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Editorial

Otro Bochorno de la Justicia

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En lo que parece ser un entramado de complicidad que involucra a fiscales, jueces, abogados y por lo menos un médico legista, la Republica Dominicana tiene que vivir un nuevo capitulo de la vulnerabilidad de la Justicia, poder del Estado en el que nadie cree.

El colmo del poco respeto hacia la Justicia tiene que ver con la expedición de una certificación falsa del médico legista Orlando Herrera Robles, en el que se testifica que Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) había fallecido de un infarto agudo al miocardio, lo cual lo hace cómplice de un convicto condenado por homicidio a 30 años de cárcel.

Lo grave del problema es que este no es el peor crimen del supuesto fallecido, sino que se ha dedicado al narcotráfico y al sicariato, lo que podría advertir que estamos frente a una asociación de malhechores que involucra a fiscales, jueces, abogados y médicos que probablemente trabajen al servicio de una organización delincuencial de grandes alcances.

La certificación del médico legista establece que el convicto delincuente había muerto de un carcinoma epidermoide en la base de la lengua, pero ya antes del invento de la muerte de Castillo Paniagua se había producido una variación del cumplimento de la condena de 30 años a prisión domiciliaria, cuya decisión provino de un tribunal de San Francisco de Macorís.

Todo refleja que en el caso de este hombre hay toda una cadena de complicidad que involucra a fiscales, jueces, abogados y otros miembros de la justicia, como se estila en la República Dominicana.

El plan fue tan bien concebido que cuando la Procuraduría General de la República desarrolla una investigación sobre la misteriosa muerte del peligroso delincuente, su esposa confirmó a los investigadores del caso que éste había fallecido y que su cadáver fue trasladado a un lugar desconocido, cuyo testimonio la hace también cómplice del macabro hecho delincuencial.

En el marco de este insólito caso, la Procuraduría General de la República dice que no descarta el procesamiento penal del médico legista que emitió el certificado de fallecimiento, lo cual deja a cualquier persona estupefacta, cuando ha quedado claro que este profesional de la medicina es cómplice de un delito muy grave.

Ahora el Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación para determinar dónde se encuentra este delincuente, quien de seguro se moverá con una identificación falsa, tal vez en la República Dominicana o en el exterior.

El caso de Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) revela hasta dónde la Justicia constituye una gran vergüenza para todos y cada uno de los dominicanos, la cual no conserva ninguna credibilidad y pone en tela de juicio el llamado estado de derecho, aspecto fundamental de cualquier sociedad que se reputa de democrática.

El caso Quirinito es otro capítulo de una película que parece ser de ciencia ficción y que daña en lo más profundo los valores de la  sociedad dominicana.

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Editorial

Neo-constitucionalismo versus institucionalidad.

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A nivel internacional e incluso en aquellos órganos de la Organización de Estados Americanos (0EA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está muy en boga el concepto predominante en el constitucionalismo contemporáneo, el cual se fundamenta en valores, principios y derechos fundamentales.

Y naturalmente el fenómeno también ha impactado a la República Dominicana en dos niveles diferentes, uno el académico e intelectual y el otro en la práctica del derecho por parte del Tribunal Constitucional.

En este aspecto nadie puede dudar que en ambos contextos ha habido avances importantes, primero porque el tema está sobre la mesa en los escenarios de las universidades nacionales y de una serie de constitucionalistas que abordan la cuestión y en las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, en las que se reflejan las teorías en esta materia que hoy se debaten en el derecho comparado.

Son muchos los entuertos corregidos por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a derechos, principios y valores como el de igualdad en la aplicación de las salidas que se les debe a los casos en que el mismo resultaba subordinado a otros principios de menor peso.

Pero se observa que el sendero que lleva el Tribunal Constitucional no parece que deje los resultados esperados, por lo menos a corto o mediano plazo, porque ese neo-constitucionalismo fundamentado en derechos, valores y principios no ha sido lo suficientemente digerido por el juez de primera instancia y de las cortes de apelación.

Aunque, naturalmente, podría decirse que al final de la jornada una mala interpretación jurídica, de la ponderación y de la argumentación por parte de los jueces de primera instancia va a sucumbir en el camino  porque los casos tienen como   destino  que lleguen al Tribunal Constitucional, pero en realidad ante lo largo de la mora podría decirse entonces que en los casos habría denegación de justicia.

Entonces, la pregunta que se impone es si con los bajos niveles de institucionalidad será posible que en el país prevalezca con buenos resultados el neo-constitucionalismo a partir de que hasta las decisiones que se inscriben en esta corriente no tienen la garantía de que se apliquen en los tribunales inferiores, muchas de las cuales además sientan jurisprudencias y constituyen precedentes vinculantes.

En realizad, ante un sistema de justicia obsoleto, con jueces con una visión atrasada del derecho, no es fácil que la corriente del constitucionalismo contemporáneo haga efecto en el país, por lo menos en los próximos años.

En consecuencia, se impone que el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia recurran a su inspectoría para que someta a un control a los jueces ordinarios o de los tribunales inferiores para que se compruebe sin fallan en función de la nueva corriente del derecho que tiene que ver con el neo-constitucionalismo, el cual está fundamentado en valores, principios y derechos fundamentales.

