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Solo el 18% de condenados en RD ha cumplido toda la pena impuesta
SANTO DOMINGO.- Solo el 18% de los condenados cumple la totalidad de la pena impuesta por los tribunales en un centro penitenciario, debido a que la mayoría son favorecidos por los jueces con la libertad condicional.
De 3,337 condenados que obtuvieron su libertad en el período 2014-2016, solo 617 lo hicieron después de haber completado la totalidad de la pena que los mantuvo en prisión por diversos delitos.
Los restantes 2,720 imputados (82%) fueron favorecidos con una libertad condicional por los jueces de ejecución de la pena, lo cual pueden solicitar a partir de haber tenido en prisión más de la mitad de la condena, entre otros requisitos.
La jurisdicción de San Cristóbal es la que más ha dictado resoluciones de libertad condicional en tres años, de las 11 que funcionan en el país.
El tribunal de ejecución de la pena de esa demarcación favoreció a 820 imputados con la libertad condicional de la pena, según se establece en las estadísticas suministradas por la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dirección de Comunicaciones.
Luego le sigue el tribunal de ejecución de la pena de La Vega, que otorgó 491; de Barahona, con 311, y el de la provincia Santo Domingo, con 262.
En las demás jurisdicciones de ejecución de la pena, la cantidad de libertades condicionales otorgadas es la siguiente: San Francisco, 174; Santiago, 169; San Juan, 165; San Pedro de Macorís, 142; Puerto Plata, 98; Monte Cristi, 86, y el Distrito Nacional, 2. Los datos muestran que a mayor cantidad de libertad condicional otorgada, menor el número de reos que cumplieron la totalidad de la pena.
Solo seis tribunales de ejecución de la pena dictaron mandamientos de libertad por cumplimiento cabal de la condena.
De los 617 acusados de delitos penales que cumplieron a cabalidad la condena que le impuso un tribunal, el mayor número fue en la demarcación de Monte Cristi, que hubo 352.
En segundo lugar, está la jurisdicción de ejecución de la pena de San Pedro de Macorís, con 144, y en tercer lugar, la de San Francisco de Macorís, con 113.
Los datos indican que en cinco jurisdicciones ningún reo completó en prisión la pena dictada por un tribunal. Estas son las de Barahona, La Vega, San Cristóbal, Santiago y Distrito Nacional.
Todo condenado tiene derecho a solicitar libertad condicional, que le permitirá terminar de cumplir la condena sin estar privado en un recinto penitenciario.
La Ley 164-80 sobre libertad condicional establece que ese beneficio es un medio de prueba de que el recluso condenado a una pena privativa de libertad que se le concede está rehabilitado y apto para vivir en sociedad.
Explica que la libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que constituye un modo especial de hacerla cumplir por el recluido.
Fuente: LISTIN DIARIO
Nacionales
Este viernes se inicia en Puerto Plata nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-El pelotero Wander Franco se somete a nuevo juicio a partir de este viernes 20 en Puerto Plata por abuso sexual en perjuicio de una adolescente, tras un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.
En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
- La pena impuesta fue de dos años de prisión bajo suspensión, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales.
Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.
Santo Domingo. –La defensa del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaó las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a los abogados del imputado la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Santo Domingo, R-D–Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.