Nacionales
Centros Sociales llaman a cumplir protocolo de renovación de los permisos migratorios
El Plan de Regularización, sin desmeritar sus aspectos positivos, tiene muchas tareas inconclusas y asuntos de fondo pendientes de resolver.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana instó a las autoridades migratorias a cumplir con la resolución dada por el Consejo Nacional de Migración y diseñar, lo más rápido posible, una propuesta de renovación de los carnets de regularización de extranjeros y extranjeras.
La entidad explicó que este procedimiento debe de hacerse siguiendo una metodología transparente, que incorpore la participación de los actores sociales y económicos del país y que dé garantías de no deportación a sus solicitantes mientras dure el proceso.
Detalló que al concluir la fecha límite establecida por la resolución del Consejo Nacional de Migración, Res. CNM 01/17, que instruyó a la Dirección General de Migración a elaborar, en un plazo de 30 días, un Protocolo para el procedimiento de renovación o cambio de categoría y de subcategorías migratorias a los beneficiarios del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), los Centros Sociales de la compañía de Jesús (Solidaridad Fronteriza, CEFASA, Centro Bonó y el Servicio Jesuita con Migrantes en Jimaní) y otras organizaciones han solicitado en varias ocasiones reuniones con el Director General de Migración para conversar sobre el Protocolo de renovación del estatus migratorio de las personas que aplicaron a la regularización. Peticiones que han sido desoídas por parte de los organismos migratorios.
Agregó que a pesar de toda la publicidad levantada sobre el éxito rotundo del Plan, lo cierto es que los resultados alcanzados son frágiles y la incertidumbre prevalece entre decenas de miles de inmigrantes, muchos apenas registrados, y otros muchos más con un estatus migratorio incierto que ignora sus años de presencia en el territorio nacional.
“El Plan de Regularización, sin desmeritar sus aspectos positivos, tiene muchas tareas inconclusas y asuntos de fondo pendientes de resolver. Al hacer un balance del PNRE, se debe reconocer que éste ha cumplido parcialmente sus objetivos; pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes y el Protocolo de renovación, que la Dirección General de Migración debía haber elaborado antes del 28 de agosto de este año por mandato del Consejo Nacional de Migración, podría haber sido una gran oportunidad para conseguirlo”, precisó la Red.
Las organizaciones de la sociedad civil también hacen un llamado sobre la necesidad de fortalecer el proceso de construcción del nuevo reglamento para la renovación de los permisos migratorios otorgados por el PNRE, esperando que el proceso de realización sea ágil, democrático y transparente, contando con diferentes representantes de la sociedad civil, organizaciones de migrantes, empresarios, ONG´s y sindicatos.
Advirtió la Red que mantener las trabas administrativas, los requisitos cambiantes y excesivos, altos costos y la centralización de los trámites para renovar la tarjeta de regularización podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos años y alejándonos de las líneas básicas de la Estrategia Nacional de Desarrollo en materia de migración.
acento.com.do
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.