Editorial
Otro Bochorno de la Justicia
En lo que parece ser un entramado de complicidad que involucra a fiscales, jueces, abogados y por lo menos un médico legista, la Republica Dominicana tiene que vivir un nuevo capitulo de la vulnerabilidad de la Justicia, poder del Estado en el que nadie cree.
El colmo del poco respeto hacia la Justicia tiene que ver con la expedición de una certificación falsa del médico legista Orlando Herrera Robles, en el que se testifica que Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) había fallecido de un infarto agudo al miocardio, lo cual lo hace cómplice de un convicto condenado por homicidio a 30 años de cárcel.
Lo grave del problema es que este no es el peor crimen del supuesto fallecido, sino que se ha dedicado al narcotráfico y al sicariato, lo que podría advertir que estamos frente a una asociación de malhechores que involucra a fiscales, jueces, abogados y médicos que probablemente trabajen al servicio de una organización delincuencial de grandes alcances.
La certificación del médico legista establece que el convicto delincuente había muerto de un carcinoma epidermoide en la base de la lengua, pero ya antes del invento de la muerte de Castillo Paniagua se había producido una variación del cumplimento de la condena de 30 años a prisión domiciliaria, cuya decisión provino de un tribunal de San Francisco de Macorís.
Todo refleja que en el caso de este hombre hay toda una cadena de complicidad que involucra a fiscales, jueces, abogados y otros miembros de la justicia, como se estila en la República Dominicana.
El plan fue tan bien concebido que cuando la Procuraduría General de la República desarrolla una investigación sobre la misteriosa muerte del peligroso delincuente, su esposa confirmó a los investigadores del caso que éste había fallecido y que su cadáver fue trasladado a un lugar desconocido, cuyo testimonio la hace también cómplice del macabro hecho delincuencial.
En el marco de este insólito caso, la Procuraduría General de la República dice que no descarta el procesamiento penal del médico legista que emitió el certificado de fallecimiento, lo cual deja a cualquier persona estupefacta, cuando ha quedado claro que este profesional de la medicina es cómplice de un delito muy grave.
Ahora el Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación para determinar dónde se encuentra este delincuente, quien de seguro se moverá con una identificación falsa, tal vez en la República Dominicana o en el exterior.
El caso de Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) revela hasta dónde la Justicia constituye una gran vergüenza para todos y cada uno de los dominicanos, la cual no conserva ninguna credibilidad y pone en tela de juicio el llamado estado de derecho, aspecto fundamental de cualquier sociedad que se reputa de democrática.
El caso Quirinito es otro capítulo de una película que parece ser de ciencia ficción y que daña en lo más profundo los valores de la sociedad dominicana.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.