Además, seria de una gran importancia que se pueda crear una mesa técnica que le dé seguimiento a este tema, la cual debe estar integrada por abogados constitucionalistas, las universidades nacionales a través de sus escuelas de derecho, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a fin de que haya una vigilancia permanente de los actores del sistema de justicia y así evaluar si se comportan en función del catálogo de derechos humanos consignados en las figuras de la interpretación, la ponderación y la argumentación.

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Editorial

R.D. en medio de disyuntiva politica entre jóvenes viejos y viejos jóvenes.

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El agotamiento del modelo que han impregnado en la sociedad dominicana los partidos históricamente viejos, comprometidos con el peor de los pasados, parece abrirle las puertas hacia la dirección del Estado a jóvenes sólo biológica o físicamente, pero viejos de ideas y con profundos compromisos con los intereses de sus padres y abuelos.

El fenómeno, aunque parece normal,  si la sociedad no le pone atención a ese detalle, podría vernos sumergidos en las mismas inconductas de políticos partidistas que se llevan hacia la eternidad su mal accionar en contra del país y de la patria.

En estos tiempos no ha quedado dudas de que se avecinan cambios en la forma de hacer política, en ponerle fin a la cadena de complicidad que ha colocado al país en su peor destino, en lo que podría ser la más grande desgracia nacional.

El nivel de abstención permite hacer un diagnóstico de la mejoría de un enfermo que parece que no se quiere dejar morir y naturalmente nos referimos a la República Dominicana, cuyos actores de la vida política nacional lo han empujado a un precipicio que si se cae en ese vacío no lo salva nadie.

Sin embargo, las elecciones recién celebradas, tanto las municipales como las presidenciales y congresuales, han dejado el mensaje de que la gente, el ciudadano, no está dispuesto a dejar que todo se pierda, porque la abstención es una alarma de los grandes riesgos que corre la democracia y que indica que el votante no se mantendrá pasivo e indiferente.

Naturalmente, ese disgusto debe ser bien canalizado para que el remedio no sea peor que la enfermedad, por lo que se impone poner atención a una camada de políticos nuevos que tienen serios compromisos con ese pasado funesto que arrastra el país.

Hay una serie de jóvenes que más que representar el verdadero cambio que se requiere, representa sumergir la nación en el peor de los legados y ante esa realidad, en muchos casos, vale más la pena fijarse en políticos biológicamente viejos, pero jóvenes desde la perspectiva de su compromiso con el futuro a través de la ética y la moral y de ideas innovadoras que conduzcan a la República Dominicana hacia el crecimiento y el desarrollo.

Las herramientas están a la mano, pero todo va a depender que tanto compromiso se tenga con el pasado, con los políticos corruptos y degenerados, o con aquellos que a pesar de ser biológicamente viejos, son jóvenes de ideas y de proyectos que insertarían a la nación en un porvenir promisorio.

Es bueno que se entienda que el quid del asunto no descansa en escoger un joven que no tenga la menor idea del poder del Estado para la transformación nacional, pero además comprometido con un pasado que lo ata, sino ciudadanos, sin importar la edad, que rechazan ese legado y que procuran vivir más allá de la muerte.

Ojos pelaos, porque todo lo que brilla no es oro.

 

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Editorial

Un enfermo que camina con un medicamento o muleta que no evitará su muerte.

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Las elecciones celebradas este domingo dejan un mensaje agridulce a los dominicanos, porque los comicios no son un instrumento de fortalecimiento de la democracia, sino de una reconfirmación de una serie de antivalores cívicos y democráticos.

La peligrosidad de la crisis social, económica, de seguridad pública y ciudadana, así como de fenómenos como la exclusión social y la corrupción generalizada, toma cuerpo en la sociedad dominicana, ya que el que no ve la vida desde esa perspectiva es un loco o desquiciado.

Por esa razón aparece gente en el proceso electoral que se concentra en un centro de votación y sólo acude a depositar su voto cuando aparece el mejor postor para comprarle ese derecho cívico tan sagrado.

Es decir, que se trata de un problema de fondo, muy delicado y como ha dicho este periódico en otras ocasiones, de que se trata de un mal con raíces profundamente culturales.

Y no importan las advertencias de la Procuraduría de Asuntos Electorales, porque esta instancia adolece del mismo problema, dado que se trata de una cuestión integral y transversal a todas las instancias públicas y privadas de la sociedad dominicana.

Sin embargo, el ciudadano dominicano se ha encargado de enviar el mensaje de que no está conforme con la conducta de los gobiernos que se suceden en el país, lo cual no es asimilado por los partidos políticos que cuando tienen el control del Estado se creen que el patrimonio público es de su propiedad.

La abstención y más que ésta el propio voto en blanco, que aparece por primera vez en unas votaciones nacionales,  es una herramienta para buscar mejorar la democracia nacional y decirles no a los politiqueros que no creen en otra cosa que no sea en sus propios intereses personales o individuales.

Este nuevo triunfo del PRM a nivel municipal y nacional no sirve más que para que estos funcionarios en un segundo periodo gubernamental se crean que el patrimonio público les pertenece por ser parte de una herencia que les dejaron sus abuelos.

Lo preocupante de todo esto que aun aquellos que tenían una actitud crítica con los que se dedican a la politiquería hoy se sumen a los que no tienen otro propósito que causar la ruina de las riquezas nacionales.

Sólo falta esperar para tener todos los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales, en las que  parece que la nueva figura que hace presencia en la política partidarista nacional es la falta de legitimidad de sus autoridades, lo cual podría representar un serio problema de gobernanza y gobernabilidad.

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