El Ministerio de Salud Pública informó 600 hospitalizados para una tasa de 18%; 189 permanecen en unidades de cuidados intensivos. ARCHIVO
Santo Domingo, RD.-El mes de noviembre llegó ayer a la mitad con un registro de 6,133 nuevos contagios de coronavirus y 35 muertes, con una positividad 12.41%.
El primero de noviembre el Ministerio de Salud Pública en su boletín #228 reportó una positividad de 7.28%, cuando el acumulado de casos era de 127,591, y 15 días después la positividad diaria se situaba en 12.41%, con un total de casos de 133,724. En ese período se notificaron 35 fallecimientos para un acumulado de muertes por la pandemia de 2,285.
El fin de semana fue notable el aumento de casos, pues el viernes se notificaron 918; el sábado 671 y ayer domingo 499 para una sumatoria de 2,088 en tres días, con 11 muertes reportadas.
En este mes de noviembre también han aumentado las muestras de Covid-19, llegando a procesar 46,458, según los reportes de las autoridades sanitarias.
De 602,101 muestras procesadas al primero de noviembre aumentaron a 644,538 en el último boletín #241 correspondiente al domingo 15 de noviembre.
Hospitalizaciones
Salud Pública reportó 600 hospitalizados para una tasa de 18%; 189 permanecen en unidades de cuidados intensivos para un 36% y 100 tiene ventiladores, equivalente a 25%.
Listos para vacunarse
El 68% de la población de la población dominicana estaría dispuesta a recibir la vacuna contra el coronavirus, de acuerdo a los resultados de una Encuesta sobre el Grado de Percepción de Vacuna Contra el Covid-19.
En este contexto, el 22% de las personas encuestadas mantienen cercanía con personas en clasificación de riesgo mayor de 65 años y/o pertenecientes a los grupos vulnerables por hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, embarazo, inmunosupresión y enfermedades respiratorias.
Las cifras de ayer
Este domingo se reportaron 499 casos de coronavirus y tres muertes, de la que una ocurrió en las últimas 24 horas, según el boletín epidemiológico #241 del Ministerio de Salud Pública.
Las muestras
De 5,720 muestras procesadas en las últimas 24 hora, 499 dieron positivo, colocando la positividad diaria en 12.41%. en los últimos tres días se han detectado 2,088 casos en el país, sumando los 918 del viernes, los 671 del sábado y los de 499 de hoy.
Ya son 133,724 los casos acumulados de covid-19, de los que 21,458 están activos.
Mientras que las defunciones se elevaron a 2,285.
Hay 600 personas hospitalizadas para un 18% de ocupación; 189 están en Unidades de Cuidados Intensivos para un 36% y 105 sin ventiladores para un 25%.
SEPA MÁS
La muestra.
Los resultados de la muestra completa tuvieron un promedio de tiempo de respuesta por persona encuestada impactando un 18% en personas entre 18 a 25 años de edad y un 43% entre los 30 y 50 años, ciudadanos titulares con hijos.
Evaluación.
La encuesta permite evaluar el grado de intención para vacunarse contra el COVID-19 de una muestra representativa de la población afiliada a ambas instituciones; en apoyo a las iniciativas de investigación de la percepción de los ciudadanos respecto a la vacuna y para aportar datos estadísticos al sistema de salud dominicano.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
