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Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias

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Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.

Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.

Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.

Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.

Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos

Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.

En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.

La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.

En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.

De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.

Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.

Autoridades examinarán posibles infracciones laborales

Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.

La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.

Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.

La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.

De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.

Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.

El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.

Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.

El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.

Actividad agrícola y regulación migratoria

La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.

En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.

La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.

Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.

Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.

Operativos se extenderán a otras actividades productivas

El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.

Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.

La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.

Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.

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Nuevo aplazamiento retrasa proceso judicial por asesinato de chofer recolector de basura en Santiago

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El Segundo Juzgado de la Instrucción fijó para el 14 de diciembre la continuación de la audiencia preliminar contra siete imputados, luego de que uno de los abogados defensores renunciara a la representación de su cliente.

Santiago, República Dominicana.-El proceso judicial seguido contra siete personas acusadas de participar en la muerte de un conductor de un camión recolector de basura en Santiago sufrió un nuevo retraso, luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción decidiera posponer la audiencia preliminar hasta el próximo 14 de diciembre.

El expediente está relacionado con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien perdió la vida en abril de 2026, tras un violento incidente en el que presuntamente participaron varios motociclistas.

La decisión del tribunal se produjo después de que uno de los abogados defensores renunciara a representar al imputado Miguel García Balbuena, circunstancia que hizo necesario gestionar la intervención de la Defensoría Pública para garantizar su asistencia legal.

Con este nuevo aplazamiento, suman dos las ocasiones en que la audiencia ha sido reprogramada, mientras los familiares de la víctima continúan esperando que el proceso avance hacia una decisión judicial.

Familiares cuestionan los constantes retrasos

El abogado José Martínez Brito, representante de los familiares del conductor fallecido, expresó su inconformidad con la suspensión de la audiencia y consideró que los incidentes procesales podrían estar siendo utilizados para prolongar el conocimiento del expediente.

El jurista calificó la situación como una posible estrategia dilatoria y aseguró que mantendrá sus esfuerzos para que los tribunales conozcan las acusaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.

Martínez Brito sostuvo que la familia continuará reclamando justicia, independientemente de los obstáculos procesales que puedan surgir durante el desarrollo del caso.

Sin embargo, desde la representación legal de algunos imputados también se expresaron preocupaciones por las reiteradas suspensiones.

El abogado Roberto Pérez, quien defiende a dos de los procesados, manifestó que esperaba que la audiencia pudiera celebrarse, debido a que los aplazamientos afectan igualmente a sus representados.

Durante la jornada de este martes, el tribunal no llegó a examinar las pruebas audiovisuales ni otros elementos relacionados con la acusación.

Siete acusados enfrentan proceso preliminar

Entre los imputados vinculados al expediente figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Las autoridades también señalan a Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como «Macho», como presunto autor material del homicidio.

Este último cumple prisión preventiva luego de haber sido repatriado desde Jamaica, país al que, según las autoridades, se trasladó después de los hechos investigados.

La acusación está relacionada con la muerte violenta del conductor, quien dejó cinco hijos en la orfandad, una tragedia que provocó consternación entre sus familiares y allegados.

Garantías procesales y derecho a una justicia oportuna

El nuevo aplazamiento pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los retrasos que afectan determinados procesos penales y sus consecuencias para las víctimas y las personas sometidas a la justicia.

Aunque la renuncia de un abogado puede hacer necesaria la suspensión de una audiencia para garantizar el derecho de defensa, también corresponde a los tribunales adoptar las medidas procesales pertinentes para evitar retrasos injustificados.

En la etapa preliminar, el órgano judicial debe examinar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer la apertura a juicio de fondo, sin que esta fase implique establecer anticipadamente la culpabilidad de los imputados.

En ese sentido, tanto los familiares de la víctima como los acusados tienen derecho a que el expediente sea conocido con respeto al debido proceso y dentro de un plazo razonable.

La próxima audiencia, programada para el 14 de diciembre, será determinante para establecer si finalmente puede avanzar la fase preliminar del proceso por la muerte de Abreu Quezada, un caso que continúa generando atención en Santiago.

