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República Dominicana investigará con Venezuela caso avión con drogas en que murieron dos personas
En relación a la salida del país de la aeronave, Twin Comander, Modelo Aircraft LLC 500, matrícula dominicana número Hl 560, propiedad de la compañía Inter Alia, S.A., se estableció que la operación de salida se realizó desde el Aeropuerto Internacional de La Romana (este) el pasado 25 de septiembre, a las 17.31.
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El Ministerio de Defensa dominicano instruyó a la comisión investigadora de accidentes aéreos para que establezca con las autoridades de Venezuela las circunstancias en las que un avión con destino a ese país se accidentó al aterrizar causando la muerte de dos personas, y en cuyo interior había residuos de drogas.
En un comunicado de prensa se detalla que la comisión investigadora también deberá dilucidar el paradero de los tripulantes del vuelo, que despegó desde la República Dominicana, tal como indican las normativas internacionales de aviación civil para estos casos.
En las investigaciones que han hecho las autoridades dominicanas sobre las aeronaves, que salieron del país de forma regular, participaron la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección Nacional de control de Drogas (DNCD), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el Centro Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Civil (CESAC).
En relación a la salida del país de la aeronave, Twin Comander, Modelo Aircraft LLC 500, matrícula dominicana número Hl 560, propiedad de la compañía Inter Alia, S.A., se estableció que la operación de salida se realizó desde el Aeropuerto Internacional de La Romana (este) el pasado 25 de septiembre, a las 17.31.
“Esta cumplió todos los parámetros establecidos en las regulaciones nacionales e internacionales sobre seguridad operacional y seguridad de la aviación civil, para una operación aérea de aviación general privada”, precisa el comunicado.
Indica que la tripulación de esa aeronave estaba compuesta por el piloto, Avelino Astacio Santana, de nacionalidad dominicana, y el copiloto, Diego Armando León Rivera, de nacionalidad colombiana, y que no hubo ilícito alguno en dicha operación.
En relación a otra aeronave, PA31 Modelo Piper y con matrícula estadounidense, se estableció que salió del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo el 12 de agosto, cumpliendo también todos los parámetros establecidos en las regulaciones nacionales e internacionales sobre seguridad operacional y seguridad de la aviación civil.
El destino de esa aeronave era el Aeropuerto Internacional Reyna Beatrix de Aruba, y era pilotada por su propietario, Máximo Gómez Peña, y su copiloto, Francisco Ortiz, ambos dominicanos, y quienes retornaron al país ese mismo día en un vuelo comercial, de modo que la aeronave permaneció en Aruba, desde donde hizo otras operaciones de vuelos durante veintitrés días.
De acuerdo con el comunicado del MIDE, el 4 de septiembre esa aeronave realizó una operación de vuelo desde Aruba a la ciudad de Santa Bárbara del Estado de Zulia, Venezuela, con cuatro personas a bordo (ninguno dominicano), y envuelta en un caso de tráfico ilícito de narcóticos.
La investigación interinstitucional determinó que en el caso referido no se ha violado la legislación dominicana. No obstante, las autoridades seguirán trabajando y aunando esfuerzos para evitar que se use el país para preparar aeronaves que luego se destinan a actividades ilícitas en el ámbito internacional. EFE
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Juez decidirá este lunes enviar o no a juicio a Antonio y Maribel Espaillat en caso Jet Set
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Onco14: Solicitarán prisión contra 3 acusados de desviar fondos de pacientes oncológicos
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.