortalecer la confianza pública en los estudios profesionales, proteger el prestigio de la investigación seria frente a la manipulación de datos, implementar campañas informativas sobre las encuestas con rigor científico.
“Estaríamos dispuestos a hacer capacitaciones periódicas sobre la correcta lectura e interpretación de las encuestas dirigidas a candidatos, partidos, medios de comunicación y público en general, así como establecer protocolos para su divulgación”, destacó Gutiérrez.
“Más tiempo”
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Unión Demócrata Cristiana (PUDC) y el Partido Cívico Renovador (PCR) requirieron ante el órgano electoral extender el plazo del proceso de diálogo para continuar analizando la pieza, lo que les permitirá compartir sus conclusiones.
El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, prolongó hasta el próximo 19 de junio a las 4:00 de la tarde el tiempo hábil que tendrá la secretaria general para recibir los documentos de los partidos políticos, medios de comunicación, firmas encuestadoras y cualquier ciudadano interesado en compartir su opinión sobre el particular.
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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio
El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones
Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.
Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.
Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.
La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.
La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.
Así habría ocurrido la entrega del dinero
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.
Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.
Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.
Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.
Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.
Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.
La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.
Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.
Permanece recluido en Najayo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.
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Envían a Najayo a inspector de Migración investigado por facilitar salidas irregulares desde el AILA
La DGM asegura que el funcionario era vigilado desde hacía meses y que fue sorprendido cuando presuntamente ayudaba a pasajeros con impedimento de salida
Santo Domingo.— Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de facilitar de manera irregular la salida del país de personas sometidas a restricciones migratorias.
El imputado fue identificado como Esteban Nohassis Mogena González, contra quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Habría facilitado la salida de pasajeros con impedimento
De acuerdo con la Dirección General de Migración, Mogena González fue detenido mientras presuntamente intervenía para permitir la salida del territorio nacional de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida.
La institución sostiene que el inspector utilizaba su posición dentro de los controles migratorios del aeropuerto para evitar determinados procedimientos obligatorios.
Según la investigación, cuando atendía a determinados pasajeros en el mostrador de Migración, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación correspondiente en el sistema oficial de salida.
Mediante ese mecanismo, uno de los pasajeros habría logrado abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, de acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades.
Autoridades investigan supuesto pago de miles de dólares
Migración informó que las evidencias recopiladas incluyen documentación, testimonios y material audiovisual.
La institución sostiene que el funcionario presuntamente recibió miles de dólares a cambio de permitir que determinadas personas evadieran los controles migratorios establecidos en la terminal aérea.
Estas evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para sustentar la investigación.
Era vigilado desde hacía meses
La DGM explicó que Mogena González se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios meses, luego de que fueran detectadas inconsistencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
El proceso de investigación interna derivó posteriormente en un operativo que, según las autoridades, permitió detenerlo en flagrante delito.
La Dirección Jurídica de Migración remitió el expediente al Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Le atribuyen varios delitos
Al imputado se le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04.
Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuran asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
La calificación jurídica definitiva deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso penal.
Migración inicia proceso de desvinculación
La Dirección General de Migración informó además que inició los procedimientos administrativos para suspender al funcionario y avanzar hacia su desvinculación definitiva de la institución, de conformidad con las disposiciones que regulan la función pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró la posición institucional de mantener una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
La DGM aseguró que cualquier servidor que sea detectado incurriendo en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de los organismos correspondientes.
La Policía informó que recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima y recibió además un arma de fuego entregada durante el proceso
Santo Domingo.— Un hombre señalado como presunto autor de un asalto ocurrido en el sector Villa María, del Distrito Nacional, se entregó este martes a la Policía Nacional, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.
El detenido fue identificado como Bryan Ernesto Prensa, alias “Droga”, de 27 años, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.
De acuerdo con la información ofrecida por la institución, durante el proceso también fue entregada un arma de fuego y se logró recuperar parte de los artículos que habían sido sustraídos a la víctima.
El asalto ocurrió luego de un seguimiento
Según la versión ofrecida por la víctima y las imágenes obtenidas del hecho, Prensa habría seguido a Luis Miguel Morillo desde un establecimiento comercial ubicado en la zona.
El asalto se produjo el pasado domingo, cuando Morillo se encontraba en la residencia de una amiga en Villa María.
Las autoridades señalan que el presunto agresor lo habría amenazado con una pistola y despojado de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos.
Policía reporta recuperación de pertenencias
La Policía Nacional informó este martes que los artículos sustraídos fueron recuperados como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia.
Morillo explicó que antes del hecho se encontraba en el Colmado La Ruta, donde compró una cerveza, y luego se dirigió junto a una amiga hacia una vivienda cercana.
Según su relato, no se percató del momento en que el hombre entró al lugar, pero reaccionó cuando escuchó que manipulaba un arma de fuego.
La víctima indicó que optó por no resistirse y entregó sus pertenencias.
Testigo afirma que el señalado salió detrás de la víctima
Un empleado del establecimiento, identificado como Yunior Minier, declaró que el hombre señalado permaneció en el negocio aproximadamente 30 minutos antes de que llegara Morillo.
De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se encontraba jugando en máquinas recreativas y posteriormente salió detrás de la víctima.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para completar el proceso y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al asalto.