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Cámara de Diputados evaluará nuevo presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo

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Una comisión especial tendrá hasta el jueves 19 de noviembre para presentar su informe sobre la propuesta que busca modificar nuevamente el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026.

Santo Domingo, República Dominicana.-La Cámara de Diputados decidió este martes remitir a una comisión especial el proyecto de presupuesto complementario presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se procura introducir nuevas modificaciones a las disposiciones que regulan el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.

La propuesta legislativa contempla cambios en las leyes 99-25 y 43-26, relacionadas con la aprobación y posterior modificación del presupuesto vigente, y deberá ser examinada por los congresistas antes de iniciar formalmente el conocimiento del proyecto presupuestario para 2027.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que resulta necesario concluir el trámite de esta iniciativa para avanzar posteriormente en la discusión de las asignaciones económicas previstas para el próximo año.

Recordó que el presupuesto correspondiente a 2026 fue aprobado en diciembre de 2025 y posteriormente recibió modificaciones mediante la Ley 43-26, por lo que el nuevo documento constituye otra propuesta de actualización de las disposiciones presupuestarias.

Comisión especial deberá rendir informe el jueves

Durante la sesión legislativa, el pleno conoció una comunicación remitida por el Poder Ejecutivo en la que se exponen los motivos de la propuesta.

Tras escuchar la lectura de la correspondencia, los diputados aprobaron dispensar la lectura íntegra del proyecto y enviarlo a una comisión especial, encargada de estudiar su contenido y presentar sus recomendaciones el próximo jueves 19 de noviembre.

El organismo estará presidido por el diputado Frank Paulino y contará con la participación de legisladores de distintas organizaciones políticas.

Entre sus integrantes figuran Ydenia Doñez, Charles Noé Mariotti Paz, Claudel Frías, Ramón Raposo, Jorge Manuel Zorrilla, Ángela Maruja Gregorina, Félix Hiciano, Delli Félix, Dorina Rodríguez, Abelardo Rutinel, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Enriqueta Rojas, Tobías Crespo, Danilo Díaz, Brenda Ogando, Margarita Tejeda, Amado Díaz y José David Báez.

La comisión tendrá la responsabilidad de examinar las modificaciones propuestas y determinar la pertinencia de recomendar su aprobación o introducir cambios durante el proceso legislativo.

Diputados conocen otras iniciativas

En la misma jornada, la Cámara Baja aprobó en segunda discusión una iniciativa que dispone designar con el nombre de Felipa Gómez Sarete una estación del Teleférico de Santo Domingo, ubicada en la calle Central del sector Buenos Aires.

El proyecto fue presentado por el diputado Ignacio Aracena.

Asimismo, los legisladores decidieron dejar sobre la mesa una propuesta que modifica varios artículos de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el propósito de retomarla durante la próxima semana.

Aprueban convenio para proteger recursos hídricos

Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la aprobación del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, instrumento internacional adoptado en Helsinki, Finlandia, el 17 de marzo de 1992.

Este acuerdo procura fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir la contaminación y promover la conservación de las aguas superficiales y subterráneas compartidas.

Su finalidad incluye impulsar mecanismos de coordinación que permitan garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y reducir los riesgos ambientales asociados a su utilización.

Solicitudes de obras y homenajes

Durante los trabajos también fue aprobado el nonagésimo octavo grupo de resoluciones internas, mediante el cual diferentes diputados solicitan al Gobierno la ejecución de proyectos de infraestructura, reparación de instalaciones y mejoramiento de servicios públicos en sus respectivas comunidades.

La sesión incluyó, además, un minuto de silencio en memoria de Melvin López, mánager del Club Mauricio Báez; Lily Josefina Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Evangélica.

Al concluir la jornada, Alfredo Pacheco convocó a los legisladores para una nueva sesión el jueves 19 de noviembre, a las 12:00 del mediodía.

