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Caso Ramírez recuerda otros asesinatos vinculados a funcionarios OMSA y el escándalo de OISOE que provocó suicidio arquitecto
Olga Diná Llavería, Fiscal de la Provincia Santo Dgo. Este
Foto:Carmen Suárez/acento.com.do
Fecha:30/05/2012
Entre los funcionarios denunciados por corrupción por la entidad que dirigía Yuniol Ramírez Ferreras se encuentran el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Recientemente Ramírez Ferreras se había referido a través de medios de comunicación sobre la situación de la OMSA y los supuestos casos de corrupción que afectaban a esa entidad del Estado dominicano.
Santo Domingo, República Dominicana.- La muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez es el segundo caso de asesinato en el que se ven involucrados funcionarios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
El primero fue el caso de la acusación contra el subdirector de esa entidad y presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), el dirigente del PLD Arsenio Quevedo, quien se encuentra preso y sometido a la justicia junto al ex regidor Ericson de los Santos, dirigente del PRD.
Ver: Todo sobre caso OMSA Arsesino Quevedo y Ericson de los Santos
Asimismo, la tragedia que costó la vida al profesor Yuniol Ramírez, según las versiones oficiales por investigar un caso de corrupción en la OMSA, viene a sumarse al escándalo de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que en el año 2015 provocó el suicidio del arquitecto David Rodríguez García.
Las explicaciones oficiales sobre el asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras
Este domingo la Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, informó que el director de la OMSA y dos subalternos fueron detenidos por el secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, quien al parecer extorsionaba al primero. La funcionaria no entró en mayores detalles, pero otras fuentes aseguran que Ramírez habría descubierto prácticas de corrupción en la OMSA y que preparaba un expediente para someter a la justicia a Rivas y otros funcionarios.
Por el asesinato de Yuniol Ramírez, abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), están detenidos el director de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas; el director financiero de la misma, Faustino Rosario Díaz, quien además es coronel de la Policía, y el también empleado de la OMSA José Antonio Mercado Blanco.
También está bajo arresto el comerciante Eddy Rafael Santana Zorrilla.
La fiscal informó se persigue con fines de arresto al empleado de OMSA Argenis Contreras González, quien junto a Mercado Blanco, son los principales acusados de ejecutar el asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez Ferreras.
Según las investigaciones Contreras González y Mercado Blanco se presentaron el pasado miércoles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde el abogado impartía docencia, para secuestrarle y luego asesinarle.
El cadáver de Ramírez Ferreras, quien dirigía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue encontrado el jueves en un río con dos bloques de construcción atados al cuello con una cadena y una herida de bala en la cabeza.
Contreras González habría huido de República Dominicana, por lo que las autoridades solicitarán su captura internacional a través de la Interpol.
La fiscal Diná Llaverías apuntó que los datos preliminares de la investigación indican que presuntamente Ramírez Ferreras extorsionaba al director de la OMSA, quien pidió a Santana Zorrilla interceder para que, de ser necesario, acordara con el abogado “el pago de alguna suma de dinero a cambio de que desistiera de acciones legales que había iniciado”.
La víctima había denunciado diferentes casos relacionados con corrupción que generaron gran controversia en el país y fue precandidato al Senado en las pasadas elecciones por el Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) para representar a su provincia natal, San Juan de la Maguana. Entre los funcionarios denunciados por corrupción por la entidad que dirigía Yuniol Ramírez Ferreras se encuentran el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Recientemente Ramírez Ferreras se había referido a través de medios de comunicación sobre la situación de la OMSA y los supuestos casos de corrupción que afectaban a esa entidad del Estado dominicano.
acento.com.do
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.