Editorial
La Cultura de la Tolerancia con lo Mal Hecho
El presidente del Colegio Dominicano de Abogados se ha empeñado en exigir un mejor trato para los jueces inculpados de presuntamente cometer irregularidades en el desempeño de sus delicadas funciones.
En reiteradas ocasiones el Colegio ha exigido a través de su presidente un trato más tolerante con los jueces que conforman los tribunales del país cuando son acusados de la comisión de irregularidades que empañan la imagen de la Justicia.
El Colegio ha llegado tan lejos que ha sostenido que muchos jueces son sometidos a juicios disciplinarios sumarios y que el Consejo del Poder Judicial ha caído en grandes y serios atropellos en contra de muchos magistrados.
La posición del Colegio difiere profundamente con los amplios sectores nacionales que consideran que el Consejo del Poder Judicial debe aplicar con mayor severidad las reglas impuestas por la Suprema Corte de Justicia e incluso por la propia Constitución de la República y las leyes adjetivas de la Nación.
Lo que pasa en el sistema de justicia es una vergüenza nacional y ha puesto en peligro el estado de derecho, dado que son cientos los casos, por no decir miles, en que se emiten sentencias y se toman otras medidas en los procesos judiciales que constituyen razones suficientes para generar una gran preocupación por el derrotero que toma el Poder Judicial.
No se puede hablar sólo de aquellos jueces que inexplicablemente emiten sentencias que favorecen a políticos, narcotraficantes y empresarios seriamente comprometidos con hechos que se califican como del bajo mundo, sino también del largo tiempo de espera para los fallos de asuntos no ordinarios como los referimientos, los cuales se tardan hasta más de seis meses a pesar de que la Ley 834 sobre la materia es bastante clara del carácter de urgencia y la celeridad que demanda este tipo de recurso legal.
El Poder Judicial, sin lugar a dudas, es uno de los órganos del Estado más desacreditado, porque la denegación y la mala administración de justicia promueven un salvajismo social que se caracteriza por lo que se conoce en derecho como vía de hecho o hacer justicia con sus propias manos.
Quién se atreve a negar en la República Dominicana que la deficiencia y la complicidad de la Justicia con lo mal hecho no constituyen una de las peores desgracias de la sociedad, donde se ha impuesto la expresión popular de que por la plata vale el mono.
El problema de la Justicia no sólo es de complicidad, sino también de ineptitud de una gran cantidad de jueces, que se agarran de cualquier tecnicismo legal para fallar en favor de lo mal hecho.
De manera, que el Colegio Dominicano de Abogados, cuya ley que lo crea, establece que esta institución es asesora en asuntos jurídicos del Estado, no debería convertirse en promotora de una mayor tolerancia con aquellos jueces que no sólo se merecen que sean suspendidos sin disfrute de sueldos, sino que su paga sólo sea restablecida si resultaran inocentes cuando la cosa sea irrevocablemente juzgada.
Se impone que haya cero tolerancia con aquellos jueces que hayan tomado decisiones a través de sus sentencias que generan dudas en torno su honestidad e integridad ética, a fin de devolver la confianza a la sociedad y la credibilidad al sistema de justicia.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.