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85% de personas VIH positivo disminuyeron ingresos durante COVID-19, revela ONUSIDA

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Santo Domingo.- El 85% de las personas VIH positivo que participaron en la “Segunda Encuesta Rápida de Necesidades de las Personas que Viven con VIH (PVVIH) ante la pandemia por COVID-19 en la República Dominicana”, ha sufrido la disminución de sus ingresos económicos en forma drástica, informó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA).

Bethania Betances, directora de ONUSIDA en el país, detalló que los estragos del estado de emergencia por COVID-19 a nivel económico son altos, dado que el 45% de los encuestados expresó que la reducción de sus ingresos supera el 50%, mientras que para el 21% de participantes se redujo entre 25% y 50%, y para el 24% la disminución fue inferior al 25%.

Indicó que, al momento de la encuesta en línea, realizada en junio de 2020, el 46% de entrevistadas estaba desempleado o era estudiante, en tanto que el 21% trabajaba en el sector privado, el 15% en el sector informal, el 9% en el sector público, el 5% se dedicaba al trabajo doméstico, un 2% al trabajo sexual, y otro 2% desarrollaba labores de obreros, agricultores o estaban jubilados.

“Al momento de la encuesta, el 38% de las personas haitianas y sus descendientes estaban desempleadas o eran estudiantes. De los que trabajaban, el 1% lo hacía en el sector público y el 16% en el privado, mientras que un 21% laboraba en el sector informal. La población haitiana también presentó porcentajes más altos de ocupación en trabajos domésticos, dado que el 14% se desempeñaba en ese tipo de labores, y un 9% como obreros”, subrayó.

Betances aseguró que la COVID-19 no es solo una pandemia global y una crisis de salud pública, sino que también afecta gravemente la economía de los países, debido a que entre las consecuencias negativas del impacto de las medidas de mitigación que se implementan en muchos países, se encuentran las reducciones significativas de los ingresos, aumento en el desempleo por las interrupciones en el funcionamiento de empresas e industrias, así como de los medios de transporte y otros servicios.

En el estudio se priorizaron las poblaciones clave de la Respuesta Nacional al VIH, por el impacto que tienen la epidemia del Sida y la pandemia COVID-19 en esos grupos poblacionales. “Es por ello que, el 38% de encuestados pertenecen a poblaciones de Hombres que Tienen Sexo con Hombres (HSH), 19% a Trabajadoras Sexuales (TRSX), 14% a migrantes haitianos y sus descendientes, 11% a Usuarios de Drogas (UD), 9% a transgénero femenina, 2% a personas con discapacidad y otro 2% a personas privadas de libertad”, explicó.

En relación con la nacionalidad, el 80.9% estuvo representado por personas que viven con VIH de origen dominicano, seguida por un 14% de migrantes y descendientes haitianos, 4.6% de personas de origen venezolano, y 0.5% de otras nacionalidades, tales como bahameños, colombianos y cubanos.

Del total de participantes en la encuesta, 12.5% carece de documentación o se encuentra en situación irregular en el país, siendo los venezolanos los más afectados, ya que el 70% no ha regularizado su condición migratoria, seguidos de los haitianos y sus descendientes, con un 47%, mientras que el 3% de dominicanos dijo no poseer actas de nacimiento.

Servicios de salud y violencia en tiempos de COVID-19

En lo que se refiere a la atención al VIH durante la COVID-19, destacó que el 22% reportó tener las células CD4 por encima de 500 y que el 5% nunca se ha hecho la prueba, mientras que el 91% dijo estar tomando Medicamentos Antirretrovirales (ARV), el 5% lo había abandonado, el 4% nunca había iniciado su uso. El 69% reportó contar con medicamentos para tres meses o más, recibidos de los Servicios de Atención Integral (SAIS).

Acerca de las condiciones de los servicios disponibles para evitar la interrupción de los tratamientos con ARV, la encuesta resaltó que los participantes expresaron la necesidad de mejorar la confidencialidad, ampliar los horarios de atención en las SIAS, así como recibir apoyo nutricional y de transporte.

