Nacionales
Procurador dice “trabajan para acercar el Ministerio Público a la sociedad”
«Los jueces, en su función constitucional de administradores de la justicia, son los árbitros que deciden finalmente los expedientes, de naturaleza penal en nuestro caso».
Jean Alain Rodríguez, procurador General de la República.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que el plan de trabajo que desarrollan está enfocado en el fortalecimiento institucional y que procuran acercar el Ministerio Público cada vez más a todos los ciudadanos.
El magistrado Rodríguez habló del tema al encabezar el conversatorio “Rol del Ministerio Público” junto al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños.
“Esta actividad forma parte del plan institucional, definido y pensado cuidadosamente para acercar al Ministerio Público a la comunidad, en especial a aquellos usuarios no especializados en derecho penal”, manifestó al pronunciar las palabras de bienvenida.
Al referirse al plan que llevan a cabo para tener mejores servicios y mayor atención especializada al ciudadano, dijo que el fortalecimiento institucional se ha convertido en el norte a seguir con un intenso enfoque en los recursos humanos, por lo que procuran completar el déficit de fiscales que tienen muchas jurisdicciones a través de una convocatoria reciente de ingreso a la carrera del Ministerio Público.
Dijo que a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), que a finales del año 2016 se convirtió en Instituto de Educación Superior, continúan fortaleciendo la capacitación de los miembros de la institución.
“Con fiscales experimentados y más capacitados, no solo contaremos con mejores mentores para los nuevos integrantes, sino con un acervo de experiencias que favorecen tanto al ciudadano al momento de recibir los servicios, como al mismo Ministerio Público”, manifestó Rodríguez.
Asimismo, agregó que están trabajando para mejorar todos los servicios y garantizar que cada fiscalía cuente con las herramientas básicas para realizar efectivamente su trabajo, desde procesar las denuncias y querellas, llevar las estadísticas pertinentes, y realizar los descensos necesarios para las investigaciones.
El procurador añadió que están realizando diagnósticos provinciales de criminalidad, utilizando las estadísticas de las diferentes dependencias para diseñar planes de prevención efectivos.
También, se refirió a las labores de prevención de la violencia de género, destacando que próximamente pondrán en marcha el programa nacional de prevención de la violencia de género en el país.
Rol instituciones del sistema de justicia
Tras destacar la importancia de dar a conocer el funcionamiento del sistema de justicia, explicó que es vital que la sociedad identifique y distinga cada uno de los órganos que componen dicho sistema, de modo que las responsabilidades de cada institución queden claramente definidas y que los ciudadanos sepan qué esperar y exigir de sus servidores públicos.
Resaltó las facultades que le otorga la Constitución al Ministerio Público para la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, seguido de la dirección de la investigación penal con la colaboración de la Policía Nacional y de otras agencias investigativas, así como el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad.
“Mientras el Ministerio Público se encarga de las diligencias investigativas para la recolección de evidencias y presentar las acusaciones ante los tribunales. Los jueces, en su función constitucional de administradores de la justicia, son los árbitros que deciden finalmente los expedientes, de naturaleza penal en nuestro caso”, detalló.
El procurador dijo que el Ministerio Público está dispuesto a darle la cara a esos retos y que trabaja con ahínco, dedicación y vocación de servicio a favor de la ciudadanía, siempre dentro del marco de las normas constitucionales y legales.
Conversatorio “El Rol del Ministerio Público”
El conversatorio estuvo bajo el auspicio de la Procuraduría y la Finjus en el marco de las acciones para acercar el Ministerio Público a la población.
Este contó con la participación de miembros del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia y otros actores del sistema de justicia, así como de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de diversas instituciones nacionales e internacionales.
Durante el desarrollo del conversatorio, el público que asistió a la actividad pudo conocer aspectos importantes sobre los temas “El Rol del Ministerio Público en el Proceso Penal”, “Protección y Acompañamiento a Víctimas”, “Políticas Públicas de Prevención de la Criminalidad, “Ministerio Público y la Sociedad”, “La Escuela Nacional del Ministerio Público como Instituto de Educación Superior”, “Servicios a la Ciudadanía de la Procuraduría General de la República”, y sobre “El Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público”.
acento.com.do
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.