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85% de personas VIH positivo disminuyeron ingresos durante COVID-19, revela ONUSIDA
Santo Domingo.- El 85% de las personas VIH positivo que participaron en la “Segunda Encuesta Rápida de Necesidades de las Personas que Viven con VIH (PVVIH) ante la pandemia por COVID-19 en la República Dominicana”, ha sufrido la disminución de sus ingresos económicos en forma drástica, informó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA).
Bethania Betances, directora de ONUSIDA en el país, detalló que los estragos del estado de emergencia por COVID-19 a nivel económico son altos, dado que el 45% de los encuestados expresó que la reducción de sus ingresos supera el 50%, mientras que para el 21% de participantes se redujo entre 25% y 50%, y para el 24% la disminución fue inferior al 25%.
“Al momento de la encuesta, el 38% de las personas haitianas y sus descendientes estaban desempleadas o eran estudiantes. De los que trabajaban, el 1% lo hacía en el sector público y el 16% en el privado, mientras que un 21% laboraba en el sector informal. La población haitiana también presentó porcentajes más altos de ocupación en trabajos domésticos, dado que el 14% se desempeñaba en ese tipo de labores, y un 9% como obreros”, subrayó.
Betances aseguró que la COVID-19 no es solo una pandemia global y una crisis de salud pública, sino que también afecta gravemente la economía de los países, debido a que entre las consecuencias negativas del impacto de las medidas de mitigación que se implementan en muchos países, se encuentran las reducciones significativas de los ingresos, aumento en el desempleo por las interrupciones en el funcionamiento de empresas e industrias, así como de los medios de transporte y otros servicios.
En el estudio se priorizaron las poblaciones clave de la Respuesta Nacional al VIH, por el impacto que tienen la epidemia del Sida y la pandemia COVID-19 en esos grupos poblacionales. “Es por ello que, el 38% de encuestados pertenecen a poblaciones de Hombres que Tienen Sexo con Hombres (HSH), 19% a Trabajadoras Sexuales (TRSX), 14% a migrantes haitianos y sus descendientes, 11% a Usuarios de Drogas (UD), 9% a transgénero femenina, 2% a personas con discapacidad y otro 2% a personas privadas de libertad”, explicó.
En relación con la nacionalidad, el 80.9% estuvo representado por personas que viven con VIH de origen dominicano, seguida por un 14% de migrantes y descendientes haitianos, 4.6% de personas de origen venezolano, y 0.5% de otras nacionalidades, tales como bahameños, colombianos y cubanos.
Del total de participantes en la encuesta, 12.5% carece de documentación o se encuentra en situación irregular en el país, siendo los venezolanos los más afectados, ya que el 70% no ha regularizado su condición migratoria, seguidos de los haitianos y sus descendientes, con un 47%, mientras que el 3% de dominicanos dijo no poseer actas de nacimiento.
Servicios de salud y violencia en tiempos de COVID-19
En lo que se refiere a la atención al VIH durante la COVID-19, destacó que el 22% reportó tener las células CD4 por encima de 500 y que el 5% nunca se ha hecho la prueba, mientras que el 91% dijo estar tomando Medicamentos Antirretrovirales (ARV), el 5% lo había abandonado, el 4% nunca había iniciado su uso. El 69% reportó contar con medicamentos para tres meses o más, recibidos de los Servicios de Atención Integral (SAIS).
Acerca de las condiciones de los servicios disponibles para evitar la interrupción de los tratamientos con ARV, la encuesta resaltó que los participantes expresaron la necesidad de mejorar la confidencialidad, ampliar los horarios de atención en las SIAS, así como recibir apoyo nutricional y de transporte.
Otro dato relevante es que el 16% de las personas que viven con VIH reportó haber sufrido algún tipo de violencia y el 53 % dijo sentir que pudiera ser violentado.
El estudio contó con el apoyo de OMS/OPS, UNICEF, UNFPA, PNUD, ONUMUJER, PMA, UNESCO y UNODC.
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.