La atención legislativa estará concentrada en el informe de la comisión especial sobre el presupuesto complementario, una iniciativa cuyo conocimiento resulta relevante para cerrar las modificaciones fiscales de 2026 y avanzar hacia la discusión del Presupuesto General del Estado de 2027.

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Pro Consumidor intensifica vigilancia y advierte sanciones por falsas ofertas del Viernes Negro

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La institución supervisa establecimientos comerciales y plataformas digitales para evitar descuentos ficticios, aumentos artificiales de precios y publicidad engañosa durante la temporada de compras.

SANTO DOMINGO, RD. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el fortalecimiento de sus operativos de inspección en establecimientos comerciales de distintas ciudades de República Dominicana, con el propósito de prevenir irregularidades en las promociones y descuentos anunciados con motivo del Viernes Negro.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, advirtió que los negocios que recurran a ofertas falsas, publicidad engañosa o modificaciones artificiales de precios podrían enfrentar sanciones conforme a las disposiciones legales vigentes.

El funcionario explicó que la institución mantiene labores de supervisión durante todo el año, pero incrementa los controles en períodos de alta actividad comercial, cuando numerosos establecimientos ofrecen promociones especiales para atraer compradores.

Entre los productos de mayor vigilancia figuran los electrodomésticos y otros artículos de alta demanda, cuyos precios suelen experimentar importantes variaciones durante estas jornadas comerciales.

Verificarán que los descuentos sean reales

Como parte de las acciones preventivas, Pro Consumidor utiliza registros de precios recopilados antes del inicio de las promociones, los cuales posteriormente compara con las ofertas anunciadas por los establecimientos.

Este mecanismo permite identificar posibles incrementos injustificados antes de aplicar supuestos descuentos, una práctica que podría inducir a los consumidores a creer que están obteniendo mayores beneficios económicos.

Alcántara explicó que los comerciantes deben respetar las condiciones publicitadas y proporcionar información precisa sobre los precios, la disponibilidad de mercancías y las restricciones de las promociones.

Compras por internet también estarán bajo vigilancia

La supervisión no se limitará a las tiendas físicas, debido al crecimiento de las ventas realizadas mediante páginas web, redes sociales y plataformas digitales.

El titular de Pro Consumidor alertó sobre los riesgos asociados a promociones que presentan información incompleta, condiciones ocultas o enlaces que conducen a páginas de procedencia desconocida.

En ese sentido, recomendó a los compradores verificar la identidad y confiabilidad de los establecimientos antes de realizar pagos electrónicos.

Asimismo, aconsejó comparar precios, revisar las garantías, confirmar los plazos de entrega y comprobar si existen cargos adicionales que puedan incrementar el costo final de los productos.

Comercios deben cumplir con la Ley 358-05

El funcionario recordó que la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, núm. 358-05, establece obligaciones destinadas a garantizar información clara, veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos al público.

La normativa también contempla mecanismos de protección frente a prácticas comerciales que puedan perjudicar los intereses económicos de los ciudadanos.

En consecuencia, los establecimientos deberán informar de manera visible la duración de sus promociones, las condiciones para acceder a los descuentos y la disponibilidad de los artículos anunciados.

El incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a actuaciones administrativas y sanciones, según la naturaleza de las infracciones detectadas.

Exhortan a denunciar ofertas fraudulentas

Pro Consumidor llamó a los ciudadanos a mantenerse atentos ante promociones que aparenten ofrecer grandes rebajas, pero que no reflejen una reducción real del precio habitual de los productos.

La institución también exhortó a conservar facturas, comprobantes de pago y evidencias de las ofertas publicitadas, documentos que pueden resultar útiles al momento de presentar una reclamación.

Alcántara reiteró que los consumidores pueden denunciar cualquier irregularidad mediante los canales oficiales de la entidad.

Con el reforzamiento de estos operativos, Pro Consumidor busca garantizar una temporada comercial más transparente, proteger el bolsillo de los compradores y prevenir prácticas engañosas durante las ofertas del Viernes Negro.

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