Otro dato relevante es que el 16% de las personas que viven con VIH reportó haber sufrido algún tipo de violencia y el 53 % dijo sentir que pudiera ser violentado.

El estudio contó con el apoyo de OMS/OPS, UNICEF, UNFPA, PNUD, ONUMUJER, PMA, UNESCO y UNODC.

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El derecho procesal penal y sus falencias en República Dominicana.

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SANTO DOMINGO. El derecho procesal penal cada día a través de los casos que se conocen en los tribunales envía el mensaje de que tiene falencias que promueven la impunidad y la falta de la sanción adecuada para los protagonistas de los crímenes y delitos, ya que incluso la propia norma sobre la materia es una especie de protección del delincuente y un mecanismo de  revictimización de la victima, así como el derecho civil ha sido concebido para proteger al acreedor e incluso en detrimento del derecho del deudor.

Aunque el caso del apodado «Dotolcito»  tal vez no es  el mejor escenario para medir las debilidades de la justicia penal en el pais, ya que el legislador y también  los jueces siempre interpretan las normas para favorecer al imputado y perjudicar a la victima, aunque generalmente esto ocurre cuando se trata de ilícitos que no necesariamente involucra la muerte de alguien, pero sí en los casos de estafa y otros tipos de delitos menores, aun aquellos que se rigen por leyes especiales como el de trabajo pagado y no hecho.

Un ejemplo de lo afirmado más arriba lo representa Danil Ramírez Santana, el taxista del caso de Jhosua Omar Fernández, quien no fue sometido por el Ministerio Público porque este órgano  valoró no hacerlo por razones atendibles, que aunque se habla de su colaboración, pero que la misma no está claramente explicada en el expediente, pese a  que los familiares de la victima se sintieron satisfecha con la sentencia, cuyo hecho tuvo lugar en la discoteca Bar Kiss en Naco.

Danil Ramírez Santana, prestó sus servicios a Wesly Vincent Carmona, alias «El Dotolcito», para transportar para él a Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, y Luis Alberto Brito Troncoso, los hombres con los cuales se asoció en el atraco.

De acuerdo con la fiscal a cargo el taxista colaboró y fue fundamental para que El Dotolcito, Chiquito y Luis Alberto fueran condenados la madrugada del 25 de abril.

Señaló, no obstante, que el investigador podría en otra circunstancia decidir sobre la suerte del taxista.

“Es importante que se verifique en la sociedad dominicana que todo aquel que infrinja la ley, no importa quién sea, ni que se crea famoso, tendrá al Ministerio Público de frente para su persecución para decidir la pena justa por el hecho que se cometa”, dijo la fiscal tras la sentencia..

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictaron sentencia condenatoria de 30, 20 y 15 años a los imputados por la muerte del joven Joshua Fernández.

El tribunal condenó al imputado Alison de Jesús Pérez, “Chiquito”, a 30 años de prisión, tras declararle culpable del homicidio de Joshua.

Alias Chiquito, fue sentenciado por asociación de malhechores y robo agravado y deberá pagar una indemnización de cinco millones de pesos a la familia de la víctima.

Mientras que el imputado Luis Alberto Brito, deberá cumplir 20 años de prisión, por asociación de malhechores, robo agravado y porte y tenencia ilegal de armas.

En tanto Wesly Carmona, el «Dotolcito» fue sentenciado a 15 años de prisión, por asociación de malhechores y robo agravado.

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Jueza del caso Joshua Fernández advierte a los padres verificar lo que hacen los hijos.

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Santo Domingo, R.D.-Ysell Bienvenida Soto Pena, jueza del tribunal penal que condeno a los involucrados en el crimen de Johua Fernández en Santo Domingo pidió a la sociedad una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana y fustigó la búsqueda de dinero fácil de parte de la juventud.

