Editorial
La Cultura de la Tolerancia con lo Mal Hecho
El presidente del Colegio Dominicano de Abogados se ha empeñado en exigir un mejor trato para los jueces inculpados de presuntamente cometer irregularidades en el desempeño de sus delicadas funciones.
En reiteradas ocasiones el Colegio ha exigido a través de su presidente un trato más tolerante con los jueces que conforman los tribunales del país cuando son acusados de la comisión de irregularidades que empañan la imagen de la Justicia.
El Colegio ha llegado tan lejos que ha sostenido que muchos jueces son sometidos a juicios disciplinarios sumarios y que el Consejo del Poder Judicial ha caído en grandes y serios atropellos en contra de muchos magistrados.
La posición del Colegio difiere profundamente con los amplios sectores nacionales que consideran que el Consejo del Poder Judicial debe aplicar con mayor severidad las reglas impuestas por la Suprema Corte de Justicia e incluso por la propia Constitución de la República y las leyes adjetivas de la Nación.
Lo que pasa en el sistema de justicia es una vergüenza nacional y ha puesto en peligro el estado de derecho, dado que son cientos los casos, por no decir miles, en que se emiten sentencias y se toman otras medidas en los procesos judiciales que constituyen razones suficientes para generar una gran preocupación por el derrotero que toma el Poder Judicial.
No se puede hablar sólo de aquellos jueces que inexplicablemente emiten sentencias que favorecen a políticos, narcotraficantes y empresarios seriamente comprometidos con hechos que se califican como del bajo mundo, sino también del largo tiempo de espera para los fallos de asuntos no ordinarios como los referimientos, los cuales se tardan hasta más de seis meses a pesar de que la Ley 834 sobre la materia es bastante clara del carácter de urgencia y la celeridad que demanda este tipo de recurso legal.
El Poder Judicial, sin lugar a dudas, es uno de los órganos del Estado más desacreditado, porque la denegación y la mala administración de justicia promueven un salvajismo social que se caracteriza por lo que se conoce en derecho como vía de hecho o hacer justicia con sus propias manos.
Quién se atreve a negar en la República Dominicana que la deficiencia y la complicidad de la Justicia con lo mal hecho no constituyen una de las peores desgracias de la sociedad, donde se ha impuesto la expresión popular de que por la plata vale el mono.
El problema de la Justicia no sólo es de complicidad, sino también de ineptitud de una gran cantidad de jueces, que se agarran de cualquier tecnicismo legal para fallar en favor de lo mal hecho.
De manera, que el Colegio Dominicano de Abogados, cuya ley que lo crea, establece que esta institución es asesora en asuntos jurídicos del Estado, no debería convertirse en promotora de una mayor tolerancia con aquellos jueces que no sólo se merecen que sean suspendidos sin disfrute de sueldos, sino que su paga sólo sea restablecida si resultaran inocentes cuando la cosa sea irrevocablemente juzgada.
Se impone que haya cero tolerancia con aquellos jueces que hayan tomado decisiones a través de sus sentencias que generan dudas en torno su honestidad e integridad ética, a fin de devolver la confianza a la sociedad y la credibilidad al sistema de justicia.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.