Nacionales
Procurador de corte SFM avalaba los traslados a clínicas de “Quirinito”
SANTO DOMINGO. Mientras Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, estuvo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, el Procurador General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís solicitó en varias ocasiones que el interno fuera trasladado a centros de salud para evaluaciones médicas por deterioro de su salud.
De acuerdo con la relación de documentos de pruebas aportados al Tribunal de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, en varias ocasiones, Felipe Restituyo Santos emitió oficios solicitando el traslado del privado de libertad en atención a las peticiones de traslado/movilización hecha por la parte interesada.
El 22 de diciembre del 2016, el coordinador nacional del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Ysmael Paniagua, autorizó la salida del interno Pedro Alejandro Castillo, ficha 38966, a la Clínica Unión Médica de Santiago, donde sería evaluado por el doctor César Augusto Rojas.
En el comunicado 025002, Paniagua colocó una nota al director del CCR, Féliz Cruz Pichardo, explicando que la “autorización es válida para una sola salida”, tomando todas las medidas de seguridad de lugar e incluso suspensión del permiso en caso necesario.
Durante el conocimiento de la solicitud de cambio de régimen de cumplimiento de la condena a 20 años de prisión, fue el Procurador General Adjunto a la Corte de Apelación de ese departamento judicial, José Calasanz Morel, quien pidió a la jueza Aleyda Jiménez Acosta que otorgara la prisión domiciliaria a “Quirinito”, basado en el certificado médico del oncólogo Ángel Garabot Polanco.
Calasanz Morel pidió que por un período de seis meses, a Pedro Castillo se le impusiera prisión domiciliaria, a ser cumplida en el apartamento A-2, del residencial Bethy Marie, de la urbanización Paseo del Río, ubicado en los Pinos esquina Ferro Escondido, San Francisco, provincia Duarte, y que la revisión de la medida se hiciera en ese mismo período de tiempo.
Por la desaparición de “Quirinito”, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial han suspendido a dos jueces de Ejecución de la Pena, dos procuradores de corte de apelación de San Francisco, el médico legista adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que certificó su muerte y el encargado de la supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo.
Los jueces Willy Núñez Mejía, de San Cristóbal, y Aleyda Acosta; los procuradores Felipe Restituyo y José Calasanz, el médico Orlando Herrera Robles y el supervisor Franklin Ortega, están siendo investigados por inspectoría de PGR y PJ.
diariolibre.com
Nacionales
Este viernes se inicia en Puerto Plata nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-El pelotero Wander Franco se somete a nuevo juicio a partir de este viernes 20 en Puerto Plata por abuso sexual en perjuicio de una adolescente, tras un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.
En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
- La pena impuesta fue de dos años de prisión bajo suspensión, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales.
Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.
Santo Domingo. –La defensa del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaó las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a los abogados del imputado la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Santo Domingo, R-D–Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.