La magistrada se refirió a la descomposición social del país en momentos en que leía la sentencia que condenó a los responsables de la muerte del joven Joshua Omar Fernández.

Por ese caso, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a prisión por 30 años a Alison Jesús Pérez Mejía, culpable de asociación y homicidio voluntario. A Luis Alberto Troncoso, 20 años y a Wesly Vicent Carmona Corcino, 15 años de prisión.

“Hay que verificar lo que hacen los hijos en casa de manera vehemente y persistente y no desistir. Porque como padres todos asumimos la responsabilidad aunque aun así hay jóvenes que salen de esa guía y ahí es donde entra el tribunal a tomar decisión”, dijo la magistrada al cierre de su intervención pasada la 1 de la madrugada.

La jueza dijo que de acuerdo a los elementos de prueba que tenía en manos el accionar de esos jóvenes debe llevar a una profunda reflexión social.

“Y qué bueno que aquí en este proceso se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras. Es momento de que la sociedad reflexione de manera general, es necesario que se vea lo que está pasando, el dinero fácil: hay que trabajar…”, señaló la magistrada.

Joshua Omar Fernández murió cuando compartía con unos amigos en un bar del Distrito Nacional y los jóvenes condenados realizaban un atraco cerca de allí. Los implicados en el caso realizaron dos disparos, uno al aire y otro lineal, según pudieron establecer las juezas. Uno de esos disparos alcanzó la cabeza de Fernández cegándole la vida.

ANTES DE LA SENTENCIA

Durante la penúltima sentencia, El Dotolcito se disculpó con su familia, a la de Joshua y a la sociedad por “no llevarse de consejos”, aunque no elaboró más sobre ese tema.

Asimismo, aseguró que no es capaz de hacerle daño a otra persona.

Por su parte Chiquito, pidió que se le juzgara por el delito que cometió que, según su testimonio, se trató de un robo y no un asesinato.

«Yo le pido a ustedes que se me haga justicia por lo que nosotros cometimos, que fue un asalto, no hagan justicia por algo que uno no haya cometido», expresó.

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30, 20 y15 años de cárcel a jóvenes involucrados en crimen de Joshua Fernández.

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Santo Domingo, R.D.-El famoso caso del «Dotolcito» concluyó esta madrugada del jueves con una decisión de las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que  sentencia a Wesly Vincent Carmona, conocido como a 15 años de prisión y sus otros amigos a 30 y 20 años de prisión.

La peor parte de la condena recayó sobre Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) quien fue sentenciado a 30 años de cárcel y Luis Alberto “Luisito” Brito a 20, respectivamente.

Estas condenas fueron emitidas por las juezas Claribel Nivar, Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo.

Por el crimen, el Ministerio Público solicitaba condenar a 30 años de prisión a El Dotolcito, mientras que para Chiquito y Brito Troncoso pidió que fueran sentenciados a 40 años de prisión.

El Ministerio Público acusaba a El Dotolcito de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

Mientras que, Chiquito fue acusado de violar 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

En tanto, al imputado Luisito le señalaba por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

PIDIÓ PERDÓN

El día previo a la sentencia, Wesly Vincent Carmona se disculpó con su familia, a la de Joshua y a la sociedad por “no llevarse de consejos”, aunque no elaboró más sobre ese tema.

“Yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático”, dijo, reiterando su inocencia en el caso.

Sin embargo, los otros imputados en el caso insistieron en que El Dotolcito participó planificación y desarrollo del atraco que terminó en la muerte de Joshua.

Además Luisito, al declarar ante el Tribunal, aseguró que el influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como “El Dotol Nastra”, le ofreció un millón de pesos para inculparse.

Luisito testificaba su versión de los hechos ante las juezas del Segundo Tribunal Colegio del Distrito Nacional, cuando declaro que el padre El Dotolcito, lo llamó para que él y Chiquito se inculparan a cambio de un millón de pesos.

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