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85% de personas VIH positivo disminuyeron ingresos durante COVID-19, revela ONUSIDA
Santo Domingo.- El 85% de las personas VIH positivo que participaron en la “Segunda Encuesta Rápida de Necesidades de las Personas que Viven con VIH (PVVIH) ante la pandemia por COVID-19 en la República Dominicana”, ha sufrido la disminución de sus ingresos económicos en forma drástica, informó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA).
Bethania Betances, directora de ONUSIDA en el país, detalló que los estragos del estado de emergencia por COVID-19 a nivel económico son altos, dado que el 45% de los encuestados expresó que la reducción de sus ingresos supera el 50%, mientras que para el 21% de participantes se redujo entre 25% y 50%, y para el 24% la disminución fue inferior al 25%.
“Al momento de la encuesta, el 38% de las personas haitianas y sus descendientes estaban desempleadas o eran estudiantes. De los que trabajaban, el 1% lo hacía en el sector público y el 16% en el privado, mientras que un 21% laboraba en el sector informal. La población haitiana también presentó porcentajes más altos de ocupación en trabajos domésticos, dado que el 14% se desempeñaba en ese tipo de labores, y un 9% como obreros”, subrayó.
Betances aseguró que la COVID-19 no es solo una pandemia global y una crisis de salud pública, sino que también afecta gravemente la economía de los países, debido a que entre las consecuencias negativas del impacto de las medidas de mitigación que se implementan en muchos países, se encuentran las reducciones significativas de los ingresos, aumento en el desempleo por las interrupciones en el funcionamiento de empresas e industrias, así como de los medios de transporte y otros servicios.
En el estudio se priorizaron las poblaciones clave de la Respuesta Nacional al VIH, por el impacto que tienen la epidemia del Sida y la pandemia COVID-19 en esos grupos poblacionales. “Es por ello que, el 38% de encuestados pertenecen a poblaciones de Hombres que Tienen Sexo con Hombres (HSH), 19% a Trabajadoras Sexuales (TRSX), 14% a migrantes haitianos y sus descendientes, 11% a Usuarios de Drogas (UD), 9% a transgénero femenina, 2% a personas con discapacidad y otro 2% a personas privadas de libertad”, explicó.
En relación con la nacionalidad, el 80.9% estuvo representado por personas que viven con VIH de origen dominicano, seguida por un 14% de migrantes y descendientes haitianos, 4.6% de personas de origen venezolano, y 0.5% de otras nacionalidades, tales como bahameños, colombianos y cubanos.
Del total de participantes en la encuesta, 12.5% carece de documentación o se encuentra en situación irregular en el país, siendo los venezolanos los más afectados, ya que el 70% no ha regularizado su condición migratoria, seguidos de los haitianos y sus descendientes, con un 47%, mientras que el 3% de dominicanos dijo no poseer actas de nacimiento.
Servicios de salud y violencia en tiempos de COVID-19
En lo que se refiere a la atención al VIH durante la COVID-19, destacó que el 22% reportó tener las células CD4 por encima de 500 y que el 5% nunca se ha hecho la prueba, mientras que el 91% dijo estar tomando Medicamentos Antirretrovirales (ARV), el 5% lo había abandonado, el 4% nunca había iniciado su uso. El 69% reportó contar con medicamentos para tres meses o más, recibidos de los Servicios de Atención Integral (SAIS).
Acerca de las condiciones de los servicios disponibles para evitar la interrupción de los tratamientos con ARV, la encuesta resaltó que los participantes expresaron la necesidad de mejorar la confidencialidad, ampliar los horarios de atención en las SIAS, así como recibir apoyo nutricional y de transporte.
Otro dato relevante es que el 16% de las personas que viven con VIH reportó haber sufrido algún tipo de violencia y el 53 % dijo sentir que pudiera ser violentado.
El estudio contó con el apoyo de OMS/OPS, UNICEF, UNFPA, PNUD, ONUMUJER, PMA, UNESCO y UNODC.
noticiassin
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.