Nacionales
Decisión del PLD sobre consulta divide sectores en ese partido y agita oposición
SANTO DOMINGO. La decisión de consulta a juristas para la aplicación o no del padrón abierto en las primarias de los partidos políticos sigue generando fricciones en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró la decisión como un hecho sin precedentes en el país, y dijo esperar que esos abogados constitucionalistas sean dominicanos y que hagan el trabajo con un sentimiento patriótico y de manera honorífica.
“Esto debe ser una consulta honorífica a favor del país, donde salga la verdad que todos estamos esperando”, expresó Castaños Guzmán.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, también se refirió al tema, y consideró que el consenso de la mayoría de los actores del sistema político es que las primarias sean cerradas, pero dijo que llama la atención que esa decisión se haya reducido a los dos principales líderes del partido de gobierno.
“A mi juicio, si se aprueba esa Ley de Partidos con las primarias abiertas, nos exponemos a que el sistema de partidos políticos del país se descalabre. Las experiencias que ha habido sobre primarias abiertas siempre terminan con los partidos divididos”, opinó.
Dijo que al único que beneficia la primaria abierta es a quien ostenta el poder, y que ese es un problema que va a traer una crisis política en el país.
Una divergencia se ha producido entre el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y el miembro del Comité Político, Franklin Almeyda, quien negó unas declaraciones atribuidas por Pared al expresidente Leonel Fernández, en el sentido de que aceptará la opinión de los juristas.
“Nunca, jamás he dicho algo que no se haya decidido o comentado en el CP del #PLD. Rechazo lo dicho por @franklinalm. Tengo de testigo al CP”, expresó Pared Pérez en su cuenta de Twitter.
Añadió que “Debido a mi militancia “firme y leal” al #PLD, ni me he ido ni he sido parte de división alguna del Partido”. “Cómo tampoco le he creado problema alguno ni motivado controversias, a los gobiernos del #PLD. He sido un “defensor firme” de los mismos!!!!”, expresó.
El secretario general de la comisión bicameral, Víctor D’Aza, que estudia la Ley de Partidos llamó a los miembros del Comité Político del partido oficialista a tomar en consideración que los legisladores forman parte del primer poder del Estado, y no se les puede despojar de las facultades constitucionales.
El vocero del bloque del Frente Amplio y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Fidel Santana, lamentó que la comisión bicameral tenga “ya un mes que no se reúne”, y aseguró que “es sorprendente como el Congreso, que es un poder del Estado, está sujeto al Comité Político del PLD”.
También el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Radhamés González, criticó que la comisión haya dejado de reunirse, e hizo un llamado a iniciar los trabajos del proyecto de Ley Electoral.
diariolibre.com
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.