Santiago.-Ninguna de las aerolíneas que vuelan por el Aeropuerto Cibao de la provincia de Santiago, tienen registrado la salida de una persona que lleve por nombre Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), dijeron al Listín Diario empleados y ejecutivos de las mismas.Nacionales
Nombre “Quirinito” no está en salida aeropuerto Cibao ni lista de funerarias
REVELAN DETALES SOBRE COMPRA ATAÚD Y SITIO DE VELATORIO, PERO NUNCA FUE VISTO CADÁVER
Santiago.-Ninguna de las aerolíneas que vuelan por el Aeropuerto Cibao de la provincia de Santiago, tienen registrado la salida de una persona que lleve por nombre Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), dijeron al Listín Diario empleados y ejecutivos de las mismas.También en las funerarias Blandino de la calle 27 de Febrero, frente al cementerio de la 30 de Marzo y la Protectora la Altagracia, de la avenida Hermanas Mirabal, de Santiago, en declaraciones al Listín Diario negaron que allí se haya producido algún velatorio de una persona con ese nombre.
Por igual que en la funeraria Savica y otras que operan en barrios y sectores suburbanos de Santiago, sus ejecutivos dicen que tampoco tienen registros de que se haya hecho algún pedido de velatorio con el nombre de esa persona.
También las aerolíneas que hacen sus vuelos por el Aeropuerto Cibao, dicen lo mismo, algunos funcionarios y empleados al ser consultados sonreían y otros comentaban, “las redes sociales, van a poner a la gente loca”.
Porque surge la preocupación
La preocupación surge luego que la encargada de la funeraria Don Benigno de la calle Salcedo de San Francisco de Macorís, Amparo Paulino, declaró al Listín Diario, que unos señores a bordo de una jeepeta a eso de las 11 de la noche compraron en ese establecimiento un ataúd y que junto a su propietario y el sereno lo llevaron al apartamento del residencial Bethy Marie, del sector Paseo del Río donde cumplía prisión de medio libre “Quirinito”.
De acuerdo a la ejecutiva, la caja adquirida era para colocar el cadáver de una persona que había fallecido en un apartamento del residencial Marie Bethy y luego retornarla a la funeraria Don Benigno para velarlo.
Pero que cuando el dueño de la funeraria y el sereno llegaron vieron que algo raro se movía y que al preguntar qué pasaba, una mujer que se identificó pariente del supuesto muerto, le advirtió que el cuerpo se lo habían llevado a Santiago.
Sostuvo que las propias personas que visitaron la funeraria, compraron el ataúd y contrataron los servicios para los actos fúnebres, regresaron al dueño y a sereno junto a la caja de “muerto” que estaba vacía. Paulino aclaró que las personas preguntaron al propietario de la funeraria que cuanto le debía, pero que él le respondió que nada, porque no había ofrecido ningún servicio.
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IDENTIDAD Y PARTE DE SUS ANTECEDENTES
¿Quién es Quirinito? Su nombre es Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Es sobrino del condenado por narcotráfico, Quirino Ernesto Paulino Castillo. Tiene 35 años de edad y su esposa es Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, quien fue su abogada y logró que obtuviera la prisión domiciliaria que tenía desde mayo del presente año.
En 2009 “Quirinito” fue investigado por dos casos: el asesinato del español Gustavo Adolfo Cervantes (Waikikí) y el secuestro del empleado privado, Víctor Manuel Mella, por el que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Mella desapareció el 12 de 2007 cuando presuntamente llegaba a su residencia en el sector capitalino Jardines del Norte.
listindiario.com
Nacionales
Juez decidirá este lunes enviar o no a juicio a Antonio y Maribel Espaillat en caso Jet Set
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Onco14: Solicitarán prisión contra 3 acusados de desviar fondos de pacientes oncológicos
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.