Más Noticias
Partidos buscan evitar publicación de encuestas políticas antes de proclama preelectoral
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de conocer la opinión de los partidos políticos, las firmas encuestadoras y los medios de comunicación, la Junta Central Electoral (JCE) realizó este jueves una audiencia para conocer la opinión sobre el proyecto de reglamento que establece el procedimiento de registro y la publicación de encuestas en materia electoral.
Seis de los nueve partidos políticos mayoritarios y minoritarios presentes en la reunión manifestaron, de manera individual, ante el pleno de la JCE su preocupación por el descontrol registrado en el país con la publicación de encuestas políticas y sondeos electorales fuera de los procesos electorales.
Es por esta razón que los representantes de las entidades políticas coincidieron en la necesidad que existe en República Dominicana de permitir únicamente la emisión de estos mecanismos de medición cuando sea realizada la proclama electoral, a partir del primer domingo de julio del año anterior a los sufragios.
La lista de quienes pidieron a la JCE cumplir con esta cláusula la integran la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Partido Unidad Nacional (PUN).
Además, los dirigentes de estas agrupaciones políticas solicitaron la adición al reglamento de un régimen sancionatorio con penalidades graduales y proporcionales que sancione la difusión de encuestas falsas, manipuladas o divulgadas a destiempo, el uso de empresas no registradas ante la JCE, la omisión de los datos obligatorios en su publicación.
Consideran necesario colocar dentro de las penalidades los castigos que disponen los artículos 305, 306 y 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Así como también los castigos contenidos a partir del artículo 40 y de la Ley 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos.
“Que vayan desde amonestaciones públicas, multas, suspensión o exclusión del registro de firmas encuestadoras”, indicaron de manera reiterativa los delegados políticos de los partidos antes mencionados. Para la inhabilitación del permiso entiende fundamental que esta decisión de la JCE sea sometida a la opinión de los partidos políticos.
El vocero del Partido Demócrata Institucional (PDI), Leonardo Suero, le sugirió a la JCE tomar una medida cautelar administrativa en la cual le informe a la empresa, que viole esta disposición, su suspensión, hasta el siguiente proceso electoral.
“Para que nos evitemos que estén tratando de acomodar la mente del dominicano, que este tipo de bombardeo subliminal lo que busca es que un candidato salga primero”, dijo Suero. No obstante, el pleno del órgano electoral no informó sobre la admisión de esta moción.
Su posición, según explicó, es una respuesta a las constantes mediciones que publican emisoras radiales y medios de comunicación, sin importar que sean desarrolladas fuera de la contienda electoral.
“No voy a mencionar emisora, pero aquí todos la conocemos… viven haciendo encuestas de manera recurrente, inmiscuyéndose en activismo político. No vayan a creer que esas emisoras hacen esas encuestas por dinero para mantener una tendencia política”, afirmó.
¿qúe dice la ley?
El artículo 216 de la Ley 20-23 solo prohíbe la la publicación y difusión de sondeos o encuestas
electorales los ocho días anteriores
al de la votación.
“Boca de Urna”
“Se prohíbe el proselitismo 48 horas antes del proceso electoral. Entonces, ¿Cómo es posible que le permitamos a las encuestas (hacer estos sondeos) dentro del proceso de votación? Debemos reglamentarlo so pena de que quien lo haga también tenga sanciones”, dijo Suero pidiendo también la prohibición de conocer los resultados sobre las encuestas “boca de urna” durante las votaciones.
“Que el resultado de las encuestas boca de urna sea privado de los contratantes, so pena de sanción. Solo la JCE puede emitir resultados públicos el día de las elecciones, garantizando la integridad y certeza del proceso electoral”, afirmó Tania Báez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Registro ante la JCE
Por otro lado, las organizaciones políticas recomendaron al órgano electoral fortalecer los requisitos que deben cumplir de manera obligatoria las firmas encuestadoras en República Dominicana.
Para esto, propusieron habilitar un apartado en la página web de la JCE en la que de forma actualizada se presenten los trabajos de encuestas realizadas, conjuntamente con la ficha técnica que detallará la descripción de la muestra, estratificación en caso de que aplique, temporalidad en el trabajo de campo, cuestionario integro de aplicación, datos del patrocinador e informe final con los resultados, margen de error y nivel de confianza, cobertura geográfica, fecha y método de levantamiento, entre otros.
Recomiendan crear una comisión técnica consultiva permanente integrada por los representantes de partidos políticos, universidades y expertos en encuestas con el objetivo de darle seguimiento a la aplicación del reglamento y proponer mejoras continuas.
Julián Burgos del Partido Humanista Dominicano (PHD) entiende que la “restricción” colocada en el artículo 7 del reglamento elaborado por la JCE para evitar las encuestas en línea, telefónicas y digitales podrían obstaculizar la aplicación de técnicas actuales. Significando, además, una afectación al principio constitucional de libertad empresarial, consignado en artículo de 50 de la Carta Magna.
“Nuestra sugerencia es permitir el uso de metodología mixta, telefónica, en línea, digitales, entre otras, bajo criterio técnico estricto, auditable y debidamente documentado, sin comprometer el rigor metodológico ni la representatividad”, expresó Burgos.
Por igual, demandó a la JCE aclarar que la supervisión dictada en la propuesta de reglamento no implica la validación de los resultados, sino una verificación exclusiva de las condiciones técnicas y formales.
Opinión de las firmas
La Asociación de Empresas de Investigación de Mercado, con 16 empresas agrupadas en el territorio nacional, aprovechó su oportunidad de intervención para reafirmar su compromiso en contra de las informaciones falsas.
“Queremos combatir la desinformación, pero rechazamos la definición de las encuestas electorales como un instrumento de propaganda. Son instrumentos científicos para divulgar la opinión pública, no para dirigirla”, declaró Maijo Gutiérrez, representante del gremio.
Sin embargo, también compartieron sus observaciones, expresando que es necesario colocar “bien claro” que la regulación no es a la ejecución de las encuestas políticas, sino a su publicación y mal uso.
“Que haga una distinción entre lo que son las encuestas internas y las encuestas públicas difundidas por medios, redes y particulares”.
Asimismo, manifestaron su voluntad de pertenecer a una comisión mixta para darle seguimiento continuo al reglamento con la revisión de metodologías, validación a los estándares de calidad, actualización de la normativa, atender controversias técnicas con objetividad, fortalecer la confianza pública en los estudios profesionales, proteger el prestigio de la investigación seria frente a la manipulación de datos, implementar campañas informativas sobre las encuestas con rigor científico.
“Estaríamos dispuestos a hacer capacitaciones periódicas sobre la correcta lectura e interpretación de las encuestas dirigidas a candidatos, partidos, medios de comunicación y público en general, así como establecer protocolos para su divulgación”, destacó Gutiérrez.
“Más tiempo”
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Unión Demócrata Cristiana (PUDC) y el Partido Cívico Renovador (PCR) requirieron ante el órgano electoral extender el plazo del proceso de diálogo para continuar analizando la pieza, lo que les permitirá compartir sus conclusiones.
El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, prolongó hasta el próximo 19 de junio a las 4:00 de la tarde el tiempo hábil que tendrá la secretaria general para recibir los documentos de los partidos políticos, medios de comunicación, firmas encuestadoras y cualquier ciudadano interesado en compartir su opinión sobre el particular.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
Más Noticias
Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/aplazan-coercion-contra-mujer-acusada-de-asfixiar-a-su-hija-5e5f222a.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
Más Noticias
Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.